Un consenso estratégico : las ordenanzas navales de 1793

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UN CONSENSO ESTRATÉGICO: LAS ORDENANZAS NAVALES DE 1793
Anuario de Estudios Atlánticos
ISSN 0570-4065, Madrid-Las Palmas (2008), núm. 54-II, pp. 43-81
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UN CONSENSO ESTRATÉGICO:
LAS ORDENANZAS NAVALES DE 17931
P O R
AGUSTÍN GUIMERÁ RAVINA
NÉLIDA GARCÍA FERNÁNDEZ
«La Marina, en las instituciones de go-bierno
y economía, es capaz de todo el gra-do
de perfección a que alcance la prudencia
y el saber del hombre, y debe ser la máquina
más bien montada de una monarquía».
(Teniente General JOSÉ DE MAZARREDO,
1801)2
RESUMEN
Durante la gestión de Antonio Valdés como Secretario de Marina (1783-
1795) el imperio español llegó a su máxima extensión territorial, duplican-do
la existente en 1740. Este cambio gigante de escala representaba todo
un reto para los reformistas ilustrados, a la hora de gestionarlo. Aunque
Europa disfrutó de una década de paz, la búsqueda de la seguridad maríti-ma
imperial fue otra prioridad del gobierno de Floridablanca, como otras
potencias navales. La monarquía se jugaba mucho en el plano estratégico.
Ambos factores demandaban una Armada más eficiente y moderna. Se apos-tó,
entre otras cosas, por una nueva ordenanza naval. En este trabajo pre-
1 Este trabajo es deudor de nuestras conversaciones con Antonio La-fuente,
historiador de la ciencia en el Instituto de Historia, CSIC, a quien
agradecemos nuevamente su estímulo intelectual. Por supuesto, todas las
opiniones vertidas aquí son responsabilidad única de sus autores.
2 Informe de Mazarredo al Rey sobre su misión diplomática en París y
sus ideas de restauración de la Armada, Aranjuez, 10.05.1801; FERNÁNDEZ
DURO (1973), t. VIII, p. 237.
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sentamos la génesis de las Ordenanzas Navales de 1793, entendidas como
una búsqueda de un consenso estratégico en el seno de la Armada, hacien-do
hincapié en dos temas que consideramos fundamentales: la conciliación
de «la pluma y la espada»; y la apuesta por la meritocracia en el contexto
de una sociedad estamental.
Palabras clave: España, América, Atlántico, Historia, Guerra Naval, Ar-mada,
administración, ordenanzas.
ABSTRACT
The Spanish Empire reached its maximun expansion in land and sea
during the administration of Antonio Valdés, Secretary of the Navy. It
duplicated the size it had in 1740. This change on scale was a big challenge
for the Spanish Enlightened reformers. How to manage this big empire? In
other hand, in the middle of a peaceful time in the European relations, the
Floridablanca’s government was searching for a better maritime imperial
security, as other maritime powers. Both factors demanded a modern and
efficient Navy. One measure was to make a new naval ordinance. This paper
explores the genesis of the 1793 Naval Ordinances as a search for a stra-tegic
consensus in the Armada itself, pointing out two main topics: the
conciliation of «the Sword and the Pen» and the triumph of meritocracy in
the Spanish society of Ancient Régime.
Key words: Spain, America, Atlantic, History, Naval Warfare, Navy,
administration, ordinances.
Hoy se está superando aquel enfoque exclusivamente nega-tivo
del reinado de Carlos IV (1788-1808). La historiografía ac-tual
señala, en primer lugar, el inicio de la crisis de la monar-quía
borbónica a finales del reinado de Carlos III. Por esta razón
la crisis no se debía solamente a la influencia de la Revolución
Francesa y mucho menos a las intrigas cortesanas. En segundo
lugar, está demostrado que el movimiento ilustrado creció nota-blemente
durante Carlos IV, superando los logros alcanzados en
tiempos de su padre, especialmente en el terreno educativo y
científico3. En relación al mundo naval, el reformismo borbónico
fue decisivo para la Armada durante los primeros años de su
reinado.
3 El marco político de la época cuenta con una bibliografía muy exten-sa.
Seguimos en esta síntesis los estudios de ESCUDERO (1979) (2002); GIL
CREMADES (1971); HERNÁNDEZ FRANCO (1984); LAPARRA (2002); LÓPEZ-COR-DÓN
(2004); MARTÍNEZ RUIZ (1991) (2003b); MOLAS RIBALTA (2005); y SECO
SERRANO (1956) y (1988).
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El período 1789-1808 debe enmarcarse además en la deno-minada
«época de las revoluciones atlánticas», que afectó a to-das
las monarquías europeas. En el caso de España, la crisis y
final del Antiguo Régimen se prolongará, como mínimo, hasta
los años treinta del siglo XIX, con el último acto del proceso
desamortizador. Pero lo que caracteriza a esta época, en rela-ción
a las anteriores, es que la crisis política española se mani-festó
a un ritmo más rápido y su desenlace fue más acelerado
que en otras dimensiones históricas, como la sociedad, la eco-nomía
o la cultura.
Hasta 1789 el resurgimiento de la monarquía española se
había inscrito en un sistema europeo de equilibrio de poderes
inaugurado en Utrecht. El mantenimiento del status quo inter-nacional
por aquellos estados mercantilistas como España, con
sus posesiones coloniales y monopolios comerciales —caso de la
Carrera de Indias—, demandaba ejércitos y armadas poderosas,
apoyadas por sistemas administrativos y fiscales eficientes.
Había que reformar para conservar. El reformismo borbónico
fue entonces la forma mas desarrollada de la monarquía abso-luta,
donde el rey estaba tanto al servicio del Estado como del
bien público, donde la filosofía ilustrada había penetrado en
grupos sociales próximos al poder y al soberano.
Pero el reformismo tenía sus límites. Sus protagonistas no
pretendían transformar el mundo sino mejorarlo. Su entusias-mo
se enfrentaba a numerosos retos. Los proyectos invadían
atribuciones de todo tipo, entrando en colisión con los intereses
creados de los propios grupos a los que pretendía captar para
sus fines: los estamentos privilegiados de la nobleza, el clero y
su catolicismo ortodoxo, los militares y los altos funcionarios.
Además debía tener presente a los poderes corporativos —ciu-dades,
gremios, grupos profesionales y universidades— y el pue-blo,
que se movía entre la apatía y el conservadurismo. Los
únicos medios con que se contaba para lidiar estas fuerzas era
un Estado sin una centralización completa, dotado de una ad-ministración
pequeña. Se daba una lucha de facciones para al-canzar
el pacto en cualquier reforma emprendida.
A menudo, la élite ilustrada española, tras participar en las
tareas propias de gobierno, podía alejarse del poder, al compro-
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bar las ambigüedades y resistencias al cambio. La sociedad te-nía
unos límites de elasticidad que no se podían traspasar. Fi-nalmente,
las reformas de toda clase exigían medidas financie-ras
y administrativas muy grandes, lo que constituía una especie
de círculo vicioso, de causalidad circular.
Por lo que respecta a la Armada, una nueva mirada se está
imponiendo en la historiografía española de estos últimos años.
La historia naval cada vez se integra más en una historia total,
encardinada en las instituciones, la política, la diplomacia, la
economía, la sociedad, la cultura, el arte, la ciencia y la tecno-logía.
La guerra naval se contempla así como una pieza más del
mosaico de las relaciones internacionales del siglo XVIII. Por
otra parte, la historia comparada nos permite valorar los acier-tos
de la Armada de la Ilustración en relación con sus dos riva-les,
Gran Bretaña y Francia.
Esta visión más totalizadora nos descubre una Armada dife-rente,
donde han existido zonas de silencio. Mediante una nue-va
lectura de las fuentes podemos explorar este organismo, ob-servar
sus grandes potencialidades, medir sus logros y señalar
aquellos factores externos e internos —pues existieron fuerzas
reaccionarias en su seno—, que impidieron su reforma comple-ta.
Existió una Armada posible dentro de una España posible4.
En este trabajo vamos a presentar la génesis de un logro del
reformismo borbónico: las Ordenanzas Navales de 1793, redac-tadas
por el teniente general José de Mazarredo, por encargo del
entonces Secretario de Marina Antonio Valdés (1783-1795), du-rante
el gobierno del conde de Floridablanca (1777-1792).
