El marco institucional y su influencia en el desenvolvimiento de la industria del azúcar y sus derivados en Canarias: 1852-1936

              1809
EL MARCO INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL
DESENVOLVIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL
AZÚCAR Y SUS DERIVADOS EN CANARIAS: 1852­1936
Santiago de Luxán Meléndez
Óscar Bergasa Perdomo
BACKGROUND
Canarias ha intentado en reiteradas ocasiones a lo largo de su historia, sin demasiado éxito,
desarrollar un sector industrial que le permitiera romper con la excesiva dependencia de sus
exportaciones de productos agrícolas primarios y con la tendencia a los monocultivos,
condicionados por el comportamiento cíclico de los mercados exteriores.
En el último cuarto del siglo XIX eran muchas las voces y las plumas que clamaban por
una diversificación de las actividades productivas y en particular por la búsqueda de
oportunidades para el desarrollo industrial. El programa económico esbozado por León y
Castillo con el objetivo de situar a Gran Canaria en la cúpula del poder insular ponía
el énfasis en las posibilidades industriales a partir de un conjunto de obras públicas
fundamentales tales como, puerto, carreteras, hospitales, centros públicos de educación, etc.
Estas aspiraciones eran comprensibles en un contexto de profunda crisis económica y
social derivada del hundimiento final de la producción y exportación de cochinilla, a pesar de
la gran importancia que la declaración de Puertos Francos de 1852 había tenido para impulsar
un cierto despegue económico.
Los intentos por desarrollar una industria azucarera basada en la caña de azúcar que
examinamos en el presente trabajo a partir de la década de los años 80 del siglo XIX responden
al escenario que hemos esbozado y constituyen a nuestro juicio un buen ejemplo histórico de
las enormes dificultades estructurales que este empeño ha encontrado siempre en Canarias
para hacer realidad el objetivo de la industrialización, al propio tiempo que nos puede permitir
evaluar la compleja trama de intereses en juego de agricultores, comerciantes, industriales,
administraciones públicas y representantes de los intereses extranjeros. No menos importante
es la evaluación del papel jugado por el Estado a través del Ministerio de Hacienda en los
avatares a los que tiene que enfrentarse la naciente industria y que finalmente determinarán su
desaparición.
Debemos recordar que el azúcar fue, a través del cultivo de la caña, un producto
fundamental en el despegue económico de las Islas a partir de su conquista y colonización y
aunque prácticamente había desaparecido como industria en el siglo XIX, sin embargo se
mantenía en mayor o menor medida la agricultura de la caña en las Islas de Gran Canaria,
Tenerife y La Palma. Pese a ello el RD de 11 de Julio de 1852, por el que se declaraban
Puertos Francos los de Canarias, entre los productos originarios de las Islas nunca consideró a
la caña de azúcar y esto va a ser un hecho determinante en toda la historia posterior de este
“segundo ciclo” del azúcar canario. La razón era bastante obvia: el azúcar era una magnífica
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fuente de ingresos fiscales para el Estado a los que no estaba dispuesto a renunciar en
beneficio del desarrollo industrial de las Islas. Este status quo jamás se alteró de forma que
existiera una garantía de estabilidad y continuidad pese a todos los esfuerzos que se hicieron,
tanto a nivel social como político, en ese sentido.
Veremos cómo la Ley de Reforma de los Puertos Francos de 6 de Marzo de 1900, pese a la
realidad de la industria existente en Canarias, ignora dicha realidad a la que da la espalda para
convertirla en moneda de cambio en beneficio de los productores peninsulares y de intereses
foráneos espoleados por grupos de presión locales, entre los que ocupan un lugar de privilegio
los contrabandistas.
Durante la última década del siglo XIX, Fernando de León y Castillo consigue un trato
razonable para la naciente industria azucarera, facilitándole el acceso al mercado nacional
libre de aranceles, lo que permite su consolidación. Pero esta situación cambia radicalmente a
comienzos del siglo XX en un sentido adverso para la industria que inicia un inexorable
proceso de decadencia como pone de manifiesto el presente estudio.
INTRODUCCIÓN
En esta comunicación tratamos de establecer los condicionantes legales y las
circunstancias políticas y económicas que hicieron posible la aparición de la industria del
azúcar, en primer lugar, y el desarrollo de sus derivados (ron y aguardiente), en segundo
término. Los hitos básicos vendrían dados por la Ley de Puertos Francos (1852), la
consecución de la entrada del azúcar canario sin aranceles en el mercado peninsular (1884­1892),
la reforma de los Puertos Francos (1900­)
que interrumpe esa posibilidad, pero que
deja a Canarias exenta del impuesto transitorio y recargo municipal del azúcar y mantiene la
protección de la industria canaria frente al azúcar extranjero, el largo proceso de negociación
por conseguir la desgravación total del azúcar (1900­1934)
y, finalmente, la consecución de
un cupo libre de arancel para la industria en 1934, que reabre las expectativas de ésta.
Un largo recorrido histórico en el que los intereses en juego son los comerciales (apoyados
por los países productores europeos de remolacha y por los industriales peninsulares), los de
los propios productores canarios y, de modo significativo, los del Estado, puesto que los
ingresos derivados del azúcar y alcohol, después de la reforma de Fernández Villaverde en
1900 se convertirán en una de las partidas principales de los arbitrios de Puertos Francos.
Junto a la Hacienda Estatal, las Haciendas Locales (Cabildos y Ayuntamientos) entrarán
también en el juego de captar recursos.
El segundo ciclo del azúcar puede ser estructurado en cuatro grandes etapas. En primer
lugar, podemos señalar una fase de reintroducción de la caña, que iría desde 1852 hasta 1884.
Después vendría un período de expansión, entre 1884/86 y 1900, que coincidiría con la
existencia de un marco institucional favorable, y en la que se desarrollarían sus posibilidades
industriales. En tercer lugar, como consecuencia de la reforma de los Puertos Francos, vendría
una etapa de atonía y crisis que culminaría en los años siguientes al final de la Gran Guerra.
Y, en último lugar, 1920­1936,
una fase en la que el azúcar ya no se produce y se buscan las
alternativas en la producción de alcoholes y en otras industrias, que tienen al azúcar como
componente básico, por lo que la desgravación a la importación de este producto se convierte
en el objetivo principal. En definitiva, un período ascendente del ciclo que se cerraría en
1900, 1 y una etapa descendente que, en lo que a la industria propiamente dicha se refiere,
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concluiría en 1920, aunque durante los años anteriores a la Guerra Civil volviese a
vislumbrarse algún síntoma de recuperación.
LOS PUERTOS FRANCOS Y LA PRODUCCIÓN AZUCARERA CANARIA 1852­1900
Las posibilidades de la producción azucarera en Canarias 1852­1884
Tradicionalmente se ha puesto el énfasis en que el sistema de los Puertos Francos
significaba una opción menos proteccionista que el resto de España, que supuso para las Islas
la posibilidad de desarrollar un sector agrocomercial y, especialmente, a partir de la mejora y
de la construcción de sus puertos principales, una economía de servicios. Como contrapartida,
prácticamente se habrían cerrado las puertas al desenvolvimiento de un cierto sector
industrial. La crisis de la grana –tinte extraído de la cochinilla que alcanza su máxima
expansión en las décadas posteriores al Real Decreto de 1852– se hizo patente y sin posible
vuelta atrás en los años ochenta del siglo XIX. No obstante, pudo ser solventada con el ensayo
de una economía más diversificada en la que encontró cabida y significado una opción
industrializadora, que tuvo como soportes básicos, además de las infraestructuras portuarias y
las actividades transformadoras relacionadas con la pesca, al azúcar y al tabaco.
El Real Decreto de Puertos Francos de 11­VII­1852
contempló entre sus prioridades el
potencial crecimiento de un renglón tabaquero en las Islas, a pesar de los pobres resultados
que el cultivo autorizado de la planta había tenido desde 1827. 2 El desarme arancelario de los
Puertos Francos –aunque se establecieron unos pequeños derechos a la entrada del tabaco en
rama y algo mayores a las labores– no fue un obstáculo, sino todo lo contrario, para que a
partir de la década de 1870, una serie de pequeños fabricantes vieran en la manufacturación
de labores propias una opción de futuro. En cualquier caso, el régimen de monopolio de este
producto, unido a su condición de “extranjero”, daría al tabaco canario pocas posibilidades de
entrada en el mercado peninsular. Habría que esperar a los años veinte del siguiente siglo y,
sobre todo, a los cincuenta y sesenta, para que esta industria se convirtiese en un subsector
puntero de la economía regional y en una actividad moderna e importante dentro del
panorama tabaquero nacional.
El recorrido del azúcar, sin embargo, fue muy diferente desde el punto de vista
institucional. En 1852 no significaba nada para la agricultura canaria 3 y el legislador no
consignó este producto en el artículo 3º del Real Decreto, en el que se enumeraba la
producción propia del Archipiélago, que tendría la consideración de nacional en el mercado
peninsular. 4 Por tanto, a todos los efectos, el azúcar fue considerado como un producto
extranjero y obligado a pagar a su entrada en la Península y Baleares, 32,25 ptas/100 kgs. La
Ley de 22 de junio de 1870, 5 promulgada durante la regencia del general Serrano, que vino a
confirmar el marco general de los Puertos Francos, no modificó la situación del azúcar de
caña que, por otro lado, todavía en esos momentos apenas se producía.
Es interesante que anotemos que después del RD de 1852, se registran algunos ensayos para
reintroducir el cultivo de la caña, como por ejemplo el protagonizado por Agustín del Castillo,
conde de la Vega Grande, en 1857 en Gran Canaria. 6 Como hemos indicado, cuando la crisis
de la cochinilla sea visualizada como irremediable por los propietarios canarios, una serie de
instituciones, entre las que se distinguió la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Gran Canaria, se preocuparán por buscar información, tratando de conocer de primera mano
experiencias azucareras cercanas, tanto en el espacio, como en el ámbito cultural. El mediodía
español, Cuba, Puerto Rico y el archipiélago madeirense, junto a la asistencia a eventos
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internacionales, como la Exposición Internacional de Filadelfia de 1876, serán objeto de
atención por parte de los promotores del cultivo de la caña, entre los que hay que citar a
Domingo J. Navarro, Juan de León y Castillo, Rafael Almeida, Alfonso Gourié, etc. 7
El primer trapiche del que tenemos constancia que empezase a moler caña en las Islas fue
el importado de EE.UU. por Rafael Almeida en 1880. Se trataba de un pequeño molino de
fuerza animal, que contaba con un tren de caldeo al aire libre y un pequeño alambique. Con
este pequeño equipo comenzó, tras la primera zafra, la producción de azúcar. 8 La experiencia
de Almeida como productor de azúcar fue pequeña, puesto que ante la gran demanda de
semilla de caña, desde aquella primera molienda, concentró su actividad durante varios años
en la distribución de semilla. Con anterioridad, la Económica había designado una comisión
que debía viajar a Funchal, para el estudio de las ventajas que podría reportar a las Islas su
cultivo, tanto desde el punto de vista agrícola, como industrial o mercantil, aunque la
iniciativa del viaje a Madeira surgió de un grupo de agricultores y propietarios de Guía,
encabezados por el propio Rafael Almeida, que había decidido desplazarse a aquella Isla para
“estudiar todos los particulares que se relacionen con el cultivo de la caña de azúcar y con la
industria azucarera”. 9 La elección de Almeida por la caña de azúcar, frente al plátano, por el
que también demostró interés, en estos primeros años, cuando la exportación a Inglaterra era
poco importante, es explicada por él mismo por la vertiente industrial de la primera. De su
viaje a Funchal, donde fue auxiliado por el conde de Camarial y por el cónsul español Juan
Caballero, regresaría con un buen encargo de caña, que completaría con la de color que
solicitó a Cuba. 10
En conclusión, el azúcar no había sido un producto distinguido por la franquicia de 1852,
como tampoco lo fueron los alcoholes, el cacao, el café o las especias, que junto con el tabaco
quedaron sometidos a idéntica carga fiscal que la que soportaban con anterioridad al Real
Decreto de 1852, es decir, arancel más impuesto de consumo. En la Ley de Presupuestos de
1877, se contempló la existencia de un recargo transitorio, además de los derechos
arancelarios, que debía haber correspondido a los ayuntamientos, pero de la que se incautó el
Estado, que cedió en compensación a las arcas municipales rebajas en otros impuestos. Si esta
apropiación por parte del Estado no se hubiese producido, los municipios se hubiesen
encargado de la exacción fiscal, a la entrada del azúcar en sus respectivas localidades, como
hacían con otras especies gravadas por el impuesto de consumos.
La entrada libre en el mercado nacional 1884­1900
A partir de estas fechas, el cultivo de caña y la producción industrial de azúcar se
convirtieron en una realidad para la economía isleña y, especialmente en la isla de Gran
Canaria y en la de La Palma comenzaron a surgir una serie de fábricas y trapiches –la más
importante, sin duda, la de San Pedro en Arucas– que pronto tropezarían con tres dificultades
básicas. De un lado, las condiciones adversas del mercado mundial, en el que el adversario
fundamental era, junto al azúcar cubano, el extraído de la remolacha; de otro, las barreras de
entrada al mercado nacional que el fisco levantaba a los azúcares canarios, favoreciendo así a
la producción andaluza que se evitaba un competidor innecesario y algo menos a los azúcares
antillanos; y aún podemos señalar un problema no menor, que era la falta de competitividad
que en el mercado interno tendría el azúcar canario si su producción no se protegía.
Según la información disponible, a comienzos de 1885 la importación de azúcar en
Canarias podría aproximarse a los 28.000 quintales. Los azúcares que entraban en el
Archipiélago procedían principalmente de Cuba, Inglaterra y Alemania. Ese año, los azúcares
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1813
que empezaban a producirse en la región, como consecuencia del marco de los Puertos
Francos, se encontraban en inferioridad de condiciones tanto con los importados de las
Antillas (no era el caso de Filipinas), a los que no se cobraban derechos aduaneros, como con
los propios peninsulares, puesto que desde 1884, se empezó a exigírseles los impuestos
transitorio y recargo municipal. En 1892, el mercado se había ensanchado de modo
considerable, puesto que se estimó que el consumo de las Islas oscilaba ya entre los 40 y
50.000 quintales, de los que la producción insular cubría cerca del 50%. Si a estos datos
añadimos que algunas de las fábricas más importantes vendían una parte de su producción, en
esta última fecha en el mercado peninsular, hemos de inferir que el azúcar canario no era
competitivo en el mercado insular. 11
Entre 1884 y 1900, la llamada por la prensa de la época “cuestión azucarera”, puede
esquemáticamente reducirse al encuentro entre los intereses estrictamente comerciales,
contrarios a una reforma de los Puertos Francos, que significase una cierta protección para el
azúcar isleño y los deseos prioritarios de los industriales por acceder al mercado nacional. 12
Como tercer protagonista no debe dejar de citarse a la Hacienda, que quería evitar el posible
comercio fraudulento desde las Islas y asegurarse, en consecuencia, unos ingresos impositivos
si fallaban los derechos aduaneros. Los argumentos de los primeros estuvieron centrados en la
imposibilidad de hacer compatible el marco jurídico de los Puertos Francos con la protección
a la industria del azúcar, olvidándose por ejemplo de la excepción que se había autorizado con
los cereales; y en segundo término, en la defensa del consumidor, que tendría que pagar
mucho más caro el consumo de un producto, considerado de primera necesidad.
