Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de las Islas Canarias

              2018
CREACIÓN Y PRIMEROS AÑOS DEL TRIBUNAL DEL
SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN DE LAS ISLAS
CANARIAS
Luis Alberto Anaya Hernández
Aunque la conquista de Canarias la comienzan los franceses en 1402, se circunscribirá en
un principio a las islas que van a ser de señorío: Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y, con
posterioridad, parcialmente La Gomera. Las tres restantes lo serán por la Corona entre 1478 y
1496, ya que los Señores de Canarias no tenían los medios humanos ni económicos necesarios
para esta empresa, como lo demuestran los diversos e infructuosos intentos que realizaron.
Incluso, para completar la ocupación de La Gomera, necesitaron la ayuda del gobernador de
Gran Canaria Pedro de Vera, que aplastó las sublevaciones de los aborígenes. Una gran parte
de esta población desaparecerá en este proceso debido a la guerra y a sus consecuencias, a la
esclavización en la Península y, sobre todo, por las nuevas enfermedades. Además, la mayoría
de los conquistadores retornaron a sus lugares de origen como lo demuestra el que únicamente
el 10% de los repartimientos de tierras en Tenerife les fueran adjudicados. Por tanto, era
necesaria la repoblación del Archipiélago, lo que se va a ver dificultado por la de Granada y
por la conquista y colonización americana que coincide en las fechas. De ahí, que además de
conceder a las islas privilegios fiscales y comerciales, no se limitara la entrada de extranjeros,
moros o judeoconversos, tal como sucedía en Indias.
Por ello, y por su situación estratégica y el cultivo azucarero que se implantó apenas
concluida la conquista, afluyeron al Archipiélago portugueses, genoveses, franceses,
flamencos y otros europeos, a los que se unirá la mano de obra forzosa de las plantaciones,
negra o morisca. Junto a los aborígenes supervivientes y a la población castellana,
especialmente de origen andaluz, compondrán una sociedad abigarrada y heterogénea. Entre
éstos últimos tendrán una importante presencia los judeoconversos, pues hay que recordar que
la conquista y colonización de las islas de realengo coincide con la creación y primeros
decenios de funcionamiento del Tribunal del Santo Oficio, los de mayor nivel represivo de su
historia. De ahí que afluyeran a Canarias, pues no existía Inquisición, aunque también huían
de la discriminación de que eran objeto.
Canarias era una sociedad frontera, con un grado de jerarquización e institucionalización
menor que el de la castellana de la época, por lo que no eran objeto de una exclusión tan
intensa. No sólo ellos, en el juicio de residencia del Adelantado don Alonso de Lugo, los
testigos de abono, al responder a la pregunta CXLVI, que les inquiere si sabían que tras
conquistar la isla “porque se poblase convenía que se tolerasen e sufriesen algunas cosas”,
responden que: “se ponía en plática que no se devía haçer en esta isla segund en Castilla
porque era tierra nueva e que así se havía de poblar”, o “que para la población de ella no
convenía se apretasen las cosas de justicia”; o “que no llevando la gente por rigor de justicia
que estava de mejor gana” 1 . Aunque ya sabemos que en este tipo de interrogatorios los
testigos eran parciales, el hecho de que se formulara la pregunta no deja de ser significativo.
No obstante, las comunicaciones con la Península eran fluidas y las noticias de la
relajación ideológica y de costumbres y, sobre todo, la existencia de una destacada comunidad
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2019
judeoconversa en las islas llegaría a oídos de la cúpula inquisitorial, por lo que el Santo Oficio
sevillano va a realizar distintas pesquisas, comisionando a eclesiásticos canarios para esta
tarea. La primera que conocemos la concede al provisor Pedro de Valdés y al notario
eclesiástico Hernán Álvarez, con la misión de recoger información contra el escribano
converso Gonzalo de Burgos, que había sido denunciado en Sevilla. 2 De nuevo, el 23 de
noviembre de 1492, los inquisidores hispalenses Pedro de Belforado y Pedro Ramos
comisionan al anterior, y a su sobrino el arcediano Pedro de Valdés el joven porque existen
“algunas personas q. teniendo nombres de cristianos judaiçan açiendo y diciendo cosas contra
nª. Sta. Fe”, por lo que les ordenan reunir testimonios al respecto y remitirlos a Sevilla. Las
indagaciones se realizarán en el mes de febrero de 1493 y se reanudan en noviembre, y salvo
dos denuncias, las nueve restantes son contra judeoconversos. 3 De nuevo el 5 de noviembre
de 1495, el provisor Martín Sánchez de Barruelos vuelve a recoger testificaciones, aunque
únicamente se conserva una contra un judeoconverso. 4 El 25 y el 28 de abril de 1499 se lee en
Tenerife y Gran Canaria un edicto del obispo don Diego de Muros, en el que expone que se
dispone a hacer “inquisiyión de la herética pravedad e Judaísmo” movido por informaciones
que tenía al respecto. 5 Aunque no sabemos si fue una iniciativa personal en su calidad de
inquisidor ordinario, el hecho de que remitiera las diez deposiciones contra conversos a la
Inquisición hispalense indica alguna conexión. Por último, en 1501 se comisiona al
franciscano fray Pedro de Bobadilla para que recogiera en Tenerife nuevos testimonios contra
Gonzalo de Burgos, y para que detuviera al alguacil Diego de Manzaneque, porque siendo
inhábil usaba este oficio. Aunque cumplió la primera parte de su misión, no pudo aprisionar a
éste último, porque el Adelantado don Alonso de Lugo, gobernador vitalicio de Tenerife y La
Palma, encarceló al escribano y al alguacil que le acompañaban, que únicamente por
intercesión de terceros consiguieron librarse de ser azotados públicamente. No deja de ser
significativo que el alguacil que detuvo a Manzaneque fuera Pedro de Vergara, protegido de
Lugo e hijo de un jurado converso relajado en Sevilla, mientras que el detenido fuera Pedro
de Hervás, quien tenía un apellido sumamente sospechoso. 6 Aunque el Santo Oficio
hispalense instó al gobernador de Gran Canaria a que prendiera al de Tenerife, la orden no se
obedeció porque según los testigos se “confederaron”. 7
La protección de los conversos por parte de Lugo no sólo obedecía al deseo de evitar la
intromisión de otra jurisdicción, sino al destacado papel que éstos jugaban en las islas. El
Adelantado mismo estaba emparentado con miembros de este grupo, pues era cuñado por su
primera mujer del desafortunado conquistador de Gran Canaria, Pedro de Algaba, casado con
Leonor Suárez de Figueroa, que tenía este origen. Sus dos hijos, Andrés Xuárez Gallinato y
Jerónimo de Valdés, serían llamados por Lugo a Tenerife y favorecidos con tierras y cargos,
como se denuncia en el juicio de residencia que le hizo el gobernador de Gran Canaria, Lope
de Sosa en 1506. 8 No serían sus únicos parientes conversos: Pedro de Lugo, hijo de un primo,
casó con Elvira Díaz, hija de reconciliados y nieta de quemados, y el hermano de éste,
Francisco, enlazó con Francisca de Lugo, hija del ya citado Pedro de Vergara y de su pariente
Ana de Lugo. 9 Una prueba de su actitud favorable a esta minoría es la que se desprende del
acta cabildicia del 10 de febrero de 1514, donde se aprueba hacer una información para
castigar al panadero portugués Alfonso Váez. La causa radicaba en que pretendía erigir una
cofradía en la que se exigía como requisito para ingresar:
jurar de que generaçión eran [...] de quién e que linaje [...] haziendo devisión e
apartamiento que a resultado de mucho escándalo [...] porque el contrario sería hazer
devisión e dar ocasión e enojo e escándalo entre los vecinos desta isla 10 . La postura
del Cabildo, que presidía el teniente Lebrón, es una clara muestra del deseo de no
discriminar a los conversos, lo que por otra parte no es de extrañar, pues de los ocho
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
2020
miembros del consistorio que asisten a la reunión, incluyendo a Lebrón y al
escribano Vallejo, cuatro tienen este origen: Vallejo, Vergara, Valdés y Las Hijas.