Nuestra hipótesis es que las Ordenanzas deben de ser enten-didas
como una búsqueda de un consenso estratégico en el seno
de la Armada. Sin esta premisa el organismo no podía cumplir
la misión encomendada por el gobierno: el de ser instrumento,
garantía y cómplice de su política imperial.
Se trata de una aproximación a un tema muy complejo, dig-no
de un trabajo más extenso. No vamos a tratar aspectos tan
4 Para una panorámica general de la Armada en esa época véase CEPEDA
GÓMEZ (2005); ESPAÑA (1989); GUIMERÁ RAVINA (2005); GUIMERÁ RAVINA
(2003); MARTÍNEZ RUIZ (2003a); MERINO NAVARRO (1981); MERINO NAVARRO
(1986); y TORRE (2003).
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reveladores de esta nueva recopilación legislativa, como puedan
ser el lenguaje del legislador o el protocolo de uso: sistematiza-ción
de las materias, confección de índices o citas marginales y
establecimiento de concordancias. Ni siquiera nos detendremos
en su propuesta de creación del Almirantazgo —imitando a los
británicos— o los grandes avances que hacía en relación a la
«policía», «economía» y disciplina de la Armada. Aquí sólo ha-remos
hincapié en dos temas que consideramos fundamentales
para la comprensión de este texto legal: la conciliación de «la
pluma y la espada»; y la apuesta por la meritocracia en el con-texto
de una sociedad estamental.
Nuestro análisis se basa en dos documentos clave de este
proceso: el plan de la nueva ordenanza de 1784 y la exposición
final de 1792, ambos redactados por Mazarredo5. Tras resumir
el contexto político de la época, estudiaremos las características
definitorias de toda ordenanza, la figura de Mazarredo y su
equipo, así como el proceso de gestación de este valioso instru-mento
jurídico. A modo de epílogo, incidiremos en la crisis del
reformismo y el deterioro rápido de la monarquía de Carlos IV,
factores que impidieron que las Ordenanzas alcanzasen plena-mente
sus objetivos en los años posteriores a su publicación.
5 Correspondencia entre José de Mazarredo y Antonio Valdés sobre la
redacción de las Ordenanzas Generales de la Armada (Archivo del Museo
Naval- Madrid, Colección Mazarredo, legs. 2343-2349, 1784-1793). En es-tos
legajos hay numerosa información sobre el proceso de recopilación y
publicación de las ordenanzas, que no citaré pormenorizadamente en este
trabajo. Véase VIGÓN SÁNCHEZ (1987), pp. 11-30. Los documentos clave de
nuestro análisis son Prospecto de una nueva Recopilación de Ordenan-zas
Generales de Marina, Bilbao, 15.12.1784, en carta a Valdés de esa fecha
(leg. 2349, t. XX, fols. 6-11); y Exposición sobre la Recopilación de Orde-nanzas
de la Armada y lo coordinado hasta aquí para ella que se presenta, y
sobre la necesidad de su publicación, Madrid, 20.02.1792, en carta a Valdés
de esa fecha (leg. 2345, t. XV, fols. 47-58).
Agradecemos al personal de la Biblioteca-Archivo del Museo Naval
todas las facilidades que nos han dado para llevar a cabo esta investi-gación.
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1. EL REFORMISMO NAVAL DE FLORIDABLANCA
El año en que el bailío Antonio Valdés fue nombrado Secre-tario
de Marina el imperio español llegó a su máxima extensión
territorial, abarcando gran parte del continente americano, el
Caribe, las Filipinas, la metrópoli y sus archipiélagos adyacen-tes.
En efecto, tras la Paz de París en 1783 el imperio alcanzó
los cien millones de kilómetros cuadrados, lo que representaba
el doble de lo que poseía en 1740. Este cambio de escala gigan-tesco
representaba todo un reto para los reformistas ilustrados.
La gestión política, administrativa, económica y militar del im-perio
requería nuevas formas de imaginarlo.
Costas, mares y océanos eran elementos claves de este espa-cio
imperial, vehículos de comunicación y fronteras naturales
con otras potencias. De ahí que la Armada tuviese un prota-gonismo
esencial en el gobierno de Floridablanca. Esta apuesta
era clara en su instrucción de 1787 para la Junta Suprema de
Estado, influido por el propio Valdés. La Armada debía de tener
primacía en los gastos militares de la monarquía, para la defen-sa
del comercio y sus colonias:
«Siendo como es y debe ser la España potencia marítima por
su situación, por la de sus dominios ultramarinos y por los in-tereses
generales de sus habitantes y comercio activo y pasi-vo,
nada conviene tanto, y en nada debe ponerse mayor cui-dado,
que en adelantar y mejorar nuestra Marina...»6.
La búsqueda de la seguridad imperial era pues una priori-dad
del gobierno, al igual que otras potencias marítimas euro-peas
tras el final del conflicto norteamericano. Aunque el conti-nente
disfrutó de un relativo período de paz hasta 1793, la
monarquía española se jugaba mucho en el plano estratégico.
Como veremos, el conflicto de Nutka en 1790 constituyó todo
un signo de esta tensión internacional, pronto agravada por los
acontecimientos revolucionarios en Francia. La carrera arma-mentista
que desplegaron las potencias marítimas obligaba a
grandes desembolsos.
6 FLORIDABLANCA (1952), artículo CLXIX.
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En este sentido, la Armada llegó a representar el 40% de los
presupuestos militares durante el período 1788-1792, signo del
protagonismo que le concedía Floridablanca. En 1790 el tone-laje
de guerra de la alianza hispano-francesa superaba teórica-mente
en un 21% al de Gran Bretaña7.
Dada la inmensidad de este mundo marítimo y la pequeñez
del «laboratorio» metropolitano, el Estado necesitaba de una
Armada que fuese una «máquina» eficiente y moderna. En este
sentido el balance del esfuerzo realizado por Valdés hasta 1793
—el inicio de la Guerra contra la Convención francesa— fue
espectacular, dando lugar a una organización naval más eficaz:
constante innovación tecnológica; búsqueda de la autonomía
nacional en materias primas estratégicas; desarrollo de los arse-nales
dentro de un sistema integrado de distintas fábricas estata-les
al servicio de la Armada; aumento de las unidades de la flo-ta
de guerra; armamento completo de las embarcaciones;
crecimiento del número de oficiales —así como el énfasis en su
formación científica—; y medidas para incrementar la marine-ría.
Y todo ello se hizo bajo un riguroso control del gasto. La
experiencia exitosa de la Guerra de Independencia de los Esta-dos
Unidos había pues animado a la monarquía española a rea-lizar
un gran esfuerzo de reforma del organismo.
Al final del ministerio de Valdés en 1795 la marina española
era un verdadero coloso al servicio del imperio, con sus finan-zas,
infraestructuras, conocimientos, técnicos y clientes. La Ar-mada
contaba entonces con 75 navíos de línea —catorce de tres
puentes—, 51 fragatas y 182 buques menores, con todo el per-sonal
e infraestructura anexo: arsenales, astilleros, fábricas,
apostaderos, academias de guardiamarinas, colegios, hospitales,
observatorio, depósito hidrográfico, contaduría, etc.8
7 Se trata de una estadística europea que contabiliza solamente los
buques de guerra con capacidad de desplazamiento superior a las 500 to-neladas.
España poseía entonces 242.200 toneladas y Francia 314.300 to-neladas,
frente a las 458.900 toneladas de la Royal Navy. Pero hay que te-ner
en cuenta las grandes dificultades que tuvieron los aliados para armar
sus buques durante el largo período bélico posterior a 1793; GUIMERÁ
RAVINA (2005).
8 Memorial de Valdés al Rey, 06.08.1800; ESCUDERO (1979), t. I, p. 567.
En el Estado de la Armada en 1807, tras las pérdidas de Trafalgar, se con-
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La Armada fue así un instrumento al servicio de la verte-bración
interior en España y el mantenimiento de la integridad
imperial, como lo prueban las actuaciones en materia científica
durante las décadas ochenta y noventa, propiciadas por Valdés:
la culminación del ciclo expedicionario científico, la confección
de los derroteros y atlas marítimos, o la fundación del citado
Depósito Hidrográfico9.
¿Cómo gestionar esta máquina imperial desde la Armada?