La confirmación de los Puertos Francos (Ley de 22­VI­1870)
preveía la constitución de una
comisión, formada por los representantes canarios en las Cortes, con el fin de proponer la
ampliación de las franquicias. Y éste fue el escenario en que los representantes de Tenerife
(Pérez Zamora) y los de Las Palmas (León y Castillo) debatieron el acceso libre de aranceles
del azúcar canario al mercado nacional, ampliando el grupo de productos canarios que
gozaban de esta situación. Alfonso Gourié, el principal industrial, junto al político León y
Castillo, encabezó la posición de los empresarios azucareros canarios. Se trataba de sacar a la
naciente industria azucarera de la situación anómala a la que la sometía la interpretación por
las autoridades de la legislación vigente. Es decir, sujeta a una doble imposición, al ser
considerada a la vez, como industria nacional (impuesto transitorio y recargo municipal) y
extranjera (aranceles a la entrada en Península y Baleares). De esta forma se levantaban serias
barreras de entrada en los tres mercados posibles: el insular, el nacional y el internacional, por
no referirnos a la inexistencia de primas a la exportación, que era la política seguida por los
países productores de azúcar de remolacha. En esta primera fase, aunque poniendo en juego
todas las habilidades políticas de León y Castillo, los intereses de los industriales fueron
salvaguardados y la industria pudo desenvolverse, como demuestran fehacientemente los
datos de ampliación del mercado insular a los que nos hemos referido, o la serie de
producción de la Fábrica de San Pedro de Arucas.
La consecución de un marco institucional favorable a los intereses industriales puede
resumirse en el cuadro siguiente:
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1814
Dictamen del Consejo de Estado informando una
instancia de A. Gourié en la que solicitaba la
exención del impuesto transitorio (septiembre de
1884)
R.O. de 20­II­1886
declarando nacionales a los
azúcares producidos en Canarias
Informe de la Comisión Permanente de la
Provincia relativo a los derechos que debe pagar el
azúcar de producción del país a su importación en
la Península y Baleares (Junio de 1886)
1. Consecución de la entrada en el
mercado nacional sin derechos
arancelarios
R.O. de 31­VII­1886
resolviendo las dudas
surgidas en la Aduana de Cádiz con motivo de la
R.O. de 20­II­1886
R.O. de 18­VIII­1887
que incluye un informe del
Consejo de Estado sobre la solicitud de concierto
de A. Gourié
R.O. de 1­II­1888
autorizando la celebración de un
concierto entre la Fábrica de San Pedro (Arucas) y
el Ministerio de Hacienda. En 1889 se incluyó en
el mismo a la Fábrica El Rosario (Arucas); en
1890 a la de San Juan (Telde) y La Catalana (San
Lorenzo y en 1891 a La sin rival (Guía)
2. Entrada en el régimen de conciertos
Dictamen del Consejo de Estado de 1­VII­1888
sobre el concierto con las fábricas azucareras de
Canarias
Informe de la Sección de Hacienda del Consejo de
Estado, proponiendo la anulación del R. D. de 31­VII­1886
R.D. de 20­II­1892
confirmando la libre entrada de
los azúcares de producción canaria en el mercado
nacional.
R.D. de 15­V­1892
estableciendo el procedimiento
para evitar el fraude de los azúcares extranjeros al
amparo de las franquicias canarias
R.O. de 15­V­1892
fijando las normas para evitar
el fraude de los azúcares.
3. Intento de supresión de la libre entrada
y confirmación en el arancel de 1892
Reglamento de Puertos Francos. Apéndice nº 9 de
las Ordenanzas de Aduanas de 19­XI­1894
4. Revisión fallida del sistema anterior Proyecto de Ley de presupuestos de 1896 en el que
se gravaba el carbón y el azúcar.
Cuadro 1. Legislación de interés sobre el azúcar canario 1884­1900.
La consecución de la entrada en el mercado nacional sin derechos arancelarios
León y Castillo obtuvo del Consejo de Estado (septiembre de 1884) un dictamen que
mantenía una cierta reserva hacia la importación de azúcar extranjero en Canarias, pero el
cual aclaraba de modo favorable el marco institucional del azúcar, al dar paso a la
autorización a su entrada en la Península y Baleares como producto nacional (R.O.de 20­II­1886).
El azúcar canario quedaba sujeto al impuesto transitorio y para que pudiera
introducirse en el mercado nacional como producto de cabotaje era necesario poner en marcha
la reforma de la base 9ª del Arancel de 1882, en la que el azúcar no aparecía contemplado. El
Consejo de Estado reclamó los informes preceptivos de la Diputación y Junta de Comercio.
Que nosotros sepamos solo se produjo el pronunciamiento de la Diputación, que se manifestó
a favor de la reforma de los Puertos Francos, pero apuntando la necesidad de una cierta
moderación en el gravamen a los azúcares extranjeros. Como se ha puesto de manifiesto, 13
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1815
dicha R.O. tuvo que ser reiterada, con las respectivas aclaraciones, después de una mala
interpretación de la Aduana de Cádiz, por otra R.O. de 31­VII­1886.
Un régimen de conciertos
Se había conseguido un cierto grado de protección, manteniendo el régimen de Puertos
Francos. El siguiente paso fue obtener el régimen de concierto para el pago del impuesto
transitorio, situación a la que se llegó después de otro dictamen favorable del Consejo
de Estado, previa instancia presentada por A. Gourié, quedando abierta la posibilidad de
que, al mismo, se fueran incorporando las restantes fábricas que iban surgiendo en el
Archipiélago. Con este sistema se establecía, además, un mecanismo de control por parte de
la administración, tanto de la producción insular como del posible fraude.
Intento de supresión de la libre entrada y confirmación en el Arancel de 1892
En 1891 el gobierno de Cánovas, previo dictamen por sorpresa del Consejo de Estado, se
propuso anular la condición de producto nacional, obligando a los industriales canarios,
tutelados por León y Castillo, a tenerse que emplear a fondo para mantener unas condiciones
favorables para su producción. El resultado final fue una nueva transacción entre los
representantes políticos canarios y el gobierno de la nación, por la que, finalmente,
los azúcares extranjeros serían introducidos en el mercado canario con los mismos
gravámenes aduaneros que en el resto del territorio nacional. En definitiva, fue necesaria la
ratificación de la normativa de 1886, con una nueva modificación en las franquicias, que
equiparaba los azúcares al régimen de los cereales (R.D.de 20­II­1892;
R.D.de 15­V­1892;
R.O.
de 15­V­1892
y Ordenanzas de Aduanas de 19­XI­1894).
El nuevo proceso político, con una industria cuya producción, según la información del
régimen de conciertos se había multiplicado por tres y que pudo llegar a representar el 15% de
la producción nacional de caña, 14 se desarrolló en dos escenarios: en la Corte, donde León y
Castillo, consiguió armonizar la posiciones de la administración con las exigencias mínimas
canarias; y en las propias Islas, donde el debate, por su complejidad, no puede ser reducido a
un enfrentamiento entre Tenerife y Gran Canaria, en términos de pleito insular –puesto los
municipios rurales de la primera de las Islas secundaron la iniciativa de los cosecheros y
productores grancanarios–, y ni siquiera a una pugna entre industriales y comerciantes, pues
los pronunciamientos de estos tampoco fueron unánimes. La Comisión permanente de la
Diputación Provincial no tuvo inconveniente, tampoco, en dar su plácet a la postura de los
productores de azúcar, que pretendían, por encima de todo, el mantenimiento de la libre
entrada en el mercado nacional, si bien matizaron la protección a los azúcares canarios, al
considerar que la producción antillana debería quedar libre de derechos. Finalmente, los
comerciantes de Santa Cruz de Tenerife realizaron una campaña catastrofista, identificando el
fin de las franquicias con el mantenimiento del status de 1886.
El hundimiento del cultivo de la caña y de la industria azucarera, consecuencia previsible
del cierre del mercado nacional, hubiese roto la nueva andadura de una economía canaria más
diversificada: ventas de carbón en los puertos, sustitución de la cochinilla como producto
exportador dominante por la producción de plátanos, tomates, papas, cebollas y otros frutos,
junto con el desenvolvimiento de una opción industrializadora que debía significar, además,
una penetración mayor en el mercado nacional (conservas de pescado y sobre todo azúcar y
tabaco).
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1816
Los datos de que disponemos de la producción azucarera del Archipiélago muestran a las
claras que la negociación de los productores canarios permitió un ciclo estable de relativa
duración (1886­1900),
en el que la industria azucarera pudo desarrollarse. No obstante,
el Proyecto de presupuestos de 1896 volvió a amenazar al azúcar y al carbón, al
intentar gravar con 1 pta. cada Tm. de carbón que se introdujese en las Islas y con 20 ptas.
cada 100 kgs. de azúcar producido en Canarias. En esta ocasión, León y Castillo y Bravo de
Laguna consiguieron que la medida no siguiese adelante. 15
EL NUEVO RÉGIMEN DE PUERTOS FRANCOS Y EL DECLINAR DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 1900­1936
El significado para la producción azucarera de la reforma de los Puertos Francos de
Fernández Villaverde
Un nivel de protección insuficiente para el mantenimiento de la industria
El análisis de este período debe tener en cuenta, en primer lugar, el mantenimiento parcial
del status de la industria azucarera, tras la reforma de marzo de 1900, que si bien perdió sus
posibilidades de penetración en la Península y Baleares, 16 mantuvo un nivel de protección
bastante elevado que alargó su subsistencia durante unos años más. Efectivamente, el arancel
que devengaban los azúcares extranjeros, al descargarse en las Islas, permaneció en los
reglamentos de la nueva ordenación legal prácticamente intacto, aunque técnicamente
convertido en un arbitrio de carácter especial que, en el punto de partida, se situó en 85
ptas./100kgs. 17 El derecho que debía pagar el azúcar extranjero, según el arancel de 1892,
había sido igualmente de 85 pesetas.
La Ley de 6­III­1900,
al disponer que el Estado podría percibir, en concepto de arbitrio
sobre determinadas mercancías, una cuota que, en ningún caso excediese a los gravámenes
establecidos en la Península y Baleares, autorizaba al Ministerio de Hacienda a rebajar las
tarifas cuando las circunstancias del comercio de dichas islas así lo aconsejaren, facultad de la
que se hizo uso, en los primeros años, por sendas Reales Órdenes de 4­VIII­1900,
21­IX­1901
y 28­X­1903.
De este modo, en 1900, la Primera Arrendataria,18 redujo dicho derecho a 70
ptas. Más adelante, la tasa se situó en 60 ptas., para descender de modo provisional a 40 ptas.,
en el momento en que el Estado asumió el control directo de los arbitrios. 19 En 1913, sin
embargo, se había vuelto al nivel de 70 ptas., circunstancia que puede explicar el aumento de
los ingresos por derechos del azúcar que se registra entre 1906­1913.
En los años centrales
de la Guerra, como es lógico, el nivel de protección disminuyó sensiblemente llegando, en
1916, a ser solo de 25 ptas. En mayo de 1919 se volvió al nivel de 60 ptas., pero las
circunstancias de escasez obligaron, en noviembre de ese mismo año, a autorizar durante 10
meses la importación de azúcar con una tarifa de 35 ptas. En los años posteriores, se
mantendría en 60 ptas./100 Kgs. Es decir, excepción hecha de algunos momentos críticos
derivados de la escasez por el conflicto mundial y de la inmediata posguerra, el arbitrio sobre
el azúcar se mantuvo estable, desde 1905, entre 70 y 60 ptas./100 kgs., protección que se
demostró insuficiente para el mantenimiento de la industria.
En la transacción entre los intereses de los productores canarios y el gobierno central,
como en ocasiones anteriores, principalmente interesado en eliminar el fraude, 20 fue
igualmente importante la exención del impuesto transitorio. De este modo, aunque no figurase
en el proyecto de ley de 16­VI­1899,
en el texto definitivamente aprobado (R.D. de 6­III­1900)
podíamos leer en su artículo 3º: “El azúcar de todas clases, la glucosa, las mieles y melazas y
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El marco institucional y su influencia en el …
1817
la sacarina y sus análogos que se produzcan en la provincia de Canarias quedarán exentos del
impuesto sobre el azúcar y la glucosa de producción nacional”. 21
Es necesario que consideremos, por otro lado, el tratamiento que, con motivo de la
Reforma de los Puertos Francos, recibieron los azúcares de producción nacional a su entrada
en el Archipiélago. Sabemos que el R.D. de 19 de diciembre de 1899, que eximía del impuesto
transitorio y recargo municipal, a los azúcares que se exportaran a Canarias, Fernando Poo,
Río Oro y demás posesiones del Norte de África, no pudo entrar en vigor. En este sentido, una
de las reclamaciones más apoyadas de la Asamblea Provincial, celebrada en Las Palmas en
Noviembre de 1899, fue precisamente que se gravasen en reciprocidad los azúcares
peninsulares, ya “que la Metrópoli nos cerraba sus puertas para la introducción de los
nuestros”. 22 Hubo que esperar a los años de la contienda mundial para que el azúcar
peninsular se admitiese, libre de gravámenes, en los puertos canarios.