Tampoco en Gran Canaria su conquistador y primer gobernador Pedro de Vera se
caracterizó por llevar una política de discriminación contra los conversos. Antes al contrario,
Millares Torres lo califica de protector de conversos, 11 citando entre éstos a Bartolomé Páez y
Luis Álvarez, que efectivamente tenían este origen. Además, cuando el escribano Gonzalo de
Burgos fue condenado por la Inquisición hispalense a destierro de Gran Canaria, Vera,
además de acogerle en su casa sevillana, solicitó con éxito al provisor que tenía que ejecutar
la sentencia que la postergara. 12 Las sanciones a través de estas actuaciones hispalenses son
escasas y leves, sobre todo en comparación con las de los tribunales peninsulares. La peor
suerte la correrá Gonzalo de Burgos, que fallecerá ahogado en la bahía de Cádiz cuando era
llevado preso al Castillo de Triana; el mercader Luis Álvarez acusado de ser el rabino de una
sinagoga, conseguirá huir de Gran Canaria ayudado por el almojarife converso Juan
de Herrera antes de la llegada de un alguacil sevillano encargado de prenderlo, y Pedro
Dorador y su esposa Teresa Bernal serán llevados a Sevilla y reconciliados en 1504 por
judaizar. 13
En definitiva, la creación de un tribunal del Santo Oficio en Canarias se vio dificultada o al
menos no solicitada por el escaso interés que mostraron sus autoridades civiles, y también
religiosas como veremos, celosas por la posible intromisión de la nueva institución en
sus respectivos ámbitos de poder. También, porque la mayor parte de la sociedad no lo
demandaba, y no sólo los conversos, sino otros sectores que podían verse afectados directa o
indirectamente por su actuación, como estudiaremos cuando contemplemos la oposición al
segundo inquisidor Martín Ximénez. Pudo influir, asimismo, su escaso poblamiento, pues en
1525, cuando convencionalmente se da por concluida la etapa colonizadora, el Archipiélago
no superaba los 25.000 habitantes. Todos estos factores explican la tardía creación del
tribunal canario, que tras el de Mallorca, sería el de menores dimensiones territoriales
LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN
No obstante, la información de que disponía la Suprema sobre la presencia conversa en
Canarias y quizás su importante papel estratégico, sobre todo cara a la ruta indiana, va a
motivar que cuando la red inquisitorial esté casi totalmente formada se apruebe finalmente la
creación de un tribunal en las Islas en una real cédula de 1505, que además no supondrá
prácticamente gastos por su reducido tamaño. También pudieron influir relaciones
personales, tal como se exponen en un curioso y novelesco documento que conserva el
archivo inquisitorial canario. 14 Su contenido es algo confuso y con alguna línea en mal estado,
pero en conjunto inteligible. Su autor es Antón Astero o Pedro Barahona, que es su auténtico
nombre, pues tal como él afirma su padre adoptó el primero en razón de su oficio de
constructor de astas. Debía ser de origen vasco, seguramente emigrados a Sevilla, porque del
texto se desprende que conocía “el vascuence”, mientras que el castellano lo hablaba mal. El
escrito lo dirige a la Inquisición hispalense sin fecharlo, pero por el contenido cabe datarlo en
torno a 1513, y lo tenemos, porque el tercer inquisidor don Luis de Padilla, al conocer su
existencia por el nuncio del tribunal, lo solicitó a Sevilla en diciembre de 1529.
En su denuncia, Astero se atribuye junto a Diego de San Martín la creación del tribunal
canario a través de las gestiones que realizaron en Segovia, donde se encontraba el Consejo y
la Corte, ayudados por Pedro Iñiguez de San Martín, hermano del anterior, que les puso en
contacto con “el maestro de Azpeitia”. Éste último, que les manifestó que sabía por algunos
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2021
vascos que las Islas eran “grandes escondrijos de malos”, les asesoró en la redacción de la
petición, además de intervenir en la toma de decisiones al respecto. En ese momento terció el
canónigo y provisor de Canarias, Bartolomé López de Tribaldos, quien les rogó que lo
postularan como Inquisidor, y a cambio prometió nombrar alguacil a Diego de San Martín. La
propuesta prosperó y Tribaldos fue nombrado primer inquisidor de Canarias.
No obstante, incumplió su promesa con Diego de San Martín, y Astero, que seguramente
esperó infructuosamente obtener alguna recompensa, le acusará de lenidad en sus funciones y
de connivencia con los conversos, pues le veía tratar y comer con el rico propietario del
ingenio de Aguatona Martín Alemán, que tenía este origen. Continuando en su denuncia,
explica que gracias a su profesión de correo averiguó “grandes secretos”, con los que
confeccionó un libro en el que hizo constar los nombres de los conversos de moro y de
judío, es decir una especie de Tizón o Libro Verde de Canarias. Un grupo de éstos últimos lo
denunció al Adelantado, quien encargó a su teniente de gobernador Pedro de Vergara, de
origen converso, que realizara las investigaciones oportunas. Tras una sesión de tortura donde
reconoció la existencia del libro, que entre otros detalles afirmaba que los padres del propio
Vergara habían sido procesados por la Inquisición hispalense, lo condenaron a 100 azotes y
destierro perpetuo “por difamador y engañador”. Denunció infructuosamente estos hechos en
la residencia de Lope de Sosa, e incluso se trasladó a Madrid a hacer gestiones en este
sentido, pero al ver que no prosperaban desistió de sus intentos y seguramente optó por
escribir el relato que explicamos. El resto del mismo son acusaciones contra distintos
conversos, sobresaliendo la denuncia de la existencia de una sinagoga en la actual calle de la
Audiencia, contra la que deponen también otros testigos en 1505.