Floridablanca y Valdés apostaron, entre otras cosas, por una
nueva ordenanza naval. La vigente —la de 1748— no se aco-modaba
ya a las nuevas circunstancias. En «un alarde de uto-pía
burocrática» —en palabras de Lafuente y Valverde—, el Es-tado
intentó meter la Armada y el océano en una ordenanza,
como trató de abarcar el imperio en un mapa y la monarquía
en una estadística10.
2. LAS ORDENANZAS NAVALES COMO TEXTO LEGAL
Según los historiadores del derecho, las ordenanzas poseen
características propias que las diferencian de otros cuerpos le-gales.
Son un conjunto extenso de normas de carácter reglamen-tario
que se dictan para regular el funcionamiento de una ins-tabilizaban
todavía 42 navíos, 30 fragatas y 156 buques menores; pero se
indicaba además la cifra de 87.836 personas que componía teóricamente
su plantilla. Entre ellas figuraban 1.252 oficiales de guerra, 120 guar-diamarinas,
381 pilotos, 400 oficiales de mar, 562 oficiales de los tercios
navales, 2.485 de estado mayor de artillería y artilleros, 12.096 infantes de
marina, 11.878 operarios de maestranza, 96 ingenieros, 557 del cuerpo de
ministerio, 194 médicos y cirujanos, 186 del cuerpo eclesiástico, 49.138
marineros de la matrícula, 823 operarios de maestranza matriculados y los
inválidos; FERNÁNDEZ DURO (1973), t. VIII, pp. 400-401.
La Secretaría de Marina durante este período ha sido estudiada por
FRANCO RUBIO (2000); y PERONA TOMÁS (1998) pp. 270-312.
99 LAFUENTE-VALVERDE (2005).
10 Nuestras reflexiones de este apartado se han basado en recientes tra-bajos
llevados a cabo por historiadores de la ciencia en el CSIC. Véase, por
ejemplo, LAFUENTE-VALVERDE (2003) (2005) y el volumen colectivo de
LAFUENTE-CARDOSO-SARAIVA (2007).
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titución11. Para algún marino de guerra se trata del «conjunto
de leyes orgánicas, doctrinales y disciplinarias que están en vi-gor
y obligan a la Unidad», que siguen un plan metódico y sis-temático.
De ello se deriva que «el jefe, que no es ordenancista
y manda en contra de lo preceptuado en las Ordenanzas, es un
indisciplinado»12. Otro autor, al referirse a las ordenanzas mi-litares,
distingue entre las ordenanzas-organización, que se
ocupan de la organización, contabilidad, administración, leyes
penales, honores y obligaciones de los mandos; y las ordenan-zas-
código moral, que tratan de los deberes y derechos de cada
empleo13. Las Ordenanzas de 1793 perseguían ambos objetivos,
como veremos enseguida.
El propio Mazarredo era consciente del tamaño y dificultad
de la empresa, afirmando que debía de ser un cuerpo jurídico
de carácter general, donde no se omitiese ápice alguno, capaz
de encadenar toda la legislación necesaria. Frente a las pruden-tes
instrucciones y reglas dictadas por un general de escuadra,
un general de departamento o por el propio Director General de
la Armada, dictadas al hilo de las cambiantes circunstancias del
servicio, la ordenanza era otra cosa:
«No es así en una Ordenanza Real, que desde su primera luz
ha de aparecer sin tilde de disonancia, reuniendo sus partes
con tal consecuencia que ningún principio fundamental se
halle contradicho en la más mínima de ellas»14.
Frente a lo arbitrario, dudoso e incomprensible para el or-den
del servicio, se alzaba la ordenanza. Las reglas de uso co-mún,
adulteradas progresivamente con toda clase de prácticas
viciosas, se sometían entonces al canon establecido. La ordenan-za
era un ejercicio de disuasión, de filtración de conductas.
11 CABRERA BOSCH (1982), p. 246.
12 FERNÁNDEZ NÚÑEZ (1973a) p. 175. Agradezco al Capitán de Navío José
María Blanco, de la CEHISMI, por indicarme la existencia de este trabajo.
La bibliografía sobre ordenanzas navales no es muy extensa. Véase espe-cialmente
FERNÁNDEZ NÚÑEZ (1973b) (1974a) (1974b) (1974c): (1974d):
(1974e); O’DONNELL (1988) (1989); y SALAREGUI Y MEDINA (1867).
13 SALAS LÓPEZ (1992), p. 86.
14 Exposición de la Ordenenza por Mazarredo, 1792 [nota 5], fol. 49.
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Entre sus virtudes se encontraban las de abarcar magnitudes
enormes —la Armada y el océano—, y recopilar masas ingentes
de información, que clasificaba y jerarquizaba según un siste-ma
clasificatorio. Al hacerlo normalizaba, homogeneizaba, daba
coherencia a las partes, establecía correspondencias unívocas y
evitaba confusiones legales. Era un excelente sistema de control
a distancia, ya se tratase de la comandancia de un arsenal es-pañol,
una escuadra en el Mediterráneo, un apostadero ameri-cano
o un navío en Filipinas.
3. EL BINOMIO VALDÉS-MAZARREDO
Los autores de este cuerpo legal eran exponentes del refor-mismo
ilustrado. Ambos fueron líderes a la altura de aquellas
circunstancias difíciles.
Hay que distinguir la autoridad del liderazgo. La primera
emana de posiciones de mando, un poder otorgado para orga-nizar
un servicio e implantar la norma, como pueda ser un jefe
militar. Pero el liderazgo, que puede conllevar un cierto ejerci-cio
de autoridad, nos obliga a enfrentarnos a problemas que no
tienen soluciones simples o indoloras, que exigen asumir respon-sabilidades,
aprender nuevos métodos, apostar por la innova-ción,
cambiar nuestras actitudes y valores. El líder, tras llevar a
cabo un diagnóstico exacto de la situación, moviliza a sus se-guidores
para alcanzar juntos metas socialmente útiles, un ho-rizonte
razonable de modernización. Las relaciones de autoridad
entre el líder y sus seguidores se basan en la mutua confianza,
en un espíritu compartido de servicio a la comunidad.
Antonio Valdés (1744-1814) fue un gran organizador y polí-tico.
Había sido elegido ministro a los treinta y ocho años, tras
una carrera fulgurante en la administración naval: inspector de
arsenales, inspector de escuadras y director de la fábrica de ar-tillería
de La Cabada. Protegido del anterior secretario de mari-na
marqués de Castejón, durante los doce años que fue minis-tro
Valdés dio un gran impulso al movimiento reformista naval.
Bajo su égida la Armada alcanzó su punto culminante, como
queda dicho. Merced a esta política se pudo hacer frente con
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cierta eficacia a los compromisos navales durante la Guerra de
la Convención (1793-1795). También desarrolló una buena la-bor
durante su mandato interino de la Secretaria de Hacienda,
Guerra, Comercio y Navegación de Indias (1787-1790).
Todo indica que tuvo una buena relación con su primer
ministro Floridablanca, siendo el impulsor de la creación de la
Junta Suprema de Estado (1787-1792), antecedente del moderno
consejo de ministros. Valdés diseñó un magnífico programa de
política naval en las citadas instrucciones que se redactaron para
este organismo, donde nada se dejaba al azar. Todo lo relaciona-do
con Marina e Indias aparecía en un discurso integrado: de-fensa
americana y mediterránea, política exterior y posesiones
extranjeras en el Nuevo Mundo, ejército, milicias coloniales,
Armada y fomento de actividades marítimas para aumentar la
marinería al servicio del rey (comercio libre, cabotaje y pesca).
Como buen líder, Valdés se supo rodear de grandes colabo-radores.
Entre ellos destaca el teniente general José de Ma-zarredo
(1745-1812), a quien le unía una gran amistad, tuteán-dose
en su correspondencia privada.
Mazarredo es considerado el mejor exponente de la Armada
en el siglo XVIII español. Dotado de una gran formación mari-nera,
salvó en cuatro ocasiones a las escuadras combinadas his-pano-
francesas en las operaciones del Canal de la Mancha du-rante
la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Gran
organizador, llevó a cabo el desembarco y reembarco de las tro-pas
españolas en Argel en 1775, una actuación modélica en su
género. Como mayor general de la escuadra de Córdoba, tuvo
un gran protagonismo en el combate del cabo Espartel en 1782.