Los intereses fiscales de la reforma
Como se ha señalado, 23 el incremento de la recaudación por arbitrios de Puertos Francos, a
partir de 1900 y, sobre todo, de la asunción por el Estado de la Administración directa en
1907, fue lo suficientemente notable, como para justificar la Reforma de Fernández
Villaverde, uno de cuyos objetivos básicos era aumentar los ingresos del Estado. Ojeda
Quintana llamó la atención al respecto, sobre la previsión que tuvo el legislador de 1900, de
suprimir una de las cláusulas de la R.O.de 15­V­1892,
en la que se especificaba que los
derechos a la entrada de los azúcares extranjeros, dejarían de percibirse, en el caso de que el
cultivo y la fabricación de azúcar desapareciesen de la economía isleña. 24 El Estado se
aseguraba unos ingresos a los que no estuvo dispuesto a renunciar cuando, a la altura de 1920,
dejó de producirse azúcar y, en consonancia, aumentaron los ingresos por esta importación. El
azúcar pasó de apenas significar el 2,25%, en 1902, del montante total, a alcanzar el 71,33%
(1904). En 1906, antes de que el Estado se hiciese cargo de los arbitrios, su porcentaje había
disminuido con relación a ejercicios anteriores hasta algo más del 25% del total, pero en
términos absolutos se mantenía relativamente constante. En vísperas de la Primera Guerra
Mundial, período en el que, como es lógico, la recaudación de arbitrios se contraería, el peso
del azúcar podía estimarse en términos relativos en torno al 37% del total, aunque en términos
absolutos se había producido un crecimiento de casi un 69% en la recaudación del azúcar. El
año anterior a la desgravación para las empresas industriales que empleaban el azúcar como
input imprescindible, en 1933, los arbitrios de este producto alcanzaron el 46,4%, habiéndose
multiplicado la recaudación, con relación a 1913, por 2,37. Podemos concluir,
en consecuencia, que el azúcar se convirtió en este período en una fuente de ingresos de vital
importancia para las arcas del Estado que, por los distintos procesos de negociación que se
llevaron a cabo, solo se mostró dispuesto a renunciar a los mismos a cambio de una
compensación satisfactoria.
La cuestión azucarera 1900­1936
En las páginas siguientes, teniendo como hilo conductor fundamental al Diario de Las
Palmas, vamos a tratar de ordenar cómo fue adecuándose la sociedad canaria al nuevo marco
institucional del azúcar. Debemos recordar que hasta 1907 fueron dos sociedades isleñas (con
amplia participación extranjera) las que se hicieron cargo de los arbitrios, 25 convirtiéndose en
el centro de atención de una parte de la opinión, que valoró de modo negativo su actuación,
por la repercusión que el mantenimiento de un arbitrio relativamente alto sobre el azúcar tuvo
sobre el consumidor. La posición de los industriales se centró en la defensa de la protección, 26
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1818
intentando en un primer envite, entre 1906­1908,
conseguir unas condiciones favorables para
la producción de alcoholes. La intervención directa del Estado, a partir de agosto de 1907, y la
Ley de Cabildos de 1912, crearán una nueva situación. En este nuevo marco, los industriales,
dentro del clima general que presionaba para que los arbitrios y los precios del azúcar bajasen,
realizarán una cerrada defensa de sus intereses con tintes cada vez más catastrofistas. La
Primera Guerra Mundial trastocará los términos del problema y asistiremos a la entrada del
azúcar nacional y, con la terminación de la contienda, al final de la producción azucarera
propia. Esta última circunstancia dejó al desnudo los intereses exclusivamente fiscales del
Estado para el mantenimiento de los arbitrios azucareros.
La Arrendataria de Puertos Francos y los azúcares
Además de los pleitos derivados de la adjudicación de la recaudación de los arbitrios de
Puertos Francos, la nueva Arrendataria tuvo que hacer frente a la presión de los intereses
contrarios al mantenimiento de tasas de entrada elevadas. Teniendo como conductor del
debate a la Cámara de Comercio de Las Palmas, se generó un expediente que ocupó a la
Arrendataria, a diversos ayuntamientos e instituciones de las Islas y a la propia Cámara, entre
agosto de 1903 y agosto de 1905, que concluyó con la rebaja en 10 ptas. del citado arbitrio,
que se situó entonces en 60 ptas./100 kgs. 27 El asunto adquirió carta de naturaleza en la
política canaria y enfrentó al Partido Liberal, defensor de la Arrendataria (Diario de Las
Palmas) con el Partido Canario, partidario de la desgravación (La Mañana, de Las Palmas,
que mantuvo posturas semejantes a La Defensa de Santa Cruz de Tenerife).
El problema era, otra vez, el de la protección, o no, de la industria azucarera. 28 Se hacía
necesario conciliar, según el Diario de Las Palmas, los intereses generales de la provincia
consumidora del producto, los de la industria y los del Estado como dueño directo de la renta:
En esa obra todos han de colaborar: la prensa, ilustrando la opinión y encauzando sus
corrientes; el país por medio de sus legítimas representaciones, los Ayuntamientos,
las Cámaras de Comercio y Agrícolas, las Sociedades Económicas; los dueños de las
fábricas azucareras de la provincia y la Sociedad Arrendataria de los Puertos
Francos. 29
El primer Ayuntamiento en tomar partido en este debate fue el de Santa Cruz de Tenerife,
que propuso una rebaja de 70 a 55 ptas. en el arbitrio del azúcar, lo que dejaría un margen
remunerador de 9 ptas. para la industria isleña y beneficiaría, tanto a los consumidores, como
a la propia Arrendataria. El tamaño del mercado del azúcar insular era evaluado por esta
institución en torno a 1.800.000/1.900.000 kgs., mientras que la industria canaria solo podía
proporcionar una producción de unos 800.000 kgs. 30
La bajada del precio del azúcar, cuyo consumo para las Islas se elevaba a 2.400.000 kgs.
–matizaba un editorial del Diario de Las Palmas – dependía de tres factores: primero, de la
insuficiencia de la producción isleña, como señalaba el Ayuntamiento de Santa Cruz; en
segundo lugar, de las tarifas de los arbitrios al azúcar extranjero, que no debían ser
inconscientemente manipuladas a la baja; y, por último, de las contingencias de la cosecha
internacional de remolacha que, en 1903, había sido especialmente mala haciendo subir los
precios. Pero cualquier solución pasaba por proteger a la agricultura y a la industria isleña, y
se recordaba que el azúcar exterior hasta 1892 había pagado una insignificancia, no dejando
desenvolverse a la economía azucarera. 31
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El marco institucional y su influencia en el …
1819
La respuesta más contundente, a favor del mantenimiento de la protección al azúcar, vino
de los ayuntamientos en los que se localizaba la industria azucarera. Nos ha llegado el
dictamen de San Lorenzo (23­I­1905),
en cuyo término radicaba la fábrica “La Catalana”. Se
mostraba este municipio totalmente contrario a una nueva rebaja del arbitrio:
El intentar hoy rebajar la tarifa de importación del azúcar es sin duda alguna atentar
contra la agricultura de la provincia en general, y de esta isla de Gran
Canaria en particular, no solo por las potentes fábricas azucareras que se hallan
establecidas al amparo de la protección que el gobierno ha querido concedernos, sino
por el movimiento que se observa en los agricultores muchos de ellos preparando sus
terrenos para hacer nuevos plantíos de caña y otros adquiriendo en estos últimos
meses trapiches para dedicarse á la fabricación de azúcar en sus mismas propiedades
y todo este nuevo movimiento, todo el entusiasmo, y toda esta decisión que hoy se
nota por el cultivo de la caña es debido puramente al gravamen de las 70 pesetas por
cada 100 kilogramos de azúcar que se importa en esta provincia, gravamen que en
época no lejana pidió con rara unanimidad el país, y que sabiamente impuso el
gobierno á petición de nuestros representantes y en bien de nuestra agricultura. 32
Otros puntos de su informe se referían a la compatibilidad del cultivo de la caña con el
plátano; a la importancia de la agricultura, que era a la que realmente se protegía; al alza
transitoria de los precios de 1904, consecuencia directa de la pérdida de la cosecha de
remolacha en Alemania (zafra de 1903); a que debía incrementarse el derecho
de importación de los alcoholes, cuya consecuencia inmediata sería el aprovechamiento de las
melazas producidas por la caña, desarrollando un nuevo sector industrial; pasando, por
último, a criticar los argumentos del Ayuntamiento santacrucero: el precio normal del azúcar
extranjero no podía situarse en 1,25 ptas./kg., sino en 1,05 y la producción de la industria
canaria debía estar en 1.100.000 kgs., teniendo en cuenta que en 1904 muchas de las fábricas
de la provincia y la mayoría de los trapiches no llegaron a moler.
En la misma línea que San Lorenzo, El Fénix Palmense de La Palma, –la otra isla en la que
los intereses azucareros eran prioritarios–, apostaba por el aumento del cultivo de la caña,
hasta prácticamente sustituir la importación del azúcar externo. Debería llegar a producirse
1.800.000 kgs., reduciendo en parte la superficie dedicada al plátano. De este modo, se
incrementaría la competitividad de esta fruta en los mercados de Londres y se resolvería el
tema de la carestía del azúcar, manteniendo altos los derechos a su importación. 33
Más medido, pero también inequívoco, fue el dictamen de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria –históricamente firme defensora de la industria azucarera– 34
que solicitó a la Sociedad Arrendataria del Puerto Franco, toda vez que tiene facultades para
ello, que solucionase el asunto de acuerdo con los intereses del consumidor, pero sin causar
perjuicio a la agricultura canaria y, por tanto, a la industria azucarera. 35
La Cámara de Comercio, por su parte, en informe emitido el 10­III­1905,
abogó por la
rebaja del arbitrio, con el fin de abaratar el artículo, aunque se inclinaba por una rebaja
transitoria, con el fin de no perjudicar a la producción azucarera local. 36
En consecuencia, con la clara excepción del municipio de Santa Cruz de Tenerife, casi
todas las instituciones eran conscientes del interés que revestía el mantenimiento de la
agroindustria del azúcar. La decisión final del Consejo de administración de la Sociedad
arrendataria, reunido en Santa Cruz de Tenerife, teniendo presentes los distintos dictámenes
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
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emitidos, se inclinó por la rebaja de la tarifa del arbitrio a 60 ptas./100 Kgs., situando, en
consecuencia, la diferencia con los derechos de la Península en 25 ptas. 37 Comenzaba,
entonces, otra etapa de aranceles no homogéneos, un nuevo marco en el que el comercio
fraudulento podía desarrollarse.
La industria alcoholera como solución
El desarme proteccionista del azúcar en Canarias llevó a los industriales a intentar obtener
la desgravación fiscal en la fabricación de alcoholes, con el fin de frenar el hundimiento de la
industria azucarera. 38 El argumento inicial, ya esgrimido en épocas anteriores 39 por los
propios productores, o por los municipios donde se localizaban las industrias, cobró de nuevo
vigor, con motivo de la visita de Alfonso XIII a las Islas. El encarecimiento del azúcar
desaparecería, –según el Diario de Las Palmas– desde que se implantase la industria
alcoholera, porque las mieles que hoy se desperdician se aprovecharían con la destilación.
Habría más compensación en los gastos de las fábricas y, por añadidura, se cultivaría más
caña, se produciría más azúcar y podría conseguirse una sustitución de importaciones. Junto
al deseo por aprovechar la visita del monarca, el intento de modificar el marco de los
alcoholes en Canarias, se produjo en el momento en que se debatió el cambio del sistema del
arrendamiento por la administración directa en los Puertos Francos, y en la legislatura en la
que se modificó el impuesto de azúcares nacional y se produjo, igualmente, una reforma de la
Ley de Alcoholes (1907). 40
El 24­I­1906
los diputados canarios Felipe Pérez del Toro, Antonio Domínguez Alfonso,
José del Perojo y el Marqués de Casa Laiglesia, presentaron una proposición de Ley en el
Parlamento con un único artículo: “Se declara libre y exenta de todo impuesto en la Provincia
de Canarias la fabricación de alcohol”.
En el preámbulo de dicho proyecto se hacía una definición de la economía canaria,
necesitada de un cierto sector industrial directamente conectado con la agricultura, en la
misma línea en que se había defendido el sector azucarero, en los años ochenta del siglo XIX.
Desde luego se presentaba un escenario ideal para el mantenimiento de la agricultura cañera y
de la industria azucarera, siempre y cuando fueran complementadas por la producción de
rones y aguardientes
La provincia de Canarias carece al presente de verdadera riqueza industrial elemento
inagotable de prosperidad y grandeza en las naciones. Aparte el comercio, se vive en
general en todo el archipiélago del cultivo de los campos. El subsuelo de las islas no
merece el calificativo de pobre, sino el de misérrimo: no contiene ni una pulgada de
mineral ni del más insignificante de los combustibles.
Por eso, cuanto se haga para despertar la actividad industrial en Canarias parecerá
siempre poco, comparado con los grandes bienes que ha de producir la implantación
de poderosas industrias en aquellas apartadas islas; y de ahí el vehemente deseo de
alcanzar una disposición legislativa como la que se propone, que dará por resultado
crear y desarrollar la fabricación de una materia como el alcohol, cuyo universal
consumo se agranda y extiende de día en día.
La explicación del proyecto se encargaba de reiterar las condiciones favorables de Canarias
para la producción de caña de azúcar:
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El marco institucional y su influencia en el …
1821
Prodúcese admirablemente la caña de azúcar en Canarias, aunque no en condiciones
tan baratas como fuera de desear por el agua que necesita (12.000 metros cúbicos por
año y hectárea) en un país donde este elemento cuesta caro por su mucha escasez.
Se evaluaba la superficie cultivada en 650 Ha, que significaban algo más del 8% del total
de la tierra de regadío de las Islas. La producción de azúcar, complementada por la alcoholera,
convertiría a esta industria en competitiva y permitiría multiplicar por tres el terreno dedicado
a la caña. Incluso la agricultura de secano debería sufrir una profunda transformación, al
sustituirse parte del terrazgo consagrado al maíz y a las leguminosas por la remolacha, cuya
planta rinde 8 litros de alcohol por cada 100 kgs. de materia bruta. Y para apuntalar un
desarrollo mayor de la industria alcoholera, se sacaba a colación la viabilidad de obtenerlo de
la pita y de la propia tunera. No podía perderse de vista, sin embargo, que todas estas
consideraciones eran papel mojado si no se operaba un cambio en el marco legal del alcohol:
Pero con los impuestos y trabas que rigen actualmente la fabricación de alcohol, no
es posible pensar en el desarrollo, ni siquiera en el ensayo de esa industria en
Canarias. Cabe afirmar, en términos generales, que no es justo que los industriales de
aquel apartado archipiélago paguen lo mismo que sus iguales de las provincias
peninsulares, que disfrutan de rápidas y cómodas comunicaciones como los
ferrocarriles, y disponen de un mercado nacional de 500.000 kilómetros cuadrados de
territorio con 20 millones de habitantes, unidos al más próspero de los continentes.