Ignoramos si existió este centro, lo que sí parece cierto es que los conversos se reunían de
noche en una casa, en torno a Luis Álvarez, un antiguo escribano de Sevilla sancionado con
la pérdida de su empleo por judaizante. Según Astero, leían el “Alboray que se hizo en
ofensa de los judíos” para reírse de las maldades que se les atribuían. En realidad, se trata
del Libro de Alborayque, una obra contra los conversos a los que se compara con el caballo
de Mahoma del mismo nombre. El animal estaba formado por partes de distintas bestias,
como los conversos que no eran ni judíos ni cristianos. Tenía orejas de galgo como los
“alboraycos” que eran unos perros, cuerpo de buey porque no pensaban sino en atiborrarse o
en conseguir bienes materiales, cola de serpiente como ellos que extendían el veneno de la
herejía, etc.
Otro de los denunciantes de la supuesta sinagoga, el regidor Hernando de Aguayo, declaró
que además leían el libro de “Belial” y el del rabino Samuel de Marruecos concordando las
historias de la Biblia , ambos prohibidos. Efectivamente existió el Processus Belial, obra del
obispo Jacobus Paladinus (1349­1417),
que tras circular manuscrito fue impreso en 1472 y
posteriormente prohibido por la Iglesia, mientras que el rabino Samuel de Marruecos tiene
una única obra conocida consistente en una epístola dirigida a los judíos que fue muy popular
en la Edad Media. Pero no sólo concuerdan las declaraciones de Astero en este caso con otros
testigos, la quincena de supuestos conversos que denuncia, lo eran efectivamente según otras
fuentes inquisitoriales.
La creación de la Inquisición canaria también tiene visos de ser cierta, pues efectivamente
existió un Diego de San Martín, cuyo primer apellido era en realidad Iñiguez, como el
receptor Pedro Iñiguez de San Martín que les ayudó en su propósito y que realmente existió.
El maestro de Azpeitia que cita como promotor de su iniciativa es el protonotario don Martín
de Azpeitia, quien aparece firmando en 1509 como miembro de la Suprema la sentencia
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
2022
contra el converso grancanario Pedro Dorador y que en 1514 sería nombrado presidente de los
Consejos de la Inquisición de Castilla y Aragón. Por último, la real cédula donde Fernando el
Católico comunica en 1505 a las autoridades el nombramiento de Tribaldos como inquisidor
está efectivamente firmada en Segovia. Por tanto, a pesar de lo novelesco del relato, cabe la
posibilidad de que teniendo el Consejo de la Inquisición información de la existencia de
conversos en Canarias, las gestiones de Astero y San Martín apoyados por los antes
mencionados dieran sus frutos. El nombramiento de Tribaldos entra dentro de la lógica, pues
estaba en Segovia en aquel momento, fue apoyado por los anteriores, debía de tener
formación jurídica como provisor y su cargo de canónigo le garantizaba el salario sin gastos
para el Consejo. 15
Tribaldos recibió la potestad, al menos desde 1507, de “poner los offiçiales que fuesen
necesarios e los compeler a ello si fuere neçesario e para los mandar pagar los salarios por el
tpo. que sirvieren”. Tenía también plenas competencias judiciales, como lo acredita el proceso
del morisco Alonso de Fátima, relajado en efigie, donde se afirma que tenía facultades para
dictar este tipo de sentencias. Es cierto, que tanto este proceso como el del converso Pedro
Dorador fueron remitidos para votarlos a la Suprema, pero como afirma Manuela Ronquillo
pudo deberse a una cierta impericia procesal de Tribaldos, pues además en el de Pedro
Dorador se le critica este aspecto 16 . Creado por fin el tribunal y a tenor de los datos de que
disponemos, a la Suprema le preocupaban dos temas en Canarias: el número de los aborígenes
supervivientes y la próspera comunidad judeoconversa. Para la primera casuística, ordenó a
poco de crearse el tribunal que se elaborara un censo de la población autóctona en las Islas.
Aunque desgraciadamente perdido, sabemos por otros documentos del Santo Oficio, que la
cifra global ascendía a 1.200 familias “fuera de otras muchas que estaban mesturadas con
ellas, pues con los conquistadores vinieron mui pocas mujeres”. Los datos globales de este
padrón no son tampoco fáciles de interpretar, pues desconocemos el número de integrantes de
la familia aborigen, pero de cualquier manera no supondrían más de un 20 o 30% de la
población del Archipiélago, a los que habría que sumar los “mestizos”. 17 En definitiva,
representaban un porcentaje importante pero no mayoritario respecto al total, lo que unido a
su relativamente rápida integración, motivará que el Santo Oficio se despreocupe de esta
minoría: ni uno sólo de los siete aborígenes procesados lo serían por mantener sus creencias
ancestrales, a pesar de que existen algunas testificaciones al respecto. 18
Por tanto, al igual que en los tribunales peninsulares durante las primeras décadas, el
interés del canario se centrará en los judeoconversos. Gracias a una documentación
excepcional, los Libros de Genealogías, que únicamente se conservan en el Tribunal isleño,
podemos no sólo cuantificarlos, sino además conocer sus genealogías, profesiones, edades,
familiares sancionados e incluso en algunos casos el discurso de su vida. Estos libros
existieron en todos los distritos, como lo demuestran las genealogías que se envían a Canarias
a petición de su tribunal, pero desaparecieron por motivos obvios y su existencia es
desconocida por los historiadores de esta institución. Únicamente Dedieu sospecha de su
existencia que percibe a través de la lectura de los informes genealógicos, pues efectivamente
en el futuro se usarían para este fin. 19
En realidad se trata de un censo de “conversos y cristianos nuevos” que entre 1525 y 1527
se realiza en cuatro de las islas; la distinción entre los dos grupos anteriores la establece el
tribunal considerando que los últimos eran los judíos, aborígenes, moriscos o negros que se
convierten al Cristianismo, y los conversos sus descendientes. En efecto, en la convocatoria
que se hace en Gran Canaria en 1525 se llama a todos estos grupos, aunque entre los
conversos de judío sólo a los sancionados o que tuvieran parientes que lo hubieran sido. No
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2023
obstante, el interés del inquisidor estaba en éstos últimos, como lo demuestra el que los
multados por no comparecer pertenecieran únicamente a esta minoría. También lo sabemos,
porque el siguiente inquisidor, don Luis de Padilla que efectúa el padrón en las otras tres islas,
convoca únicamente a los judeoconversos, aunque sin excluir a los no sancionados,
prescindiendo de los demás.