También destacó como diplomático, siendo responsable de las
paces con Argel en 1786. Además de la redacción de las orde-nanzas
de 1793, escribió cinco obras sobre construcción naval,
táctica y navegación. Valdés le encomendó otras misiones du-rante
su ministerio, como un informe sobre estudios mayores en
las academias, la dirección de la campaña de pruebas en el sis-tema
de construcción naval de cuatro buques de la Armada, el
apresto de algunas expediciones científicas y tantos más. El
binomio Valdés-Mazarredo funcionó muy bien a la hora de re-formar
la institución.
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Mazarredo también supo elegir al equipo para trabajar en la
Corte sobre la recopilación de las nuevas ordenanzas. Se le
unieron los tenientes de navío José de Vargas Ponce, Luis Ma-ría
de Salazar y Pedro Verdugo, el capitán de fragata Francisco
de Moyúa y su secretario Antonio Ruiz de Guzmán. Algunos
destacarían posteriormente en el ámbito profesional —Salazar
y Verdugo—, o académico, como Vargas Ponce.
Pero la figura más sobresaliente de su equipo fue el capitán
de navío Antonio de Escaño (1752-1814). Excelente marino,
gran organizador, magnífico teórico, gran táctico y líder nato,
participó en las batallas navales más importantes de su tiempo,
acompañando a su jefe Mazarredo en la mayoría general de la
escuadra de Córdoba en el citado combate del cabo Espartel. Su
ayuda a la confección de las ordenanzas fue inestimable, encar-gándose
personalmente de la redacción del Tratado Tercero,
sobre el cargo y obligaciones del comandante de un buque, sus
oficiales y cargos de todas clases. Mazarredo reconoció el gran
auxilio prestado por Escaño a las ordenanzas «por su honda
posesión en el orden militar y económico del servicio»15. Fue
admirado por los marinos de su tiempo. Para ellos representaba
un verdadero «oráculo de ordenanza», según palabras de Vargas
Ponce.
El binomio Mazarredo-Escaño continuó actuando a la per-fección
en los años siguientes. Ambos dejaron una huella pro-funda
en muchos compañeros de armas y subordinados. Algu-nos
de ellos serían los futuros héroes de Trafalgar16.
15 Exposición de la Ordenanza por Mazarredo, 1792 [nota 5], fol. 57.
16 Para Valdés véase ESCUDERO (1979); (GARCÍA RÁMILA (1930); PERONA
TOMÁS (1998); y VALDÉS OZORES (2004). Sobre Mazarredo existen los estu-dios
de ARMADA Y DÍEZ DE RIVERA (1989); BARBUDO DUARTE (1945); y NÚÑEZ
(1945); Sobre Escaño se puede consultar los trabajos de GUIMERÁ (2005a);
GUIMERÁ RAVINA (2003) y (2005); QUADRADO Y DE-ROO (1852); y VARGAS Y
PONCE (1962). Existe un trabajo en prensa de GUIMERÁ, A.: «Imitando al
enemigo: el plan de reforma naval de Antonio de Escaño (1807)», en Ho-menaje
a Dolores Higueras, Museo Naval, Madrid.
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4. LA REDACCIÓN DE LAS ORDENANZAS
Ya en septiembre de 1784 Mazarredo había aceptado el en-cargo
de redactar la ordenanza, aunque él proclamaba su incli-nación
al mando en campaña, el adelantamiento de materias
como la Geografía y la Táctica Naval. Había nacido para man-dar,
no para legislar, como afirma Fernández Núñez. Sin em-bargo,
se tomó el trabajo con el celo acostumbrado, proponien-do
su plan de recopilación en diciembre de ese mismo año.
Era un proyecto ambicioso. La recopilación abarcaría cinco
tomos: tres de ellos dedicados al Cuerpo General de la Armada
—es decir las fuerzas navales propiamente dichas—; el cuarto a
los arsenales e ingenieros de marina; y el quinto a otros cuer-pos
y servicios auxiliares. Estos últimos eran el cuerpo de mi-nisterio,
la matrícula de mar y la matrícula de montes. Es de
gran interés el índice de materias, porque indica el propósito
reformador de Mazarredo en el reparto de competencias, como
las referidas al Cuerpo de Ministerio o el Almirantazgo (véase
Apéndice).
Pero Valdés ocupó el tiempo de Mazarredo con otras obliga-ciones
paralelas: la citada campaña de pruebas de cuatro na-víos
y fragatas en el verano de 1785; informes legales sobre
múltiples materias de la Armada; y su incorporación como se-gundo
a la escuadra del marqués del Socorro, con motivo de la
crisis de Nutka entre mayo de 1790 y enero 179117. El propio
17 Con motivo del apresamiento de un paquebote y una balandra ingle-sas
en el puerto de Nutka, situado en la costa noroeste de América, en ju-lio
de 1789, el gobierno británico amenazó a España con la guerra al año
siguiente. En junio de 1790 partió una escuadra de Portsmouth en direc-ción
sur y Valdés ordenó a la escuadra del marqués del Socorro que se
situase en Finisterre para seguir sus movimientos. España cedió finalmente
a las presiones británicas, por dificultades financieras y falta de apoyo de
Francia, firmando un convenio muy desfavorable en octubre de ese mismo
año, que permitía la navegación y el comercio británica en esta área del
imperio. La escuadra española fue desarmada. Véase FERNÁNDEZ DURO
(1973), t. VIII, pp. 9-17.
En los legajos 2343-2349 de la Colección Mazarredo [nota 7] hay innu-merables
consultas de Valdés a Mazarredo sobre el régimen de la Armada
durante aquellos años de preparación de las ordenanzas.
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Mazarredo confesaba en su exposición de febrero de 1792 que
la recopilación de las ordenanzas le había llevado poco más de
dos años.
La obra final sólo abarcó los dos tomos referidos al Cuerpo
General de la Armada, con estas materias:
• Tratado Primero: Del Almirante General.
• Tratado Segundo: Del Cuerpo General de Oficiales de Gue-rra
de la Armada.
• Tratado Tercero: Del cargo y obligaciones del Comandante
de un bajel, y de las de sus Oficiales de Guerra, Mayores y
de Mar y cargo de todas clases.
• Tratado Cuarto: De las Banderas e Insignias de los bajeles,
Saludos y Honores que han de hacerse en ellos, y los que
corresponden a los Oficiales de la Armada, así a bordo
como en tierra y en sus funerales.
• Tratado Quinto: De la Policía interior, servicio ordinario y
disciplina marinera y militar de los bajeles.
• Tratado Sexto: De la Economía: que comprende el alta y
baja de los Equipajes, y la cuenta y razón de los pertre-chos
y víveres de los bajeles, lo sueldos en general, las gra-tificaciones
de mesa y otras, y las revistas, tanto en tierra
como a bordo, y de los viajes a Indias18.
Instaba a su publicación inmediata, pues reportaba muchas
ventajas al servicio. En ellas se dejaba claro el reparto de fun-ciones
entre el Cuerpo General —la espada— y el Cuerpo de
Ministerio —la pluma—. También se ponía el énfasis en su co-nocimiento
y cumplimiento como condición necesaria para los
ascensos en la Armada. Ambas cosas las analizaremos a conti-nuación.
Mazarredo presentaba además el plan de un Tercer Tomo,
con estas materias:
18 El término de Policía hace referencia al aseo, el de la Disciplina al
cumplimiento del servicio marinero y militar; y el de la Economía a los
aspectos orgnizativos y la correcta administración de los bienes de la Ar-mada.
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• Tratado Séptimo: Disciplina de escuadras en la mar.
• Tratado Octavo: Jurisdicción y Justicia.
El marino se comprometía a redactar el tratado séptimo, el
relativo a la disciplina de escuadras en la mar, sobre cuyos
materiales estaba ya trabajando. Su publicación urgía mucho,
pues no existía tratado alguno sobre esta materia hasta el pre-sente.
El momento en que lo escribía era revelador de esta pre-ocupación:
en Febrero de 1792 el panorama internacional no
era muy halagüeño, con la efervescencia revolucionaria en
Francia. Mazarredo consideraba este tratado como un suple-mento
a los tratados segundo y tercero de la ordenanza, refe-rentes
a los comandantes de escuadra y bajel. La necesidad ac-tual
obligaba a editarlo sin las marginaciones y concordancias
posibles. Posteriormente se podrían confeccionar tablas con
este fin.
En cuanto al tratado de jurisdicción y justicia, se podría
publicar lo ya recopilado, sacándolo de la dispersión actual
existente en la ordenanza de 1748. Existía una sola novedad:
un Tribunal de Preboste para las escuadras en tiempo de
guerra19.
