Los años febriles: Canarias en crisis (1808-1812)

              1911
LOS AÑOS FEBRILES: CANARIAS EN CRISIS (1808-1812)
Agustín Millares Cantero
El trienio largo que discurrió entre el verano de 1808 y el invierno de 1812 fue uno de los
períodos más convulsos del Ochocientos en Canarias. Una buena parte del mismo estuvo
marcado por la fiebre amarilla que afectó a sus tres principales puertos, epidemia que
intermitentemente los azotó desde octubre de 1810 a febrero de 1812. Junto a las importantes
pérdidas humanas, la atroz enfermedad trajo consigo repercusiones devastadoras que por
varios meses dañaron la vida urbana en diversos órdenes. Los asientos de la Comandancia
General y de la Real Audiencia, dos de los tres núcleos más poblados de las Islas,
permanecieron durante año y medio incursos en una situación harto peliaguda. El vómito
prieto vino precedido, no obstante, por otras “fiebres” que agravaron los problemas de una
etapa donde hubo abundantes tensiones. La irrupción del problema canario en su vertiente
contemporánea, el mal llamado pleito insular, provocó una serie de crisis políticas que van a
incidir sobre el futuro a través de las pugnas de capitalidad, desatándose las luchas por la
hegemonía en la nueva provincia. Los conflictos sociales por tierras y aguas o por el control
de una isla o sobre todas ellas revelaron tanto el malestar campesino al amanecer la quiebra
del Antiguo Régimen como las segmentaciones entre las élites dominantes. Y todos estos
fenómenos tuvieron lugar en medio de ciertas dificultades económicas, singularizadas ante
todo por los apuros de la agricultura policultivista y un curso no tan boyante del subsector de
exportación, que contradice la visión de efímera prosperidad descrita por algunos.1 Si el
archipiélago pudo considerarse una retaguardia eventual para las fuerzas patrióticas en los
instantes más dramáticos de la Guerra de Independencia, sin duda representó una zona
conflictiva, relativamente insegura y mal avenida.
FIEBRE AMARILLA EN LOS PUERTOS CENTRALES
La fiebre amarilla de 1810-1812 fue el primero de estos ataques que sufrió el archipiélago
durante el siglo XIX, pero también el más grave y el único que ocurrió en un trecho marcado
por circunstancias harto problemáticas. El contagio llegó a Santa Cruz de Tenerife en los
primeros días de octubre de 1810, procedente de Gibraltar y a partir del foco de Cádiz, traída
desde este último emporio por uno o dos de los buques correos.2 Álvarez Rixo, sin embargo,
consideró que “la opinión más válida” atribuyó las culpas a una fragata venida de Veracruz y
La Habana a la consignación de la empresa Cólogan, la cual había arribado el 21 de
septiembre.3 En su tesis doctoral escrita en latín e impresa en Edimburgo, el médico tinerfeño
Nicolás Béthencourt comentó empero “que el agente transmisor fue un niño de diez años
infectado al salir de Cádiz y desembarcado en el puerto de Santa Cruz”.4 Sea como fuere,
existió coincidencia en admitir que hubo casos de esta enfermedad desde un par de meses
antes de tal fecha, aunque el primero reconocido por los médicos dató del 12 de octubre. Las
autoridades sanitarias perdieron un tiempo precioso sin adoptar las iniciales medidas de
protección, haciéndolo cuando ya el llamado vómito prieto alcanzaba un nivel imparable.5 Las
fumigaciones se realizaron a deshora y con múltiples ataduras.6 Es muy revelador que el III
vizconde de Buen Paso negara al principio la existencia del mal y únicamente lo admitiese al
producir cientos de víctimas, convirtiéndose él mismo en una de las tempraneras.7
El Cabildo de La Laguna ordenó establecer un cordón sanitario, provisto de sus oportunos
resguardos castrenses, desde el 18 de octubre de 1810. Los puntos de vigilancia fueron
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
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situados en El Molino y El Bufadero, respectivamente en el camino que subía hasta La
Laguna y por el lado de San Andrés. La incomunicación forzosa generó tensiones con la
capital insular y, como afirman León y Cioranescu, produjo entre los santacruceros una
impresión de claustrofobia y la escasez y carestía de los víveres.8 Casi un 55 por 100 de la
población abandonó la villa al declararse el mal, y de los 3.142 habitantes que oficialmente
permanecieron en ella enfermaron hasta 2.642 a raíz del primitivo brote, es decir, el 84 por
100.9 Los fallecimientos alcanzaron las 1.332 personas, la mitad de los dolientes y el 42 por
100 de los que no pudieron salir por motivos disímiles.10 En el Puerto de La Orotava,
expuesto por norma a las infecciones santacruceras, hubo apenas unos pocos contagiados
entre finales de noviembre y principios de diciembre de 1810.11 Si bien la Junta de Sanidad de
Santa Cruz dio por extinguido el primer embate de la epidemia desde el 26 de enero de 1811,
el cordón se mantuvo hasta el 1 de abril, suprimiéndolo una orden del comandante general.
Las disposiciones preventivas que adoptó la Junta de Sanidad en Las Palmas para evitar la
infección resultaron a la postre inútiles.12 Antes de dos semanas la fiebre había invadido la
capital de la isla redonda, por mediación de dos barcos de cabotaje que partieron de Santa
Cruz el 18 de octubre de 1810 y anclaron en el sitio de Las Caletas de Gáldar. A los pocos
días falleció uno de los pasajeros en la Cuesta de Silva y otro llevó la dolencia hasta el distrito
urbano de Triana, donde hubo una mortalidad del 30 por 100 entre los primeros 70 afectados.
Cuando la expresada Junta certificó el reconocimiento oficial de la enfermedad, a partir del
diagnóstico de cuatro de los cinco médicos en ejercicio, estallaron protestas populares que
muy pronto tuvieron el sostén de los círculos rectores. Los personajes de la Junta y los
facultativos fueron objeto de una campaña adversa, a través de coplas satíricas y otras
expresiones iracundas que envolvieron amenazas de muerte.13 Dicho instituto se vio forzado a
permitir el derribo terminante de la empalizada de la calle de Travieso, ya demolida
previamente por un sector del vecindario, al conocer la alocución tranquilizadora del
comandante general. Varios de los galenos que lo integraban presentaron incluso su
dimisión.14
Los testimonios disponibles apuntan a que Las Palmas fue el núcleo poblacional donde la
fiebre provocó una mortandad proporcionalmente más crecida. El azote mórbido siguió en la
ciudad un curso distinto al de la villa de Santa Cruz y todo sugiere que llegó a ser más intenso
y dejó peores secuelas. Si arrancó con enorme malignidad en la segunda quincena de octubre
de 1810, cuando la Junta de Sanidad certificó que sucumbieron hasta la mitad de los atacados,
decreció a partir de febrero de 1811 y en esta situación persistiría hasta junio. El drástico
descenso de la mortalidad espoleó al “partido” que negaba la existencia del vómito negro y
propició el abandono de los cuidados preventivos. A bajar la guardia contribuyó, además, el
informe evacuado por dos médicos santacruceros a quienes comisionó el comandante general
al registrarse, en dicho mes, el óbito de un relojero ginebrino en la calle de Triana.15 Así las
cosas, irrumpió la segunda y más devastadora embestida a mediados de julio, escribiendo el
capitán Romero y Ceballos que “en fin de septiembre de 1811 ya estava toda la ciudad
epidemiada con lamentable estado de muchísimos vesinos”.16 Por no haberse aislado los focos
de aquel barrio y del de San Nicolás, desde ellos se propagó la calamidad con enorme saña,
favorecida por los bochornos estivales. Las autoridades y un gran número de moradores
emprendieron el éxodo hacia otros puntos de la isla.17 A instancias del Cabildo secular y en
contra de las recomendaciones médicas, señalando el peligro que representaban las
aglomeraciones, el 29 de agosto llegó desde Teror la imagen de la Virgen del Pino. El recurso
espiritual sirvió de muy poco.18
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La cuantía de los fallecimientos diarios en Las Palmas osciló de 20 a 25 entre finales de
agosto y principios de septiembre, conforme a las estimaciones del doctor Chil que consigna
Bosch Millares.19 A su vez, Romero y Ceballos asegura que en un solo día llegaron a reunirse
“hasta secenta cadáveres”. En las barriadas más humildes, de peores condiciones profilácticas,
se registró la mayor siniestralidad, pero la devastación alcanzó igualmente a Vegueta. Afirma
el propio Chil que más de la mitad del vecindario abandonaría la demarcación, estimando en
3.000 las personas que no lo hicieron. El autor de los Estudios, basándose en la nota elaborada
por el presbítero colector Juan de Castro, anotó igualmente un total de 2.055 defunciones
entre el 10 de agosto de 1811 y el 22 de febrero de 1812, lo que supone una cuarta parte del
contingente demográfico de la ciudad.20 Los meses de septiembre y octubre concentraron el
75,8 por 100 de los fallecimientos y la tasa bruta de mortalidad sería de ¡216,7 por 100!21
Dentro de las víctimas figuraron unos 300 prisioneros franceses capturados en la batalla de
Bailén, que según Chil habían tenido un relevante papel en la lucha contra la grave patología,
ocupándose en atender las viviendas de muchos de los que huyeron. No parece aventurado
afirmar que los decesos globales, desde la inicial acometida de octubre de 1810, rondaran al
menos un tercio de los palmenses.22
El impacto de la epidemia en las demás jurisdicciones grancanarias quedó muy reducido, a
pesar de la temeraria política que impusieron los mandos de la capital insular. Donde único
parece que revistió especial gravedad fue en el término de Santa María de Guía, contaminado
por una mujer que salió de Las Palmas provista de su correspondiente pasaporte.23 La
ausencia de tempranas y drásticas medidas de contención en el verano de 1811, sin embargo,
estuvo a punto de generar una catástrofe. A solicitud del síndico personero de Telde, la
alcaldía convocó una junta el 21 de agosto que decidió el establecimiento de un cordón
sanitario, mas se levantó al punto por mandato expreso del corregidor y del gobernador de las
armas capitalino. Hasta el 2 de septiembre no autorizó el comandante general el
acordonamiento de Agaete y del resto de las poblaciones norteñas, disposición generalizada
enseguida a todo el territorio insular y que no llegó a materializarse, fuera de las comarcas
septentrionales, por faltar las oportunas notificaciones. La libertad de movimientos extendió la
fiebre por casi todos los pueblos de la isla, y solo entonces la movilización popular impuso en
Telde la reapertura del cordón. Al implantarse idéntica medida en la totalidad de las
circunscripciones, en Las Palmas se hizo notar la escasez de alimentos y hasta los rigores del
hambre.24 El 16 de diciembre, por fin, el Cabildo aprobó y difundió un reglamento con
enérgicas instrucciones para combatir la extensión del virus, que muy tardíamente implantó
las puntuales observancias propias de toda cuarentena.25
La calentura reapareció en Santa Cruz de Tenerife al mediar septiembre de 1811 y el día 18
se contaban ya 38 enfermos, procediéndose a su traslado fuera de la localidad y a la
desinfección de sus residencias. Una mujer procedente de Gran Canaria, en opinión de Chil, la
reimplantó en la villa después de siete meses y medio de práctica normalidad, volviendo al
punto originario en un efecto de búmeran.26 El acordonamiento quedó restablecido a partir del
21 de septiembre y la Junta de Sanidad, prudentemente cobijada en Geneto, determinó el
cierre portuario frente a las quejas de la municipalidad y de los comerciantes.27 En esta
ocasión, el ataque de la plaga será bastante más benigno. A pesar de contaminar a 4.000 de los
5.000 pobladores que seguían en la villa, apenas dejó entre 225 y 290 óbitos según las fuentes
disponibles.28 Los peores resultados se los llevó ahora el Puerto de La Orotava, pues a pesar
de haberse restablecido los cordones de Santa Cruz desde el 21 de septiembre, no tuvieron la
misma efectividad que en la fase anterior.29 En dicho enclave septentrional, la fiebre provocó
un total de 680 bajas desde el 4 de octubre de 1811 hasta el 3 de febrero de 1812, conforme a
las noticias recopiladas por Álvarez Rixo.30 Del padrón vecinal extractado por este autor,
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resulta que de las 3.142 personas que estuvieron allí acordonadas, padecieron el vómito 2.642,
el 84 por 100. El patético cuadro que se nos presenta es muy indicativo de las angustias
imperantes.31
Aunque los datos sobre el número de víctimas no son completos, en Las Palmas se ha
hablado con plena legitimidad de “catástrofe” demográfica por el número y gravedad de los
contagios padecidos.32 La fiebre amarilla no deparó una crisis de mortalidad general en todo
el archipiélago, mas en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de La Orotava puede también
calificarse de epidemia “negra”. El primer emporio mercantil de Canarias y su centro militar
perdió, en poco más de un año, alrededor de 1.600 efectivos, más de una quinta parte de los
vecinos y residentes o transeúntes; en el otro centro mercantil de la isla picuda, el quebranto
poblacional fue ligeramente inferior en términos relativos. Los mayores enclaves marítimos
de Canarias se vieron expuestos, durante casi un año y medio, a un estado de absoluta
anormalidad que repercutió muy negativamente en el tráfico naval y en las actividades
comerciales.33 El exterminio de unas 4.300-5.000 almas en los tres puertos, sobre una
población conjunta que giró en torno a los 20.000 habitantes, ya constituyó un fuerte golpe de
trágicas consecuencias.34 La huida circunstancial de una estimable porción de sus vecindarios
las agravó mucho, desarbolando buena parte de las estructuras mercantiles y repercutiendo
muy negativamente sobre los dispositivos militares.35 Las cuarentenas que afectaron a las
naves de origen tinerfeño o grancanario produjeron, claro está, estorbos en el abastecimiento
de las demás islas.36 Y los embates de la fiebre coincidieron con dificultades para uno de los
subsectores de nuestra economía agraria.
EL CANTO DEL CISNE DE UN MODELO ECONÓMICO
El paréntesis de la Guerra de Independencia supuso para algunas voces un intervalo
esplendoroso en las exportaciones de vino y de barrilla y el comercio exterior en general. Una
Memoria de 1831 señaló que el Bloqueo Continental napoleónico había sido muy próspero
para esos cultivos dominantes, al impedir el acceso al mercado británico de nuestros grandes
competidores, los caldos lusitanos y andaluces y las barrillas sicilianas y levantinas.37 Esta
visión tan amable hizo posible la alusión al canto del cisne que experimentó por entonces la
economía insular del Antiguo Régimen. Los años de la coyuntura bélica fueron interpretados
como una etapa de felicidad para las Islas, dando pie a una efímera recuperación económica.
La marina británica, inmersa en un extraordinario crecimiento para contrarrestar la política de
Napoleón, se transformó en consumidora notable de los vinos isleños, afectados por una
profunda decadencia a lo largo de la centuria ilustrada.38 El VI marqués de Villanueva del
Prado, en un informe de 1815, asegura que los comerciantes firmaron por aquí contratos
ventajosísimos con el gobierno londinense. Los precios aumentaron de forma considerable
gracias al suministro de tales escuadras: si la pipa se abonaba a 555 rvon. en 1799, en 1811
alcanzó los 1.100 y al año siguiente osciló entre los 1.200-1.500.39 En cuanto a la barrilla, las
dificultades de los centros productores de Europa para cubrir la demanda británica
favorecieron enormemente su laboreo y exportación.40 A mi entender, es preciso introducir
ciertas matizaciones en tal esquema al interponer otros factores de signo contrario.41
La etapa no representó un todo homogéneo desde el ángulo económico. En su transcurso se
alternaron momentos de bonanzas con crisis transitorias, coexistencia que le dio una
fisonomía abigarrada y harto singular. Aparte del negativo impacto de la fiebre amarilla sobre
el entramado mercantil, las dificultades procedieron de varios frentes: el corte de las
relaciones comerciales con la Península y en especial con las plazas del litoral mediterráneo;
la contracción de los intercambios con las colonias americanas al estallar los
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pronunciamientos independentistas de 1810, que al propagarse y ganar envergadura acabaron
por imponer una merma del numerario circulante; los tradicionales agobios de la agricultura
policultivista en los graneros isleños, con las exiguas cosechas de cebada y de trigo que hubo
entre 1811-1812 en Lanzarote y en Fuerteventura, obligando a masivas importaciones de
granos oriundas sobre todo de los Estados Unidos; o el cierre momentáneo de los puertos de
las Indias occidentales británicas en 1812 y la subsiguiente atonía exportadora que trajo
consigo la guerra anglo-norteamericana de 1812-1814.42 Si valoramos en su justa medida
todas estas circunstancias, la imagen que obtenemos del período ya no resulta tan ventajosa.