El porcentaje de judeoconversos que se presentan ante el inquisidor o que aparecen citados
como residentes respecto al total de la población, asciende a un 10% en Gran Canaria, un
6,1% en Tenerife y un 4,3 en La Palma, siendo más difícil de estimar en La Gomera porque la
pesquisa se hizo casi totalmente en Tenerife. No obstante, su número debió de ser mayor,
pues en Gran Canaria no se convoca a los no sancionados y en las otras tres el Santo Oficio
carecía de infraestructura y el censo se realizó durante una visita inquisitorial, lo que
favoreció la incomparecencia de los afectados como nos consta en varios casos. Entre algunos
de los otros datos que nos proporciona este recuento, destaca el que mientras un 8% de los
declarantes son hijos de matrimonios mixtos, en los comparecientes este porcentaje supone un
23%, lo que indica un acelerado proceso de integración. El origen de los 129 grancanarios que
aportan este dato es mayoritariamente andaluz, 108, de los cuales 50 son sevillanos; también
entre los 137 tinerfeños que indican su patria chica 97 proceden de la Bética, destacando los
66 onubenses y entre éstos los 25 de Lepe. Respecto a los años de estancia en Gran Canaria,
las cifras que más se repiten son cinco y diez años, mientras que en Tenerife son 20 y 30. 20
Aunque el censo lo confeccionaron el segundo y tercer inquisidor, por los años de estancia
es obvio que durante el mandato de Tribaldos la presencia conversa fue importante, lo que nos
consta además por las testificaciones. Sin embargo, Astero tenía razón cuando informaba del
escaso entusiasmo represivo de Tribaldos, pues su actuación rozó la inoperancia. Durante sus
quince años de inquisidor (1505­1520)
no relajó en persona ni a un solo condenado, tan sólo a
un supuesto islamizante en efigie. Baste recordar que únicamente procesó a 23 personas, once
de ellas por Judaísmo, a cuatro de las cuales se les suspendió el proceso, siete fueron
reconciliadas y diez penitenciadas, la gran mayoría entre 1506 y 1510. 21 Y no es que le
faltaran posibles víctimas: entre 1505 y 1506 recoge entre Gran Canaria, Tenerife y La Palma
75 testificaciones, algunas de ellas de gravedad, como la que ya referimos sobre la existencia
de una supuesta sinagoga.
Es obvio, pues, que no ejerció bien sus deberes de inquisidor. En su “defensa” cabría
alegar las múltiples ocupaciones que le proporcionarían sus restantes cargos: canónigo,
vicario episcopal, provisor y visitador general. Máxime, porque durante sus quince años al
frente del Santo Oficio, desde 1506 hasta 1520 en que fallece, aunque la sede episcopal está
teóricamente cubierta la mayor parte de este período, en realidad únicamente en 1514 y 1515
residirá el obispo en la isla. Por tanto, en los restantes trece años, Tribaldos será la cabeza
visible de la Iglesia canaria, con el trabajo consiguiente. 22 Pero además el título inquisitorial
no parece interesarle en exceso, tan sólo realiza una visita a Tenerife y a La Palma en 1506 a
cumplir estas funciones, pues si bien retorna a Tenerife tres años después titulándose
inquisidor y provisor, el motivo que le mueve es puramente eclesiástico: el impago de los
diezmos. Cuando en 1510 viaja a Lanzarote y a La Palma y en 1517 a La Gomera, lo hace
como visitador eclesiástico y el tipo de delitos que juzga pertenece a este ámbito:
amancebados, albaceas incumplidores, deudores de diezmos, etc.
Su desinterés por las tareas inquisitoriales no pasó desapercibido a sus contemporáneos. En
una carta que el visitador episcopal Pedro Hernández de Pavía escribe al Consejo de la
Inquisición el 8 de septiembre de 1520, explica que Tribaldos lleva dos años enfermo, pero
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
2024
que “sano y con salud es tan remisso como puede ver por lo que a echo en todo el tiempo que
tiene el cargo de inquisidor y visitador en esta diócesis hasta quel obpo. me proveyó nunca
pecado se corrigió en estas islas”. Esta última parte de su carta unida a su afirmación de que:
“sí algo me encomendáredes pienso segund mi zelo descastrar males”, nos sugiere que estaba
postulándose como sucesor de Tribaldos, que efectivamente moriría en diciembre. 23 Prueba,
asimismo, del desinterés de éste es que nunca luchó por aumentar el personal del tribunal que
era muy reducido: inquisidor, el fiscal Pedro de Góngora, y el notario Bartolomé de Palacios,
sustituido en 1509 por Pedro Ruiz de Caravantes. Para otras funciones se servía del personal
episcopal: alguacil, portero, alcaide de la cárcel, etc.