Con ambos tratados se completaba el conjunto de institucio-nes
relativas al uso de las fuerzas propiamente navales.
Mazarredo era realista sobre sus limitaciones a la hora de
acometer el estudio de las materias pendientes. Opinaba que la
elaboración de las ordenanzas referentes a los otros Cuerpos de
Marina se podría organizar de la manera siguiente:
• Guardiamarinas y Pilotos: coordinadas por Mazarredo.
• Infantería y Artillería: realizadas por sus propios coman-dantes
y revisadas por Mazarredo, pues ya figuraban en los
dos tomos de las nuevas ordenanzas las funciones de la
tropa embarcada, en materias de servicio y policía; sólo
había que reglamentar su régimen de economía interior y
su relación con sus jefes.
19 El capitán de preboste era el encargado de la policía a bordo de los
barcos y, en general, del cumplimiento exacto de la ordenanza.
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16
En relación a los tratados de Ingenieros, Cuerpo de Ministe-rio,
Arsenales, Matrícula de Mar, Pesca, Comercio, Montes y
demás instituciones auxiliares, Mazarredo confesaba no tener las
fuerzas ni los conocimientos para abordar su redacción:
«... y otras tantas cosas como debe abrazar el Código general
del gobierno de una Marina con sus conexiones políticas, eco-nómicas
e industriales, confieso con toda ingenuidad que dis-ta
tanto de mis fuerzas, que no podría comprometerme a tal
empresa sin servicio cierto de S. M... siendo lo mucho que ig-noro
podré errar en estos asuntos, no efecto de la falta e es-tudio
con la más intensa meditación, sino meramente de no
alcanzar estos medios y mis facultades el predominio que pide
el tratarlos, y que sin vergüenza puede protestar el primer
Marino del mundo no haberle llegado a adquirir...»20.
Por fin, en Junio de 1792 Valdés comunicaba a Mazarredo
que el Rey había autorizado publicar los dos tomos ya prepara-dos,
sin esperar a los otros que estaban en elaboración. Ya ha-bía
firmado el pliego de la Real Cédula que precedería a la obra.
Era notoria la prisa de Valdés por dotar a la Armada de un
nuevo cuerpo legal, con el fin de hacer frente a los aconteci-mientos
que se estaban desarrollando en Europa, con el rey
francés secuestrado por la Asamblea.
En cuanto a las demás cuestiones de su informe Valdés era
comprensivo con la situación y le ordenaba siguiese trabajando en
el tratado séptimo sobre disciplina de escuadras. Para la prepara-ción
del tratado octavo sobre jurisdicción y justicia Mazarredo
contaría con la ayuda del oidor José de Arias Paternina, que ha-bía
servido un tiempo en la Asesoría de la Inspección General de
Matrícula. Valdés estaba de acuerdo en que los tratados referen-tes
a los cuerpos de artillería e infantería fueran redactados por
sus jefes respectivos, siguiendo instrucciones de Mazarredo. El
tratado de arsenales lo haría el propio Inspector General. Por
último, las ordenanzas del Cuerpo de Ministerio, Matrícula, Mon-tes
y Pesca se publicarían separadamente. De hecho, sabemos que
algunas de estas materias habían sido objeto reciente de norma-lización
legal. Era demasiado pronto para revisarlas.
20 Exposición de Ordenanza, 1792 [nota 5], fol. 57.
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17
El título final de la obra no fue el propuesto por Mazarredo
—Recopilación de ordenanzas de la Armada naval— sino el de
Ordenanzas generales de la Armada naval. El camino para la
edición de esta magna obra estaba expedito.
Tras la resolución de pequeñas dudas referidas a algunos
artículos, las ordenanzas se imprimieron y encuadernaron en el
primer semestre de 1793. Su número fue de 6.000 ejemplares
encuadernados en pasta y 50 ejemplares encuadernados en ta-filete,
todos ellos de tamaño folio común. La mayoría de los
ejemplares fueron editados en papel ordinario y unos pocos en
papel fino o superfino. Durante el verano se imprimieron ade-más
1.500 ejemplares de los formularios para la cuenta y razón
de pertrechos y víveres a bordo. En Octubre ya se había repar-tido
un total de 2.794 ejemplares de las ordenanzas en los tres
departamentos de marina. A comienzos de Noviembre se auto-rizó
la venta pública de 200 juegos de papel superfino y 600
juegos de papel fino en la Corte. Se concedió además el plazo
de un mes para que los ministros de los tribunales del reino
disfrutasen de una preferencia en la compra. El proyecto de
ordenanzas navales había llegado a buen puerto.
5. ANÁLISIS DEL DISCURSO
En su exposición de 1792 Mazarredo exponía los objetivos de
estas ordenanzas: ordenar el servicio militar de la Armada y
mantener así «la dignidad debida a su Real Corona y Nombre,
y asegurar con sus fuerzas navales la felicidad de sus vasallos».
Representaban pues un acto de dignificación del reformismo
borbónico, la popularización de un discurso de modernidad na-val.
En nombre del honor de la monarquía y la nación, este
cuerpo legal quería convertirse en una fuente de convicción,
creadora de consensos sociales, donde la voluntad de orden y el
principio de autoridad se hallaban legitimados.
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5.1. Conciliación de la pluma y la espada
Desde inicios de la centuria el Secretario de Marina e Indias
era un marino, otro reflejo del proceso de militarización de la
administración borbónica. Esta característica lo diferenciaba de
la Francia prerrevolucionaria y lo asemejaba a Gran Bretaña.
Cada personaje iba escalando posiciones dentro de la Armada
hasta convertirse en ministro, normalmente por recomendación
del secretario saliente. Se le exigía no sólo aptitudes administra-tivas
sino también una formación náutica y militar, para poder
hablar al rey con conocimiento de causa.
Esto llevó aparejado desde comienzos de la centuria el lla-mado
conflicto entre la pluma y la espada. Por un lado estaba
el Cuerpo del Ministerio, formado por funcionarios civiles. Eran
burócratas bajo la órbita de los intendentes de marina, también
civiles, que poseían grandes poderes en los tres departamentos
existentes. Por otro existía el Cuerpo General, representado por
los oficiales de marina y otros empleos. Durante los mandatos
de Patiño, Campillo y Ensenada ganó la pluma. Los tres habían
salido del Cuerpo del Ministerio. Se mantuvo el poder omnímo-do
de los intendentes hasta 1772. Algunos ilustres marinos de
la época, como el marqués de la Victoria, criticaron la tiranía
de los burócratas de Ensenada y la preponderancia administra-tiva
impulsada por el ministro.
La pugna entre la pluma y la espada fue muy larga. El pro-pio
marqués de la Victoria, un líder naval incómodo, fue margi-nado
por Patiño, Campillo, Ensenada y Arriaga, que querían
llevar a cabo una política naval personalista, sin que nadie les
hiciera sombra. Una de las formas de orillarle fue, naturalmen-te,
indisponerle con el rey, mediante acusaciones falsas. De nue-vo
triunfaba el Cuerpo del Ministerio sobre el Cuerpo General.
Esta situación comenzó a invertirse a partir de 1772, duran-te
el final del mandato del Secretario de Marina Julián Arriaga,
cuando Pedro de Castejón, su colaborador más directo, creó el
cuerpo de ingenieros de la Armada, que actuaban de forma
autónoma frente a los intendentes. Las ordenanzas de arsena-les,
promulgadas en 1776 por el nuevo ministro, el propio
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19
Castejón, inclinaron también el fiel de la balanza hacia el Cuer-po
General, al mermar las atribuciones de los intendentes en
esta materia clave. Durante la administración de Valdés, este
objetivo se alcanzó plenamente. El ministro pudo contar con el
apoyo del jefe del gobierno, Floridablanca. Durante su gestión
ganó la espada sobre la pluma.
Mazarredo, en su plan de 1784, indicaba que la ordenanza
de 1748 no se había ocupado del Cuerpo del Ministerio y la
calificaba de obra maestra en su género. Pero durante el proce-so
de recopilación legislativa observó una serie de carencias gra-ves
en esta ordenanza, que enumeró en su exposición de 1792:
• Un magnífico texto legal sin medios para su cumplimiento.
• Ausencia de fórmulas para llenar las distintas obligaciones.
• Inexistencia de un análisis para asegurar el orden frente a
las variadas circunstancias del servicio,
En definitiva, no había modo de llenar los cargos de sustan-cia.