Los elementos negativos gravitaron incluso sobre la agricultura exportadora, a despecho de
las valoraciones optimistas que adujo la expresada Memoria de 1831. En propiedad, la
coyuntura bélica no reportó tan pingües ganancias para nuestros cultivos dominantes, o al
menos distó de aportar tanto provecho como suele admitirse. La depreciación vitícola dio
señales mucho antes de ser firmada la Segunda Paz de París en noviembre de 1815. De nuevo
es el VI marqués de Villanueva del Prado quien nos advierte de que, desde tiempo atrás, las
manipulaciones y el monopolio de facto ejercido por dos o tres firmas del Puerto de La
Orotava bastaron para producir la drástica baja de las cotizaciones que se apreció en 1814 (“a
la mitad y aún menos”), tendencia que al año siguiente devino en “escandalosa reducción”.43
A lo que parece, de 1813 en adelante, el precio de nuestros vinos estuvo inmerso en una línea
descendente que será de larga duración, sin que las culpas deban atribuirse en exclusiva a las
draconianas prácticas de los exportadores orotavenses o a otros factores internos. Es sabido
que el Bloqueo Continental hizo aguas por múltiples flancos y que por ellos se coló la oferta
vitícola lusitana en Londres o en Liverpool. La extraordinaria cosecha de aquel año en
Tenerife generó aprietos a la hora de darle salida y hubo que recurrir a los despachos hacia La
Habana.44
Por lo que concierne a la barrilla, los supuestos beneficios extraordinarios de la etapa
parecen localizarse fundamentalmente en el bienio 1808-1809, cuando los precios londinenses
experimentaron una notable progresión.45 En el verano de 1810, según todos los indicios,
conquistaron su cota más alta. Y a partir de entonces sufrieron una baja sustancial que reportó
serios quebrantos y sinsabores. Si en aquellos meses el quintal llegó a pagarse a 40 libras
esterlinas, cayó a 26-27 en el otoño de 1814, después de pasar por 30 un año atrás. Durante el
segundo semestre de 1811, los tratantes de los buques que traían regularmente millo a
Tenerife desde las Antillas británicas se negaban a permutarlo por barrilla y solo aceptaban
vino o dinero.46 A su depreciación inicial coadyuvaron poderosamente los negociantes
estadounidenses interesados en la piedra, quienes hasta la beligerancia por el Canadá
reexportaban al Reino Unido una parte de la que adquirían en Canarias.
Los apuros del exportador santacrucero Escolar y Serrano, a la hora de colocar diversas
partidas en la capital británica, son demostrativos de las contrariedades propias a la
acumulación de stoks en tal mercado. La penosa suerte que corrieron los 5.309 quintales
transportados en agosto de 1810 a bordo de la fragata española Los Tres Amigos, vendidos en
Londres tres años más tarde a un precio muy inferior al calculado por los especuladores
incursos en la operación, dista de ser un episodio aislado y está debidamente contrastado
como exponente de una tendencia general.47 El origen fundamental de todo ello estribó en las
repulsas napoleónicas a conceder nuevas licencias de importación a los británicos en el
continente. Las fábricas inglesas de jabones, velas o vidrios, que eran las que al fin se
interesaban por la barrilla, vendían parte de su producción en Francia, Holanda u otros países
europeos. Al recortárseles esta posibilidad frenaron las compras, y el acumulo de grandes
existencias condujo a una baja de las cotizaciones.
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
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Fuente: véase nota 47.
El temprano reflujo de la demanda británica de barrilla entre 1810-1812, al que se
sumarían la contracción de los intercambios con los Estados Unidos en 1812-1814 y la
depreciación de los vinos durante casi el mismo trecho, no iban a ser sin embargo los únicos
reveses de la supuesta época dorada. Ya indicamos que el circunstancial triunfo de los
movimientos secesionistas en la América española a partir de 1810, hasta que la metrópoli
logró restaurar parcialmente en régimen colonial en 1815-1817, arrojó para las Islas un saldo
muy desfavorable. Nava y Grimón es terminante en este punto.48 El cuatrienio 1811-1815
coincidió con una atonía del comercio canario-americano y con algo mucho más pernicioso,
avizorado desde que España se convirtió en aliada del Reino Unido: la relación comercial
directa de los británicos con las referidas colonias, dispuesta antes por los españoles y
extendida después a otros países por los criollos insurrectos.49 Es de presumir que la función
de Canarias como estación de tránsito para las manufacturas textiles y las harinas del
extranjero, tan sobresaliente a lo largo de nuestra historia, haya dado muestras de
resquebrajarse sin esperar a la llamada Emancipación. El tráfico con la Península y la
circulación de productos coloniales se interrumpieron prácticamente y el contrabando perdió
así muchas de sus apoyaturas. Una vez bloqueadas las remesas indianas, la escasez de
numerario circulante impuso su ley.
Las sequías aportaron sus típicos aprietos para el subsector policultivista de nuestra
agricultura entre 1811-1812, aunque hicieron acto de presencia en determinadas regiones con
antelación. El otoño de 1808 y el invierno de 1809 fue extremadamente seco en las costas de
Gran Canaria y la cosecha de este año en la isla resultó “una de las más escasas que se han
esperimentado mucho tiempo ha”; el panorama se repitió en 1810-1811, “por lo que se retardó
más de lo regular” la extinción de la fiebre amarilla.50 La falta de cereales se experimentó en
el Puerto de la Cruz a lo largo de 1809 al decir de Álvarez Rixo.51 Incluso el ilustre
orotavense, quien al hablar de la bonanza vitícola de los años iniciales señaló que Tenerife
“debiera estar empedrada de oro y plata”, tuvo que admitir un punto negro en aquella
esplendorosa coyuntura: la escasez de granos, que obligó a verificar considerables
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importaciones desde Madeira en dicho bienio. Más de sesenta buques foráneos anclarían en el
Puerto de La Orotava durante 1811, a despecho de la fiebre amarilla; pues “los intereses
superaban el riezgo”, anota el ocurrente escritor. En particular se trató de embarcaciones
estadounidenses con harinas, millos y otros comestibles, “que a no haber sido por este ausilio
habría perecido gran parte de la población de la ysla”.52 Sin embargo, tales suministros no
tardaron en perder alcance, cuando la contienda de 1812-1814 redujo el trato con Londres y
Boston. El encarecimiento de los artículos de primera necesidad alcanzó antes cotas muy
encumbradas y a ello contribuyó otra desventura que llevaba casi tres décadas sin aparecer.
Como las desgracias nunca vienen solas, en octubre de 1811 sobrevino una plaga de
cigarra berberisca que abarcó todo el archipiélago y no pudo extinguirse hasta inicios de la
primavera siguiente.53 El azote arrasó las tierras “con enjambres tan espesos y dilatados que
ocultaban el sol”.54 En Gran Canaria ocasionó daños “tan grandes, qual jamás avían
esperimentado los que están vibos y avían visto en otras ocasiones este insepto berverisco, ni
tanta porción, así en ésta como en todas siete yslas”.55 La ruina de los pastizales redujo la
cabaña ganadera a la mitad.56 Tanto Millares Torres como Chil indican que, al avanzar aquel
fatídico año, las fanegas de trigo y de millo, cuyos precios ordinarios no llegaban en la isla
redonda a los 40 rvon., oscilaban entre los 180-200 rvon.; el primero señaló que “el hambre
empezaba ya a enseñorearse de la provincia”, refiriendo el segundo que los pobres apenas se
alimentaban con hierbas y raíces.57 Y el coetáneo Romero aún asentó una carestía más
encumbrada, subrayando que la fanega de trigo llegó hasta los 300 rvon. y la de millo a 210
rvon.58 En el mercado del Puerto de la Cruz, el precio medio de la fanega de trigo, que entre
1808-1810 se situó en 150 rvon., subió hasta los 210-225 entre 1811-1814; la libra de pan, por
debajo de los 7 cuartos en condiciones normales, en enero de 1809 estaba en los 11 y en mayo
de 1811 tocó los 14 cuartos.59
El fantasma de la hambruna planeó sobre los estómagos de muchos isleños en 1812 y para
bastantes supuso una terrible realidad. A muchos majoreros y conejeros los forzó, de forma
acostumbrada, a escapar hacia las islas centrales. Al Puerto de la Cruz arribaron “varios
barcos” cargados de majoreros “huyendo de la escasez” del estío; la alcaldía ofició a la
comandancia general para que no se les permitiera desembarcar, “por cuanto gravitaban sobre
este pueblo únicamente, bastante fatigado ya en cuanto había sufrido por la epidemia y
acordonamientos”.60 Familias enteras de Lanzarote y Fuerteventura vinieron a Gran Canaria
“y se derramaron por los pueblos, porque la cosecha generalmente en todas siete yslas fue de
las más escasas que se han visto, aviendo sido necesario para sembrar las tierras en el
hi(n)bierno siguiente traer granos a mucha costa de fuera”. Cuando había fallado la
recolección de trigo “y demás semillas menudas” por culpa de la langosta, tal afluencia
agravó el infortunio de los grancanarios. En calles y plazas de “todos los diferentes pueblos”
murieron algunos a causa “de enfermedades contraídas de la necesidad”.61 Desde el 12 de
marzo, los ediles palmenses Isidoro Romero y Patricio Russell se habían dirigido al Cabildo
de Lanzarote en busca de unos desesperados socorros para la isla, proclamando que de no
venir en pocos días “casi será preciso, o el abandonarla, o morir todos a impulso de el
hambre”.62 Los recuerdos de niñez del doctor Navarro y Pastrana guardaron las trágicas
escenas de aquellos meses terribles.63
A principios de 1812 fue el Cabildo lanzaroteño el que apeló a las autoridades de Funchal
para que les remitiesen algunas partidas de millo “con que mitigar en alguna parte la funesta
escacés que estamos esperimentando”, y envió al ex alcalde Manuel José Álvarez con una
goleta a este fin.64 La producción de granos en la isla durante el decenio 1806-1815 pone de
relieve los expresados apuros del policultivo. Los cálculos que verificó su hacedor de rentas
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decimales, el citado Francisco Cabrera y Ayala, proponen que hubo malas cosechas de granos
(cebada, trigo y centeno) en tres años de la Guerra de Independencia: en 1809 y, sobre todo,
en el bienio 1811-1812. Semejante contabilidad viene a sugerir que no exageraba mucho una
Exposición de 1818, donde leemos que en un lustro era habitual encontrarse con una
recolección buena, dos mediocres y otras dos tan insuficientes que se malograban incluso las
semillas.65 Algo parecido aconteció, como puede verse, en el quinquenio 1808-1812, durante
el cual las medias anuales de los tres productos fueron bastante inferiores a las que Escolar
asignó al de 1800-1804.66 La dependencia del irregular régimen de lluvias prolongó en el
siglo XIX las grandes crisis carenciales del XVIII: 1721, 1748-1749, 1762, 1771. El propio
hacedor, escribiendo en septiembre de 1812, relacionaba la carestía de los cereales con la
depreciación de la barrilla, mostrando con enorme lucidez el dilema ante el que se hallaban
los agricultores conejeros.67 En una isla eminentemente de cebadales, este cereal servía tanto
de pienso como de ingrediente para un gofio de pésima calidad con el que se alimentaba la
mayoría de la población.
CUADRO I: PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE GRANOS EN LANZAROTE (1806-1815)
AÑOS CEBADA TRIGO CENTENO
Producción
(fanegas)
Precios
(rvon.)
Producción
(fanegas)
Precios
(rvon.)
Producción
(fanegas)
Precios
(rvon.)
1806 73.215 42 13.963 84 4.904 60
1807 46.425 45 11.061 90 3.209 60
1808 152.546 30 26.747 60 5.715 45
1809 36.968 33 7.237 75 5.326 50
1810 168.362 33 32.615 75 5.858 50
1811 16.910 52 2.067 105 2.056 75
1812 34.108 65 6.435 150 2.024 120
1813 111.721 22 25.408 50 3.501 36
1814 140.285 15 27.358 40 10.796 22
1815 8.293 40 948 80 1.206 60
Fuente: Cuaderno de cuentas de Francisco Cabrera y Ayala, JAMC.
El alza de los precios que se dio en Lanzarote durante el aciago bienio de 1811-1812 (con
unas cotizaciones medias de 58,50 rvon. para la fanega de cebada, 127,50 para la de trigo y
97,50 para la de centeno), benefició exclusivamente a los pocos propietarios que disponían de
grandes cantidades para vender, siendo muy perjudicial para los minifundistas y medianeros
que distaron de cosechar lo suficiente para su mismo sostén, así como para los jornaleros y los
consumidores urbanos de las capas populares. Amasar el gofio de cebada con el que
alimentarse, aunque fuera a través de una nutrición de pésima calidad, tuvo que ser para el
grueso de las familias lanzaroteñas un auténtico via crucis mientras el fantasma de la fiebre
amarilla planeaba sobre sus cabezas. Por otra parte, la tendencia hacia la baja en los años de
buenas cosechas no permitía una óptima capitalización entre aquellos campesinos con pocas
tierras en propiedad, en arriendo o “a medias”, dejándolos sin recursos para afrontar los
trances cíclicos. Este mismo fenómeno pesó incluso sobre la burguesía comercial o agraria, ya
que los elevados importes de 1811-1812 no se impusieron en 1815, a pesar de las prácticas
acaparadoras y especulativas.
Los años febriles: Canarias en crisis…
1919
Índices de producción y precios de la cebada en Lanzarote (1806-1815). 1806: base 100.
Fuente: véase cuadro I.
Es seguro que el escenario de Lanzarote reflejó con bastante exactitud lo ocurrido en
Fuerteventura, donde ya sabemos que también hubo en 1812 una importante emigración a
Tenerife y Gran Canaria para huir del infortunio. Los meses de la fiebre amarilla en los
grandes puertos insulares, así pues, coincidieron con uno de los mayores quebrantos de la
producción cerealera entre 1806-1820.68 La situación de los tradicionales graneros de
Canarias pasaría durante la Guerra de Independencia por las bruscas oscilaciones de siempre.
Y las importaciones de choque, procedentes en su mayoría de los Estados Unidos, se vieron
sin duda obstaculizadas por los efectos de la recurrente epidemia, diga lo que diga uno de
nuestros más reputados cronistas decimonónicos. El vómito prieto, acompañado por la sequía
y la langosta, transformaron en un infierno el tramo que discurrió entre finales de 1810 y
principios de 1812. Las otras “fiebres” propagadas desde el verano de 1808 iban a recrudecer
los malestares colectivos. No se equivocaba en su diagnóstico el tinerfeño que acudió a los
castigos divinos para explicarse tanta fatalidad.
DISPUTAS POR LA HEGEMONÍA POLÍTICA
La invasión napoleónica de la Península Ibérica trajo consigo el orto del problema canario
en la contemporaneidad.69 Los choques sobre la supremacía política en el archipiélago
enfrentaron a las clases dominantes de Tenerife y Gran Canaria con un vigor hasta entonces
ignoto. Bajo el pleito por la capitalidad entre La Laguna y Las Palmas, sin embargo, lo que
estuvo ventilándose no fue más que la pugna entre dos formas distintas de asumir la fidelidad
a Fernando VII y la defensa de la causa nacional frente al invasor. La gestada en la ciudad
tinerfeña respondió en sustancia a los patrones comunes del movimiento juntero; la que tuvo
por escenario a la grancanaria se reclamó respetuosa con los antiguos poderes
antiguorregimentales. En ningún caso fue planteada abiertamente la doctrina de la reversión
de la soberanía al pueblo. Sugerir en estas coordenadas una oposición entre absolutismo y
liberalismo carece de soporte real, pues ambas opciones estaban al servicio de los intereses
insulares en liza. Veamos las diferentes etapas por las que pasaron tales disensiones.