En definitiva, los quince años de mandato inquisitorial de Tribaldos se caracterizan por una
relativa inoperancia, máxime si lo comparamos con la actuación de los tribunales
peninsulares. Las causas son varias: la dedicación de Tribaldos a las tareas eclesiásticas en un
contexto conflictivo en determinados momentos que absorbería gran parte de su tiempo,
especialmente por el litigio que mantendría con las autoridades civiles por los límites del
señorío episcopal de Agüimes que le llevarían a excomulgar al gobernador y a los regidores
del Cabildo. 24 Pero no fue la única vez. En otra ocasión, en torno a 1504 volvió a aplicar la
misma sanción contra el anterior don Lope de Sosa y sus oficiales porque prendieron a los
miembros de una “cofradía escandalosa” que eran clérigos de corona. 25 También pudo influir
el deseo de no buscarse problemas con una sociedad que en gran parte era hostil a la
Inquisición, empezando por muchos de sus colegas de la catedral. Incluso pudo pesar un
sentimiento humanitario por sus posibles víctimas: en el proceso de Pedro Dorador donde se
detallan una serie de irregularidades jurídicas, en una nota marginal se escribe que “el juez fue
Tribaldos q. era mui buen ombre”. 26 Pero también existieron causas externas. Recordemos
que en mayo de 1505, Felipe el Hermoso ordenó al inquisidor general don Diego de Deza que
sobreseyera los procesos criminales hasta su llegada; que éste último al año siguiente ordenó
paralizarlos hasta nuevo aviso, y que en 1507 Deza se vio obligado a presentar la dimisión de
su cargo. Todo esto en un contexto de enfrentamientos entre Fernando y su yerno por el
gobierno de Castilla y con el trasfondo del la problemática del escándalo por la arbitraria
actuación del inquisidor cordobés Rodríguez Lucero, calificada por Meseguer de drama
nacional. 27 Tras la congregación General de 1508 se suaviza su actividad, y Jean La Sauvage
mantendría una postura similar, aunque frustrada por su muerte. 28 Posteriormente y hasta
1520, las presiones conversas, la actitud de Roma y las protestas de las Cortes hicieron temer
por la continuación del Tribunal, al menos con sus características fundacionales, a lo que hay
que sumar las perturbaciones derivadas del movimiento comunero que durarían hasta 1521. 29
UN VACÍO DE CUATRO AÑOS
Tras la muerte del primer inquisidor y hasta el 3 de enero de 1524, en que es nombrado el
sucesor, el distrito quedará sin este tribunal. Las causas de la dilación en este nombramiento
son, sin duda, las apuntadas con anterioridad y quizás alguna otra que ignoramos. Distintos
documentos corroboran la inoperancia de la institución: el 10 de junio de 1521 el secretario
Ruiz de Caravantes expone al inquisidor general que ya había avisado al fiscal de Sevilla,
Martín Ximénez, que obraban en su poder los procesos inquisitoriales que le había entregado
Tribaldos y suplicaba que proveyera al obispado de inquisidor. 30 Lo demuestra, también, el
que las testificaciones de estos años referidas a Canarias son recogidas en Sevilla, de donde
las traería el siguiente inquisidor. No obstante, existió un control de la herejía a través de los
inquisidores ordinarios. Así lo indica la comisión que el Cabildo eclesiástico en sede vacante
concedió al prior Alonso Byvas para reprimir la herejía en Telde y Agüimes de la que resultó
al menos el enjuiciamiento de un supuesto judaizante, el portugués Hector Méndez. En
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2025
octubre de 1523 extienden sus facultades a todo el obispado, especificando que se le concede
“para causas de Inquisición como ordinario con todo rigor de derecho, no obstante que el Sr.
Deán sea el provisor sede vacante”, es decir independientemente de la justicia eclesiástica. 31
No obstante, la situación revestía un cierto grado de confusión, lógico por el contexto local,
donde no sólo faltaba el inquisidor sino también el obispo, así, en el proceso del
converso Diego de Santo Domingo en 1522 el fiscal es el bachiller Góngora que lo era de la
Inquisición, mientras que el juez es el provisor eclesiástico Hernán Pérez de Herrera,
sustituido por Pedro del Brolio al que seguirá el canónigo Fernán Álvarez, para concluir en
manos del nuevo inquisidor. 32
En definitiva, aunque hay distintas actuaciones de la justicia eclesiástica llevada a cabo por
los provisores y por un inquisidor ordinario con intervención del fiscal del Santo Oficio en
algún caso, la tónica general de estos cuatro años es de lenidad al igual que en el mandato de
Tribaldos.
UN DIEGO RODRÍGUEZ DE LUCERO EN CANARIAS
El 3 de enero de 1524 es nombrado inquisidor de Canarias el fiscal de Sevilla Martín
Ximénez. Millares piensa erróneamente que lo era desde 1520 porque se titulaba chantre de
Canarias, pero aunque este hecho es cierto no lo es su nombramiento inquisitorial. En efecto,
el 16 de agosto de 1519 había obtenido este puesto en la catedral que había vacado por muerte
de su antecesor, pero el Cabildo eclesiástico decidió eliminarla para en su lugar crear cuatro
capellanías, de acuerdo con una cédula de don Fernando de 1515 que les autorizaba a suprimir
dos prebendas para sustituirlas por capellanías, por lo que el obispo únicamente le dio
posesión de la chantría. Martín Ximénez recurrió a Roma y León X le dio la razón. En 1520,
el rey ordenó que se le diese la canonjía y que se suprimiese la primera que quedaba vacante,
lo que no aceptó el obispo alegando que ya habían tomado posesión los cuatro capellanes.
Martín Ximénez recurrió a la justicia eclesiástica que excomulgó al deán y al Cabildo canario;
además, alegaba que tres de los cuatro capellanes habían muerto de peste por lo que podía
ocuparla, y crear capellanías con la primera que vacase. No cesó en sus pretensiones, ni
siquiera cuando el obispo Fernández de Arce le escribió el 4 de julio de 1522 solicitándole
que para la pacificación de la diócesis renunciara a la paga de su prebenda. 33 Finalmente, en
1523 Carlos I dio la razón al chantre en una real cédula que ordenaba se le diese la
canonjía de Francisco de Betancor que había fallecido. 34 No sería su único problema en las
islas antes de su llegada. Poco antes de venir, escribió un memorial al emperador denunciando
que había permutado con el bachiller Pedro Hernández de Pavía los cuatro beneficios que éste
tenía en La Palma por la capellanía de los Reyes Viejos de la catedral de Toledo, pero que
Pedro de Lugo, hijo ilegítimo del Adelantado, se había apoderado de dichos beneficios
consiguiéndolos del rey o de su consejo mediante engaños. Dado que no tenía posibilidades
de obtener justicia en la isla, pues Alonso de Lugo era su gobernador, solicita la intervención
real al respecto. 35
Martín Ximénez era un hombre del aparato, pues su pertenencia al mismo se remontaba al
menos a 1502, cuando fue propuesto para fiscal de Segovia. Tres años después pasó a servir
este cargo a Toledo al menos hasta 1514, y posteriormente lo haría en Sevilla. Lea lo
menciona entre aquellos servidores del Tribunal de Toledo, que habiendo sido agraciados con
esclavas propiedad de herejes condenados, les fueron arrebatadas por orden de Fernando el
Católico que las cedió a favoritos suyos y ante la protesta de los perjudicados apostilla con
ironía: “resulta sugestivo que no se deseara tan vivamente obtener esclavos varones”. A tenor
de lo que sabemos de las acusaciones que se le hacen sobre su vida sexual en Canarias, las
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
2026
sospechas del historiador americano pueden ser ciertas, pero de lo que no nos caben dudas es
de su falta de honestidad y no sólo por las afirmaciones en este sentido en las Islas, sino por la
pluma del propio inquisidor general, cardenal Cisneros. En un memorial que remite a los
miembros del Consejo de la Inquisición el 16 de junio de 1509 escribe que “me dieron çiertos
cargos cª. el fiscal de Toledo de çiertas falsedades y de cómo ha metido mano en la haçienda
de los presos e de ciertos cargos que no tocan a su offiçio e de otras cosas”. Quizás estos
hechos expliquen su lento ascenso en la carrera inquisitorial, pues la acabará en un distrito
menor como el de Canarias, tras al menos veinticuatro años de servicios. Su nombramiento
para este tribunal pudo deberse a que como fiscal de Sevilla estaba en relación directa con la
Inquisición de Canarias que dependía de la hispalense; además era chantre de su catedral.