Pero en el caso de que tratamos, después de lo que queda indicado á grandes rasgos,
hay que ir más allá; hay que ir á lo que la justicia y la conveniencia aconsejan; á de­clarar
libre de todo gravamen la fabricación de el alcohol en la provincia de Canarias,
en la seguridad de que sus productos no vendrán á competir á los mercados de la
Península, porque las procedencias de Canarias están consideradas para este efecto
como procedencias extranjeras, y pagarían, por tanto, los mismos derechos de
introducción que los aranceles asignan a las mercancías de cualquiera de las
Naciones de Europa.
Y, por último, no hay temor á que disminuya el importe de lo que ahora recauda la
Hacienda en aquella provincia por fabricación de alcohol, porque esa recaudación es
nula, á causa de que en Canarias no existe esa industria ni en pequeña ni en grande
escala. 41
Éste fue igualmente el sentido de la instancia presentada en el Congreso de los diputados
por la Cámara Agrícola de Gran Canaria, que sería defendida por el propio Felipe Pérez del
Toro, en sesión de 12­XII­1906.
El alcohol había recibido un tratamiento diferente al recinido
por el azúcar, puesto que, si como aquél estaba sujeto a arancel, como producto extranjero a
su entrada en la Península, su fabricación –algo que no ocurría con el azúcar– tenía la misma
regulación fiscal que los de producción nacional. Y contra esta situación se alzaba la instancia
de la Cámara y los argumentos de Pérez del Toro. La fragilidad de una economía
excesivamente dependiente de la exportación del plátano, amenazado en el mercado de
Londres por la competencia de la fruta jamaicana 42 y de otros países sudamericanos, convertía
en absolutamente imprescindible la apuesta por una economía más diversificada:
Si se votara, que espero que se vote por el Parlamento español, la libre producción
del alcohol en Canarias, podrían variarse los cultivos sin daños y sacudimientos en la
agricultura. Aumentaría el cultivo de la caña de azúcar desde luego, y daría, no solo
para el concurso del país sino para obtener directamente ron, que de seguro no será el
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
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ron canario inferior al de Jamaica, con lo cual tendríamos otra industria
provechosa. 43
Finalmente, a comienzos de 1908 el partido liberal recurrió sin mayores resultados a uno
de sus pesos pesados, el Conde de Romanones, con el encargo de la defensa de un nuevo
proyecto de Ley de desgravación del alcohol en Canarias. Justificábase esta intervención, por
el conocimiento que el líder liberal había adquirido del Archipiélago, al acompañar a Alfonso
XIII en su visita a las Islas. La explicación de motivos del citado proyecto era una repetición
del presentado dos años antes por Pérez del Toro y otros congresistas
El diputado que suscribe, al recorrer las islas Canarias acompañando a S.M. el Rey
tuvo ocasión de conocer el estado de aquellas comarcas y de apreciar los anhelos de
la opinión en todos sus pueblos, donde brilla el más puro españolismo y un grande y
unánime entusiasmo por la madre patria. Numerosas Comisiones de pueblos de todas
las islas, Corporaciones agrícolas y mercantiles, Sociedades de Amigos del País, las
fuerzas vivas, en suma, del país acudieron al Soberano suplicándole su real
intercesión para con los Gobiernos, con el fin de llegar á reformas económicas que
los intereses isleños demandan con imperiosa necesidad. Entre ellas figuró siempre la
libre fabricación de alcoholes y aguardientes con productos del país; como medio
eficaz de proteger la agricultura isleña amenazada de honda y funesta crisis,
semejante á la padecida años hace con el rápido deprecio de la cochinilla.
Los argumentos de Romanones reiteraban la fragilidad de los mercados exteriores del
plátano y las condiciones favorables para la producción de caña en Canarias, aunque el coste
del agua fuese muy considerable. Se insistía en la injusticia de un tratamiento fiscal semejante
entre el Archipiélago y el resto del territorio nacional, dadas las condiciones tan desiguales de
los mercados respectivos, agravados por la circunstancia de ser considerados extranjeros al
entrar en la Península. La insignificante cantidad que el Estado pudiese perder en sus ingresos
por razón del impuesto del consumo, se vería compensada con creces por el hecho de evitar la
crisis de la economía canaria:
Es evidente que si los cultivadores de caña en Canarias vieran asegurada la salida de
sus productos, se multiplicarían á maravilla los remunerativos trabajos hidráulicos
para aumentar el regadío imitando a los propietarios de Arucas, que para extender la
cultura de los plátanos hicieron hace pocos años dos embalses o presas que
almacenan en los inviernos un millón de metros cúbicos de agua, suficiente para
regar en verano más de cien fanegas de tierra destinada á caña. Y así se verían en
breve tiempo cubiertos de cañaverales campos que ahora dan fruto de secano,
y cubiertos de nopales para destilar alcohol los que ahora son yermos
eriales e improductivos terrenos. Es indispensable que los Poderes públicos se
preocupen del desarrollo de la riqueza en el archipiélago canario. 44
La defensa de la libre fabricación del alcohol fue asumida también por El Heraldo de
Madrid, que planteaba igualmente la necesidad de promover un cierto desarrollo
industrial en Canarias, poniendo el énfasis en los problemas de excesiva dependencia de la
economía de la exportación del plátano. Una excepción transitoria en la elaboración de
alcohol no tendría, además, consecuencias negativas para el resto del territorio por la lejanía
del Archipiélago y por la consideración de foránea de su producción, a efectos aduaneros. 45
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El marco institucional y su influencia en el …
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La administración directa de los Puertos Francos y los azúcares
A comienzos de 1907 hubo en el Congreso de los diputados un importante debate en el que
se planteó la rescisión del contrato de arrendamiento y la asunción por parte del Estado de la
Administración directa. Los rendimientos de los arbitrios habían crecido de forma notable y el
canon pagado por la Arrendataria se había quedado atrasado. 46 Ya hemos señalado al respecto
que en el arbitrio del azúcar se rebajaron las tarifas en dos ocasiones, doblándose sin embargo
los ingresos por este concepto.
Años Recaudación total Ingresos azúcar %
1901 2.088.192 47.000 2,25
1902 1.155.675 140.000 12,11
1903 1.004.872 407.000 40,50
1904 1.005.150 717.000 71,00
1905 2.003.358 852.000 42,52
1906 3.259.688 829.000 25,43
Cuadro 2. Arbitrios de Puertos Francos y azúcar (1901­1906)
en ptas.
Fuente: Ojeda Quintana (1983, p. 131 y Diario de Las Palmas de 14­I­1907.
Como puede observarse en toda la literatura científica sobre los Puertos Francos de
Canarias, uno de los objetivos principales del legislador con relación al azúcar fue tener
siempre bajo control el posible comercio fraudulento entre Canarias­Península.
Como era de
esperar, en los debates parlamentarios que se produjeron a comienzos de 1907,
relacionados con el cambio del arrendamiento a la administración directa de los Puertos
Francos y con el proyecto de ley sobre la libre fabricación del alcohol en las Islas, salieron a
relucir acusaciones de defraudación y contrabando para los fabricantes canarios. La respuesta
de Pérez del Toro, a una insinuación del diputado Romeo, negaba taxativamente que en
Canarias se hubiesen instruido expedientes de contrabando, para matizar después:
Sólo hubo en Canarias hace pocos años instrucción de expedientes que llevan el
nombre de expediente de defraudación incoados contra algunos fabricantes de
azúcar, a causa de haberse enviado un inspector á aquellas islas a girar visita para ver
si en las fábricas de azúcar y trapiches que existen en Canarias y que constituyen
buena riqueza del país se fabricaba alcohol, y que se había hecho de las mieles y
habiéndose supuesto que en algunas no de amigos míos, porque en Gran Canaria no
se ha fabricado ni se fabrica alcohol y menos y jamás en la fábrica a que S.S. quería
referirse, pues no fue objeto de ningún expediente, habiéndose supuesto que en
algunas no se dio cuenta inmediata de todas las mieles, se supuso que habían sido
convertidas en alcohol, se formaron los oportunos expedientes, de los cuales resultó
que no hubo defraudación ni propósito de ello, y tengo entendido que se han resuelto
todos por el Tribunal de Hacienda en sentido absolutorio. 47
La asunción por parte del Estado de la administración directa de los Puertos Francos no
sólo provocó tensiones entre los comerciantes, como consecuencia de la rebaja del arbitrio, 48
al modificarse las tarifas a las que ellos habían comprado en el exterior, sino, de modo muy
especial, entre los industriales. El desmantelamiento provisional de la protección en un 25%,
dejando el arbitrio reducido a 40 ptas. dejó en situación preocupante a la industria azucarera,
como se encargó de manifestar El Diario, aunque hubiese que consignar como efecto positivo
de la rebaja, la disminución en plaza del precio del azúcar:
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
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Con la disposición ministerial se cerrarán las pocas fábricas azucareras que hoy
funcionan en Canarias. Se mata esa industria y de rechazo se produce un grave
quebranto a la agricultura isleña. Sabida es la crisis que atraviesa ahora el cultivo de
los plátanos por la merma de la exportación y por la rebaja de precios en los
mercados ingleses. 49
El impacto de la creación de los Cabildos Insulares (Ley de 11­VII­1912)
en los azúcares
y alcoholes. El debate sobre la protección del azúcar de 1913­1914
La entrada en la escena de los Cabildos 50 supuso la creación de un arbitrio sobre la
importación y la exportación del 1% que, naturalmente, afectó al azúcar, al no figurar entre
los productos exentos. De este modo los cabildos, de un lado solicitaban la desgravación del
azúcar o una rebaja de la tarifa, pero, de otro, no dudaban en considerarlo una fuente de
ingresos para las haciendas locales.
Debemos tener presente que antes de la constitución de los Cabildos, el gobierno de
Canalejas había considerado la posibilidad de sustituir el impuesto de consumos por un
gravamen sobre la exportación e importación. Defendieron esta idea Rafael Ramírez Doreste
y el periódico La Mañana , siendo firmemente rechazada por los municipios exportadores del
N.O.de Gran Canaria. 51
La implantación del arbitrio del 1% sobre la importación y la exportación. La apertura de
un proceso de información para la desgravación del azúcar
En el caso de Gran Canaria, como analiza Miranda Calderín, 52 la implantación del nuevo
arbitrio fue un proceso complicado que no se resolvió hasta su aprobación por la R.O. de 7­I­1914.
La pretensión era rebajar algunos impuestos (principalmente, el azúcar) que se
compensaríann con el aumento de otros (alcoholes). El nuevo impuesto suponía un cambio en
las fuentes de financiación local y dejaba inerme a la Diputación Provincial. Dentro del clima
en el que se debatió la cuestión, se celebraron mítines contra la citada Diputación y se
presionó para que el Cabildo influyese en la rebaja del arbitrio del azúcar, que había vuelto a
situarse en 70 ptas. Efectivamente, en un mitin de afirmación de los Cabildos, celebrado en el
Teatro Pérez Galdós el 20­IV­1913,
se le asignaba a la nueva institución la misión de gestionar
la disminución del arbitrio del azúcar:
[…]No son la beneficencia y la instrucción los únicos fines de la misión que ha de
realizar el Cabildo. Que hay problemas sociales que resolver y uno tan urgentísimo
como el de las subsistencias que hoy hace imposible la vida y ha tomado caracteres
verdaderamente angustiosos pues ya se ha llegado a la miseria. Para resolver este
pavoroso problema se impone cometer la reforma de tarifas que es el primer paso
para el abaratamiento de la vida. Se hace indispensable y urgente rebajar las crecidas
cuotas de café y cacao y […] la excesiva tarifa del azúcar que valiendo los 100 kilos
fuera de Canarias 20 pesetas, aquí pagamos a 130, porque 100 kgs. de azúcar tienen
que abonar a su entrada en Canarias 70 pesetas de derechos. El azúcar es un artículo
necesario para la nutrición, es el artículo más necesario para el pobre, que libre de
derechos valdría 25 céntimos la libra mientras hoy cuesta setenta. 53
El Cabildo abrió una consulta entre los municipios de la Isla, demandando su postura ante
el nuevo impuesto del 1%, ante los arbitrios sobre alcohol y el transporte y, lo que más nos
interesa, ante la rebaja del arbitrio del azúcar. Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio,
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El marco institucional y su influencia en el …
1825
Teror, Valleseco y Santa Lucía, junto con la Cámara de Comercio y La Sociedad Económica
de Amigos del País, se manifestaron a favor de la disminución del arbitrio, mientras que,
como era lógico, Moya y Arucas se oponían, en tanto que Gáldar adoptaba una actitud
conciliadora, en el sentido de que el Cabildo debía estudiar una solución que armonizase los
distintos intereses. Por la tabla elaborada en 1914, después de la R.O. de 7­I­1914,
que
aprobaba el impuesto del 1% a la importación y la exportación, los 100 kgs. de azúcar
importados quedaban valorados, a efectos del nuevo gravamen, en 30 ptas. 54
En la isla de La Palma, la actitud hacia la desgravación del azúcar fue más radical que en
Gran Canaria, puesto que en el mitin, que tuvo lugar en diciembre de 1913, se pidió la
supresión total del impuesto sobre la introducción del azúcar. 55
Del mismo modo, los Cabildos Insulares de Gran Canaria y La Palma, a los que más tarde
se unió el de Tenerife, 56 solicitaron del Gobierno la desgravación del azúcar. La respuesta de
éste fue abrir un proceso de información con objeto de resolver dichas peticiones, lo que daría
lugar a un intenso debate en la prensa. El 28 de abril de 1914, en la Delegación de Hacienda,
se había depositado un escrito de diversas entidades, con más de 10.000 firmas, pidiendo la
desgravación.
El debate sobre la desgravación del azúcar
Entre los que intervinieron en el debate del azúcar es interesante destacar las opiniones de
F. Gourié, G. Barrús y González Díaz, 57 a favor de la protección y la de H. Rodríguez
Méndez, con el que coincidiría más tarde Miranda Guerra, decantada del lado de los
defensores de la libre entrada.