Julio de 1808-julio de 1809: Junta Suprema de La Laguna vs Cabildo General Permanente
de Gran Canaria
El 8 de julio de 1808 tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife lo que Rumeu denominó “una
pacífica cuartelada”, por la cual el teniente de rey Carlos O’Donnell y Anethan depuso al
comandante general Fernando Cagigal de la Vega y Mac Swing, marqués de Casa Cagigal,
quien había previsto la celebración de un cabildo único de todas las Islas en Las Palmas, al
0
50
100
150
200
250
1806
1808
1810
1812
1814
Producción
Precios
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1920
calor de la Audiencia. Los espadones de la villa se brindaron gustosos a secundar las preces
dominadoras de los privilegiados laguneros y de sus apéndices de la burguesía comercial de
Santa Cruz y La Orotava, invocando la indecisión o el afrancesamiento de Cagigal. Un
cabildo abierto verificado el día 11 en La Laguna acomodó la Junta Suprema que presidió el
terrateniente jovellanista Alonso de Nava Grimón y Benítez de Lugo, VI marqués de
Villanueva del Prado, imponiendo un “irritante desequilibrio” (Rumeu): 18 portavoces para
Tenerife y apenas 5 para Gran Canaria, limitados a 2 en rigor porque los reservados al
Cabildo eclesiástico y a la Audiencia eran strictu sensu “regionales”. Esta entidad de factura
eminentemente tinerfeña envió a Gran Canaria al vocal y teniente coronel Juan Creagh y
Plowes para que arrestara y sustituyese al gobernador de las armas Juan Verdugo y Albiturría
Da-Pelo, hermano del obispo. La Audiencia limitó las atribuciones juntistas a Tenerife por
auto del 1 de agosto, y el comandante general interino O’Donnell respondió haciendo detener
y encarcelar en Santa Cruz al regente Juan Benito Hermosilla y al fiscal Juan Ramón Osés.70
La insurrección grancanaria contra los jerarcas tinerfeños, de la que hablaremos en el
próximo apartado, se desarrolló el 1 de septiembre de 1808 durante un Cabildo general en Las
Palmas. Tras declararse permanente, la entidad selló una alianza con la Audiencia, distribuyó
cargos públicos entre sus leales y negó toda potestad a la Junta lagunera. El aislamiento de los
impugnadores era, no obstante, casi total a esas alturas y será completo a partir del 10 de
octubre. Al reprimir al Real Acuerdo y anular por casi mes y medio la reacción de la isla
redonda, Nava y O’Donnell ganaron antes o después el sometimiento de las otras islas, no sin
arrestar y/o deportar al gobernador de las armas de La Gomera y a los alcaldes mayores de
Lanzarote y de La Palma. Salvo en El Hierro, en todas hubo juntas subalternas representadas
en La Laguna, si bien el poderío nivariense fue más precario en las orientales, con importantes
facciones pro-grancanarias.71 En el marco local, ninguna institución había reunido tantas
prerrogativas como las que se adjudicó la Junta de 1808-1809, pero hemos de advertir que se
trataron de atribuciones delegadas al convertirse esta en una de las tantas “provinciales” con
subordinación a la Suprema de Sevilla.72 Las Instrucciones hispalenses del 19 de septiembre
corroboran la total sujeción en que quedaron los tinerfeños en los ámbitos militar, jurídico,
religioso, etc.
Los forcejeos desatados entre octubre de 1808 y julio de 1809 por la Junta lagunera y el
permanente grancanario, a fin de obtener el reconocimiento de la Central, terminaron en un
impasse. En Sevilla y en Aranjuez compitieron José Murphy y Meade por aquella y los
embajadores de este, el prebendado José Romero de Franchy y Luis de la Encina, obispo de
Arequipa.73 Las pautas unificadoras de la Central supusieron un obstáculo para Tenerife. El
reglamento del 1 de enero de 1809 redujo los atributos de los organismos locales, dejándolos
en inferioridad respecto de las Audiencias. Frente a la indocilidad de los junteros, el Cabildo
grancanario se autodisolvió el 22 de febrero en un ambiente de euforia. Un decreto del 6 de
junio suprimió formalmente nuestra “Suprema”, prolongándose sus estertores hasta tener
garantizada su reaparición. La cualidad del archipiélago como retaguardia y potencial refugio
de los patriotas aconsejaba primar a la isla más poblada y asiento de la comandancia
general.74
Julio de 1809-septiembre de 1810: las Juntas Provincial y de Presidencia
La aplicación del referido decreto fue sectaria y muy provechosa para Tenerife. Nueve
electores tenían que escoger al diputado isleño en la Central (dos por la Junta, dos por el
permanente y uno por cada isla de las otras cinco), mas sería la “Suprema”, antes de separarse
el 22 de julio, la que nominó a todos los últimos sacándolos de su plantel. El 5 de octubre de
Los años febriles: Canarias en crisis…
1921
1809, con protestas grancanarias, resultó designado Alonso de Nava Grimón por semejante
colegio electoral, dominado por los siete agentes de la entidad que presidió. Sin que se
arbitraran entonces los canales de representación decretados, este fraude dio pie seguidamente
a la circunstancial recuperación de la primacía tinerfeña. Por reales órdenes del 30 y 31 de
enero de 1810, la Central instituyó una Junta Provincial con los hombres que votaron al
marqués y presidida por él mismo; ratificada por la Regencia el 4 de febrero, su constitución
quedó señalada para el mes de junio.75
Un nuevo órgano de poder político-administrativo iba a tener su sede en La Laguna,
reiterando la estela dominadora del verano de 1808. El 5 y el 27 de abril de 1810 se cruzaron
antagónicas Exposiciones entre los síndicos personeros de Gran Canaria y Tenerife. Los
Cabildos generales grancanarios del 30 de mayo y del 6 de septiembre, en los que Rumeu
apreció por error inclinaciones separatistas de cepa americana, no persiguieron otra cosa que
repeler esta flamante Junta non nata, auténtica “Suprema” bis, según los iguales parámetros
que dieron vida al permanente. Con ellos se encararon el comandante general Ramón de
Carvajal y Castañeda y la Real Audiencia.76 Sin el apoyo del tribunal, la causa grancanaria
quedó ahora en una posición mucho más frágil.
La principal cuestión en litigio por entonces era la elección de nuestros representantes en
las próximas Cortes generales y extraordinarias, y la actitud de los grancanarios tuvo por
objeto impedir una presumible exclusión de esta cámara, gemela a la que habían sufrido en la
Central. El desiderátum de Villanueva del Prado radicó en establecer una Junta de
Observación y Defensa en Tenerife, entre otras razones por sus incumbencias electorales. La
Instrucción del 1 de enero de 1810, que atribuyó a Canarias tres diputados y un suplente,
reguló para acometer los comicios unas Juntas de Presidencia de índole provincial, integradas
aquí por el comandante general, el intendente, el regente, el obispo y los miembros de esa
Junta de Observación y Defensa. Igual que había ocurrido con la Junta Provincial, para los
jerarcas tinerfeños significaba un imperativo garantizarse el control de la Junta de Presidencia
e instalarla en su isla a toda costa. Los resquemores de las fuerzas vivas grancanarias se
manifestaron paladinamente en el señalado Cabildo abierto del 30 de mayo, que enfiló hacia
las elecciones.
De inmediato recomendó Nava y Grimón que la Junta de Presidencia radicase en Tenerife
como signo de capitalidad y que la de Observación y Defensa se reclutara entre los vocales de
la Provincial, abrazando su rectoría. Las seis islas representadas en ambas Juntas habrían de
elegir dos diputados titulares y el auxiliar, lo cual equivalía a entregarlos a Tenerife,
cediéndose a Gran Canaria el otro legislador. Las recomendaciones en firme del vocal isleño
en la Junta Central, por último, pasaron a la Instrucción específica de febrero que modificó las
reglas electorales, estableciéndose dos Juntas de Presidencia, un cuarto representante y un
segundo suplente. La Junta de Tenerife, reunida en La Laguna, debía elegir los dos diputados
del corregimiento de Tenerife-La Palma y el titular y el sustituto de las cuatro islas menores;
la de Gran Canaria, desde Las Palmas, haría lo propio con el diputado y el suplente de esta
isla, la cual persistió en la clausura que buscaba el marqués.77 El Cabildo ordinario de Gran
Canaria, enfrentándose a Carvajal y a la Audiencia, puso en marcha el 19 de septiembre los
mecanismos irregulares que dieron el acta efectiva al guiense Pedro José Gordillo y Ramos,
rector del Sagrario de la Catedral, y la otra al abogado José Vázquez de Figueroa, ambos
destacadas celebridades del permanente.
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1922
Septiembre de 1810-noviembre de 1811: los debates en las Cortes de Cádiz y la segunda
Junta Provincial
La entrada de Gordillo en las Cortes desde el 4 de diciembre de 1810, estando
incomunicada Santa Cruz de Tenerife por la epidemia de fiebre amarilla, sembró enorme
inquietud en La Laguna. Desde mayo hubo juntas de parroquia y de partido en Tenerife y en
La Palma, pero las elecciones se retrasaron hasta el 5 de enero de 1811. La Junta de
Presidencia de La Laguna, en primera instancia, aupó por el corregimiento de aquellas islas al
icodense y canónigo de la Colegiata del Salvador de Sevilla Santiago Key y Muñoz y al
lagunero y capitán de fragata Pedro de Mesa Baulén, residentes en la Península. Los
Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Orotava rechazaron tajantemente esta
nominación y consiguieron anularla.78 Tornó a repetirse la votación el 9 de junio y las actas
pasaron esta vez al citado Key y al lagunero y funcionario del Crédito Público Fernando de
Llarena y Franchi, ahijado de Nava y Grimón, quienes serían admitidos por las Cortes el 8 de
septiembre. Desde el 2 de julio había culminado el proceso interior con la investidura de los
congresistas por las islas menores: el gomero Antonio Ruiz de Padrón, abad de San Jorge de
Villamartín de Valdeorras (Orense), llevando en la suplencia al majorero Agustín de Campos,
abogado del Colegio de Las Palmas.
Sin voz permanecieron en las Cortes de Cádiz, durante nueve meses, las islas que se habían
plegado ante La Laguna en 1808. El lapso era suficiente como para que el religioso Gordillo,
apodado el pájaro canario, intentara arrebatar a Tenerife el rango de “Isla Metrópoli”.79 El 15
de enero de 1811 obtuvo la aprobación de una Junta Provincial compuesta exclusivamente por
vecinos grancanarios, demostración cabal de un sectarismo idéntico al de sus oponentes
tinerfeños.80 Las Cortes tuvieron que retractarse y Gordillo volvió a la carga, alcanzando al
menos la paridad de Gran Canaria con Tenerife según los términos del decreto de 6 de junio
de 1809. A raíz del homónimo del 18 de marzo de 1811, con el reglamento provisional para el
gobierno de las Juntas Provinciales, se dictó el de 7 de julio sobre la configuración del
organismo correspondiente al archipiélago, fijando la elección de siete vocales en siete
partidos y a razón de dos para Tenerife, dos para Gran Canaria y otros cinco repartidos en las
demás islas.81 Aunque las actuaciones de los doceañistas canarios no tuvieron precisamente
sus más importantes muestras en el pleito de capitalidad, las pujas asociadas al mismo
llegaron a exhibirse en torno a la trilogía de una Sala de la Audiencia Territorial en Tenerife,
una Universidad Literaria en La Laguna y un Obispado Nivariense para los occidentales.82
La segunda Junta Provincial corrió peor suerte que la primera: no pasó del papel, aunque
contribuyó a que el último cuatrimestre de 1811 fuera muy enervante en Tenerife. Por real
orden del 3 de mayo de 1810, reiterada por un real decreto del 7 de octubre, el Consejo de
Regencia invistió de capitán general en comisión al teniente general Vicente de Cañas
Portocarrero, duque del Parque Castrillo, para que reasumiera “en sí todas las jurisdicciones”
y arreglara “algunas desavenencias”. La epidemia que sufría Santa Cruz de Tenerife le forzó a
venir a Las Palmas, donde permaneció durante siete meses y medio, desde el 19 de diciembre
de 1810 hasta el 3 de agosto de 1811, cuando la fiebre infectó esta ciudad. Hacía ya siglo y
medio que los grancanarios no disfrutaban de la compañía tan larga de un “virrey” y sacaron
tajada de ella al iniciarse las obras del muelle en la caleta de San Telmo. Los círculos
dirigentes de la isla redonda creyeron haber conquistado a Cañas, sin intuir su proclividad
tinerfeña.83 Más en concreto, se trataba de un alineamiento con La Laguna, una vez superados
los malentendidos iniciales. El duque tenía que conectar mejor con los aristócratas de
Villanueva del Prado que con los burgueses de la villa, y desdeñó las petitorias de esta para
Los años febriles: Canarias en crisis…
1923
ser cabeza de partido, uno de los problemas que habían retrasado las elecciones a Cortes en
Tenerife.84
El confuso affaire tinerfeño de Vicente de Cañas carece de explicación al margen del jollín
capitalino. Las resoluciones que adoptó no pudieron ser simplemente las medidas
extravagantes de un déspota alucinado, el cual, según León, “dicen que ya venía mal
predispuesto para con los intereses santacruceros”. El duque tenía que instaurar la segunda
Junta Provincial de Canarias; quiso reunirla en Tenerife, pero no en el sitial de la
Comandancia sino en su capitalidad histórica. Los reajustes administrativos y hacendísticos
que se le habían encomendado, poniendo énfasis en el azote de los contrabandistas,
promovían inevitablemente una colisión con el funcionariado santacrucero, saldada con varias
deportaciones a El Hierro antes incluso de afincarse en La Laguna el 19 de septiembre de
1811 al reaparecer la fiebre.85 Su remoción oficial a principios de agosto, dos meses después
de pedirla él mismo, contentó a la asamblea santacrucera tanto como disgustó a los Cabildos
de Tenerife y de Gran Canaria.86 Apremiado por una provisión de la Audiencia del 6 de
noviembre, la corporación tinerfeña dejó en la estacada al duque antes de las demostraciones
de fuerza que veremos en los disturbios públicos. Ya desde el día 17, aquella entidad había
tomado juramento al teniente general Pedro Rodríguez de la Buria, nombrado por la Regencia
desde el 6 de agosto y que llevaba mes y medio vagando por la isla con el indiviso cuidado de
las burguesías de Santa Cruz y La Orotava.