Pero iba más lejos en su crítica:
«Sabido es y consta por un informe de 1755 cuán amargamen-te
se dolía su mismo compilador de que se le hubiese preci-sado
a trabajar con tanta prisa, y formado el empeño de pu-blicarla
inmadura, sin esperar a que la práctica de unas pru-dentes
experiencias acabase de enseñar lo que faltaba cono-cer
para instituirla con acierto... y de aquí fue aquella inme-diata
necesidad, que no ha cesado, de adiciones que forman
un volumen mucho mayor que la Ordenanza primitiva. A pe-sar
de tanta adición, como nunca ha ocurrido consultar sobre
modos de llenar los cargos de Dirección General, Comandan-cias
de escuadras, Mayoría General y de Departamento o Es-cuadra,
y de Oficial de Marina en general, mandando o de
subalterno, ni sobre Policía y Disciplina de escuadras, de
bajeles y de puertos»21.
El estudio de Fernández Núñez nos desvela el misterio de
esta obra incompleta. Su autor, el capitán de navío Joaquín
Aguirre y Oquendo, había sufrido grandes presiones del equipo
ensenadista. Pactó a regañadientes la redacción del tratado V
21 Exposición de Ordenanza, 1792 [nota 5], fol. 50.
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sobre arsenales y no quiso redactar el tratado X sobre el Cuer-po
de Ministerio, por considerarlo un atentado a la autonomía
del Cuerpo General. La ordenanza sancionaba la dualidad de
jurisdicciones, la existencia de dos jefes en cada departamento:
el político, encarnado por el intendente; y el militar, representa-do
por el capitán general. El conflicto estaba servido, pues la
omnipotencia del intendente coartaba la libertad de actuación
militar. En palabras de Fernández Núñez, «dejó pendiente el
eterno problema del mando»22.
Mazarredo afirmaba ahora que las nuevas ordenanzas «con-cilian
las funciones de la espada y la pluma, quitando todo
motivo de cortes de aquélla y borrones para ésta»23. El subraya-do
es nuestro. Con ello se buscaba la unidad y armonía del ser-vicio.
Las funciones y competencias de cada dignidad o cargo
quedaban claramente delimitadas, poniendo punto final a la
polémica. El eje principal de la Armada era ya el Cuerpo Gene-ral.
Los intendentes pasaban a ser simples funcionarios distin-guidos,
según ha puesto de relieve O’Donnell.
5.2. Meritocracia
Siguiendo al profesor Alder, la historia de la meritocracia es
la historia de las instituciones y las negociaciones que se llevan
a cabo en su seno sobre la forma de aplicar unas normas de
promoción interna. La relación entre quién triunfa y qué cosa
obtiene depende pues de quién defina el éxito y cómo lo defina.
En este sentido, los marinos, al igual que otras élites ilustradas
—ingenieros, científicos, abogados, funcionarios civiles, etc.—
trataron de legitimar su capacidad técnica, su condición de ex-pertos,
haciendo referencia a los mecanismos sociales que go-bernaban
su promoción, unas reglas por las que se juzgaban a
sí mismos. Durante la época ilustrada va surgiendo de esta
manera una nueva forma de organización que hoy llamamos
profesional.
22 FERNÁNDEZ NÚÑEZ (1973b), pp. 460-463.
23 Exposición de Ordenanza, 1792 [nota 5], fol. 55.
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21
Pero esta idea sobre un tratamiento impersonal del mérito
entraba en contradicción con el sistema tradicional de promo-ción:
origen nobiliario —por ejemplo, los candidatos a guardia-marinas
debían demostrar su hidalguía—, patronazgo y fideli-dad
personal, todos propios del Antiguo Régimen. Por ello estos
colectivos buscaban un marco institucional que reconciliase su
estatus elitista y su competencia técnica. Los marinos españo-les,
al igual que los ingenieros militares franceses, probablemen-te
encontraron una solución al defender la valoración de sus
capacidades técnicas —matemáticas, astronomía, navegación,
maniobra, construcción naval, artillería, etc.— en términos de
un servicio eficiente al Estado. Esta meritocracia planeada
—concluye Alder— fue una construcción política deliberada, un
espacio social dirigido a un nuevo fin: servir al Estado24.
Ya en 1787 Valdés, en las instrucciones de la Junta Supre-ma
de Estado, apostaba claramente por premiar el talento de
los oficiales de la Armada y precisaba la forma de juzgar sus
méritos: informes del comandante del buque, consejo de guerra
en caso de combate, conocimiento de las ordenanzas y maes-tría
en la navegación y maniobra. A propósito de las escuelas
de náutica y pilotaje Valdés era bien explícito:
«...y que sepan los oficiales de marina que, sin la ciencia ne-cesaria
de los principios y arte de navegar, no han de ser pro-movidos
»25.
Mazarredo, en su exposición de 1792, defendía la idea de que
el oficial que ignora no puede mandar. Sus observaciones sobre
el futuro tratado séptimo de la disciplina de escuadras en la mar
24 ALDER (1999). Según este autor, la meritocracia es un sistema «by
which persons are ushered into their proper station in life. We rise as high
as we deserve — or if you prefer, as high as we merit... meritocracy is one
of the key organizing ideals of modern society, a principle widely lionized
as the only just and efficient way to award society’s favours.» (p. 95). Agra-dezco
al profesor Juan Pimentel, historiador de la ciencia en el CSIC, el
haberme indicado la existencia de este trabajo tan revelador.
25 Instrucciones para la Junta Suprema de Estado en FLORIDABLANCA
(1952). Son los artículos CLXVIII- CLXIX, CLXXIV, CLXXVI-CLXXXVI. La
cita es del artículo CLXXXVI.
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22
constituyeron una defensa de las ordenanzas como la búsqueda
de la uniformidad, la eficacia y, por lo tanto, el control a dis-tancia:
«Un General, sentado en la Ordenanza los principios de sus
instrucciones, ni dudará las que deba formar, ni necesitará de
prolijidad para explicarlas, ni sospechará que dejen de ser en-tendidas
y debe gastar tiempo en aclararlas, ni finalmente
tendrá excusas en las que omita formar, por no haber medi-tado
profundamente en todas y cada una de las partes de su
importante cargo».
Se quejaba, en consecuencia, del desconocimiento de la or-denanza
de 1748 por muchos oficiales:
«... lo cierto es que habrá más de mil oficiales que no tienen
Ordenanza, que nunca han podido estudiarla, que jamás han
conocido más reglas que las de un uso común, adulterado pro-gresivamente
con todos los vicios que sin más concausa va
produciendo el tiempo mismo...».
Y confirmaba un secreto a voces, como es el ascenso inme-recido
de oficiales que no se habían preocupado por estudiarla.
Daba así un paso más en su defensa de la meritocracia, consi-derando
las ordenanzas como una buena regla para medir el
talento:
«... como lo es no menos que pide mucho tiempo el corregir
el mal presente, por ser ya muy grande el número de los que
pujado varias graduaciones, sin saber los deberes constituti-vos
de las más subalternas, y cuesta invencible repugnancia
el descender a aprenderlos; siendo además verdad de fe ma-rina
militar que, a pesar de los desvelos del Rey y de los es-fuerzos
del Ministerio para el cumplimiento de sus intencio-nes
soberanas, será un imposible lograrse propuestas de rigu-rosa
justicia para las promociones de la Armada, hasta enca-denar
todos los eslabones que forman el conocimiento seguro
del orden de suficiencia, mérito o demérito de cada individuo,
a cuyo importante necesario fin solo se llegará con el estudio
y sana larga práctica de lo recopilado...»26.
26 Exposición de Ordenanza, 1792 [nota 5] pp. 55-56.
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23
Esta larga cita se comenta por sí sola. Las Ordenanzas se
convertían así en un sistema jurídico-político que buscaba crear
nuevos acuerdos en el seno de la Armada, un consenso estraté-gico
para hacer frente al escenario naval europeo, cada vez más
complejo y amenazador. Mazarredo confeccionó al año siguien-te
un modelo de informes sobre los méritos de la oficialidad que
reflejaba este espíritu modernizador27.
6. LAS ORDENANZAS EN LA CRISIS DE LA MONARQUÍA
6.1. El fin del ministerio de Valdés
Siguiendo a Acerra y Zysberg, una marina de guerra preci-saba,
entre otras cosas, la toma de conciencia de un estado más
o menos centralizado, que garantizase una financiación conti-nuada.