Los argumentos esgrimidos por Francisco Gourié, que responde al perfil de propietario
agrícola, empresario industrial (Fábrica de San Pedro de Arucas) y consejero del recién
creado Cabildo Insular de Gran Canaria, pueden ser considerados como representativos de los
intereses azucareros. En primer lugar, no se podía considerar que el azúcar fuese el único
artículo caro. Una bajada, o una supresión del arbitrio, en segundo término, tendría
repercusiones, no sólo en la agricultura (cambio de un cultivo por otro), sino también en la
industria, en la que se había realizado una importante inversión de capital:
Si se tratara solamente de un simple cambio de cultivo, aunque el perjuicio surta
grandísimo para los agricultores, porque este cambio no puede hacerse sin grandes
gastos y las pérdidas consiguientes al tiempo que tardarían los nuevos cultivos para
empezar a producir, serían un mal; pero en las actuales circunstancias se agrava
porque la industria se quedaría con un capital enorme invertido en maquinaria que no
tendrá valor y que se perdería por falta de uso. Es decir que se cierra esa válvula de
seguridad que pueda salvar la agricultura en caso de crisis. 58
Esta misma idea era expresada, de otra manera, por G. Barrús en La Prensa (diario
republicano de Santa Cruz de Tenerife):
La baja de un solo impuesto cómo el del azúcar no representa gran cosa para la
riqueza particular y afectaría en cambio a la general del país, impidiendo que se
desarrollase la industria azucarera por el cultivo de la caña o de la remolacha, á
los que puede destinarse en casi todas nuestras islas la zona libre del cultivo del
plátanos, que supone miles de hectáreas. 59
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1826
En tercer lugar, la rebaja de la tarifa apenas sería notada por el consumidor. 60 En cuarto
lugar si bien era cierto que el cultivo de la caña disminuía en zonas más apropiadas para los
plátanos, también lo era que aumentaba en las jurisdicciones de Teror, Firgas y Moya, en las
que, en estos dos últimos años, se habían puesto en explotación 40 fanegas de caña. En quinto
lugar, el equilibrio entre la agricultura de la caña y la industria azucarera no podría
mantenerse:
A la industria le cuesta solo la materia prima (la caña) 75 pesetas por saco, más o
menos, sin contar ni los gastos de fabricación ni los otros gastos generales. Por
consiguiente la industria no puede soportar una baja en el precio del azúcar sin
hacerla sentir a la agricultura y ésta no está en condiciones para resistirla por los altos
precios del agua y el aumento notable (casi el doble), que han tenido los jornales; y
gracias a que a la sombra de la caña pueden establecerse pequeños cultivos que
facilitan la criazón de reses (lo que no sucede con los plátanos), esto hace que puedan
los agricultores sostener su equilibrio económico.
Finalmente, se vislumbraba el peligro de la competencia del azúcar nacional que podía
sacar ventajas de la situación y obtener la libre entrada en el mercado canario. Pero, en
definitiva, la desgravación total (postura adoptada por los cabildos de Gran Canaria 61 y La
Palma) o parcial (cabildo de Tenerife) del azúcar, significaría el final de las expectativas del
cultivo de la caña, en un momento en que la exportación del plátano por la conflagración
mundial, estaba en franca regresión y, por supuesto, de la industria: pérdidas del capital
invertido (Cf. cuadro 3) y aumento de la salida de capital hacia el exterior, como consecuencia
de la desaparición de la producción canaria (Cf. cuadros 4 y 5)
Maquinaria Cultivos
Fábricas de Gran Canaria 3.500.000
Ídem de Tenerife 1.000.000
Ídem de La Palma 1.000.000
Total 5.500.000 1.500.000
Cuadro 3. Capital invertido en la agroindustria azucarera en ptas. en 1913.
Fuente: Diario de Las Palmas de 18­V­1914.
Arúcas 1.050.000 kgs.
Gáldar 150.000 kgs.
Tafira 150.000 kgs.
Punta Hidalgo 150.000 kgs.
La Palma 500.000 kgs.
Total 2.000.000 kgs.
Cuadro 4. Producción de azúcar en Canarias en 1913.
Fuente: Diario de Las Palmas de 18­V­1914.
Valor antes de arbitrio Valor arbitrio Total
2.000.000 kgs. 800.000 ptas. 1.400.000 ptas. (70 ptas./100kgs.) 2.200.000 ptas.
4.000.000 kgs.* 1.600.000 ptas. 1.400.000 ptas. (35 ptas/100kgs.) 3.000.000 ptas.
Déficit 800.000 ptas. 800.000 ptas.
*Supuesto sin producción canaria.
Cuadro 5. Coste de la importación de azúcar con y sin producción canaria.
Fuente: Diario de Las Palmas de 18­V­1914.
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El marco institucional y su influencia en el …
1827
Como escribía un agricultor desde Arucas:
[..]Para mí, como para tantos otros, la situación es angustiosa o inquietante a causa
de la depreciación de la fruta de un lado, y del otro por la amenaza de muerte
de la industria azucarera herida por el país mismo, con beneficio ficticio
para el consumidor, pero beneficio real y efectivo para la industria peninsular, que
serán los pescadores que tengan ganancia en este río revuelto, ahogándose nuestros
industriales y nosotros, los agricultores, con ellos.
Se ve que en todas las naciones se fomenta la riqueza agrícola, como base de
bienestar y se favorece la instalación de industria ayudando y beneficiando cada una
las suyas con leyes protectoras llegado (y esto lo sabe todo el mundo) a conceder
enormes primas de exportación, que es el secreto del abaratamiento de ciertos
artículos, que se venden a menos precio fuera, que en el mismo país productor.
Pues bien, en nuestro país se trata de matar lo poco que tenemos para ser luego
tributarios de los otros, es decir, para que nuestro dinero que hoy queda muy
repartido entre estos agricultores, industriales y jornaleros de aquí, vaya á enriquecer
a otros fuera de él. 62
González Díaz, también firme defensor de la industria, llegó a proponer como solución al
problema azucarero el mantenimiento del arbitrio, convirtiéndolo en la fuente de ingresos de
los recién creados cabildos insulares:
Existe una fórmula, para conjurar al problema económico insular en Canarias, que
creemos debiera someterse a estudio: pedir el impuesto del azúcar para los Cabildos,
medio el más viable a nuestro juicio de resolver el problema de las haciendas
insulares. No es una idea nueva, ya se ha hablado de ella algunas veces.
Esta solución reportaría varias ventajas. Se afirmaría la vida de los Cabildos, en
primer término; se aligeraría al comercio y a la exportación de enojosas gabelas; se
haría más equitativa la tributación y se fomentaría en el país una industria que puede
adquirir gran desarrollo, extenderse muchas zonas agrícolas, y servir a la vez de base
para otra industria importantísima: la fabricación de alcoholes, que ahora
precisamente los va a gravar el Cabildo de Canarias. 63
La desgravación era la única salida, según los partidarios de la reforma, a un problema que
había que llevar al terreno de la carestía de las subsistencias para la mayoría de la sociedad
canaria: “razones de índole económica y comercial, y otras también muy atendibles
aconsejan, en nuestro sentir, la supresión total del impuesto de introducción de azúcares
extranjeros”.
Con estas palabras se abría el libro de H. Rodríguez Méndez, El impuesto sobre el azúcar
en Canarias (Santa Cruz de La Palma, 1913), fruto de la campaña que este autor –que puede
ser considerado el más representativo de los partidarios de acabar con la protección– mantuvo
a favor de la desgravación. El azúcar era un producto de primera necesidad y la injusticia del
gravamen a su introducción, no podía convertirlo en un artículo de lujo. El mantenimiento de
la protección no podía hacerse a costa del sacrificio de todo un pueblo. Estas afirmaciones que
constituyen el núcleo fundamental en el mensaje de Rodríguez Méndez no eran óbice para
reconocer que, en la primera parte del ciclo (1884­1900),
la agroindustria del azúcar había
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1828
jugado un papel muy positivo al contribuir a conjurar la crisis de la cochinilla. Al amparo de
la protección se había plantado caña, se habían levantado fábricas y trapiches, se habían
proporcionado jornales al campo, a la vez que se generaban puestos de trabajo en la industria,
pero no se había conseguido culminar el proceso de sustitución de importaciones. Era un
grave error considerar a estas islas como productoras de azúcar, cuando las insuficiencias de
su fabricación para el propio mercado canario eran manifiestas: “la producción azucarera no
fue nunca bastante para el consumo, y siempre fue necesario afrontar la brutalidad de la tarifa
importándose anualmente en la provincia grandes cantidades de azúcares extranjeros”. 64
La supresión de la tarifa, seguía argumentando Rodríguez Méndez, interesa por tanto
a los consumidores y a los comerciantes. Éstos últimos, con el aumento del consumo
incrementarían de modo notable sus utilidades. ¿Por qué se ha mantenido entonces la tarifa?
La respuesta que se da a esta pregunta el periodista palmero, no es otra que el contrabando y
la corrupción.
Nosotros sabemos muy bien que la tarifa abre un ancho campo de operaciones al
contrabandista; que el comerciante que burlando la vigilancia de los encargados de
cobrar el impuesto o yendo a la parte con ellos, sistematiza el contrabando o
introduce frecuentemente grandes partidas de matute, obtiene una ganancia loca;
sabemos también que por este medio han llegado varios hampones a obtener riqueza
y consideración social, y hasta influencia y poderío para manejar los negocios
públicos, corrompiéndolos con sus inmoralidades, convirtiéndolos en mercancía. 65
Al señalar el comercio ilícito como uno de las consecuencias negativas de la protección, no
duda en realizar una critica durísima a las sociedades que arrendaron la administración de los
Puertos Francos:
Todos nuestros lectores recuerdan seguramente aquel escandaloso período de la
administración de los puertos francos, en que el contrabando estaba a la orden del día
y en que a su sombra se improvisaron cuantiosas fortunas, que de la noche a la
mañana convirtieron en personajes influyentes y poderosos a hombres oscuros,
nacidos en los más bajos fondos sociales. 66
Otro ejemplo aducido para explicar el contrabando son las “fábricas volantes”, existentes
en algunos puntos del litoral de Tenerife, fábricas que no muelen ni tienen material mecánico,
pero que surten al comercio de azúcar de remolacha.
Finalmente, la injusticia de la protección radica en que sólo alcanza a unas cuantas
fanegadas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma y a unos escasísimos industriales que
procesan dicha caña.
Las circunstancias especiales de la Primera Guerra Mundial. La libre entrada del azúcar
nacional en Canarias
Según las estimaciones realizadas por la Asociación Estadística del Azúcar, sobre la
superficie de remolacha plantada en el ejercicio de 1915 se registró una disminución en
Europa de un tercio de la misma, y una baja en la producción bruta de azúcar de un 11,05%. 67
La producción de azúcar de caña, sin embargo, sufrió una reducción mucho menor. La
situación de escasez y la subida correspondiente de los precios 68 convirtió el asunto del azúcar
en un problema de primer rango, situando a los productores no europeos en una coyuntura
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El marco institucional y su influencia en el …
1829
muy favorable. En el caso español, durante el quinquenio 1915­1919,
la producción media
anual se recortó en un 10%, cuando las condiciones de neutralidad deberían haber favorecido
su expansión. 69
Ante estas circunstancias, en las Islas se barajó la posibilidad de aumentar la superficie
cultivada 70 y se empezaron a estudiar medidas con el fin de que el azúcar nacional pudiese ser
vendido en el Archipiélago. 71 Debe recordarse que las compras de azúcar peninsular en
Canarias estaban sometidas al arbitrio de entrada como producto extranjero. En este sentido,
el Cabildo de Gran Canaria solicitó del gobierno la rebaja de los derechos de importación,
no sólo de los azúcares extranjeros, sino también de los nacionales. 72 Decretada por el
gobierno la desgravación de la importación de azúcares extranjeros en la Península, donde
sorprendentemente hubo escasez, había que esperar que en Canarias pudiera aplicarse esta
medida. Éste es el sentido de la R.O.de 10­II­1916,
que desgravaba el azúcar peninsular a su
entrada en el Archipiélago y fijaba en 25 ptas. el arbitrio específico del azúcar. 73 La
importación de azúcar peninsular no sería autorizada, sin embargo, debido a la escasez del
producto que atravesaba el mercado nacional, hasta enero de 1918. 74
El recurso al que acudieron los comerciantes de las Islas fue importar azúcar de Cuba 75
a precios más reducidos que los de la Península, medio que también emplearon los hombres
de negocios de aquélla, que igualmente dirigieron sus compras a Cuba y EE.UU. 76 Un ejemplo
de este tráfico entre Cuba­Canarias
puede ser la llegada del Vapor Buenos Aires al Puerto de
La Luz, procedente de La Habana, con 400 sacos consignados a los Hermanos Orive y 100 a
Antonio Castillo, en abril de 1917. 77 Ese año, el azúcar, como otros productos, pasó a ser
tasado por una Junta Insular de Subsistencias, supervisada muy de cerca por la Dirección
General de Abastecimientos. El almacenamiento clandestino de azúcar se convirtió en un
delito perseguido por el gobierno:
El Director general de Abastecimientos se ha dirigido a los gobernadores civiles
advirtiéndoles que estando considerada la tenencia clandestina de azúcar como
contrabando, procede contra el que falte a lo dispuesto por no haber presentado las
declaraciones juradas. 78
No solo se fijaban los precios, sino también los “establecimientos reguladores”, en los que
se podía vender el producto. 79 El recorrido de los periódicos, por estas fechas, está lleno de
noticias referidas a las subidas de precios, a la llegada o espera de buques cargados de azúcar,
a la ineficacia de las juntas de subsistencias etc. Eran corrientes las alzas continuas de las
cotizaciones, junto al azúcar, del arroz, el gofio, la carne, el aceite, las bugías, el carbón y la
leña, las cebollas, los tomates, etc.:
No dudemos de los buenos deseos de la Junta de subsistencias; pero es innegable y
ocultarlo sería faltar á un deber primario que en muchos casos no se cumplen sus
instrucciones y resulta burlada su autoridad, y consiguientemente ineficaz su
acción. 80
En febrero de 1919 el precio en pesetas corrientes del azúcar alcanzó uno de sus valores
máximos:
A pesar de haber llegado a esta plaza algunas cantidades de azúcar, este artículo de
tan primera necesidad sigue acaparado y vendiéndose al tan increíble precio de tres
pesetas veinticinco céntimos el kilo y a 1,50 la libra.
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1830
El conflicto que la subida exorbitante del café y el azúcar ha planteado es
verdaderamente grande y digno de que se resuelva con la mayor urgencia.