Su imagen como inquisidor está más cerca de la que nos dibujaron los liberales y los
extranjeros en el XIX, un hombre venal y cruel, que de la que nos proporcionó Caro Baroja del
típico funcionario aspirante a ascender en el escalafón. En definitiva, la de un Rodríguez
Lucero cordobés. Baste mencionar, entre otros detalles, que de las diez víctimas de la
Inquisición canaria a lo largo de su historia, siete fueron condenadas por él en sólo dos años.
Su llegada a Gran Canaria se producirá en mayo de 1524, e inmediatamente promulgará
distintos edictos tendentes a realzar su cargo y a mostrar y a afianzar su poder. El 29 de mayo
publica el de gracia en la catedral ­pues
se prohibía la misa en otros templos­ante
una gran
parte de la población de Las Palmas, concediendo un plazo de 30 días a los herejes que
vinieran a confesar sus culpas, a cambio de no recibir sanciones materiales. A continuación se
leyó una exhortación a la denuncia donde se detallaban minuciosamente las prácticas
religiosas judías y mahometanas a fin de poderlas identificar y facilitar la denuncia; a partir de
este año se incluiría también el luteranismo. 36 También se instaba a las autoridades y al
pueblo en general a favorecer al Santo Oficio, lo que se ratificaba con un juramento de los
asistentes. Por último, se prohibía a los capitanes de navíos embarcar a nadie sin licencia
expresa del inquisidor, pues había conversos de musulmán y judío que se estaban ausentando
ante la llegada de Martín Ximénez. El mismo día se leyó el edicto en todas las localidades
importantes y posteriormente en el resto del Archipiélago. 37
En las instrucciones que le dictó el Inquisidor General Manrique le ordenaba que enviara
las testificaciones a Sevilla, para que este tribunal dictaminara sobre el enjuiciamiento.
Aprobado éste, debía remitir los procesos a esta ciudad para ser votados y devueltos a
Ximénez, quien los sentenciaría de acuerdo con la opinión de los inquisidores hispalenses. En
definitiva, existía un control del Santo Oficio sevillano sobre el canario, que no conseguiría su
independencia hasta 1567. Al menos en teoría, pues Martín Ximénez prescindió de estos
trámites: ni uno sólo de los procesos a relajados fue enviado a Sevilla.
Su poder va a ser considerable, pues el siguiente obispo Luis Cabeza de Vaca (1523­1530)
le va a nombrar inquisidor ordinario, provisor, visitador y vicario general de la diócesis, lo
que significaba que podía juzgar casi todos los delitos en una u otra jurisdicción y su
autoridad se reforzaría porque durante su estancia en Canarias el obispo no pisaría las Islas.
Es cierto que en Tribaldos concurrieron similares circunstancias, pero por su carácter no usó
estos poderes de la manera desaforada que lo hizo nuestro chantre. En palabras de sus
enemigos: “es vicioso de mandar”. 38
Dada la carencia de edificio inquisitorial residiría en el palacio episcopal, donde tendría
también su sede este tribunal. Aunque en las instrucciones de Manrique se le ordenaba
nombrar únicamente un notario, también las incumplió. Además del antiguo fiscal Góngora, a
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2027
quien confirmó en el cargo, eligió al regidor Juan de Escobedo como notario, aunque también
haría las funciones de secretario de secuestros y del secreto. Pero a continuación designó
receptor a Pedro Hernández de Peñalosa, alguacil a Jerónimo de Ocaña y después a
Bernardino de Lezcano. Su asesor jurídico sería un destacado personaje, el licenciado y
regidor Hernando de Aguayo, quien se jactaba de haber sido colaborador del célebre
inquisidor Lucero en Córdoba y que había sido acusado por el gobernador Bernardino de
Anaya de protagonizar un amago de movimiento comunero en Las Palmas. 39 Para las
calificaciones y votos recurriría a personal eclesiástico; además, sería el primero que
nombraría familiares, cuatro en total.
Desde el 21 de mayo de 1524, antes incluso de la lectura del edicto, comenzó a recoger
testificaciones que darían lugar a un importante número de procesos. Amancebadas, varias de
ellas de canónigos y regidores, logreros, sobre todo genoveses, clérigos culpados de distintos
delitos, hechiceras, supuestos judaizantes, perturbadores del Santo Oficio y otros delitos,
comparecerían ante Martín Ximénez, que los juzgaría como inquisidor o como juez
eclesiástico, pues detentaba ambas jurisdicciones, lo que acrecentaba su poder. A lo largo de
sus 26 meses de estancia como inquisidor sentenciaría a 114 personas, destacando las 56
hechiceras, 18 acusados de delitos contra el Santo Oficio (muchos de ellos en realidad por ser
sus enemigos), 13 judaizantes (de los cuales siete a la pena capital) etc. 40 El malestar
comenzaría a extenderse entre los afectados o que se veían en peligro de serlo, sus parientes y
amigos o incluso aquéllos que veían peligrar sus intereses por la persecución de otros. Por
ejemplo, el escribano Juan de Moya reconoció en su proceso ante el chantre, que su oposición
al mismo tenía como origen la huida de distintos mercaderes conversos que “le davan
provecho en su offiçio”. 41 El descontento se veía agravado porque la isla sufría entre 1523 y
1531 una epidemia de peste bubónica que provocaría numerosas muertes y el exilio de los que
podían permitírselo. De ahí que en un escrito contra el inquisidor se le denomine “segunda
pestilencia”. Una frase que se atribuye al poderoso mercader converso Álvaro de Herrera
resume bien este sentimiento: “Señores, ya esta isla no es la q. ser solía, no es tpo. de byvir
más en ella, porque en breves años será destruida y despoblada; por una parte quitan los
amancebados, por otra haçen pesquysa contra los logros, y sobre todo la Inquisición, por esto
no quedará vº. en ella”. 42
La ciudad acabaría dividiéndose en dos bandos en un clima de confrontación civil,
acaudillados uno por el chantre inquisidor y el otro por el gobernador Diego de Herrera,
hermano de Álvaro y del mismo origen. Ambos grupos usarían todo tipo de armas contra sus
antagonistas; detenciones, procesos, excomuniones, sanciones económicas, y por supuesto
acudirían a la corte con escritos y testimonios denigratorios del otro. No faltaron las
imputaciones de carácter moral; así el chantre fue acusado de estar amancebado con su ama,
de hacer bailar desnudas a las presas o de especular con trigo a través de un cuñado suyo,
almojarife en Cádiz. La situación bordeó la violencia, como cuando un criado del inquisidor
acusado de asesinar a un hombre se refugió en el palacio episcopal, y al negarse el chantre a
entregarlo el gobernador rodeó el edificio de pólvora y leña y amenazó con incendiarlo. Según
Aguayo los que apoyaron a Diego de Herrera eran conversos, mientras que los partidarios de
Ximénez eran cristianos viejos que estaban dispuestos de “meter espada a los conversos”. El