Noviembre de 1811-mayo de 1813: Juntas Electorales y primera Diputación Provincial
El hecho de que Santa Cruz de Tenerife contara con un comandante general amigo, sin
olvidarnos del restablecimiento autónomo de la Intendencia por real orden de 16 de enero de
1812, a petición del diputado Llarena, sería la razón determinante por la que se le dio la
capitalidad provisional de Canarias desde el mes de diciembre de este año. La Constitución de
Cádiz reguló en el capítulo II del título VI el régimen de las provincias y las diputaciones
provinciales, dejando pendiente la división territorial, lo cual significó para Canarias la
configuración de un único centro de poder capitalino en torno al jefe político, la reducción de
la Comandancia y de la Audiencia a sus respectivas jurisdicciones, y la fragmentación de la
unidad isla-municipio en numerosos ayuntamientos, diseñados a partir de las juntas vecinales
procedentes del siglo XVIII y de los límites de las parroquias. Por decreto de 23 de mayo de
1812 se convocaron Cortes ordinarias para el 1 de octubre de 1813, cuya Instrucción para las
elecciones de diputados preveía la erección de una Junta Preparatoria electoral que iba a
condicionar la posterior sede de la Diputación y de la capitalidad de la provincia. La enconada
porfía de Gordillo con los doceañistas tinerfeños se saldó inicialmente a favor suyo, ya que las
Cortes desestimaron el dictamen de la comisión constitucional y decidieron instalar dicho
cuerpo provisionalmente en la ciudad de Las Palmas. Sin embargo, el comandante general La
Buria, interinamente gobernador superior político por real orden de 6 de octubre de 1812, lo
congregó de forma arbitraria el 5 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife, espoleado por
“personas influyentes” al decir de Millares Torres.87
La Junta Preparatoria de finales de 1812 prosiguió, en la percepción de los grancanarios, la
estela trazada por la “Suprema” de 1808 y las abortadas Provinciales de 1810 y 1811, siempre
en la dirección hegemónica de la isla picuda. El 8 de diciembre comisionó a José Martinón y
a Juan Bautista de Antequera para que, auxiliados por las estadísticas poblacionales de 1805
confeccionadas por Francisco Escolar y Serrano, propusieran el número de partidos en que
convendría dividir las islas centrales, antes realengas. Con el informe del día 22, asumido
plenamente el 24 por la Junta, se otorgó una clara ventaja a los tinerfeños, en línea con las
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1924
propuestas del diputado Llarena. Tenerife acaparó cuatro de los siete partidos insulares, el
doble que Gran Canaria, quedando completamente arrinconada la relativa paridad de 1811.88
La manipulación de las cifras demográficas permitió favorecer en extremo a la isla más
poblada (70.067 tinerfeños frente a 55.093 grancanarios en 1802), y la distribución de las
localidades por partidos acrecentó sobre todo el peso de la villa exenta. Por otro lado, la
Secretaría de Estado y Gobernación recabó por oficio del 23 de diciembre anterior los
informes de los Ayuntamientos, preceptuados por las Cortes, acerca del trono palmario de la
Diputación, desplegándose en el primer cuatrimestre de 1813 todo un juego de privanzas
desde las tres localidades aspirantes.89
La municipalidad de Santa Cruz de La Palma propugnó el 14 de mayo que arraigara en
Tenerife, mas en la ciudad de La Laguna y no en la plaza de Santa Cruz, “por la circunstancia
de que ésta había hecho constantemente un monopolio de la libertad de comercio a América, a
pesar de las Reales órdenes obtenidas en otro tiempo por esta isla y la de Canaria, y había
enervado posteriormente el Soberano Decreto de 16 de Junio de 1811, que habilitaba en cada
isla un puerto para el expresado comercio”.90 El ingrediente innovador que ahora se agudiza
fue el desplazamiento de la vieja capital tinerfeña por Santa Cruz, que hasta mediados de
1810 había sido un valioso auxiliar de los apetitos de La Laguna.91 Los desencuentros
presentes desde la segunda Junta Provincial trajeron consigo la quiebra circunstancial del eje
político entre las dos poblaciones, en una dinámica próxima a un cisma nobiliario-burgués sin
encaje fuera de Tenerife.
Los servicios recíprocos entre los burgueses santacruceros y los comandantes generales
presentaron un soporte triangular con la llegada a la villa, al arrancar el año 1813, del primer
jefe político, el santanderino Ángel José de Soverón, ex secretario del Real Consulado
Marítimo de Cádiz. Las elecciones a Cortes y provinciales que esta novel autoridad dirigió al
frente de la Junta Preparatoria de Santa Cruz de Tenerife resultaron un modelo de parcialidad
manifiesta y hasta el propio Villanueva del Prado llamó a la abstención. El Ayuntamiento de
Las Palmas reclamó que Tenerife volviera a los tres compromisarios anteriores (La Laguna,
Taoro y Daute), o que Gran Canaria tuviese otros cuatro. Las protestas de aquel municipio y
las de Gáldar pasaron el 20 de abril a la comisión constitucional, que todavía el 31 de julio
recibió las de los apoderados de los partidos de Daute y La Laguna.92 Los electores
parroquiales de Gran Canaria, por los partidos de Las Palmas y de Telde, tomaron el 22 de
febrero la decisión de no acudir a Santa Cruz de Tenerife hasta que las Cortes resolvieran
sobre el recurso contrario al dictamen de Martinón-Antequera. El 13 de abril respondía el
consistorio palmense a un oficio de Soverón identificándose con lo dispuesto por su junta de
partido.
La resistencia grancanaria y la de varias jurisdicciones de la isla picuda, singularmente
notoria en La Laguna, no impidió que el jefe superior político y sus monitores santacruceros
culminaran los propósitos que incubaron, amparándose en el decreto de las Cortes del 24 de
diciembre de 1812. El 22 de mayo de 1813 se aposentó en Santa Cruz una Junta Electoral
“provincial” sin los compromisarios de Gran Canaria y faltando también algunos de Tenerife.
Las dos actas de diputados en las Cortes ordinarias fueron a parar al tinerfeño José Domingo
de Lugo y Molina y al gomero Manuel Echeverría y Domenech, entregándose la de suplente
al lanzaroteño Antonio Cabrera y Ayala, hermano del hacedor de rentas decimales de aquella
isla, personas que en opinión de Millares Torres eran “adictas incondicionalmente al grupo
occidental”. Los diputados provinciales arrojaron por supuesto una abrumadora mayoría
“también adicta a los intereses de Tenerife”.93 Las candidaturas entronizadas fueron una
especie de homenaje a la Junta Suprema y a las subalternas de 1808, con cuatro vocales de
Los años febriles: Canarias en crisis…
1925
aquella entre los siete titulares: el regidor lagunero Juan Próspero de Torres Chirino, el
síndico santacrucero José Murphy, el ex regidor y alguacil mayor gomero Antonio Morales
Salazar y el regidor decano de Santa Cruz de La Palma David O´Daly, a quienes podríamos
agregar al presbítero conejero Pedro Pascual Ginory, uno de los vocales por el estado
eclesiástico de la Junta subalterna de Lanzarote.94 La presencia de otro tinerfeño, Juan Suárez
Aguilar, redujo la de los solidarios con el Cabildo General Permanente de Gran Canaria al
abogado y ex procurador síndico José Vázquez de Figueroa, una especie de imposible
convidado de piedra.95
LOS DESÓRDENES PÚBLICOS
La conflictividad social y política menudeó en Canarias durante los primeros años de la
Guerra de Independencia. Una variedad de motines y tumultos sacudió el archipiélago desde
que las derivaciones de la invasión napoleónica se hicieron sentir. Al menos en tres islas hubo
disturbios de variada índole desde septiembre de 1808 hasta noviembre de 1811, dando origen
a un “trienio tumultuario” de parecida intensidad al de 1718-1720.96 El amor por el orden
propio de la burguesía dominante, aunque se trate de la paz social dentro del absolutismo,
indujo a Millares Torres a sugerir el imperio en 1808 de “un espíritu de insubordinación y
anarquía”, fruto de la impresión del vacío de poder.97 En los tramos iniciales de la dictadura
franquista, la llamada “visión paranoica de la historia” estuvo detrás de los enfoques que
realizó Bonnet y Reverón, para quien el Cabildo General Permanente de Gran Canaria
provocó un “movimiento subversivo” donde se apoyaban “sus directores en el populacho,
alentando a las masas en sus excesos”.98 La mirada tenía precedentes de signo contrario en la
época. El III vizconde de Buen Paso, que sufrió dos arrestos por sus afinidades con los Casa-
Cagigal, no dudó en proponer que fue la Junta lagunera la que sembró “el espíritu de rebelión
y de perfidia” que apreciaba en abril de 1810.99 A continuación trazaremos una síntesis global
de todos esos desórdenes públicos, agrupando por epígrafes genéricos sus contenidos
fundamentales.
Las causas: luchas por la tierra y el poder
La problemática asociada al hambre de tierras constituyó el único móvil de varias
sacudidas y representará un ingrediente muy significativo en otras. En particular, las
agitaciones grancanarias del último cuatrimestre de 1808 iban a descubrir el malestar de una
estimable porción del campesinado respecto de la injusta distribución de la propiedad
agrícola. Es indiscutible que los factores exógenos, emanados de la crisis política, cumplieron
una valiosa función como precipitantes de los trastornos campesinos, pero los de mayor
entidad contaban desde luego con profundas raíces. La dinámica de los meses iniciales de la
Guerra de Independencia reanimó algunos focos de tensión preexistentes y les dio especial
envergadura, ya fueran de pequeño o gran calado. Sin transcurrir una semana desde la
entronización del Cabildo General Permanente, las contradicciones acumuladas estallaron en
dos zonas muy sensibles y dieron pie a un otoño de inquietudes rurales. Hubo en la isla un
auténtico septiembre negro. El día 8 penetraron con frenesí en la Montaña de Doramas gentes
de Guía y de Moya; al siguiente arrancó el proceso contra partes de la hacienda del VI
marqués de Villanueva del Prado en La Aldea de San Nicolás.
Los estrechos límites de la política real de repartimientos de tierras realengas en la
Montaña de Doramas no colmaron las demandas existentes en Guía y Moya. Las roturaciones
clandestinas proliferaron en el último tercio del siglo XVIII, y la insatisfacción por quedar sin
repartirse todos los baldíos deslindados en 1764 y 1787 dio lugar a expedientes judiciales.100
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1926
En 1804-1807, cuando salieron a la luz nuevas usurpaciones, fueron adjudicadas en esos
distritos y en Firgas un total de 137 suertes con una superficie de 335 fanegadas, que
beneficiaron solo a 149 personas.101 Si prosiguieron las ocupaciones ilegítimas, la tensión en
la comarca aumentó sobremanera al perseguir el hacendado Cristóbal Vicente Mújica
completar en 1807 la data de 200 fanegadas que se le había concedido en 1796, aspirando a
las 170 aún pendientes tras adjudicársele el resto por las faldas de la Montaña en 1801.102 El
corregidor señaló que la culminación de la gracia se realizase entre Maspalomas y
Arguineguín, pero al menos en Guía cundió el temor de que afectara a los realengos
disputados. Ya el 20 de abril de 1807, 26 vecinos dieron poderes para suplicar a la Audiencia
la repartición de los baldíos de su orilla, al entender que Mújica “pretende tomar, además de
los muchos terrenos que se le han dado, los más confinantes pertenecientes a esta
Jurisdicción”.103 Entre sus signatarios aparecen algunos de los líderes de las invasiones de
septiembre de 1808. Las multas que el tribunal impuso dos años después nos revelan un alto
número de ocupantes en este término.104
CUADRO II: CONDENA DE LOS OCUPANTES DE LA MONTAÑA DE DORAMAS
(3 DE SEPTIEMBRE DE 1810)
CONDENAS GUÍA MOYA TOTAL
Liberados de la prisión de Santa Cruz de Tenerife y
forzados a satisfacer mancomunadamente los
gastos de manutención y las costas
7 2 9
Multados con 50 ducados cada uno y en costas
mancomunadamente por no haber comparecido
8 7 15
Multados con 30 ducados cada uno y en costas
mancomunadamente
114 7 121
TOTAL 129 16 145
Fuente: véase nota 104.
Los iniciales compases de la usurpación de la data de Mújica por los de Moya, y de otros
campos de la Montaña por los de Guía, fueron el portal que franqueó el despojo sufrido por
Alonso de Nava y Grimón en su hacienda de La Aldea de San Nicolás. El mismo presidente
de la Junta “Suprema” garantizó que era el mayorazgo más importante de su patrimonio,
reportándole “cuando menos” unas rentas anuales de 120.000 rvon.105 A finales del siglo XVIII
tenía una extensión de 1.950 hectáreas y abarcaba “un pueblo entero”.106 Este gran cortijo
pasó a ser escenario de múltiples confrontaciones entre los colonos y el noble a partir de la
posesión judicial de 1646. La histórica causa aldeana contra el marquesado se reabrió en 1779
y dio lugar a una primera fase del pleito nuevo que duraría hasta 1797, en el transcurso de la
cual sobrevino un tumulto en agosto de 1786.107 Desde 1807 arrancó la segunda etapa y en
sus prolegómenos ocurrió el más célebre motín. Los acuerdos de la asamblea vecinal
desarrollada en la noche del domingo 9 de diciembre de 1808 plantearon la distribución de las
tierras que no fuesen de pleno señorío de la Casa Nueva, aunque el principal artífice de la
rebelión aspirase también a repartir entre los medianeros estas últimas.108 Otra decisión
común afectó al “despojo del dominio de propiedad y gobierno del agua”, cortándose
enseguida la mitad del riego del cercado de la hacienda.109 Por último serían incautados el
molino de agua de Arriba (San Clemente), que pasó a un hijo de su constructor, y el de Abajo
que recayó en la fábrica parroquial.