Debía tener bien clara la razón de su existencia. Una
marina de guerra demandaba tiempo, dinero, experiencia y vo-luntad
por parte del gobierno y de los altos mandos de la Ar-mada28.
Pero todo ello faltó en los años siguientes a la publica-ción
de las ordenanzas, ante la decadencia naval. Intentaremos
señalar los hitos de este proceso histórico, aunque sea de una
forma esquematizada.
Ya en 1792, antes de la publicación de las ordenanzas, los
acontecimientos políticos se precipitaron, transformando a cor-to
plazo el panorama en el que había actuado el reformismo
naval de Valdés.
Siguiendo al profesor Imíscoz, en una sociedad estamental
como la del siglo XVIII, donde no había una separación entre lo
público y lo privado, las redes de poder eran vitales para el ejer-cicio
del ministerio. Hay que tener presente que la corte de Carlos
IV, por ser la encarnación de la monarquía absoluta y el princi-pal
centro neurálgico de poder, se convertía e en el foco inicial
de las relaciones de poder entre las élites dirigentes del reino, un
27 «Modelo para los informes de las circunstancias de los Oficiales de
la Armada», por Mazarredo, Madrid, 07.08.1793 (Archivo Museo Naval –
Madrid, Colección Mazarredo, leg. 2346, fols. 71-76).
28 ACERRA-ZYSBERG (1997).
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24
campo de fuerzas controlado por hombres poderosos que
actuaban al frente de extensas clientelas, para captar cargos,
recursos, honores y prebendas. «Más que con instituciones, se
gobernaba con hombres». Gobernar significaba también admi-nistrar
relaciones privadas. Gobernar era negociar aún más que
mandar. El ministro se movía en un espacio político inestable29.
Valdés se rodeó de una red de colaboradores eficaces en su
secretaría y los tres departamentos marítimos de Ferrol, Car-tagena
y Cadiz. Apeló también a las amistades profesionales,
caso de Mazarredo. Sacó partido asimismo de los vínculos deri-vados
de su pertenencia a la orden militar de San Juan, apo-yando
a un colaborador suyo Francisco Gil de Lemus, pues
ambos eran caballeros. Pero la clave de su actuación ministe-rial
fue el apoyo recibido por el conde de Floridablanca.
Sin embargo el todopoderoso Secretario de Estado encarna-ba
sólo a una facción cortesana, la de los «golillas»: funciona-rios
de origen hidalgo —Valdés y Mazarredo formaban parte de
esta categoría— y con formación jurídica, cuya base de poder
era el servicio al Estado y no la cuna, que defendían el absolu-tismo
del rey y la centralización administrativa.
Frente a esta facción se encontraba el denominado «partido
aragonés», encabezado por el conde de Aranda, ilustrado tam-bién,
compuesto mayoritariamente por aristócratas y militares.
Sus integrantes poseían otro programa político:
«...se oponían a la preeminencia del alto funcionario burocrá-tico
y deseaban que el papel de los reinos tradicionales no
fuera ahogado totalmente por la centralización; creían en un
Consejo de Estado [que no Junta Suprema de Estado] como
pieza fundamental de gobierno para limitar el poder real y el
ministerial y reclamaban una activa participación de la noble-za
por derecho propio en dicho Consejo, lo que equivalía a
decir en la máxima esfera de Poder»30.
Habría que añadir a este panorama las fuerzas reacciona-rias,
encarnadas por ciertos miembros del clero y la nobleza,
opuestos frontalmente a las reformas.
29 IMÍZCOZ (2004), p. 67.
30 MARTÍNEZ RUIZ (1991), p. 154.
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Más aún, ya desde 1784, fecha en que Mazarredo inicia su
trabajo en las nuevas ordenanzas, Floridablanca había dado un
sesgo conservador a su gobierno —defensa de la religión, sumi-sión
al Papado, impulso a la actividad de la Inquisición—, no
permitiendo la mínima crítica al poder. Esto no sólo se debía a
esas luchas cortesanas sino también a factores externos a la vida
política, pues según Laparra, los gastos del Estado no paraban
de incrementarse, se estaba rayando el límite de las posibilida-des
fiscales deparadas por el sistema —a pesar de la emisión de
vales reales— y existía un gran descontento en una parte de la
población ante las limitaciones del Antiguo Régimen, que
contrastaba con el auge económico, palpable en el crecimien-to
del comercio y la manufactura. A ello se unían dificulta-des
coyunturales, como las malas cosechas o la saturación de
los mercados americanos, por efecto del Comercio Libre, que
había inundado Indias de productos europeos con la llegada de
la paz.
El inicio de la Revolución Francesa complicó aún más
el panorama político. Los esfuerzos de Carlos IV por salvar a
Luis XVI y su familia chocaron a la larga con la decidida hos-tilidad
de Floridablanca al fenómeno revolucionario, circuns-tancia
que acarreó serios problemas diplomáticos. Esta circuns-tancia
fue aprovechada por sus adversarios. Bajo la presión
francesa, provocaron su caída en febrero de 1792, ocupando su
lugar el mismo conde de Aranda.
Sin embargo, el noble aragonés —una figura histórica polé-mica—
no supo dominar la situación, siendo sustituido por
Manuel Godoy, que gozaba de la confianza absoluta de los re-yes,
en noviembre de ese mismo año. El gobierno de Godoy se
extendería hasta el motín de Aranjuez en 1807, salvo el parén-tesis
de 1798-1800, en que fue apartado del poder por razones
de política exterior.
En su primera etapa ministerial, Godoy quiso continuar el
reformismo borbónico, manteniendo a raya a la Inquisición y la
nobleza, preocupándose por el progreso científico, técnico y cul-tural
español. Mazarredo pudo terminar sin sobresaltos la pu-blicación
de las Ordenanzas en 1793. Incluso Godoy apoyó la
fundación del Instituto de Gijón en noviembre de ese año, la
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gran obra de Jovellanos, que lo había solicitado repetidamente
al gobierno a través de Valdés.
Pero el panorama internacional se había agravado. A partir
de 1789 se produjo la quiebra espectacular de los derroteros
políticos europeos, liquidando, en palabras de Seco Serrano, la
tradición política anterior. Esta circunstancia afectó directamen-te
a aquella concepción diplomática y militar de Floridablanca,
que, como vimos, se basada en la primacía de la Marina y la
alianza con la monarquía francesa, para sumar las fuerzas na-vales
de ambas potencias y neutralizar a Gran Bretaña en sus
ambiciones coloniales. Todo ello se vino abajo en pocos años.
La crisis por la que atravesaba Francia amenazaba el siste-ma
de equilibrio de poderes en Europa y sus colonias. De ahí
las reticencias españolas a la hora de sumarse a las coaliciones
antirrevolucionarias. Una victoria de las naciones europeas so-bre
Francia traería, como consecuencia, la supremacía de los
enemigos de España. La superioridad naval británica sería más
grande que nunca, amenazando así los territorios americanos.
La monarquía de Carlos IV debía pues consolidar una buena
inteligencia con Francia, para que ambas potencias se comple-mentasen
en sus intereses coloniales, mediante el apoyo naval
mutuo. Se debatía entre las motivaciones ideológicas, que la
empujaba a una alianza con Gran Bretaña y la Europa anti-rrevolucionaria,
y los intereses estratégicos, que la aproximaban
a Francia para enfrentarse a Gran Bretaña en el mar.
Antes de la caída de Floridablanca el incidente de Nutka en
1790 había demostrado que España ya no podía contar con una
aliada decidida en la Francia revolucionaria, que tenía otras
prioridades en sus compromisos internacionales. Ahora la mo-narquía
de Carlos IV tenía que hacer frente sola a las deman-das
británicas en América. Pero lo peor estaba por llegar.
La ejecución de Luis XVI por el gobierno francés condujo
inevitablemente a la guerra —denominada Guerra de la Conven-ción
o de los Pirineos— que se declaró en marzo de 1793. Es-paña
dio así un giro copernicano a su política exterior de casi
un siglo, viéndose obligada a romper la tradicional alianza con
Francia y coaligarse con otras potencias europeas contra la
Convención, entre ellas Gran Bretaña.
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El equipo de Mazarredo se dispersó. En Junio de 1793 todos
sus ayudantes habían sido destinados al departamento de
Cartagena, para emplearse en los armamentos de buques. Su
jefe continuó en Madrid hasta la publicación de las ordenanzas.