Domingo de Ramos de 1525 el gobernador, informado de que el chantre pretendía leer
un edicto de excomunión en misa contra él y los suyos, reunió a sus partidarios que
comparecieron armados y con criados moros con lanzas para evitar por la fuerza la lectura, lo
que fue innecesario porque Ximénez, prudentemente, desistió de sus propósitos.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
2028
La solución al conflicto vendría del exterior cuando el emperador decidió
salomónicamente cesar a ambos contendientes, aunque no sin que antes el gobernador se viera
obligado a presidir los dos autos de fe de 1526, en que fueron relajados siete personas. Ambos
partirían el mismo año para la Península. Ignoramos la suerte de Diego de Herrera; por su
parte Martín Ximénez seguiría denominándose en Madrid inquisidor de Canarias lo que
implica que su carrera se vio truncada. Debió de tener además la sensación de haber sido el
auténtico derrotado, pues en la correspondencia que mantiene con algunos de sus partidarios
desde Madrid, éstos le informan de que: “buyen bien los conversos e mofan e ríen e triunfan”,
o “q. éstos judíos que vra. md. tenía callados ya no son de sufrir”, o “que los confesos dicen
por su industria e negociación e dinero bastaron para echar desta a la Inqui”, mientras que
Álvaro de Herrera estaba tan contento “q. no asienta los pies en la trra”. Le sucedería el tercer
inquisidor don Luis de Padilla, quien gobernaría el tribunal desde abril de 1527 hasta su
fallecimiento en 1562.
En definitiva, lo que hemos querido exponer en estas líneas es que la creación o al menos
“el correcto” funcionamiento del tribunal de la Fe en Canarias tropezó con la resistencia de un
amplio sector de la población que englobaba no sólo a los posibles afectados, sino a otros que
pensaban que la persecución de los anteriores perjudicaba sus intereses. Conversos,
protestantes y moriscos, que representaban a los principales enemigos del Santo Oficio,
jugaban un destacado papel económico en las Islas. Varios de los primeros detentaban
algunos de los principales ingenios azucareros, principal actividad económica desde finales
del XV; otros eran destacados comerciantes. Por la dilación de la creación y “correcto”
funcionamiento del tribunal, la represión no alcanzó los niveles de los peninsulares. Los
nórdicos, ingleses y flamencos principalmente, adquirían gran parte del azúcar y más tarde del
cultivo que la sustituiría, el vino, y participarían en el proceso productivo, amén de en su
comercialización. Además de ser los principales favorecidos del intenso contrabando de la
plata y otros productos indianos. Una persecución sistemática de este grupo hubiera
representado una catástrofe económica para las Islas. El ejemplo de la oposición a la
actuación de don Claudio de la Cueva es significativo al respecto. Este recio inquisidor
castellano comprueba consternado, a poco de llegar, que las islas comerciaban abiertamente
con los enemigos y herejes holandeses, que aunque portaban falsos pasaportes de la Hansa,
los isleños, incluidas sus autoridades, conocían su procedencia. Inmediatamente confiscó
cinco navíos de este origen y encarceló a un centenar de marinos, lo que provocó las protestas
de las autoridades y de los vecinos de los puertos afectados ante Felipe II, que le ordenó que
cesara en sus actividades, pues eran competencia de la Corona. Por su parte, los moriscos
canarios, que vendrían voluntariamente o a la fuerza de las vecinas costas africanas,
representaban una destacada parte de la población conejera y majorera, amén de una fuerza de
trabajo necesaria en los ingenios. Por no hablar de que sin su concurrencia como adalides no
era factible la realización de unas de las más rentables actividades económicas isleñas desde
mediados del siglo XV a finales del XVI: las cabalgadas o razias esclavistas en Berbería.
Aunque obviamente hubo un control y actuaciones contra esta minoría, ni uno sólo fue
relajado en persona, lo que contrasta con la actuación de otros tribunales. En definitiva, que la
persecución extrema de estos grupos y su posible exilio implicarían un notable perjuicio
económico para el Archipiélago. De ahí la oposición a inquisidores “recios” como Martín
Ximénez o don Claudio de la Cueva.
No obstante, la mayor benignidad del Santo Oficio canario no implica que no cumpliera
con su papel de persecución de la disidencia y de modelador de conciencias. Las 2.319 causas
que se custodian en su archivo y las miles de testificaciones así lo demuestran. También
debemos recordar que ninguno de los tres grupos mencionados intentó catequizar a los
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2029
canarios, pues bastante tenían los que poseían otro credo con ocultarlo a la opinión pública.
En cuanto a otras disidencias ideológicas, Francisco Fajardo escribe: “probablemente haya
que concluir que sus edictos, sus procesos y sus castigos tuvieron una influencia en orden a
hacer desaparecer la expresión pública de determinadas opiniones y ciertas formas de
blasfemias, lo que seguramente afectó a las ideas que estaban detrás de ellas [...]” Pensamos
igualmente que logró interiorizar en la mente de la mayoría la noción de que ciertas conductas
en materia de sexo y de matrimonio, lo mismo que ciertas creencias y prácticas supersticiosas
eran reprobables y estaban prohibidas, otra cosa es que desaparecieran, aunque también hay
que resaltar que no fue la única institución encargada de estas tareas, pues la Iglesia y la
Corona también intervinieron. 43
Finalmente, el hecho de que su actuación fuera más benigna que otros tribunales
inquisitoriales no debe hacernos creer que no trajo aparejada sufrimientos a
numerosas personas. No sólo por los castigos o las exacciones económicas como multas o
confiscaciones, sino por las consecuencias legales o sociales que muchas sentencias traían
consigo, como no poder emigrar a Indias o entrar en religión, o vestir seda, oro, plata, ir a
caballo, etc. Por no hablar de que también implicaba ser mal visto socialmente, lo que
dificultaba aspectos diversos como el matrimonio, las relaciones de amistad, etc. Lo terrible
de la inquisición española no fue su crueldad, que en determinados aspectos fue menor que
otros tribunales españoles o extranjeros, sino como escribe Josef Pérez “la institucionalización
de una intolerancia y una represión continuada, organizada, burocratizada”, que pensamos que
pudo contribuir a crear una mentalidad de rechazo total al “otro” en mayor grado que en otros
países europeos y que contribuiría negativamente en el devenir hispano.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
2030
NOTAS
1 De La Rosa Olivera, L. y Serra Ráfols, E., El Adelantado d. Alonso de Lugo y su residencia por Lope de
Sosa , Fontes Rerum Canariarum, I.E.C., La Laguna, 1949, pp. 108­109.