La asonada nocturna del 11 de enero de 1810 en Güímar, que expulsó al corregidor José
María Valdivia y Legobien y su pequeño séquito, exhibió una génesis anclada en las seculares
Los años febriles: Canarias en crisis…
1927
reivindicaciones de muchos avecindados sobre partes de las tierras y las aguas del
Heredamiento del Valle.110 Se ha señalado que, fundamentalmente, las pugnas por los
caudales del Barranco del Río desataron una confrontación entre los grandes propietarios y el
resto de la comunidad.111 Desde finales del siglo XVIII, los dueños del Heredamiento apelaron
al corregidor para que frenase las extracciones del acuífero y las obras de canalización
llegaron a ser vedadas, produciéndose ciertas tensiones. Las semillas del contencioso legal
permitieron que germinasen dos facciones antagónicas. De un lado, la adscrita al
Heredamiento en torno a Miguel Baulén y Lercaro-Justiniani, que integró a determinados
burgueses de postín y a la mayoría del clero;112 del otro, la articulada alrededor de los
litigantes contra la Heredad, miembros también de la burguesía agraria, que con el patrocinio
de algunos titulares de la alcaldía arrastró a sectores de extracción popular. La elección de los
“oficios de república” para 1810 dio la victoria a uno de los paladines del segundo cotarro y
motivó el recurso de nulidad que interpuso el primero. El sectarismo de la pesquisa del
corregidor, faltándole autorización especial de la Audiencia, se convirtió en detonante del
tumulto.113 Bajo la capa de una rivalidad en apariencia meramente política, subyace pues el
repudio hacia la injusta propiedad de los medios de producción. Por otro lado, alguien que
arremetió bastantes años después contra “el delirante movimiento comunista de 1810 en La
Orotava”, adjudicó un significado especial a las reclamaciones populares sobre el
Heredamiento de Aguas.114
Si la tierra y el agua aportaron los condicionantes de tres agitaciones, aquella suministró
combustible al incendio de otras dos. La batalla inicial de la “Guerra Chica” en Lanzarote
arrancó al difundirse que Francisco de la Cruz Guerra Ferrer, primo carnal y cuñado de los
Guerra y Perdomo, intentaba comprar a la Real Hacienda el islote de La Graciosa. Ante el
albur de perder unos terrenos considerados de propios desde dos siglos atrás, se promovió el
27 de diciembre de 1809 un Cabildo General en defensa de aquellos pastizales que concluyó
en pronunciamiento tumultuario, expulsándose de la isla al brigadier Rafael Clavijo y Socas,
jefe de Escuadra de la Real Armada y primo segundo de aquel poderoso clan.115 El
comandante general tuvo que anular el acto de la posesión otorgado por Real Orden e instar al
Cabildo a representar en su contra.116 Durante los sangrientos motines del Valle de La
Orotava a principios de marzo de 1810, el cuestionamiento de los repartos de las Dehesas
comunales en 1769 a exclusivo beneficio de las clases dominantes, que ya suscitara diversas
perturbaciones, operó todavía como factor auxiliar de la movilización en la cabecera del
territorio. El asunto salió a relucir durante la junta popular reunida el 3 de marzo en la ermita
de San Roque, a instancias del síndico personero Pedro Benítez de Lugo. En la taberna de
Lorenzo Cala “se habían meditado los planes del repartimiento de tierras y nueva conversión
de una ley agraria”.117
Las tensiones rurales llegaron igualmente hasta el señorío de La Gomera y El Hierro, pese
a confinarse en la esfera legal. A partir de 1810, los vecinos del lugar de Agulo se negaron a
pagar los cánones en frutos o en dinero que por sus tierras en cultivo debían satisfacer al noble
madrileño Juan de la Cruz Bellvís de Moncada y Pizarro Mendoza Herrera y Ponte, conde de
La Gomera y marqués de Bélgida, de Mondéjar, de San Juan de Piedras Albas y de Adeje, dos
veces Grande de España de primera clase.118 Un veredicto de la Audiencia de junio de 1811,
ratificado en noviembre tras un recurso del aristócrata, determinó que el vecindario
satisficiera a su administrador los tributos de ese año y del precedente, ajustándose a los
convenios últimos que hubieran celebrado.119 La abolición del régimen señorial alentó la
desobediencia de los naturales, a pesar de ser “obstigados y oprimidos” con providencias del
juzgado ordinario de la isla, a petición del arrendatario de los tributos Pablo Ascanio. El 27 de
agosto de 1814, Luis Rodríguez Casanova y Antonio Osorio, en nombre de toda la vecindad,
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1928
otorgaron poderes a procuradores para que el Tribunal Superior los eximiera de tales censos,
argumentando que los fundos en cuestión habían sido dehesas y baldíos de “utilidad
común”.120 Si el conde de La Gomera perdió algunos de sus terrenos, el homónimo de la Vega
Grande se vio forzado a contrarrestar en 1812 los despojos de aguas de cinco labradores en su
hacienda de la costa de Lairaga y a los cortes practicados por los alcaldes del Heredamiento
de la Vega Mayor de Telde en su molino del mayorazgo del Valle de los Nueve.121
Los seis levantamientos de la parroquia de Teror organizados desde el 27 de septiembre
hasta el 14 de diciembre de 1808, a consecuencia de la clausura por ruina del santuario de la
Virgen del Pino y del traslado de todos sus enseres en 1803 a un oratorio provisional, no
tuvieron en mi opinión nexo alguno con la problemática agrícola.122 Un estudioso ha señalado
que la contribución de la vecindad de Valleseco encubrió un fenómeno de índole religiosa
bajo otro de carácter socio-económico, producto de los disputados repartos en la Montaña de
Doramas.123 Pero el expediente de la causa en nada abona semejante conexión. Las únicas
raíces documentadas son de naturaleza religioso-administrativa.124 El contencioso sobre el
cierre del templo “viejo” reveló, en definitiva, una oposición campo-ciudad de muy larga
ejecutoria, que adoptó tintes sediciosos al contravenir disposiciones eclesiásticas y seculares
en una coyuntura dramática. Sus bases radicaron en una defensa de las potestades campesinas
para decidir sobre temas del culto, y por lo tanto incumben también a cuestiones afectas a la
administración clerical y a las mentalidades. Del localismo brotó ese impulso de reacción
frente a las injerencias palmenses, amparado en una devoción hacia la Virgen del Pino con
rasgos patrimonialistas. Los soportes de la religiosidad popular, muy próximos al fanatismo
especialmente en los medios rurales, mantuvieron en pie la brega por resolver quién establecía
dónde y cómo adorar las sagradas imágenes. Al fin, la exaltación iconográfica de la Virgen de
Teror fue proyectada como símbolo de la autonomía comunal en el plano de la fe.125
Las determinaciones de factura política reinaron desde luego en la sublevación grancanaria
contra la Junta de La Laguna del 1 de septiembre de 1808, al socaire de la convocatoria de un
Cabildo General enmascarado con ficticias sumisiones a las noveles autoridades. El motín por
diversos puntos del barrio de Vegueta acabó con las destituciones y encarcelamientos del
corregidor Antonio Aguirre, del gobernador militar Juan Creagh y Plowes, del gobernador del
castillo del Risco Juan de Megliorini y del ayudante de la plaza Francisco Aguilar
Martínez.126 Al mes y medio de instalado, el “despotismo” militar nivariense terminó en Gran
Canaria sin efusión de sangre e inició su andadura el Cabildo General Permanente. Lo que se
disputaron esta institución y la Junta “Suprema” fue la dominación sobre la totalidad del
archipiélago o una parte del mismo. En la “Guerra Chica” de Lanzarote, sin embargo, estuvo
en juego el control de toda la isla por dos parcialidades adversas, tradicionalmente agrupadas
la una en torno a los coroneles del Regimiento y gobernadores de las armas y la otra alrededor
de los alcaldes mayores. La enemiga hacia el círculo de los Guerra fue capitalizada por un
corro del Antiguo Régimen de semejante factura nepótica, que no obstante ganó el
mayoritario concurso popular desplegando recursos menos opresivos.127 Escolar nos dio otra
prueba de su acreditada capacidad analítica al explicarnos “que hasta el más infelis pastor del
campo llegó a conocer que todas las intrigas y recursos que ambos partidos seguían el uno
contra el otro, era no con el fin de proporcionar la felicidad a la Ysla, sino con el de ver quién
havía de robar, vexar y estafar a sus habitantes”.128
Los orígenes de las fieras rebeliones que iban a sacudir la Villa y el Puerto de La Orotava
entre el 4 y el 7 de marzo de 1810 fueron múltiples. A la carestía de artículos de primera
necesidad se agregaron las secuelas del momento político, singularizadas por el avance
francés sobre Andalucía y el cerco de Cádiz un mes atrás. Desde el 28 de febrero, el
Los años febriles: Canarias en crisis…
1929
comandante general Luján alentó la reunión de un Cabildo de toda la provincia, donde pudiera
definirse su régimen de gobierno interino gasta distinguir el rumbo de las ocurrencias
peninsulares.129 Los informes acerca de los reveses bélicos y la hipotética desaparición de las
estructuras gubernativas, que tanto preocuparon a los responsables de mantener “el orden
social”, desataron una histeria colectiva de índole patriótica que alcanzó sus mayores niveles
en el Valle de Taoro. El odio hacia los franceses tuvo marcas xenófobas y a su amplitud
cooperó la fuga de 15 ó 20 prisioneros desde Santa Cruz de Tenerife el 11 de febrero, tras
hacerse con un navío mercante inglés.130 El exacerbado patriotismo llegó a fundirse con el
desprecio por las clases dominantes, a las que se acusó de simpatías afrancesadas y hasta de
propiciar la claudicación ante los invasores.131 En este clima de exaltación dinástica y de
fidelidad a Fernando VII, la junta popular del 3 de marzo desbordó las previsiones de los
convocantes al incluir la cuestión de las Dehesas y de las aguas como asuntos a examinar por
el Cabildo General proyectado. La dinámica reivindicativa prosiguió exitosamente contra la
imposición extraordinaria del medio diezmo que, para atender los gastos militares y sus
propios costes, había establecido la Junta “Suprema” y siguió cobrándose tras su disolución.
Una concentración vecinal exigió, “en son de amenaza”, la supresión de la onerosa gabela al
alcalde mayor, licenciado José Díaz Bermudo, y el “ayuntamiento” satisfizo al punto la
demanda sin grandes objeciones.132
La persecución de los súbditos galos, espoleada por los excesos etílicos propios de los
Carnavales, afectó el 4 de marzo al maestro de baile Pedro Clavellina, quien trabajaba en el
domicilio del terrateniente Lorenzo Machado Valcárcel Spínola y Lugo, noble con una renta
anual de 66.000 rvon.133 Este primer hostigado terminó detenido en la Villa sin sufrir daño
alguno, mas no corrieron igual fortuna al día siguiente sus dos compatriotas José Bressant,
escribiente de la firma comercial del síndico personero Bernardo Cólogan y Fallon, y el
maestro de Letras y Música Luis Beltrán Brual, que regentaba una escuela instituida por el
propio Cólogan en una casa de su propiedad sita en la plaza de la iglesia o de la Pila. A
Bressant lo sacaron de la residencia de Cólogan, bajo la excusa de llevarlo preso a la Villa, y
“un andaluz” (Francisco Rubín de Celis) le asestó una puñalada mortífera en las
inmediaciones del templo parroquial. En cuanto a Brual, protegido inicialmente por el ex
síndico Domingo Nieves Ravelo y por Jacobo Reco, logró refugiarse en la batería de Santa
Bárbara hasta que su gobernador, el teniente coronel José de Medranda, temeroso de un asalto
lo entregó a “la chusma” con la promesa de conducirlo al Depósito de La Orotava, aunque
apenas salir del rastrillo lo agredió y asesinó de manera inmisericorde la “canalla medio
ébrea”.134 La residencia-escuela del músico y maestro fue atacada con piedras y palos y sus
enseres arrojados a la calle. Sobre los cadáveres de ambas víctimas se cometieron “mil
vilezas”, siendo colgados de los andamios de popa de una embarcación que estaba
construyéndose en la plaza del Charco.135 El anciano médico francés Juan Emeric, casado en
el Puerto igual que Brual, tuvo que disfrazarse de mujer y huir de sus perseguidores por
algunas estancias. Sin atender los exhortos del alcalde mayor y del fraile franciscano Agustín
Navarro, los insumisos cometieron “otros excesos” e incluso planearon subir a la Villa para
asesinar a los más de 200 prisioneros del Depósito.136
La “ojeriza” del “populacho” contra “los magnates” o “los caballeros” nos es conocida a
través de las ópticas burguesas de León y Álvarez Rixo o de los testimonios de similar corte
insertos en la sumaria, por lo que debería tomarse con enormes cautelas.137 Álvarez consignó
el rumor que atribuía a la plebe el designio de “tomar para mujeres a las señoritas más guapas
del pueblo”, sin duda con el norte de escarnecerla mediante imputaciones libertinas. El
gobierno del “Parlamento bajo”, por encima del “Parlamento alto”, significó entre otras cosas
un alcalde “de calzón de lana”, una justicia excluyente de “los pobres”, una redistribución del
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1930
consumo de carnes que acabase con la privanza de los ricos y unos mandos sobre la salida de
las naves, a través del manejo de los cañones.138 Ya que a las clases dirigentes se las suponía
aliadas con el invasor, la única legalidad admitida era la suya. Los odios contra las élites
menudearon en todas las protestas, y de ahí que se gritase “no sólo viva Fernando VII y
mueran los franceses, pues se añadía mueran los traidores, mueran los caballeros y otros
nombraban algunos sujetos del pueblo de los más visibles”.139 Es obvio que resulta imposible
estimar cuántas de las 400 personas involucradas en los inicios de la “conmoción”
participaron de tales criterios. Sea como fuere, el carácter “patriótico” de los desmanes de La
Orotava procedió de haber sido la caza del francés su principal expresión y el polo donde
confluyeron todas las apelaciones derivadas: la redistribución de tierras y aguas, el repudio de
otra Junta “Suprema” y de la fiscalidad abusiva y el cuestionamiento de los poderes
oligárquicos por un sector de las capas populares.
Los amotinamientos contra el duque del Parque de noviembre de 1811 en Santa Cruz de
Tenerife y en La Laguna nos reintegran al pleno ámbito de la política. Ya hemos sintetizado
las razones de los desafíos entre el comandante general y las autoridades y empleados
públicos de Santa Cruz, con el telón de fondo de la instalación de la segunda Junta Provincial.
El duque llegó a Canarias “rodeado de un brillante séquito de palaciegos y de militares”, mas
su voluntad de “ganarse la opinión pública” y de “crearse un partido poderoso” no resultó
fundamentalmente de su avidez por sostenerse en el mando a toda costa.140 La preferencia por
La Laguna como sede de aquella institución lo encaró con los rectores santacruceros y la
reposición del cordón sanitario, a partir del 21 de septiembre, le sirvió de magnífica excusa
para aislar y reducir a los oponentes portuarios. Su “incendiaria alocución” en La Cuesta el 10
de noviembre entrañó todo un catálogo antiburgués, dirigido a menoscabar el crédito de los
potentados de la villa ante los “pobres infelices del pueblo”.141 El Cabildo de Tenerife,
hegemonizado por la oligarquía lagunera, le otorgó en un principio el más cabal apoyo,
compartido por el grueso de las juntas vecinales, al suplicar que se le mantuviera en el
cargo.142 Junto al teniente general Rodríguez de la Buria, el sustituto al frente de la
comandancia general que arribó el 1 de octubre al Puerto de La Orotava, vía Arrecife, solo
permanecieron inicialmente sin ambages las ”municipalidades” de Santa Cruz y La
Orotava.143 La eventualidad de una confrontación territorial, más intensa incluso que la
ocurrida en Lanzarote durante el año anterior, pudo evitarse al ceder los dirigentes laguneros
ante las presiones de Santa Cruz.
Las efervescencias en la villa portuaria fueron aumentando con las negativas del duque a
verificar el relevo y por la dureza del cordón.144 Es muy posible que aquel exagerase al
propalar que Santa Cruz vivía convulsionada “por las intransigencias de algunos facciosos”, si
bien hay que admitir síntomas de una clara turbación desde finales de octubre.145 El día 28
exigió Cañas el envío a La Laguna de toda la pólvora y las balas de sus castillos,
suspendiéndolo el teniente de rey y el comandante de Artillería a instancias del
“ayuntamiento”.146 Empeñado en prorrogar su mandato hasta constituir la Junta, el
comandante general saliente temió la firmeza santacrucera a favor del entrante y su posible
ascendiente sobre otros puntos. A los oficiales de la plaza les ordenó el 16 de noviembre que
pusieran a disposición del capitán Simón de Lara todas las tropas que requiriese, mandándole
a este último que se concentrara con ellas en La Cuesta para una “comisión secreta”. La
medida desató el nerviosismo entre los capitulares de Santa Cruz, quienes pusieron al pueblo
en armas y nombraron gobernador militar al ingeniero Luis Marqueli, el jefe de más alta
graduación, encargándole que procediera a detener al teniente de rey.147 Esta movilización
hizo que el duque reclamara del Cabildo insular todos los cañones y municionamientos,
además de las campanas de las iglesias, “y que el coronel del regimiento de la Laguna hiciese
Los años febriles: Canarias en crisis…
1931
tocar la generala”. Las peticiones fueron eludidas por el cuerpo y un selecto plantel de
consultores, que consideraron improcedente la aplicación de la fuerza bruta.148
Al día siguiente recibió el duque un nuevo golpe, tras comprobar que varios de los
militares concentrados en La Cuesta habían desertado durante la noche y que los ánimos de
los demás estaban muy fríos.149 Las malogradas negociaciones in extremis con Santa Cruz
vinieron seguidas por el reconocimiento del teniente general La Buria a cargo del Cabildo,
declarado en sesión permanente, cuya institución logró vencer los reparos que interponían
para hacer lo propio los coroneles de los Regimientos de La Laguna y de Güímar.150 Un
apremiante oficio de la corporación santacrucera terminó con las vacilaciones de los próceres
laguneros ante lo proveído por la Audiencia el 4 de noviembre.151 Lo que León llamaría
“simulacro de revolución” en Santa Cruz presentó su cénit en la multitudinaria expedición
hacia el cordón de La Cuesta del día 18, cuando aún se ignoraban las mutaciones acontecidas
en La Laguna.152 Esa exhibición de poderío resultó innecesaria, a pesar de servir de molde
sobre la firme determinación de los mandatarios santacruceros en su cruzada contra el duque.
En el propio cordón pudieron reconciliarse los de la ciudad y la villa, apiñados junto a La
Buria.153 De todas maneras, la derrota de Cañas no supuso la cabal extinción de sus acólitos a
pesar de las importantes defecciones. Los más leales continuaron en faena, procurando
retrasar su salida. El día 26 dio el “ayuntamiento” de Santa Cruz al Cabildo abierto y al
teniente general un plazo de 24 horas en que tomar “las disposiciones convenientes para el
embarque”, amenazando con una incursión armada en la capital.154
Las drásticas advertencias de los mandamases de la villa produjeron un efecto inmediato.