Ni los pobres, ni los niños, ni los enfermos pueden prescindir del azúcar. Es
verdaderamente inaudito lo que viene ocurriendo. 81
La situación de desabastecimiento, con la llegada del azúcar nacional, cubano y
norteamericano parecía solucionarse, con la consiguiente repercusión en los precios, que en el
mes de marzo habían descendido, aunque todavía lejos de la normalidad, a 1,98 ptas/kg. En
estas circunstancias, el gobierno de la nación (R.O. de 24­V­1919)
decidió reestablecer el
arbitrio en una tarifa, otra vez elevada, de 60 ptas/100 kgs. 82 La coyuntura, sin embargo,
empeoró y las autoridades no tuvieron más remedio que dar marcha atrás, abriendo un
período transitorio de 10 meses en el que el derecho de importación descendió a 35 ptas/100
kgs, tanto en la Península como en Canarias. 83 La medida parecía justificada porque los
precios habían iniciado una nueva escalada, que no tocaría techo hasta enero de 1920, en que
el kilo de azúcar se pagaba a 3,20 ptas/kg., y en algunas ciudades del Archipiélago, como La
Laguna, estallaron conflictos teniendo que intervenir la autoridad local. 84
El camino hacia la desgravación de 1934
El mercado mundial del azúcar empezó a volver a la normalidad en el último trimestre de
1920. La lucha del gobierno central contra la espiral alcista de los precios del azúcar continuó
fundamentándose en la introducción masiva de azúcar extranjero gracias al mantenimiento de
unas tarifas de entrada reducidas. Todo ello, a pesar de las protestas del sector remolachero.
La vuelta a la normalidad se produjo en abril de 1921, con el restablecimiento de los derechos
de arancel en 60 ptas./100 kgs. (R.O. de 31­III­1921,
que también se aplicó en Canarias). 85 Al
final de la zafra 1920­1921,
la producción de azúcar de remolacha se multiplicó por tres,
posibilitando la bajada de precios. Sin embargo, de nuevo en el último trimestre de 1923, las
noticias del alza de precios de las subsistencias volvían a ser preocupantes:
En esta plaza los artículos de primera necesidad han experimentado un alza
inexplicable como la carne, el azúcar, el café y otros; muchos artículos se venden
adulterados. En algunas tiendas al por menor, el azúcar húmedo y descompuesto, de
color moreno se vende a una peseta y ochenta céntimos el kilo. El afán de lucro y la
desaprensión llega a los límites más punibles. Todo se aprovecha para la venta:
azúcar, harinas, aceite etc., aunque no estén en buenas condiciones y todo se vende al
precio que imponen mercaderes y acaparadores. 86
En consonancia con estas circunstancias, en 1924 la Asociación patronal de comerciantes
se dirigía al ayuntamiento con el objeto de que apoyase la solicitud al gobierno para introducir
1.000 Tm. de azúcar, que tendrían un precio de mercado de 1,48 ptas./kg. 87
En definitiva, durante los primeros años de la década de los veinte, los precios de los
artículos de primera necesidad seguirán tasados y sometidos a control por las Juntas de
Abastos.
Nos interesa ahora reflexionar sobre el subsector de la industria de la alimentación, que
utilizaba el azúcar como materia fundamental y que se veía perjudicado por el mantenimiento
del arbitrio específico sobre este producto. Éste es el caso de la fabricación de chocolate,
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El marco institucional y su influencia en el …
1831
galletas, jarabes, confites etc. Desde 1924, estos empresarios solicitarán la devolución de los
derechos del azúcar. 88
En 1928, la revisión del Arancel de Aduanas por el Consejo de Economía Nacional dio
pábulo a que, desde Canarias, se impulsase, otra vez, la necesidad de desgravar el azúcar. El
organismo al que se dirigían las reflexiones del Diario de Las Palmas, cuya posición
manifiestamente se había modificado, era la Junta Provincial de Abastos. Si repasamos los
argumentos observamos una clara continuidad. El cambio fundamental del escenario es
constatar la desaparición de la industria azucarera y el obstáculo que para las industrias
derivadas significaba el mantenimiento del arancel:
El azúcar es artículo de primera necesidad, su costo sobre el muelle, nos dicen que
importa unas sesenta pesetas los 100 kilos y paga por derechos de Puertos Francos
otras sesenta ¿Debemos o no solicitar su rebaja a límites prudenciales?
[…] Desaparecidas las fábricas, el cultivo de la caña y por tanto la industria
azucarera en Canarias ¿Qué razón existe para que continúe el impuesto protector tan
agobiante y crecido?
¿Qué industria protege? Ninguna. En cambio perjudica enormemente al consumo
local. No existe provincia alguna española donde el azúcar cueste tan cara, pues
impide el desarrollo de importantes industrias derivadas del azúcar, como la licorera,
mermeladas etc., que en Canarias podrían desarrollarse.
Lo que decimos del azúcar lo repetimos sobre el arbitrio de la glucosa, íntimamente
relacionada con el azúcar, que paga ochenta ptas. por arbitrios de Puertos Francos
cuando su costo asciende solo a cincuenta.
Las mieles y melazas que pagan también crecidos impuestos, debe pedirse su
desgravación absoluta, pues no existen razones para mantenerlos. 89
Será un sindicato socialista, el Centro de dependientes del comercio y la industria de Las
Palmas, quien retome la bandera de la desgravación del azúcar, en una campaña iniciada a
fines de 1929 contra la curva ascendente de los productos de primera necesidad. En su punto
de mira se situará el arbitrio del azúcar, mantenido con fines exclusivamente recaudatorios, y
a todas luces contrario al principio de las franquicias, confirmadas por la Ley de 6­III­1900.
Esta asociación pedirá el apoyo del Cabildo, Cámara de Comercio, Ayuntamientos etc., con el
fin de conseguir del Ministerio de Hacienda la desaparición del impuesto. 90 Como hemos
señalado la opinión del Diario sintonizaba plenamente con este sindicato. Dos reflexiones de
aquél tienen interés para poder comprender el cambio que se había operado en la sociedad
canaria. En primer lugar se destacaba el carácter transitorio que el legislador dio al arbitrio
específico del azúcar, que las circunstancias actuales aconsejaban suprimir:
Las cosas hoy han variado radicalmente y, por lo tanto, debe suprimirse un gravamen
que tuvo carácter transitorio y que fue impuesto por determinadas circunstancias.
Más poderosas que las razones que existieron para gravar los azúcares extranjeros tal
vez sean las que al presente aconsejan su desgravación. La vida es sumamente cara
en las islas a causa del encarecimiento de toda clase de productos. Las familias de
escasos recursos –sueldistas, jornaleros– tienen que hacer verdaderos milagros para
atender a los gastos de la vivienda, de la comida, del vestido, etc. ¿Cómo se
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1832
contribuye a resolver este verdadero problema social que afecta de modo directo a la
mayoría de la población? Pues abaratando las subsistencias, construyendo casas
económicas, y procurando, al propio tiempo, que bajen de precio otros artículos
necesarios, indispensables para la vida
En segundo lugar, el sentido de los arbitrios era exclusivamente recaudatorio, tanto para la
Hacienda estatal, como para la local
:
Por tolerancias unas veces justificadas y otras sin justificación racional, las
franquicias de Canarias se han ido convirtiendo en adosadas. El Estado recauda
bastantes millones por arbitrios y puertos francos y el Cabildo Insular nutre sus
presupuestos con los ingresos que le proporcionan el impuesto del 1 por 100 sobre
la importación y la exportación. Además hay que tener en cuenta los arbitrios
del Ayuntamiento, de la Junta de Obras del Puerto. Todo este ingente volumen de
gravámenes que percibe el Estado y los organismos locales se traduce en la carestía
de las subsistencias. 91
En mayo de 1931 fueron los cabildos insulares los que se lanzaron a la campaña contra la
desgravación. 92 El asunto parecía que iba a llegar a las Cortes mediante una interpelación
parlamentaria de Bernardino Valle, a la que se opuso El Diario, partidario de que se
resolviese por Decreto, por temor a que la Industria española quisiese poner un pie en las
islas, acabando con el régimen de Puertos Francos:
Con la sinceridad que nos caracteriza hemos de decir, que estimamos un gran peligro
tratar de esas cuestiones en las Cortes, siendo preferible que nuestra representación
en ellas hicieran toda clase de gestiones particulares cerca del ministro para que éste,
de por si reconociendo la razón y el derecho que nos asiste, resuelva por decreto la
cuestión. Decimos que ahora es un peligro tratar en la Cámara la cuestión del azúcar
y de cuanto afecta a nuestras franquicias, pues será muy posible que con ello demos
lugar a los elementos industriales, catalanes y gallegos a que intervengan en el
debate, pues nadie puede prohibírselo, solicitando el apoyo del gobierno y de la
Cámara para que se protejan y amparen en Canarias las industrias peninsulares, como
las textiles y las de madera, ya que por el régimen de franquicias de las islas
Canarias, dichos productos, como todos los demás extranjeros tienen las mismas
facilidades de entrada libre. 93
La iniciativa seguía siendo llevada por el Centro de dependientes, que a través de los
diputados electos por la provincia planteó la reivindicación al Ministro del ramo. La
compensación que se ofreció a Hacienda, por la desgravación de los azúcares, no era nueva,
pues se trataba de incrementar y cambiar de método de exacción del arbitrio de alcoholes, con
arreglo a la graduación de éstos. 94 Reviste especial interés la opinión del Diario de 23­VIII­1932
al volver sobre el tema de la desgravación del azúcar. Las negociaciones con Prieto,
cuando estaba al frente del ministerio de Hacienda, resultaron infructuosas, por no encontrarse
fórmula adecuada para compensar al Estado por la pérdida de los ingresos del azúcar, y el
periódico sacaba a relucir los fines principalmente recaudatorios de los arbitrios:
Con razón se ha dicho que la libertad comercial es el oxígeno económico de
Canarias. En efecto Bravo Murillo, tuvo una visión profética del porvenir de estas
islas al establecer las franquicias arancelarias, pero la verdad es que los puertos
francos han ido convirtiéndose en aduanas que producen al Estado pingues
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El marco institucional y su influencia en el …
1833
rendimientos. Son muchos millones de pesetas los que da el puerto a la Hacienda
nacional, al Cabildo insular y a la Junta de obras del puerto. El Ayuntamiento de Las
Palmas también recauda miles de pesetas.
De derecho existen las franquicias; pero en realidad de hecho todo está gravado. Se
cobran derechos de importación y exportación, y ahora mismo, como si fueran pocos
los impuestos y arbitrios que pesan sobre las clases contribuyentes, la Junta de
puertos que recauda hoy dos millones de pesetas largos, aspira a recaudar tres.
[…]Fijemos hoy nuestra atención en un producto de primera necesidad; el azúcar.
¿Origen del gravamen? Bien conociendo es: la protección a la industria azucarera del
país, cuando la depreciación de la cochinilla, importante riqueza agrícola de
Canarias, reclamó la implantación de derechos de importación a los azúcares
extranjeros. Tuvo, pues su fundamento, su razón de ser el gravamen sobre el azúcar;
pero desaparecida la causa –la industria azucarera– ha debido desaparecer el oneroso
impuesto.
Abogando por la desgravación del azúcar se han hecho aquí tenaces campañas
poniéndose en acción todas las entidades representativas. Mas las aspiraciones
justificadísimas de la masa consumidora, siempre sacrificada, se han estrellado
contra la resistencia de los Gobiernos a desgravar el azúcar.
En 1933, las gestiones para obtener la desgravación no habían concluido. Esta vez fueron
los protagonistas de la iniciativa Guerra del Río (ministro de Obras Públicas) y Miranda
Márquez (presidente de la Junta de Obras del Puerto y de la Cámara de Comercio de Las
Palmas). La dificultad de las negociaciones con el ministro de Hacienda, ya lo hemos
señalado, residía en encontrar una compensación satisfactoria:
Apelemos a la elocuencia de los números. Según las estadísticas de importación
el año de 1931 desembarcaron por este puerto 5.538.341 kilogramos de azúcar
procedente de Checoslovaquia, Holanda, Alemania, Cuba, Francia e Inglaterra,
corresponde el mayor volumen en la importación de azúcar a Checoslovaquia.
–2.905.326 kilogramos– y Holanda –2.566.279–. La cantidad importada de Cuba,
país que en otro tiempo figuró a la cabeza de los países importadores, es
insignificante.
A los 5.538.341 kilogramos de azúcar importado en 1931 se le calcula un valor de
arancel de 2.003.472 pesetas y los derechos abonados se elevan a 3.323.004.60. Aquí
reside el secreto de la de la resistencia del Gobierno a desgravar el azúcar. 95
Finalmente, en febrero de 1934 se consiguió la desgravación del azúcar para usos
industriales.
CONCLUSIONES
Canarias ha aspirado a lo largo de su historia a un desarrollo industrial que se la ha negado
por razones estructurales, limitaciones naturales y condiciones sociopolíticas del contexto
nacional e internacional en el que se ha desenvuelto.
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1834
Cuando la doctrina ricardiana de la ventaja comparativa en el comercio internacional en un
sistema de librecambio fue sustituida por las estrategias proteccionistas, la escasa dimensión
cuantitativa de la actividad económica canaria y sus altos costes de producción hicieron
inviable el proyecto industrial del azúcar que sólo podía sobrevivir con un alto grado de
protección arancelaria.
La clara vocación recaudatoria y la corta capacidad de la Hacienda del Estado,
para manejar los instrumentos de política fiscal en la época del inicio de la industria, unido a
la constante preocupación por el fraude y el contrabando fruto de la extrema debilidad de la
Administración para asegurar el control del comercio exterior, hicieron que las condiciones
institucionales en las que se llevo a cabo la experiencia azucarera fueran inestables y por
consiguiente crearan un alto grado de incertidumbre entre los agricultores de la caña y los
empresarios de la industria.
Los grupos de presión comerciales unidos a los intereses importadores vinculados
a potencias de primer orden como el Reino Unido, Francia y Alemania, situaron siempre a la
industria azucarera canaria en una posición de debilidad, que sólo pudo compensar con el
apoyo de figuras de gran prestigio y autoridad nacional como era el caso de León y Castillo,
que comprometió su propia posición política para apoyar la experiencia hasta el límite de sus
posibilidades.
A las dificultades y obstáculos señalados se unió a partir de 1912, con la creación de los
Cabildos Insulares, el objetivo de aquéllos de financiarse, dadas las escasas posibilidades
recaudatorias de las haciendas locales, con arbitrios sobre el azúcar y sobre los alcoholes,
complicando aún más el panorama fiscal y provocando una nueva polémica en torno a la
virtualidad real de las franquicias, ya que los sectores afectados señalaron la incongruencia
que esto representaba puesto que los arbitrios de cabildo se exigían a la importación y
exportación de mercancías. Desde el punto de vista de la industria, este hecho reducía las
posibilidades reales de utilizar la producción de alcohol como medio complementario para
sostener la producción azucarera.
La industria no fue producto de una operación especulativa de carácter oportunista.
Los empresarios que se arriesgaron e invirtieron importantes recursos económicos
en su desarrollo creyeron firmemente que contribuían a la creación de riqueza y empleo al
tiempo que garantizaban la continuidad de la actividad agrícola en unas circunstancias
extremadamente difíciles.