2 Archivo Museo Canario, Bute, vol. I­1
ª serie, f. 100.
3 A.M.C., Millares Torres, A., Índice de ilustraciones y documentos de las Islas Canarias, pp. CLXI­CLXIV.
4 A.M.C., Bute, vol. I, 1ª s., fols. 83 y 97v.
5 A.M.C., Bute, vol. I, 1ª s., f. 80.
6 De La Rosa Olivera, L­Serra
Ráfols, E., Op. cit., pp. 95­96.
7 A.M.C., Bute, vol. I, 1ª s., fols. 101, 138v.­139.
8 De La Rosa Olivera, L.­Serra
Ráfols., E., Op. cit. , p. 18. Lope de Sosa es el protagonista del conocido
poema de Baltasar del Alcázar Cena jocosa, p. XV.
9 A.M.C., Inqui. CLII­2,
f. 39.
10 Acuerdos del Cabildo de Tenerife , vol. III (1514­1518),
I.E.C., La Laguna, 1965.
11 Millares Torres, A., Historia General de Las Islas Canarias, Edirca, Las Palmas, 1975, t. II, p. 214.
12 A.M.C., Bute, vol. I, 1ª s., f. 100v.
13 A.M.C., Bute, vol. I,1ª s., fols. 93 y 44.
14 Archivo Acialcázar, leg. Inquisición. También en A.M.C., CLII­2,
f. 287.
15 Anaya Hernández, L.A., “Los judeoconversos y la creación de la Inquisición canaria a través de un
documento inédito”, en Tebeto IV, Anuario del Archivo Histórico de Fuerteventura
16 Ronquillo Rubio, M., Los orígenes de la Inquisición en Canarias 1488­1526,
C.I.G.C., Madrid, 1991,
p. 96.
17 Anaya Hernández, L.A., “Los aborígenes canarios y los Estatutos de Limpieza”, El Museo Canario,
XLIX, Las Palmas de Gran Canaria, 1992/1994, pp. 127­140.
18 Anaya Hernández, L.A., “Un guanche ante la Inquisición”, El Museo Canario LII, Las Palmas de Gran
Canaria, 1997, pp. 221­226.
19 Dedieu, J.P., “¿Pecado original o pecado social? Reflexiones en torno a la constitución y a la definición
del grupo judeoconverso en Castilla?”, Manuscrits, Barcelona, 1985, pp. 71­72.
20 Anaya Hernández, L.A., Judeoconversos e Inquisición en las Islas Canarias (1402­1605),
Cabildo
Insular de Gran Canaria­ULPGC,
1996.
21 Fajardo Spínola, F., Las víctimas del Santo Oficio. Las Palmas, 2003, pp. 76­77.
22 Santana Cazorla, S. y Sánchez Rodríguez, J., Obispos de Canarias y Rubicón, Eypasa, Madrid, 1997,
pp. 66­78.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Creación y primeros años del Tribunal del Santo Oficio …
2031
23 A.M.C., Bute, vol. I­1
ª s., f.188v.
24 Cazorla León, S., Agüimes: Real Señorío de los obispos de Canaria. (1486­1837),
Real Sociedad
Económica de Amigos del País, Las Palmas, 1984, p. 47.
25 A.G.S. Cámara de Castilla, Pueblos 5.
26 A.M.C., Inqui., CLVIII­25,
f. 18.
27 Meseguer Fernández, J.,”El período fundacional (1478­1517)”,
en Historia de la Inquisición en España y
América, B.A.C., Madrid, 1984, t. I, pp. 346­349.
28 Rábade Obradó, Mª, Los judeoconversos en la Corte y en la época de los Reyes Católicos, Madrid,
Universidad Complutense, pp. 256­257.
29 García Cárcel, R., Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia, 1478­1530,
Ed.
Península, Barcelona, 1976, t. I, pp. 84 y 93­96.
30 A.G.S. Cámara de Castilla, Memoriales, leg. 141, nº. 478.
31 A.M.C., Bute, vol. II ­1
ª s, f. 217 v. Millares, A., Extractos de las actas del Cabildo eclesiástico, A.M.C.,
Ms.
32 A.M.C., Inqui., leg. CXXX­2.
33 Cazorla León, S. y Sánchez Rodríguez, J., op. cit. , p. 78.
34 A.G.S., Cámara de Castilla, f. 159.
35 A.S., Cámara de Castilla, Memoriales, leg. 160, nº. 93.
36 Vill Calleja, I., “La oportunidad previa al procedimiento: ‘los Edictos de Fe’”, en Historia de la
Inquisición en España y América , B.A.C., Madrid, 1993, t. II, p. 328.
37 A.M.C., Bute, vol. II­1
ª s., fols. 1­15.
38 A.G.S., C.R., leg. 7­5­,
f. 66.
39 Anaya Hernández, L.A., “El movimiento comunero en Canarias. Su incidencia en la conflictividad
grancanaria de 1524­1526”,
IX C.H.C.A., Las Palmas, 1990.
40 Fajardo Spínola, F., Las víctimas del Santo Oficio, Las Palmas de Gran Canaria, 2003, pp. 309­312.
41 A.M.C., Inqui., leg. CXXX­4,
f. 1078.
42 A.M.C., Bute, vol. VI­1
ª s., f. 95. Álvaro de Herrera era un rico mercader y dueño de tierras e ingenios,
perteneciente a la conocida familia conversa toledana del mismo apellido, algunos de cuyos miembros se
instalarían en Canarias y terminarían enlazando con lo más granado de su sociedad, a pesar de su origen,
como María de la O Música Herrera, que enlazaría con D. Gonzalo de Saavedra, señor de Fuerteventura.
Para conocer la historia de esta familia en Toledo, ver: Martz L., The network of converso families in
early modern Toledo. The University of Michigan Press, 2003.
43 Fajardo Spínola, F., op. cit., p. 305.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009