El nuevo comandante general envió al coronel del Provincial de La Laguna para que trajese
250 hombres del Regimiento de La Orotava, a fin de reforzar a los 500 ó 600 ya acuartelados
en la población y poder dar “el golpe con mayor seguridad”.155 Como última tentativa, los
parciales del duque elaboraron una representación firmada por “algunos de los principales” en
solicitud de que fuera tratado “con el decoro y miramiento correspondiente a su clase y buen
nombre del pueblo de que salía”. La artimaña colmó la paciencia del bando contrario. En la
noche del día 29 una aglomeración vociferante llegó hasta la residencia del teniente general a
exigir “las más prontas y eficaces providencias” para embarcar al coloso, “si no quería ver el
pueblo, la isla y la provincia despedazada por la discordia y abandona[da] a los horrores de la
anarquía”. A continuación se repitió la misma escena frente a las casas capitulares, en la plaza
del Adelantado. La Buria dispuso que la mansión del duque fuese rodeada al instante por 60
mílites a las órdenes de “un oficial de confianza” y resolvió que una goleta zarpase de Santa
Cruz a esperarlo en el embarcadero de Guadamojete. La reacción del noble ante el
“movimiento popular” fue colérica e incluso sugirió hacer fuego sobre los congregados.156
Como el gentío no cesaba de pedir a gritos su partida esa misma noche, La Buria marchó
hacia la plaza e intentó inútilmente “aplacar los ánimos” y disolverlo. Al fracasar subió a
entrevistarse con su antagonista y, “después de una larga conferencia”, regresó prometiendo
que al día siguiente estaría solventada la cuestión. Solo entonces “quedó la ciudad en la más
perfecta calma”. Y conforme a lo arreglado, el duque marchó el 30 de noviembre sin hacer
entrega oficial del empleo y dejando tras de sí dos semanas de intensas “trapisondas”.
En aquel trienio tan crispado hubo otras turbulencias de diferente cariz, unas con escasa
entidad y otras de cierta magnitud. De poca monta fue el jaleo organizado en el señorío
episcopal de Agüimes durante la noche del 25 al 26 de septiembre de 1808 contra el escribano
José Cristóbal de Quintana, quien tuvo que abandonar la villa e irse a Las Palmas tras ser
obligado a “rezar tres Salves”.157 Si la expulsión no fue promovida por el “ayuntamiento”,
contó desde luego con sus parabienes. Una vez planteado el pleito judicial, la Sala decretó que
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1932
el receptor pasara a la localidad y evacuase dos informes, uno acerca de los intervinientes y
otro sobre “los defectos” atribuidos al funcionario. Las demoras en las tramitaciones de los
negocios públicos forzaron por último un ajuste el 4 de marzo de 1809, renunciando el
consejo a cualquier acción y perdonando Quintana las ofensas recibidas.158 Otro cisco menor
se localizó en Tacoronte en junio de 1811 y consistió en el derribo de unas casas lindantes con
la plaza de la iglesia que eran propiedad del presbítero José Martel. Tres o cuatro individuos
con barras principiaron la demolición de los muros de la cerca y unos veinte consumaron el
estrago de noche, valiéndose de palos, rozaderas y escopetas. Según parece, la finalidad era
agregar el patio de una de las fincas a la plaza.159 El incidente involucró a miembros del clero
secular, ya que se acusó como autores al beneficiado José Antúnez y a los presbíteros Antonio
Abad, Cristóbal Andueza y Salvador Domínguez.
Más calibre tuvieron otras “fiebres”, de las que poco sabemos aún. En la noche del 5 de
marzo de 1809 se registró en Las Palmas un motín en tres compañías del Batallón de
Granaderos de Canaria, la tercera y cuarta de Telde y una de las de Guía. Los incursos
abandonaron el cuartel “con el ánimo de retirarse a sus pueblos”, negándose a intervenir en la
campaña peninsular. El “sedicioso intento” fue resistido por las compañías primera y segunda
del Regimiento de Las Palmas y apaciguado “por algunos oficiales de lealtad y valor”,
quienes afearon el proceder de los insubordinados y les persuadieron a reintegrarse al fuerte.
Con un día de paga doble premió el Cabildo General a los granaderos que no habían querido
amotinarse, sin que conozcamos si hubo represalias contra los que no expusieron iguales
sentimientos patrios.160 Entre las reclutas para la Guerra de Independencia no floreció, a lo
que parece, un ánimo guerrero tan general como para romper el apego a los hogares
campesinos. Y no puede decirse que entre estos faltasen bríos cuando la ocasión lo
demandaba. El lazareto provisional que la Junta de Sanidad del Puerto de la Cruz hizo
construir en Punta Brava terminó destrozado en noviembre de 1810 por los vecinos del
Realejo.161 Los temas concernientes a la salud pública y a los abastos, en un sentido u otro,
alteraron igualmente el orden, por no mentar las algarabías que ocasionaron algunas de las
elecciones para los empleos de república.162
Las cuitas ocasionadas por los acordonamientos de la fiebre dieron lugar a ciertas
embestidas violentas, de las cuales se dispone también de escasa información todavía. A
finales de noviembre y principios de diciembre de 1810, las primeras instrucciones que
adoptaron las autoridades de Las Palmas fueron objeto de repulsas vecinales. En su transcurso
se destruyeron los tablados y vallas que habían sido levantados en la calle Travieso, uno de
los focos del contagio, hasta que la Junta de Sanidad acordó desmantelarlos a impulsos de un
manifiesto del comandante general.163 Los agobios que trajo consigo la escasez de
manutenciones tal vez provocaran tempranas broncas, ya por parte de pequeños grupos o de
colectivos numerosos. Al menos consta la generalización de estos últimos en los tramos
finales de la epidemia. En febrero de 1812, cuando aún persistían los cordones sanitarios en
Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de La Orotava, los campesinos quebrantaron este último
“impelidos por el hambre”; más de 200 bajaron a comprar el millo estadounidense introducido
a fines del año anterior. Hacia mediados de mes y en dos oportunidades, unos 50 y 600,
respectivamente, amenazaron con interrumpir el suministro de agua si no se les vendía grano.
Y el día 22 entraron hasta 1.500 personas, profiriendo “que más querían morir del vómito que
no del hambre”.164
Los años febriles: Canarias en crisis…
1933
Los dirigentes y el papel de los sectores populares
El aserto de Escolar sobre que “el pueblo no se mueve sin que lo muevan” campa a sus
anchas en los desórdenes públicos de 1808-1811. La insurrección del 1 de septiembre de 1808
en Las Palmas contó en primer término con la participación de campesinos teldenses
encabezados por los labradores Matías Zurita, Diego Jiménez y Pedro Henríquez,
responsables de las partidas que protagonizaron los jaleos en los alrededores de la Catedral.
Mas el encuadramiento de esta “fuerza de choque”, en opinión del doctor Chil, había sido
obra de dos influyentes beneficiados de la localidad sureña, Adrián de Cubas y Cristóbal de
Morales, quienes “pusieron en campaña” a todos sus allegados.165 En la sombra movieron los
hilos el oidor decano de la Audiencia, Francisco Alfonso de Tuero, y el III conde de la Vega
Grande y alférez mayor, Fernando del Castillo y Béthencourt.166 El papel de las “masas”
rurales y urbanas se redujo al de simples ejecutoras del plan diseñado por selectas figuras de
las clases dominantes. Los “amotinados campestres”, retribuidos con monedas por el conde y
el oidor, liberarían a los reos no condenados a la pena capital y saquearían la Recoba, en favor
de aquellos y de los asilados del Hospital de San Martín.
La función protagonista de los burgueses rurales prevaleció en todos los furores por
hambre de tierras. Al frente del movimiento en Guía y Moya de septiembre de 1808 estuvo
Cristóbal Galindo Mendoza, hijo del alférez Alonso Galindo, quien había encabezado la
petición guiense de abril de 1807 ante la justicia.167 Entre los inculpados por el motín de Guía
del 7 de noviembre de 1810, en contra de las exacciones impuestas dos meses atrás, figuraban
junto a Cristóbal Galindo el alcalde interino Rafael Bento y Travieso, el presbítero Bartolomé
de Sosa y varios labradores acomodados.168 Los edecanes de la rebelión aldeana eran todos
campesinos influyentes, medianeros con una buena posición económica y monopolizadores de
cargos públicos, con una larga tradición opositora frente a los Nava y Grimón. El diputado del
Permanente Antonio Cabral resultó encartado tras el tumulto de 1786, por el que sufrió cárcel
en Ceuta el padre de Vicente Carbajal, otro de los conductores de la lidia a 22 años de
distancia.169 Igual que estas estirpes, la de los Valencia presentó también una amplia
ejecutoria contraria al mayorazgo. Y estos anclajes pretéritos rigen asimismo entre los curas
de la parroquia. En cuanto a la jefatura de la algarada de Güímar, nos encontramos también en
ella con individuos de la burguesía agraria, del tipo del alcalde y subteniente José Delgado-
Trinidad, el síndico personero Juan Manuel de Campos, el diputado del común José Antonio
Leandro, Domingo Elías, Cristóbal Rodríguez de Mesa y otros.170
CUADRO III: ALGUNOS JEFES DE LOS AMOTINAMIENTOS DE TEROR EN
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1808
NOMBRES VECINDAD OCUPACIONES Y
CARGOS
EDAD GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Francisco Ignacio de
Cárdenes
Teror Propietario y
teniente de Milicias
88 Instruido
Agustín Guerra Teror Lanero y agricultor 55 Instruido
Antonio Herrera Valleseco Labrador-jornalero 25 Analfabeto
José Antonio Herrera Valleseco Labrador-jornalero 26 Analfabeto
Andrés Ramírez Teror Albardero y labrador 30 Instruido
Francisco Javier
Quevedo (Francisco
Clemente)
Teror Labrador y cabo de
Milicias
34 Instruido
Bartolomé Sarmiento Valleseco Labrador 27 Analfabeto
Juan Sarmiento Valleseco Labrador 32 Analfabeto
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1934
Antonio Henríquez
del Toro
Teror Amanuense 35 Instruido
José Antonio
Lantigua
Valleseco Labrador 49 Analfabeto
Juan Antonio Pérez Valleseco Mayordomo 24 Analfabeto
Salvador Molina Valleseco Labrador 57 Analfabeto
Francisco Pérez Teror
(Los Llanos)
Labrador 45 Analfabeto
Fuente: elaboración personal a partir del expediente recopilado por Millares Torres.
Los cabecillas de las zarabandas religiosas de Teror mostraron iguales extracciones. Al
margen del típico hálito de fuenteovejunización, deduciendo que el causante “era todo el
Pueblo a una voz”,171 la mayoría de los alegatos coinciden en los “motores” o “capataces” del
cuadro adjunto, donde omitimos al posible fugado José Rodríguez Monagas, (a) Calceta. No
hay la menor duda respecto del caudillaje del teniente Francisco Ignacio de Cárdenes, que
“siempre ha andado con los lebantamientos y [fue] el principal motor, pues ha ofrecido sus
haciendas para la reedificación del Templo, y la defensa del Pueblo”.172 Sobre él y su sobrino
Antonio Herrera recaerán los primeros golpes de la autoridad. El lanero Agustín Guerra,
cuñado del párroco Juan Gabriel González, instigó con sus tres hijos la insubordinación
primitiva. Esta pequeña tanda muy unida fue capaz de atraer a más de medio centenar de
hombres y una docena de mujeres, que apostaron por conculcar los preceptos oficiales sobre
“su” iglesia y “su” Virgen. Algunos religiosos, con el teniente de cura Vicente Pérez en
vanguardia, apoyaron las protestas y les dieron un toque de santidad. Es preciso advertir, por
último, que los “concursos del populacho”, como los llamó Cárdenes, no parecen envolver
estímulos exteriores. Las sospechas que despertó a propósito el terrateniente Pedro Manrique
de Lara y del Castillo fueron desmentidas.
La imagen coetánea de las masas levantiscas se distinguió por los prejuicios burgueses
acerca del “populacho” y sus tópicos desenfrenos, como ya hemos observado en La Orotava.
Para Álvarez Rixo, los teóricos caudillos de “la chusma” antiguerrista en Lanzarote fueron un
par de “mentecatos”: el “medio Procurador” al que llamaban Andresito, “flaco y macilento,
con su levita parda y un hacha ferrugienta en las manos”, y Nicolás Cabrera, hermano del cura
de Tías. A ellos añadió al “borracho pinta puertas nominado Cachupín”, quien “gobernaba”
los cuatro cañones de la Villa llevados hasta Arrecife el 6 de junio de 1810, durante la
segunda jornada del cerco a los castillos de San Gabriel y San José.173 Estas siluetas tan
peyorativas contrastan con la aureola de respetabilidad que caracterizó el “retrato de los
Gefes”, el entonces coronel y gobernador de las armas legítimo Bartolomé Lorenzo Guerra y
su rival el ayudante mayor José Feo de Armas, quien espoleado por el Cabildo se negó a
cederle aquel empleo.174 Los bandos nobiliario-burgueses explotaron las desavenencias de la
capitalidad histórica con el puerto principal y su distrito aliado de San Bartolomé, cuna de los
Guerra y otro de sus bastiones. El triunfo del “partido de la Villa” en los comicios de marzo
de 1810 azuzó un movimiento secesionista en ambas parroquias, que tras ser apagado
militarmente ocasionó encarcelamientos y nuevas evasiones guerristas a Santa Cruz de
Tenerife.175 En el cuadro anexo incluimos a los personajes de ambas camarillas, los
verdaderos artífices de las peloteras que arrancaron en septiembre de 1808 y quienes las
condujeron hasta el final.
Los años febriles: Canarias en crisis…
1935
CUADRO IV: PRINCIPALES DIRIGENTES DE LOS BANDOS EN LANZAROTE
(1808-1810)
GUERRISTAS
NOMBRES CARGOS Y PARENTELAS
Bartolomé Lorenzo Guerra y Perdomo Segundo ayudante y capitán interino del
Regimiento de Lanzarote. Coronel y gobernador de
las armas interino hasta septiembre de 1808,
sustituyendo a su padre el Mayor Guerra; repuesto
en el cargo en mayo de 1810.
Cayetano Guerra y Perdomo Presbítero y párroco de San Bartolomé. Hermano
del anterior.
Rafael Clavijo y Socas Ex capitán de Milicias, ex regidor del Cabildo y
alguacil mayor, alcaide del Castillo de San José.
Brigadier y jefe de Escuadra de la Real Armada
(1807). Primo segundo de los Guerra Perdomo.
Manuel García del Corral Capitán y ex alférez mayor del Regimiento de
Lanzarote. Ex alcalde real de Femés. Regidor del
Cabildo y alcalde mayor hasta septiembre de 1808.
Regidor primero del Cabildo entre septiembre de
1808 y febrero de 1810. Primo político de los
Guerra Perdomo.
Francisco de la Cruz Guerra Ferrer Ex capitán de Milicias y juez militar. Ex alcalde
pedáneo de San Bartolomé (1809). Primo y cuñado
de los Guerra Perdomo (casado con su prima
Sebastiana Guerra y Perdomo).
Nicolás Salazar Carrasco y Ferrer Ex subteniente y teniente de Milicias. Regidor
segundo del Cabildo en 1808 y diputado del común
en 1809. Cuñado de los Guerra Perdomo (casado
con Teresa Guerra y Perdomo).
José Luis de Béthencourt y Brito Regidor tercero del Cabildo en 1808 y vocal por la
nobleza y los propietarios de la Junta Subalterna de
Lanzarote (septiembre de 1808-septiembre de
1809). Cuñado de María Eulalia Guerra y Perdomo.
Francisco Acosta Espinosa Cura párroco de Arrecife. Natural de San
Bartolomé, igual que los Guerra.
Ginés de Castro Estévez (El Viejo) Capitán de Milicias y ex alcalde segundo de
Arrecife (1800 y 1807). Comandante militar del
Puerto de Arrecife. Padre de Ginés de Castro
Álvarez.
Rafael María Navarro Beneficiado de Haría.
Matías Rancel Ex teniente de Guerra, ex regidor del Cabildo y ex
castellano de San Marcial y Santa Bárbara.
Escribano público, de guerra y del Cabildo en 1808-
1809. Compadre de Manuel García del Corral.
Luis Cabrera Rodríguez Capitán de Milicias. Ex alcalde mayor, ex
gobernador militar y ex castellano de San José.
Vocal por el Cabildo de la Junta Subalterna y
regidor del Cabildo en 1808-1810. Padre de
Lorenzo Cabrera López, alcalde de Arrecife en
1799, 1804 y 1809.
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1936
ALCALDISTAS O CABILDISTAS
NOMBRES CARGOS Y PARENTELAS
Pablo Rodríguez Peraza Alcalde mayor y juez ordinario hasta septiembre
de 1808 y entre febrero-marzo de 1810.
Ignacio de la Torre Regidor provisional del Cabildo hasta
septiembre de 1808. Tío político del anterior.