Este modelo de desarrollo industrial se ha repetido sistemáticamente en Canarias con
idénticos resultados en fechas recientes, ya que no otro fue el intento en 1972 con la
Ley del Régimen Económico y Fiscal y la creación de la Tarifa Especial del Arbitrio de
Entrada, del mismo modo que en la actualidad se continúa pretendiendo hacerlo con
el llamado AIEM (arbitrio a la entrada de mercancías). Sin embargo, su choque frontal con el
ideario librecambista y los intereses comerciales han reproducido el conflicto en términos
similares a los de 1900.
En el marco de la Unión Europea, plenamente integrados en el mercado único,
las posibilidades de industrialización de Canarias se observan hoy más lejanas y difusas
que las que se ofrecieron en el periodo que hemos analizado.
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1835
ANEXO
LA DESGRAVACIÓN DEL AZÚCAR EXTRANJERO (DIARIO DE LAS PALMAS, 2­III­1934)
Se ha desgravado el azúcar con destino a usos industriales en Canarias. La medida,
aunque no satisface íntegramente las justas aspiraciones de las clases consumidoras
de estas islas, ha sido recibida con beneplácito general, tanto por el beneficio que
supone, cuanto porque hace concebir la esperanza de que algún día se obtenga la
total desgravación del azúcar que se importa e este archipiélago.
¿Será el primer jalón para llegar a la meta­la
desgravación total­la
disposición
eximiendo del pago de derechos el azúcar destinado a la fabricación de productos
industriales? Los hechos se encargarán de dar cumplida respuesta, en sentido
afirmativo o negativo a la anterior pregunta, que por ahora queda en el aire como
expresión de un deseo colectivo a favor de la abolición de un oneroso gravamen que
ya no tiene razón de existir, o mejor dicho que el único e inadmisible fundamento
fiscal de su existencia reside en los millones de pesetas que anualmente produce al
Tesoro a costa del esquilmado bolsillo de la masa consumidora la eterna víctima.
Tenaces campañas hemos sostenido en diversas épocas, abogando por la
desgravación del azúcar de producción extranjera que aquí se introduce, como medio
e conseguir su abaratamiento. Porque el crecido impuesto que se paga al azúcar en
Canarias –60 pesetas los 100 kilos– encarece el artículo estimado de primera
necesidad por todas las clases sociales, con perjuicio mayor, como es natural para
aquellas que disponen solamente –sueldo o jornal– de modestos medios económicos
para hacer frente a las duras y apremiantes necesidades de la vida.
Se da aquí el caso curioso, inaudito de que el valor del azúcar en los
centros productores es inferior a la cuantía de los derechos de importación que
satisface. Transporte, arbitrios, beneficio del industrial elevan el precio de venta y
tienen que soportar la carga los consumidores, unas veces con paciente resignación
convencidos de la inutilidad de los esfuerzos realizados y otras con airadas protestas
que han tenido eco en las altas esferas oficiales.
De sobra conocido es el origen del gravamen que pesa sobre el azúcar.
La inesperada caída de la cochinilla había precipitado la ruina de la agricultura
insular y urgía ensayar nuevos cultivos que restablecieran la normalidad económica
tan sensiblemente alterada por los descubrimientos de los tintes químicos. Iniciando
el cultivo de la caña y establecidas fábricas azucareras y trapiches imponíanse que se
dictara una ley que amparara la naciente industria, como recurso supremo para salvar
al país de una situación de angustioso malestar.
Con carácter protector, pues, se estableció el impuesto sobre el azúcar. Años más
tarde las plantaciones de plátanos, el aumento de las exportaciones fruteras, las
crecientes demandas que se hacían de los mercados extranjeros, fueron desplazando
la caña de azúcar, hasta allegar a la definitiva extinción del cultivo de la caña,
cerrándose las fábricas azucareras, dejando de funcionar hasta el presente.
¿Qué quedó de todos aquellos campos de caña y fábricas de azúcar? La gabela por
cuya completa supresión vienen gestionando de los Gobiernos todos los organismos
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1836
representativos de Canarias. Pero los gobernantes, ayer y hoy, con Monarquía y con
República, se mostraron remisos en acceder al requerimiento reiteradamente
formulado porque el Estado, dicen, no puede sufrir una considerable baja en sus
ingresos sin la debida compensación. Un ministro de Hacienda socialista sostuvo este
criterio, ya sustentado por otros ministros. La dificultad, pues, radicaba y sigue
dedicando en los millones que percibe el erario y que se resiste a renunciar a ellos.
En estos términos hallábase planteada la cuestión cuando el Gobierno
radical decidióse a desgravar el azúcar que se destine a usos industriales. Algo se ha
ganado; pero forzoso es insistir hasta alcanzar la total desgravación que permita el
abaratamiento de un producto de general y obligado consumo para pobres y ricos,
pero antes se hace preciso que las Cortes aprueben el proyecto de ley presentado al
Parlamento por el ministro Señor Lara y Zarate. 96
PROYECTO DE LEY DE DESGRAVACIÓN DE AZÚCARES PARA USO INDUSTRIAL APROBADO POR LAS
CORTES EL 7­VI­1934
El gravamen a la importación del azúcar en las Islas Canarias se estableció exclusivamente
con la finalidad de proteger a la industria de azúcar de caña que existía en dicho Archipiélago.
Desaparecido el cultivo de la caña de azúcar y desaparecida igualmente la fabricación del
azúcar de caña en aquel territorio, el Estado español pudo y debió suprimir aquel arbitrio. Así
se prometió solamente en textos oficiales. Sirva de ejemplo el art. 1º de apéndice 9º de las
ordenanzas de Aduanas de 1 de octubre de 1894 que declara textualmente que los derechos
sobre el azúcar que señala “dejarán de exigirse en las islas Canarias, si llegara el caso de que
desapareciera de ellas el cultivo de la caña y la fabricación del azúcar”.
Por desgracia, la situación del Tesoro impidió siempre el que pudiera llevarse a cabo
la supresión anunciada, ya que no resulta fácil improvisar la situación de los cinco millones
de pesetas que por término medio representa el importe del arbitrio que se percibe sobre
la importación del azúcar en Canarias durante los últimos años. Pero si la supresión total no
es factible y el régimen de arbitrar ingresos equivalentes resulta difícil en Canarias por el
carácter de francos de que disfrutan los puertos en las islas, cabe una solución que con una
relativamente escasa reducción de ingresos, que se compensa sobradamente con ventajas de
carácter social y económico para las islas, haga posible el desenvolvimiento de la fabricación
de productos elaborados con azúcar, como galletas, dulces y otros que luchan en la actualidad
con la competencia extranjera, por darse el caso singular de que la primera materia –el
azúcar– es gravada en Canaria, y en cambio el artículo fabricado con la sola excepción del
chocolate, está libre de arbitrios a la entrada en la isla. A estas consideraciones obedece la
solución que el Ministro de Hacienda tiene el honor de someter a la deliberación y voto de las
Cortes de la República. En el proyecto de ley que sigue se propone la supresión del arbitrio a
la entrada del cupo de azúcar que se determine y que se destine exclusivamente a la
fabricación de productos azucarados. Este cupo, que se fijará anualmente por el Ministerio de
Hacienda, no podrá ser objeto de ampliación, ni modificación durante el curso del año natural
a que se refiera, y se entregará a los mismos interesados para que los distribuyan entre ellos.
Este sistema obedece a la necesidad de evitar la intervención de las fábricas, molesta, costosa
y difícil desde el punto de vista administrativo, y poco adecuada, además, al sistema
de franquicias de que disfruta el archipiélago canario. Tampoco se omiten en el proyecto de
ley las normas precisas para el desarrollo en los preceptos reglamentarios que se dicten de las
sanciones en que pueden incurrir los beneficiarios de la franquicia.
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El marco institucional y su influencia en el …
1837
Proyecto de ley
Art. 1. El azúcar que se importa en Canarias, con destino a la fabricación
de chocolates, galletas, dulces, confituras, conservas en azúcar, jarabes no
medicinales y demás productos azucarados, está exento de todo derecho o impuesto a
la introducción en la isla.
Art. 2. La franquicia determinada en el artículo anterior se aplicará solamente a la
cantidad de azúcar comprendida en un cupo que fijará el Ministerio de Hacienda por
años naturales, cupo que no podrá modificarse ni ampliarse durante el periodo a que
se refiera.
Art. 3. Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las reglas necesarias para la fijación
del cupo, para su distribución entre los interesados y para que, sin llegar a la
intervención directa de las fábricas. Pueda la Administración cerciorarse de que
el azúcar que se importe con franquicia se destina efectivamente la fabricación
de productos azucarados, señalando los casos en que proceda la ampliación de la
ley de Contribución y Defraudación, por no destinar los interesados el azúcar
desgravado a los fines a que esencialmente se destina y las sanciones que
reglamentariamente procedan.
Artículo adicional. La fijación del cupo para el año 1934 se hará teniendo en cuenta
la fecha en que hayan de ponerse en vigor las regulaciones que para el cumplimiento
de esta ley dicte el Ministro de Hacienda.
Madrid 27 de Febrero de 1934. El Ministro de Hacienda Antonio Lara y Zárate. 97
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1838
TABLAS
Años Azúcar importado Azúcar de Canarias
1902 1,05 Az. 1ª 0,90
1903 Az. 1ª 1,05
Az. 2ª 1,07
Precio medio: 1,01
1904 1,25
1907 0,84
1910
1913 1,30 Az. 1ª 1,05 a 1,10
Az. 2ª 0,95 a 1
1914 Precio medio: 1
1916
1917 1,60 (azúcar blanca)
1,20 (azúcar morena)
Precio medio: 1,40
1918* 21­I
1,70 (azúcar blanca)
1,40(azúcar morena)
Precio medio: 1,55
1918*
Agosto
2,25
1919* Enero 2,40
Febrero 3,25
Marzo 1,95
Noviembre 1,80 (tasa)
2,20 (mercado)
1920 Enero 3,47
Febrero* 2,80
1923 Septiembre 1,28 (azúcar morena)
Noviembre 1,80 (azúcar blanca)
Diciembre 1,65 (blanquilla)
1,75 (Pilón)
1924 1,48
1928 1,20
1929 1,17
1930 1,6
1936 1,05
* Precios tasados por la Junta de subsistencias.
Precios del azúcar (1900­1936)
en ptas/kg. Fuente: Diario de Las Palmas 1900­1936.
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El marco institucional y su influencia en el …
1839
Fábrica de San Pedro (1885­1920):
azúcar en kgs.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1885
1888
1891
1894
1897
1900
1903
1906
1909
1912
1915
1918
Fuente: Luxán y Bergasa (2004, en prensa).
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1840
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1842
NOTAS
1 A esta primera parte hemos consagrado un estudio: “Puertos francos e industrialización en Canarias. un
debate abierto: el caso de la producción azucarera 1884­1892”,
Anuario de Estudios Atlánticos, 50, 2004
(en prensa), al que nos remitimos.
2 Luxán (2004).
3 En la isla de La Palma, que es donde más vida mantuvo la cultura del azúcar, parece ser que el cultivo de
la caña se habría mantenido en la zona de Argüal y Tazacorte por lo menos hasta 1840, aunque Pérez
Sagot (1870) da a entender que nunca desapareció del todo, cultivándose en pequeñas parcelas. A. Padilla
(1884) se refiere a una especie amarilla de Otaiti, introducida en el siglo XVIII en Argual, que aún podía
encontrarse, aunque degenerada en la Hacienda de los Sotomayor.
4 “Se admitirán en la Península como productos nacionales de las Islas Canarias la almendra, aceite de
tártago, barrilla, castañas, la patata, la cebolla, las frutas dulces, pescado, trigo, cebada, centeno, maíz,
cochinilla, esterilla para sombreros, sus compuestos, orchilla, seda en capullo, en rama y elaborada,
piedras de filtro y losetas”. Cf. Bourgon Tinao (1982, p. 515).
5 Bourgon Tinao (1982, p. 541). La Ley de 1870 extendió el marco de los Puertos Francos a Valverde en El
Hierro, estableció el mecanismo de reforma de las franquicias, e igualmente un sistema de protección a
los cereales canarios, de acuerdo con el arancel general peninsular.
6 Castillo Bethencourt, Agustín 6 (4º Conde de la Vega Grande) fue Comisionado regio de agricultura y
autor de un folleto titulado: Observaciones prácticas sobre el cultivo del Imphy o caña azucarada de los
cafres zulú y del sorgo azucarado de la China , Las Palmas, Imp. de Mariano Collina, 1857. En agosto de
1856 procedió a la siembra en Jinamar, tanto del sorgo africano, como el de la China, de los que había
traído semillas de París. Cortó la caña a principios de diciembre, extrajo el jugo y obtuvo azúcar y
aguardiente de 21º con el que elaboró licores. En el resto del Archipiélago recibieron semillas, J.
Monteverde (SC de T), Antonio Monteverde y Castillo (La Orotava), Miguel Monteverde (La Palma),
Andrés Cabrera (Lanzarote), Ramón Paez (Fuerteventura) y Esteban de Bethencourt (Guía, en Gran
Canaria).
7 Luxán y Bergasa (2001) y Luxán (2003).
8 Almeida Mateos, Rafael, “El plátano y su cultivo en las Islas Canarias”, Progreso de Canarias, 3­VIII­1905.
Ídem, de 18­IV­1905.
9 Luxán (2003, pp. 233­234).
Como resultado del viaje la comisión publicó el Informe a la Muy Ilustre
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas y a los propietarios de la ciudad de Guía en Gran
Canaria, sobre el cultivo de la caña dulce y la industria azucarera (Las Palmas, 1881). Es interesante
anotar igualmente que este prohombre del azúcar, antes de la visita a Funchal, según su propio
testimonio, fijó su atención desde muy temprano en el plátano y la caña (El Progreso de 25­III­1905).
10 El Progreso de Canarias de 10­IV­1905.
11 Las cifras de la importación han sido tomadas de El Liberal de Las Palmas de 16­I­1885.
El consumo de
1892 de García Guerra (1892). Al respecto, cf. Luxán y Bergasa (2004).
12 Para un desarrollo amplio de estos aspectos cf. Luxán y Bergasa (2004).
13 Luxán y Bergasa (2004, en prensa).
14 Luxán y Bergasa (2001).
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El marco institucional y su influencia en el …
1843
15 Diario de Las Palmas de 21­VII­1896.
16 L. Cabrera (1997) se ha referido a esta cuestión como el punto crucial de la reforma de los Puertos
Francos de Fernández Villaverde, al establecerse un nuevo marco en las relaciones comerciales con la
Península, consolidando el “principio de extranjería” para la producción canaria.