José Feo de Armas Capitán y sargento o ayudante mayor del
Regimiento de Lanzarote. Vocal por el
estamento militar de la Junta Subalterna y uno
de los dos vocales de la Junta “Suprema” de La
Laguna en representación de la isla. Gobernador
interino de las armas en febrero de 1810.
José Feo Presbítero y comisario del Santo Oficio. Tío del
anterior.
Juan Valenciano Curbelo Capitán de Milicias. Uno de los dos vocales por
el público y el comercio de la Junta Subalterna.
Alcalde mayor en marzo de 1810.
Carlos Mateo Monfort (o Monforte) Escribano público. Secretario segundo de la
Junta Subalterna. Escribano del Cabildo en
febrero y síndico personero en abril de 1810.
Cuñado de María Rosa Betancourt Viñoly.
Tomás Rodríguez Dumpiérrez Cabrera Escribano de guerra y ex síndico personero del
Cabildo. Tío político de Pablo Rodríguez Peraza
y concuño de Carlos Mateo Monfort.
Fray Bernardino Acosta Prior de los Dominicos.
Diego Silva Viñoly Diputado del común del Cabildo (1808-1810).
Pariente en cuarto grado de María Rosa
Betancourt Viñoly.
Manuel Cabrera Teniente de Milicias y ayudante mayor del
Regimiento en abril de 1810.
Pedro Pascual Ginory Presbítero y párroco de Tías. Uno de los dos
vocales eclesiásticos de la Junta Subalterna.
Marcelo Carrillo Subteniente de Milicias. Vocal por el público y
el comercio de la Junta Subalterna. Sobrino del
anterior.
Fuente: elaboración propia.
El papel directivo de las clases dominantes del Antiguo Régimen prevaleció por completo
en las jaranas contra el duque del Parque. Los aliados del comandante general radicaron
preferentemente en La Laguna, llamada a ser el asiento de la prescrita y nonata Junta
Provincial de 1811. La capitalidad histórica de la isla se encontró con la enemiga del puerto
principal y albergue de la comandancia militar, en anticipo de contradicciones futuras. Es
palpable que la mayoría de los regidores del Cabildo lagunero abrazó de entrada el partido del
duque, acorde con los apetitos de nobles plutócratas como el teniente coronel Juan Bernardino
Tabares de Róo Vargas y Fonte, Cayetano Peraza de Ayala y Viña, Miguel Baulén y Lercaro-
Justiniani o Ventura Salazar de Frías y Porlier, quien disputó a su hermano menor el título de
VI conde del Valle de Salazar.176 Frente a ellos, la corporación de Santa Cruz de Tenerife
presidida por el alcalde Domingo Madan integró, según costumbre, a representantes de la
burguesía comercial con una destacada ejecutoria en la villa, aún después de las pérdidas
Los años febriles: Canarias en crisis…
1937
ocasionadas por la epidemia y de las renuncias de los regidores suplentes del mes de abril.177
Su propio delegado cabildicio, Domingo Calzadilla, perteneció a una estirpe burguesa que
tendrá gran predicamento en la política local. Los trastornos tinerfeños de noviembre
comportan así ese contencioso nobiliario-burgués que faltó en Lanzarote. Desde las
instituciones fueron movilizadas las fuerzas militares e incitada la aportación del pueblo,
siempre en calidad de comparsa.
Donde único tuvieron los sectores populares algún protagonismo destacado fue en la Villa
y Puerto de La Orotava. Es allí donde no se limitaron a oficiar de meros comparsas o a servir
como tropel a las órdenes de las clases pudientes. La excepcionalidad, de todas formas, parece
relativa. El influjo de los franciscanos del convento de San Lorenzo, particularmente en el
barrio del Farrobo, fue estimado por León al señalar que allí “se tramó el movimiento” y dar
relieve a los últimos sermones de cuaresma de uno de sus frailes, amalgamando en el más
“imprudente” la caridad cristiana con la guerra y las invectivas contra los invasores y “la
conducta de los magnates”. En cuanto “los agraviados” pidieron que el “tumultuario
predicador” fuera proscrito, sus leales cercaron el monasterio “en gruesas partidas por algunas
noches” para defender al “tribuno”.178 Aparte de esta inicial tutela religiosa, Álvarez Rixo
aludió a los chismes que apuntaron hacia la responsabilidad del síndico personero Cólogan,
“apasionado de la nación y la literatura francesa”, sin conferirles credibilidad alguna.179
Ambos cronistas, no obstante, coinciden en que los cálculos de los reales o hipotéticos
instigadores se vieron corridos al ser desbordados por “la masa”, pues “la mira no era que la
plebe tomase el mando absoluto”. De entrada lo asió esta a través de las jefaturas que en la
Villa ostentaron los dirigentes campesinos Narciso Quintero y Luis López, natural de la
Montañeta, junto al tabernero Lorenzo Cala y los estudiantes del convento de San Benito
Domingo Curras y Domingo de Lugo. Entre los líderes del “populacho” del Puerto,
“compuesto de marineros, pescadores, alzadores y gente ruin”, destacaron el carnicero
Nicolás del Rosario, el tabernero Francisco Rubín de Celis, (a) Curro, Luis Aday, (a) El
Palmero, el oficial de albañilería Domingo Abreu y el oficial de tonelero José Narciso, (a)
Lagaña.180 La proliferación de apodos, presentes en más de un tercio de los inculpados, nos
remite al mundo de la marginalidad social, pese a tener oficios la mayoría y encuadrar a
varios milicianos.
La organización y los métodos de lucha
Ninguno de los conflictos de la Guerra de Independencia en Canarias se singularizó por la
espontaneidad. Todos estuvieron más o menos programados por los círculos directivos, y en
muy raras oportunidades los desbordó el ímpetu de los grupos populares que se habían
sumado a su causa. Los pleitos judiciales antecedieron a las dinámicas agrícolas,
accediéndose desde la vía legal a la acción directa al crecer la frustración y presentarse las
condiciones oportunas. Los vínculos familiares y amistosos favorecieron la permanente
comunicación entre la minoría rectora, que a menudo poseyó ataduras laborales entre sí y con
los meros intervinientes. Este entorno propicio operó sin duda entre los usurpadores de la
Montaña de Doramas y de la hacienda de La Aldea de San Nicolás. Por encima de tales
rasgos, la Guerra Chica de Lanzarote exhibió aparejos institucionales por los que transitaron
las reyertas entre las dos taifas hostiles. Tanto la Junta Subalterna de 1808-1809 como el
Cabildo fueron aquí las plataformas con las que dirimieron sus cuitas, siempre subordinadas
al control de la gobernación militar. Si los de Guerra dominaron el Cabildo hasta febrero de
1810, la mitad de los componentes de la Junta militaron en las filas contrarias.181
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1938
Los cabildos generales fueron en Lanzarote los mecanismos propios de los antiguerristas
durante el primer semestre de ese año, pudiendo apelar al vacío de poder a la hora de justificar
el autogobierno transitorio, zócalo de sus afanes opositores.182 También esta apoyatura
institucional rigió en las disputas contra el duque del Parque, con el Cabildo de La Laguna en
sesión permanente y el “ayuntamiento” de Santa Cruz actuando como entidad autónoma en el
perímetro del cordón sanitario. Los aldeanos recurrieron a las asambleas vecinales para
materializar sus aspiraciones, siendo estrictamente domingueras para no interferir en los
trajines campestres, y una junta popular disparó los luctuosos sucesos de La Orotava. En la
preparación de los disturbios, claro está, los pequeños cenáculos debieron ser la pauta a seguir
y hay constancia de ellos en Güímar y en aquella Villa, donde la celda de fray José de
Vasconcelos en el convento de San Lorenzo acogió las sesiones nocturnas de los “hombres
más influyentes” del barrio del Farrobo.183 A raíz del tercer levantamiento de Teror consta la
existencia de una junta que dirigía la brega, integrada entre otros por Francisco Ignacio de
Cárdenes y Andrés Ramírez.184 Este organismo solía convocar a los más directos implicados
en el Lomo de La Laguna antes de bajar en tromba desde Valleseco a la Villa mariana.
La cuantía de los participantes en los desórdenes resultó amplia en términos relativos y
absolutos. Una alta proporción de tinerfeños tomó parte en las lidias de noviembre de 1811 o
las vivió de cerca: alrededor de 800 militares de los Regimientos de La Laguna, La Orotava y
Güímar se concentraron en aquella ciudad, y los casi 650 entre oficiales y soldados que
componían la guarnición de Santa Cruz quedaron envueltos en aquellas tramas, donde el
paisanaje tuvo una considerable tercería, ya fuera en la marcha sobre el cordón de La Cuesta
del 18 de noviembre o en el motín del día 29 en la plaza de Adelantado y alrededores. Al
Cabildo General del 15 de abril de 1810 en Teguise concurrieron, según Escolar, muchos más
habitantes que a la invocación previa del 27 de diciembre sobre La Graciosa, dándonos una
cifra de más de 1.500 hombres e indicándonos que “fue la mayor [reunión] que hasta allí se
havía visto”;185 de ellos procederán los atacantes de Arrecife a principios de junio. Una
aglomeración de tal calibre entrañó algo anómalo. Las importantes concentraciones de la Villa
y Puerto de La Orotava sumaron en torno a los 400 individuos, una cantidad de por sí muy
respetable.186 Pero lo habitual será que ocuparan calles o plazas entre las 40 ó 50 personas que
iniciaron el amotinamiento en La Aldea y las 200 que presionaron al capitán y alcalde real de
Guía, José Pineda Betancurt, el 7 de noviembre de 1810.187
El localismo no prevaleció en estas inquietudes sociales, ni descartó las tentativas para
superarlo de regir su ley. Por supuesto faltó en Las Palmas el 1 de septiembre de 1808, ya que
la prescrita intervención del campesinado teldense era útil para darle un tinte insular al desafío
hacia Tenerife. La Guerra Chica de Lanzarote envolvió a casi toda la isla y la adhesión entre
varias poblaciones tinerfeñas, ante todo Santa Cruz y el Puerto de La Orotava, fomentó los
amotinamientos frente al duque del Parque. Además es muy posible que los casi 150
invasores de la Montaña de Doramas hayan expresado su solidaridad activa con los
medianeros de La Aldea, con quienes tuvieron quizás alguna relación. El Cabildo General
Permanente encargó al alférez Galindo que apartase de allí al administrador de Alonso de
Nava, un cometido que debió sustentarse en los asesoramientos del diputado aldeano Cabral.
Sea como fuere, cuando Juan Pedro Domínguez solicitó en persona al oidor decano y al
receptor de la Audiencia que tomasen declaración en Gáldar a los vecinos expulsados del
lugar, el último le manifestó que los trajese por su cuenta, “que él no se pone en camino
porque le salen los de otros pueblos”.188 En cuanto a los soliviantados de Teror, pidieron
ayudas en Telde durante los preparativos del alzamiento terminal, basado en una conjura para
ir a Las Palmas y obtener la liberación de Antonio Herrera de modo violento o pacífico.189
Los años febriles: Canarias en crisis…
1939
Muy poca sangre se derramó durante las agitaciones de entonces, aunque la vertida
impresionase a un público no habituado a las noticias cruentas. Solo registramos tres muertos
y dos heridos en los lances más feroces de 1810: los dos franceses pasados a cuchillo en el
Puerto de la Cruz el 5 de marzo y las tres víctimas de los disparos de cañón y las descargas de
fusilería desde el castillo de San Gabriel, durante la intrusión en Arrecife del 5 de junio. Los
amagos de “guerra civil” de 1811 en Tenerife fueron del todo incruentos y el “simulacro de
revolución” dejó tras de sí mayormente humo de pajas, al tener que desertar casi todos los
oligarcas laguneros de la caterva del duque del Parque, dejándolo en la estacada por la
coerción legal de la Audiencia y la licenciosa de Santa Cruz. Las agrupaciones cívico-militares,
ya por las calles de La Laguna o ante el cordón de La Cuesta, respondieron ante
todo a finalidades disuasorias. El Cabildo sólo estuvo dispuesto a valerse de “la fuerza moral”
y apenas recurrió a la simple exhibición de la física frente al empecinamiento del duque. Por
el otro lado, los fusiles y los “seis cañones violentos” de las tres columnas que la
mancomunidad de Santa Cruz envió al cordón significaron un puro alarde, casi como una
parada militar con acompañamiento civil.
La violencia contra las personas quedó principalmente circunscrita a las coacciones físicas
o mentales que sufrieron algunos destinatarios de la ira popular. Las de aquella índole
recayeron sobre las autoridades pro-tinerfeñas de Las Palmas y el cura de Teror, acosado con
brusquedad durante el segundo y tercer alborotos; en el primero tuvo que repeler, mientras la
sacristía de la iglesia nueva, “los manoteos, gritos y bulla” con un expeditivo garrote, y en el
segundo fueron derribadas las puertas de la casa parroquial antes de exigirle que abandonase
en tres días la jurisdicción.190 En la mayoría de las ocasiones bastó con la intimidación
escandalosa y las amenazas verbales para conseguir los objetivos, ya estuvieran ante el
escribano de Agüimes, el corregidor en Güímar, el alcalde mayor de La Orotava, el alcalde
real de Guía o el mariscal de campo José Tomás de Armiaga en Teguise, que resultó
desobedecido multitudinaria y ruidosamente el 25 de junio de 1810 al exigir de Feo la entrega
del mando militar.191 Lo mismo cabría decir de las baraúndas cívico-militares en La Laguna
del 27 y 29 de noviembre de 1811, donde nadie vilipendió siquiera al duque del Parque y
mucho menos atentó contra su persona. De ser cierto lo que revela Escolar, el único que pensó
realmente en hacer sangre fue el comandante general saliente, enrabietado al ver cómo la
masa exigía la entronización de La Buria.
El respeto hacia la propiedad determinó que no hubiesen estragos, aun tratándose de
propiedades rebatidas, y la violencia sobre las cosas quedó confinada dentro de unos límites
muy estrictos. Los asaltantes de la Montaña de Doramas apenas ejercieron la imprescindible
en la data de Mújica, pues según la reseña del propio afectado sólo “rompieron puertas del
granero y se apoderaron de quanto havía en ella, dando posesión de las suertes a aquellos más
infelices”.192 De cualquier forma, tal vez todo habría sido diferente de haber pillado a uno de
sus detractores tempraneros. Cristóbal Galindo y los suyos marcharon el 10 de septiembre de
1808 a Guía con intención de ajustarle las cuentas al poeta Rafael Bento y Travieso, ayudante
mayor del Regimiento Provincial, ya que según el administrador Domínguez “parece había
dicho que si la audiencia hiciera un exemplar de colgar a seis”.193 Los revoltosos tocaron las
campanas y la caja de guerra y lanzaron vivas al alférez Galindo y mueras a Bento, al cual
buscaron inútilmente hasta en el interior de la iglesia.194 Quizás el procesamiento de cinco
galdenses en marzo de 1809 haya tenido que ver con estas alteraciones.195 Pero la nota común
de casi todas ellas, con las lógicas salvedades antedichas del Puerto de La Orotava y Arrecife,
será la salvaguardia de la vida y también de los bienes muebles e inmuebles.
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1940
La moderación y la prudencia podrían ser los signos distintivos de la rebeldía aldeana de
1808, pese a las comprensibles exageraciones de Nava y Grimón al equipararla con la
Revolución Francesa.196 Dos largas semanas esperaron sus promotores antes de ultimar todo
el proceso, sin barruntos de exaltación desordenada ni soplos irascibles.197 Los avances
paulatinos y básicamente dominicales se ajustaron a un guión de enorme templanza, orientado
a doblegar las reservas que avivaba la represión del tumulto de 1786. El requisito de hacerse
con las llaves de la Casa Nueva no supone desde luego un atributo de radicalidad, y las
convocatorias sucesivas por grupos sugieren la propensión a eludir aglomeraciones
incontroladas.198 También la apropiación exclusiva de la mitad del agua atañe a esta línea de
mesura. Los ingredientes sediciosos vinieron neutralizados de manera eficaz por la cobertura
atribuida al Permanente, bajo cuyos auspicios (reales o imaginarios) actuaban en todo
momento.199 Al pasar los días sin que la Audiencia o el gobernador de las armas dieran
señales, aumentó la sensación de impunidad y el brío de los colonos soliviantados. Aquí la
violencia sobre las cosas prácticamente se limitó a los cuidadosos saqueos y al derribo del
escudo de armas del marquesado, con inequívoco valor simbólico.200 Y la ejercitada sobre las
personas apenas tocó a los apremios sobre el caporal Antonio Almeida y al despido verbal del
molinero de Arriba y sus dos ayudantes de Agaete; el alcalde no tuvo otra solución que
contribuir a disgusto para no ser aislado de la comunidad.
El adminículo ofensivo por antonomasia de algunos motines fue el garrote, casi siempre en
calidad de instrumento persuasivo. Menos en la primera de sus revueltas, los amotinados en
Teror se valieron invariablemente de los palos gruesos y fuertes; otro tanto hicieron los de Las
Palmas, los de Güímar y a buen seguro también los de Guía en la búsqueda de Bento. Las
armas blancas solo entraron en escena durante los asesinatos del Puerto de La Orotava y las
de fuego en los momentos cenitales de la Guerra Chica y de las sacudidas con el duque del
Parque, disparándose únicamente en Lanzarote. Los encubrimientos están registrados apenas
en el cuarto levantamiento de Teror, cuando los revoltosos entraron en la Villa “disfrazados
con montera calada” y entre el estrépito de caracoles.201 Las citaciones auriculares, como era
costumbre, se efectuaron mediante estas conchas, que en todo momento atronaron en los
alrededores y en el interior de esta localidad. En ella también sería de uso común la caja o
tambor en manos de la alcaldía real, el método rutinario de emplazar a las Milicias
Provinciales que prevaleció en la Guerra Chica y en los trajines del duque del Parque. Sin
embargo, el arbitrio oficial pesó por norma bastante menos que el no autorizado, y los
caracoles disfrutaron de una clara predilección. De los otros instrumentos más corrientes en
los reclamos populares, las campanas, apenas se descubren en La Aldea y en Teror indicios
menores.202
Una represión muy dispar
En ningún otro lapso del Ochocientos, aunque fuera de más duración, la justicia procesó en
Canarias a tanta gente por conflictividad social y política como en el de 1808-1811. La
proporción de los encausados, empero, habría sido muchísimo más alta si los jueces hubieran
sido más estrictos y las autoridades superiores no tan magnánimas. Que sepamos, la
insurrección de la isla redonda contra la Junta “Suprema” y los motines contra el duque del
Parque en la picuda quedaron sin consecuencias penales de tipo alguno. En plena apoteosis
absolutista, con la real orden de 28 de agosto de 1816 perdonó Fernando VII a los naturales de
Lanzarote “por los excesos cometidos, esperando de su lealtad que no se volverán a repetir
bajo ningún pretexto”;203 el rey pudo ser generoso frente a unos súbditos que jamás
impugnaron ni uno de los fundamentos del Antiguo Régimen. Los magistrados no aplicaron
igual rasero a las usurpaciones de tierras en Gran Canaria, pues la benignidad en La Aldea de
Los años febriles: Canarias en crisis…
1941
San Nicolás contrastó con el rigor proporcional en Guía y Moya. Las repetidas alteraciones
del orden en Teror, única oportunidad en que se aplicó en la isla el uso de fuerza armada,
terminaron en condenas relativamente suaves. A Tenerife le correspondió el trago más
amargo, imponiéndose durísimas penas de cárcel a los procesados de Güímar y del Puerto de
la Cruz; pero no a los de la Villa de La Orotava, que salieron indemnes. El liberalismo castigó
con previsible severidad a los segundos y el absolutismo haría lo propio y de manera
igualmente imaginable con los primeros.
Los ocupantes de la hacienda de La Aldea de San Nicolás disfrutaron muy poco tiempo de
sus conquistas. La Audiencia resolvió, por decreto de 15 de noviembre de 1808, que fuesen
devueltas todas las fincas al marqués de Villanueva del Prado, “absteniéndose sus vecinos de
cometer las tropelías, vejaciones y perjuicios que han causado y resultan ya de las diligencias
practicadas”, con apercibimiento de imponer “graves penas” en caso de reincidir. La fuerte
invectiva no llevó parejos efectos punitivos, y los magistrados tuvieron a bien recomendar
“los medios legales” a quienes aducían derechos sobre aquellas tierras.204 Cabe proponer que
la solidaridad frente al mortal enemigo de las élites grancanarias favoreció entre los jueces un
trato muy benigno. Al año siguiente se reanudará el pleito que ventiló en contra de los
aldeanos la sentencia definitiva de 16 de octubre de 1817, tras paralizarse los autos un
trienio.205 El 9 de septiembre de 1818 fue desestimada la apelación interpuesta por el concejo
y la vecindad ante la Real Audiencia de Sevilla.206
Muy distinto resultó el proceder del Tribunal Superior ante los usurpadores de la Montaña
de Doramas, ya condenados de mancomún en costas desde el 27 de febrero de 1809.207 A
siete de los invasores de Guía los detuvo en Las Palmas el alcalde mayor Juan Bayle Obregón,
enviándolos al presidio de Santa Cruz de Tenerife.208 Y pese al abandono de las suertes
ocupadas por sus compañeros de Moya, que en junta imploraron el perdón del tribunal, en
febrero y marzo de 1810 estaban tres de ellos en la cárcel real de Las Palmas y otros tantos
retenidos en la ciudad y sus arrabales;209 dos de ellos acabaron también en la prisión
santacrucera.210 La causa de oficio contra 145 súbditos de ambas demarcaciones, por roturar y
plantar en aquellos baldíos “con reincidencia, desacato y desprecio a las autoridades
lexítimas”, culminó por fin el 3 de septiembre de aquel año.211 A la vista de los autos
remitidos en consulta por la alcaldía mayor, la Sala rebajó las multas impuestas a los tres
conjuntos de procesados (véase supra, cuadro II). Prescindiendo de los nueve que sufrieron
cárcel, las sanciones pecuniarias de 136 individuos ascendieron a un valor global de 48.180
rvon. Entre los de Guía del último y más numeroso sector, penados con 30 ducados cada uno
y en costas mancomunadamente, se encuentran 13 de los firmantes del mencionado poder del
20 de abril de 1807; en Moya registramos al menos los nombres de tres personas ya
condenadas el 22 de enero de 1808.
El sumario por el “tumulto y asonada de caracoles” de Guía contra la exacción de las
multas se puso en marcha el 1 de diciembre de 1810 y quedó sentenciado por la Audiencia
entre el 15 de julio y el 22 de agosto de 1812. Uno de los multados de septiembre de 1810,
Felipe Suárez, sufrió una larga temporada de prisión en Las Palmas, pero el tribunal acogió el
pronunciamiento del alcalde mayor y lo puso en libertad con restitución de sus bienes
decomisados. La judicatura refrendó además las condenas por falsedad de siete testigos: José
González Costero fue sentenciado a cumplir seis años de cárcel en los presidios de África, a
disposición del gobernador de Cádiz, en tanto a otros seis se les destinó a trabajos durante un
año en el muelle de San Telmo.212 Todos debían indemnizar mancomunadamente por daños y
perjuicios a Suárez, además de cubrir las costas. Si bien esta última pena sería la única que
contempló la alcaldía mayor para el alcalde real interino Bento y sus “acompañados”, la
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1942
Audiencia decidió primero trasladar a la fiscalía la vindicta pública y después castigó a los
siete reos en costas y multa de 1.500 ducados (16.500 rvon.) en mancomún.213 De los 14
penados en definitiva, ocho al menos eran reincidentes por los procesos de las ocupaciones de
la Montaña.214
Acabar con los levantamientos de Teror iba a requerir un despliegue militar y civil por
parte del Cabildo General Permanente. A la medianoche del 15 de diciembre de 1808 se puso
en camino una expedición encabezada por el alcalde mayor y cinco cabildantes de la
ciudad.215 La integraron dos compañías de granaderos con sus oficialidades respectivas, al
mando del capitán y regidor Juan María de León y Romero, en funciones de comandante.
Junto al contingente militar iban paisanos de Arucas dirigidos por la alcaldía y otros civiles de
Las Palmas y de Telde.216 Aquel cuerpo de ejército, con casi medio millar de hombres,
extinguió el espíritu levantisco que reinó en buena parte de la comarca desde septiembre.
Después de algunas peripecias, Bayle Obregón retornó a Las Palmas el día 19 con 34
apresados, 19 hombres y ocho mujeres de Teror y siete hombres de Valleseco, agregándose a
éstos dos hermanos que se entregarían antes de las 24 horas. A este colectivo de 36 prójimos
tendríamos que añadir el par de dirigentes ya recluidos en Las Palmas: Antonio Herrera y su
tío el teniente Cárdenes. La nómina de los interrogados por Bayle hasta el 28 de febrero
abarcó 14 hombres y una mujer de Teror y ocho hombres de Valleseco, además de otro cuyo
nombre y vecindad no figuran y que estaba encarcelado. Este grupo de 24 personas implica
que bastantes de los aprehendidos por el comandante León en Teror y Valleseco quedaron en
libertad muy pronto.217
Los autores que nos han precedido en el estudio de estos amotinamientos aseguran, sin
más, que a todos los capturados en la parroquia se los liberó al poco con la exclusiva
obligación de satisfacer los gastos de la tropa y del paisanaje que subieron a Teror.218 La
cuenta aprobada el 19 de enero de 1809 por el Cabildo General Permanente ascendió a 7.500
rvon., acordando el instituto que tal débito fuera exigido a quienes resultasen reos en la
causa.219 El movimiento campesino más prolongado del período en la isla no llegó hasta la
Audiencia, agotándose en el estadio de la alcaldía mayor y extinguiéndose con la tolerancia
cabildista, proyectada en el exclusivo abono de los costes de la expedición. Como las
indagatorias con el segmento realmente encausado no concluirán hasta el 28 de febrero, el
período de retención tuvo que ser más largo, aunque el sumario de Teror siguió su curso. El
11 de mayo sobrevino el encarcelamiento de Agustín Guerra y tres de sus hijos. Es muy
curioso que el cuñado del párroco y su prole escaparan de la correría cívico-militar. Los
Guerra dispusieron obviamente de notables protectores, como se deduce con solo atender a
quien terció de fiador.220
La represión de los brutales episodios del Puerto de La Orotava dejó un saldo mucho más
duro de lo que se ha sugerido. El 8 de marzo de 1810 reaccionó la “gente visible y honrada”,
que fue “armada secretamente” bajo las directrices del alcalde real Rafael Pereira. Con el
pretexto de publicar un bando, se convocó a la vecindad en la plaza del Charco y allí pasó a
prenderse a varios de los hipotéticos responsables. A las pocas horas llegaron los 80 militares
que el comandante general Luján envió a las órdenes del mariscal de campo José Tomás de
Armiaga, futura víctima de la fiebre amarilla.221 En la Villa hubo también algunas
detenciones, involucrando entre otros a los adalides campesinos Narciso Quintero y Luis
López.222 Mas la justicia no procesó a ninguno de estos últimos dirigentes, como tampoco al
fraile José Vasconcelos o al sargento Agustín Hernández.223 Los únicos encartados en la
cabecera del distrito serían los estudiantes Domingo Curras y Domingo de Lugo. Todos los
demás eran habitantes del Puerto y el conjunto sufrió reclusión en el Castillo de Paso Alto y
Los años febriles: Canarias en crisis…
1943
otras fortalezas de Santa Cruz. Allí fallecieron a consecuencia de la fiebre cuatro de los
primeros involucrados según todas las acotaciones: el carnicero Nicolás del Rosario, el
tabernero Francisco Rubín de Celis, el oficial de albañil Domingo Abreu y el palmero Luis
Aday. Es muy probable que dentro del cuarteto estuviesen los culpables de los crímenes y
candidatos a la horca, patíbulo que tanto echó de menos el comentarista Álvarez Rixo.224
Los autos criminales de oficio contra los principales reos por “los alborotos, asecinatos,
desovediencias y falta de respeto a las Autoridades” entre el 5 y el 8 de marzo de 1810,
traídos a la Audiencia el 27 de diciembre de 1811, concluyeron en las sentencias del 1 de
junio de 1812 y del 16 de marzo de 1813.225 La Sala condenó por ellas a 55 hombres y una
mujer a penas variopintas. Los cinco penados con cárcel, cuatro en el presidio de Ceuta y uno
en la plaza de Santa Cruz, sumaron 46 años de prisión, mientras la exclusiva fémina fue
sentenciada a cumplir un lustro de reclusión en la Casa de Recogidas de Cádiz. Hasta 35
serían condenados a un total de 314 años de servicios en los Ejércitos de Su Majestad o en los
bajeles de la Real Armada, milicianos y marineros en buena medida. El número de estos 41
máximos inculpados habría sido evidentemente mayor de no haber muerto entre rejas los
cuatro referidos, cuyas sanciones en la cuarta parte de las costas debieron abonar sus
familiares directos. A otros tantos se les dejó libres tras el primer fallo, por estimarse
suficiente el castigo de los dos años y tres meses que tuvieron de cautividad. Por último, siete
no sufrieron más que destierros a cinco leguas del Puerto de La Orotava.
CUADRO V: CONDENADOS POR LOS MOTINES DEL PUERTO DE LA OROTAVA
(1812 Y 1813)
CONDENAS NOMBRES
Diez años de cárcel en el presidio de Ceuta José Narciso, (a) Lagaña, oficial de tonelero
José Carrera, (a) Maraña
Pedro Rodríguez, artillero
Ocho años de cárcel en el presidio de
Ceuta
Jacinto Padrón, (a) Cafur
Diez años de servicio en los Ejércitos de
Su Majestad
Domingo Antonio de la Cruz, (a) El Guindo
Domingo Curras, estudiante
Juan Padrón Espinosa, cabo de Milicias
Andrés Abreu
Rafael Abreu, albañil
Domingo Hernández, (a) El Jayo
Domingo Barbusano
Gregorio Delgado, (a) El Tanguero
Antonio Álvarez
Antonio González, (a) San Juan Dormido
Domingo Ferrais, cabo de Milicias
Felipe Bienes
Domingo Abreu Camino
Cristóbal Abreu, miliciano
Antonio de Fuentes
Diez años de servicio en los bajeles de la
Real Armada
Benito Rodríguez
Pedro González, El Herrero
XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
1944
Ocho años de servicio en los Ejércitos de
Su Majestad
Juan García, (a) Correa
Nicolás Hernández Santos
Cristóbal González Guanche
Ramón Cordobés, artillero
Francisco Gómez Pimienta
Antonio Pérez, (a) Buchito
Marcial Eugenio
José Ramos de Ocampo, (a) El Canario
José de León
Andrés Lorenzo Barreto, (a) Gato de Bodega
Cristóbal Delgado
Manuel Báez, (a) Ambuja
Juan Nepomuceno Torres
Juan Antonio Carrillo
José Perera, (a) Tranquita
Ocho años de servicio de los bajeles de la
Real Armada
Nicolás Padrón, (a) Sorrocloco
Francisco González, (a) Picado
Antonio Hernández, (a) El Blanco
Ocho años de cárcel en la plaza de Santa
Cruz de Tenerife
Juan Martín Español
Cinco años de reclusión en la Casa de
Recogidas de Cádiz
Rosa Betancourt, (a) La Bubango
Destierro a cinco leguas del Puerto de La
Orotava
Domingo de Lugo, estudiante
Mateo Méndez, (a) El Manco
Juan de Orta
Marcelino de Diego, marinero
Francisco Miranda, arquero
Juan Medina
Pascual Delcas
Reos difuntos, condenados
mancomunadamente a pagar la cuarta
parte de las costas hasta el 1 de junio de
1812
Nicolás del Rosario, carnicero
Domingo Abreu, oficial de albañil
Francisco Rubín de Celis, (a) El Curro,
tabernero
Luis Aday, (a) El Palmero
Declarados el 1 de junio de 1812 con pena
suficiente por la prisión sufrida
José Abreu
Patricio de Abreu Camino, albañil
Manuel A