17 R.D. de 20­III­1900
en el que se fijan las cuotas de los arbitrios de Puertos Francos. Reproducido por
Bourgon Tinao (1982, p. 548).
18 Esta primera sociedad fue sustituida, desde marzo de 1902, por la Asociación Provincial de Gremios de
Comerciantes, Industriales y Cosecheros. Ojeda Quintana (1983, pp. 115­121).
19 La rebaja de los gravámenes del azúcar por parte del Estado (18­VII­1907),
cuando se hizo cargo de la
Administración directa provocó una cierta protesta entre los importadores de azúcar de la Provincia, que
habían hecho sus compras en la confianza de que se mantendría la tarifa anterior. Cf. Diario de Las
Palmas de 10, 19 y 21­VIII­1907.
20 Para L. Cabrera (1997) la eliminación del fraude será otro de los objetivos básicos de la reforma de 1900.
21 Reproducido por Bourgon Tinao (1982, pp. 544­547).
22 Diario de Las Palmas de 17­VIII­1903.
Esta Asamblea marcará el inicio del debate que ocupará a la
opinión pública canaria, con relación al azúcar, en los años sucesivos.
23 Cabrera, L. (1997, p. 22).
24 Ojeda Quintana (1983, pp. 115­116).
25 Desde mayo de 1900 hasta marzo de 1902 una Asociación Provincial de comerciantes de 1ª clase por un
canon anual de 2 millones de ptas. y, desde esta fecha, hasta agosto de 1907, la Asociación Provincial de
los Gremios de Comerciantes, Industriales y Cosecheros propietarios de los puertos habilitados
de Canarias” (formada por más de 4.000 socios), que redujo el canon a 1 millón. Ojeda Quintana (1983,
pp. 118­119).
Cf. igualmente el Diario de Las Palmas de 26­X­1906,
en el que se hace un análisis
retrospectivo de la primera sociedad en la que tuvo un importante protagonismo Rafael Ramírez Doreste,
fundador después de La Mañana.
26 Ojeda Quintana (1983, p. 127) se refiere a un posible acuerdo de contribución metálica (450.000 ptas.)
entre los industriales y la Arrendataria.
27 Archivo de la Cámara de Comercio de Las Palmas (ACCLP), “Expedientes sobre trabajos para normalizar
el precio del azúcar de estas Islas” nº 42, 2.1.1. Agradezcemos la noticia del mismo a Julio Mellús.
28 Diario de Las Palmas (17 y 21­VIII­1903
y 23­I­1905).
29 Diario de Las Palmas de 20­I­1905.
30 ACCLP, Comunicación de la Alcaldía de S/C de T a la Arrendataria de Puertos Francos de 16­XII­1904.
31 Diario de Las Palmas de 23­I­1905.
32 Diario de Las Palmas de 11­II­1905.
33 El artículo firmado por J. Tabares Sosa fue reproducido por el Diario de Las Palmas de 2­III­1905.
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34 Luxán (2003).
35 Diario de Las Palmas de 9­III­1905.
36 Diario de Las Palmas de 16­III­1905.
37 Diario de Las Palmas de 17­III­1905.
38 Dicha propuesta sería vista por La Mañana como “un nuevo monopolio para los mismos fabricantes de
azúcar, que serán los que destilen alcohol”. Cf. Diario de Las Palmas de 15­II­1906.
39 En el seno de la Económica de Gran Canaria Ramón Madan, en los momentos en que se debatía
la reforma de los Puertos Francos (sesión de 11­III­1900),
uno de los propietarios de la Fábrica de San
Pedro, había manifestado que el establecimiento de grandes destilerías para aprovechar los residuos de la
caña, sería la alternativa al nuevo marco institucional del azúcar. La Sociedad debía movilizarse de nuevo
y con la mediación de León y Castillo, obtener la libre elaboración de alcoholes para Canarias. Cf. Luxán
(2003, p. 249).
40 La reforma de la ley de alcoholes se publicó en la Gaceta de Madrid de 26­VII
y el Proyecto de Ley de
azúcares, después de aprobarse definitivamente por Congreso, pasó al Senado el 30­VII­1907.
41 Todas las citas del Proyecto de Ley en Diario de Las Palmas de 8­II­1906.
42 Según el Diario de Las Palmas de 17­VI­1907,
ese año en la Vega de Telde se estaba arrancando el
plátano para sustituirlo por la caña de azúcar.
43 Diario de Las Palmas de 26­XII­1906.
Cf. igualmente el editorial del 14­VI­1907.
44 Diario de Las Palmas de 20­II­1908:
“Libre fabricación de alcoholes”.
45 Recogido por el Diario de Las Palmas de 1­V­1908.
46 En 1906 la recaudación por arbitrio de Puertos Francos ascendía a 3.259.688 ptas, mientras que el canon
de arrendamiento era de 1.000.000 ptas. (Ojeda Quintana, 1983, p. 131). La solución que llegó a proponer
Pérez del Toro fue la creación de una compañía semejante a la Arrendataria de Tabacos, con el fin de que
el Estado tuviese participación directa en las ganancias si las hubiere. Cf. Diario de Las Palmas de 14­I­1907.
47 Diario de Las Palmas de 14­16­I­1907.
48 El Diario de Las Palmas de 19­VIII­1907
reproduce la Gaceta de Madrid de 11­VIII­1907.
La RO de 10­VIII­1907
dirigida al Director General de Aduanas decía textualmente:
Visto el art. 3º de la Ley de 6 de Marzo de 1900, que dispone que el Estado podrá percibir en los puertos
francos de las islas Canarias, en concepto de arbitrio sobre determinadas mercancías, una cuota que en
ningún caso exceda de las que respectivamente graven la introducción, fabricación y consumo de las
mismas mercancías en la península é islas Baleares:
Considerando que el aludido precepto legal, al señalar sólo el máximun de gravamen, autoriza a
este Ministerio para rebajar las tarifas cuando las circunstancias del comercio de dichas islas así lo
aconsejaren, facultad de que se ha hecho uso por Reales órdenes de 4 de agosto de 1900, 21 de
septiembre de 1901 y 28 de octubre de 1903.
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El marco institucional y su influencia en el …
1845
Considerando que el comercio de las aludidas islas sufre ahora grandes perturbaciones, originadas por el
arribo de crecidas cantidades de géneros, precisamente en estos días en que el Estado ha de incautarse
de la administración de los mencionados arbitrios, y, por lo tanto se impone una inmediata intervención
moderadora para evitar que las concesiones que la actual Sociedad arrendataria pudiera otorgar á
comerciantes con ella relacionados redunden en quebranto evidente de los intereses de otros
comerciantes que no se hallen en las mismas condiciones para aumentar las existencias de los géneros a
cuya venta se dedican; y
Considerando que la intervención moderadora, dadas las especiales circunstancias de que ha hecho
mérito, solo puede consistir en rebajar las actuales tarifas de los géneros que en cantidades
desproporcionadas al consumo se introdujesen en este mes por los puertos francos de las islas Canarias
S.M. el Rey (q.D.g.) de conformidad con lo propuesto por esa Dirección General, se ha servido disponer
que temporalmente y mientras la normalidad mercantil no quede restablecida, se rebajen, desde el día
17 del presente mes en 25 por 100 las cuotas de arbitrios que se perciben sobre el azúcar, cacao y café a
su importación en los Puertos Francos de las tales Canarias aplicándose la dicha rebaja a los géneros
que en dicho día se hallaren pendientes de despacho.
49 Diario de Las Palmas de 21­VIII­1907:
“Protesta de Canarias contra el Ministro de Hacienda”. La
protesta fue recogida por el Diario Universal de Madrid.
50 Ramírez Muñoz (1995).
51 Diario de Las Palmas de 1­II­1911.
52 En las líneas siguientes hemos tenido muy presente el cap. II y IV de la obra en prensa de S. Miranda
Calderín Las fuentes de financiación del Cabildo de Gran Canaria (elaborada sobre la documentación del
propio Cabildo), que amablemente nos dejó consultar.
53 Diario de Las Palmas 21­IV­1913:
intervención de R. Ramírez Doreste. Debe recordarse que por las
mismas fechas el gobierno, dada la excelente recaudación obtenida por el impuesto del azúcar, preparaba
un proyecto de ley para reducir el gravamen en 10 ptas./100 kgs. La clausura del Congreso, sin embargo,
frustró está posibilidad. Diario de Las Palmas de 14­VI­1913.
54 Miranda Calderín, op. cit.
55 Diario de Las Palmas de 27­XII­1913.
Una comisión formada por Eugenio Abreu y García (ex delegado
del Gobierno), Miguel Pereyra (consejero del Cabildo), Hermenegildo Rodríguez Méndez (Diario de La
Palma ), Hermenegildo Ferraz (concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz), Juan Lozano Lozano
(presidente de de la Cámara de Comercio), Pérez Díaz (de la Cosmológica), Piñero (Real Nuevo Club),
Rodríguez (del Amparo del Obrero) y Gómez Wangüermet (del Ateneo), presentó un escrito al delegado
del gobierno que remitió sendos telegramas al Ministro de la Gobernación, al gobernador Civil y a Pedro
Poggio, diputado en el Congreso por el distrito de La Palma. En el dirigido al gobierno podemos leer:
Celebrase manifestación imponentes fuerzas vivas Isla, con representación de sociedades, comercio,
agricultura, prensa, personalidades distintas y numerosas comisiones obreras, llegando a esta
delegación para transmitir conclusiones adoptadas por aclamación en un mitin pidiendo suprima
totalmente el impuesto sobre la introducción del azúcar en estas islas por tratarse de un artículo
eminentemente alimenticio y reparador de energías, máxime haber desaparecido tiempo ha motivo de
la protección agrícola e industria para implantar dicho impuesto.
56 Diario de Las Palmas de 7­III­1914.
El Cabildo de Tenerife pidió solamente una rebaja del 50%.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
1846
57 Autor del folleto El plátano y la caña de azúcar (las Palmas, 1914). Para este autor el coste de un saco de
azúcar (100 kgs., zafra de 1914) se elevaba a 93,03 ptas.
58 Diario de Las Palmas de 7­VIII­1913.
59 Recogido por el Diario de Las Palmas de 6­V­1914.
60 Según los datos de Gourié en Gran Canaria había una superficie cultivada de caña de 300 fanegas con las
que se obtenían 250.000 quintales, con la que se produjeron 50.000 sacos de azúcar de todas clases, es
decir, 1.000.000 de kgs. Cada descenso en la tarifa de 5 ptas. significaría una pérdida para la industria de
50.000 ptas. Considerando que la rebaja fuese de un 50% los ingresos de la industria descenderían en
350.000 ptas, mientras que al consumidor solo llegaría una rebaja de 15 céntimos/libra “si es que llega
hasta él esa rebaja: porque muy reciente está la supresión de consumos y en Madrid los artículos
desgravados están en su mayoría como si nada hubiera pasado; como reciente está también el de la
desgravación de los vinos. La rebaja no ha llegado al consumidor”.
61 Diario de Las Palmas de 25­I­1915.
62 Arúcas 23­I­1915.
63 Diario de Las Palmas de 24­V­1915.
64 Rodríguez Méndez (1913, p. 8).
65 Rodríguez Méndez (1913, p. 19).
66 Rodríguez Méndez (1913, p. 30).
67 Diario de Las Palmas de 22­IX­1915.
de 8.210.595. tm de azúcar bruto (1913­1914)
se pasó 7.393.550 en
el ejercicio siguiente (Diario de Las Palmas de 13­X­1915).
La producción estimada para 1916 se situó
en 6.350.000, es decir, una disminución sobre el punto de partida de un 30%.
68 Las noticias que llegaban a Las Palmas fueron que los fabricantes nacionales habían decidido elevar el
precio en fábrica del saco de azúcar, de 85 a 110 ptas. (Diario de Las Palmas de 13­X­1915.
El 3­I­1916),
el mismo periódico reproducía una información de La Unión Mercantil de Málaga , que se quejaba de la
subida pactada por los productores que había producido “un verdadero pánico”. El alza era justificada por
los fabricantes por el aumento del precio del carbón y de la remolacha.
69 La información procede de Germán Zubero (2003, p. 338). Sobre las vicisitudes de la industria durante la
Guerra, cf. Martín Rodríguez (1987).
70 El Consejo Provincial de Fomento, abrió una información sobre la conveniencia de estimular el cultivo de
caña de azúcar hasta obtener la cantidad de azúcar necesaria para cubrir el consumo de estas islas y
medios que deberían ponerse en práctica para conseguirlo (Diario de Las Palmas) de 10­XI­1915.
A
comienzos de 1917 esta institución decidió estimular el cultivo de caña y parece ser que la zona donde se
inició fue en el Valle de la Orotava, donde incluso se pensó en la posibilidad de instalar fábricas (Diario
de Las Palmas de 3 y 23­III­1917).
O el deseo del Gobernador Civil de consagrar buena parte de los
terrenos de regadío de Tenerife al cultivo del azúcar (Ídem de 20­XII­1917).
71 Según el Diario de Tenerife, la Cámara de Comercio debería encontrar una solución al posible
desabastecimiento, pues se tenía entendido que los productores nacionales preferían la venta en los
mercados exteriores. Recogido por el Diario de Las Palmas de 6­XII­1915.
72 Diario de Las Palmas de 27­I­1916.
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El marco institucional y su influencia en el …
1847
73 “Ilustrísimo Sr. Su Majestad el Rey (q.D.G.) ha dispuesto. 1º Que con arreglo á lo prevenido en el
artículo 3º de la ley de Puertos Francos de Canarias de 6 de marzo de 1900, el arbitrio exigible sobre el
azúcar de cualquier procedencia que se importe en dichas islas es de 25 pesetas por cada 100 kilogramos,
que es el derecho arancelario fijado para la Península e islas Baleares por la Real Orden de 30 de enero
próximo pasado. 2º Que no sea aplicable a las exportaciones de azúcar de la Península a las islas Canarias
el precepto 2º de la citada Real Orden en su parte referente al pago de derechos de exportación siendo
esta libre de derechos y gravándose en su lugar la exportación de azúcar de las islas Canarias en 25
pesetas por cada 100 kilogramos. 3º Que las exportaciones de azúcar de la Península a las posesiones
españolas de África serán igualmente libres de derechos; pero no podrán reexportar de dichas posesiones
sin previo pago de la referida cantidad de 25 pesetas por cada 100 kilogramos. 4º Que la exportación de
azúcar de la Península a los