La guerra duró poco (1793-1795), con resultados militares
desastrosos para España, aunque la actuación de la Armada fue
mucho mejor que la del Ejército. Carlos IV se vio pues obligado
a firmar la Paz de Basilea en julio de 1795.
Mientras tanto, el ministerio de Valdés tocaba a su fin. Un
factor político de carácter interno debió de influir en su mar-cha.
Su protegido, el prestigioso marino Alejandro Malaspina,
que había arribado a España de su gran expedición científica
en 1794, había intrigado en la corte para conseguir la destitu-ción
de Godoy, al que acusaba de falta de voluntad para em-prender
las necesarias reformas en América. Finalmente fue
arrestado en noviembre de 1795. Ese mismo mes Valdés conse-guía
la exoneración de su cargo, tras doce años de gestión.
En este último año Mazarredo pasó a Cádiz para mandar
una escuadra, siendo pronto elegido jefe de la escuadra del
Mediterráneo. A su lado iba como mayor general su sempiterno
colaborador Escaño. Ambos pusieron en práctica allí todo lo que
habían desarrollado en las nuevas ordenanzas, a pesar de las
carencias que padecía la escuadra bajo sus órdenes.
6.2. La alianza hispano-francesa y la decadencia
de la Armada
Tras la paz de Basilea se firmó un nuevo tratado con Fran-cia
en San Ildefonso, en agosto de 1796, sancionando una alian-za
defensiva-ofensiva entre ambos estados, con la colaboración
de sus fuerzas navales, entre otras medidas. Aquello significaba
para España una contradicción entre dos fidelidades: una mo-narquía
absoluta con dominios coloniales, a la que debía
exigírsele una coherencia ideológica en su política exterior eu-ropea,
se aliaba con una Francia republicana y regicida persi-guiendo
solamente intereses de estado. La finalidad era unir
ambas marinas para hacer frente a la superioridad naval de
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Gran Bretaña —otra monarquía— y sus ambiciones ultramari-nas,
además de sancionar la superioridad militar de Francia. Se
trataba de un momento en que el equilibrio europeo se polari-zaba
entre dos antagonismos: la ideología republicana y revolu-cionaria
contra la postura monárquica y conservadora, cuando
no reaccionaria.
En resumidas cuentas, la amenaza en la esfera internacio-nal
era doble: en España, por la posible guerra terrestre con un
ejército francés más poderoso; en América, por la superioridad
de la Royal Navy en caso de no existir la alianza francesa, jun-to
a la presencia de otros competidores en el continente, como
los rusos y estadounidenses. Godoy optó por Francia, el menor
de los males31.
En octubre de ese año se declaró la guerra a Gran Bretaña.
El conflicto fue devastador para la monarquía española, ante la
actividad corsaria y el bloqueo desarrollado por los británicos,
que interrumpieron los intercambios normales entre España y
sus posesiones ultramarinas. El sistema colonial quedó desarti-culado.
En 1797 —considerado el peor año en el comercio ame-ricano
de la época— el gobierno se vio obligado a abrir las co-lonias
al comercio de neutrales, con los consiguientes perjuicios
a la economía metropolitana. La situación de los puertos espa-ñoles
fue catastrófica. Tras un respiro después de la Paz de
Amiens —que abarcó los años 1802-1804—, el comercio colonial
se hundió en el período siguiente.
La crisis fue también financiera. Las guerras marítimas ha-bían
comprometido demasiado la cuenta de resultados colonial
a lo largo del siglo: los gastos del imperio empezaban a superar
a los ingresos. La capacidad de crédito público, clave en una
potencia marítima, se tambaleó ante la ausencia de los cauda-les
americanos. A partir de 1796 la Real Hacienda tuvo grandes
dificultades para financiar una guerra tan larga. Las medidas
adoptadas tuvieron además resultados perturbadores sobre el
sector monetario español.
31 Algún autor defiende la tesis de que Godoy tenía además razones
personales para apoyar esta alianza con los republicanos franceses: su man-tenimiento
en el poder frente a los ataques de sus enemigos políticos
(MARTÍNEZ RUIZ, 2005).
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Por otro lado se dieron factores coyunturales que agravaron
la situación. Las malas cosechas provocaron duras crisis de sub-sistencias
en 1799-1802. Estas calamidades se prolongarían con
las epidemias que asolaron el sur español en 1803-1804. La cri-sis
económica general provocó un malestar social, que se tra-dujo
en revueltas populares.
Apartado Godoy del gobierno, el nuevo secretario de estado
Mariano Luis de Urquijo (1798-1800) prosiguió con la labor re-formista,
demostrando además una firmeza y habilidad diplomá-tica
frente a las presiones francesas. La situación naval españo-la
era muy delicada en ese momento, con la escuadra del
Océano inmovilizada en Brest (1799-1801).
Y es que siempre había existido una mutua desconfianza
entre España y Francia. Como es sabido, esta relación era de-sigual.
Ello explica que la República —con su potencial pobla-cional,
económico y militar— ejerció una presión constante so-bre
la monarquía de Carlos IV para que atendiese sus peticiones,
algunas de ellas en contra de los propios intereses españoles.
Con el nombramiento de Napoleón Bonaparte como Primer
Cónsul en 1799 esta desigualdad de poderes fue mayor. Su des-precio
hacia la realeza europea en general y la monarquía de
Carlos IV en particular, junto a su desdén hacia la sociedad es-pañola,
fueron ahora avalados por la supremacía militar fran-cesa
en el continente. Todo ello motivó el comportamiento arro-gante
y desleal de Napoleón con el gobierno vecino, clave para
entender sus errores de estrategia naval y el papel subordinado
de la Armada a los intereses franceses. La gravitación indirecta
de Francia en España fue un hecho constante entre 1796 y
1808. Bonaparte consiguió, entre otras cosas, la destitución de
Urquijo —que se oponía a sus manejos— en diciembre de 1800
y el fin de Mazarredo en el mando de la escuadra del Océano
en marzo del año siguiente.
Aún más, cuando Godoy volvió al poder en 1800 desmintió
sus compromisos reformistas de su primer mandato, para pre-servar
su posición privilegiada, persiguiendo a los ilustrados del
gobierno anterior y sus colaboradores. No deseaba a alguno que
le hiciese sombra, evitando toda competencia. En relación a las
fuerzas armadas, centró su interés en la reforma del Ejército,
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no preocupándose por la suerte de la marina, utilizándola sólo
como moneda de cambio en sus tratos con Bonaparte.
Pero la escasa talla del Príncipe de la Paz en el marco de las
relaciones internacionales —frente a figuras como Pitt, Talley-rand
o Metternich— lo convirtió, según Pabón, en «náufrago y
no piloto de la tormenta» que se abatió sobre Europa. Seco
Serrano incide en su falta de firmeza ante Napoleón, pasando
de «la gallardía a la sumisión inerme» a todas las exigencias del
Emperador desde 1804. En torno a esa fecha España estaba
situada plenamente en la órbita napoleónica32.
Mientras tanto, las fuerzas del reaccionarismo habían des-truido
la apuesta ilustrada de Godoy durante su primer manda-to
y el gobierno de Urquijo. Figuraban en ellas la nobleza y la
camarilla del Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. El
partido aragonés había devenido en partido fernandino. Este
último era un conglomerado de intereses que, a diferencia del
primero, no tenía programa de gobierno sino un solo fin: de-rrocar
a Godoy y poner en el trono al príncipe.
Al final el Príncipe de la Paz, rodeado de enemigos por to-das
partes, se entregó totalmente a los planes de Napoleón,
buscando su seguridad personal. El acto final fue el tratado de
Fontainebleu en octubre de 1807, que autorizaba el paso de las
tropas francesas a través de la Península para invadir Portugal.
En marzo de 1808, el motín de Aranjuez —más bien un golpe
de estado provocado por las fuerzas reaccionarias— ocasionó su
caída. Pero la guerra de Independencia estaba a la vuelta de la
esquina.
¿Cómo afectó este contexto político y económico tan comple-jo
a la Armada? La historiografía es tajante: la Armada se que-bró,
al no ser asistida por Godoy y depender estrechamente de
los intereses franceses, por la sumisión de éste último a los de-signios
de Napoleón. Pero hay otros factores de carácter en-dógeno
a tener en cuenta.
En el lado español tampoco existió el liderazgo naval nece-sario.
La mayor responsabilidad de Godoy en relación a la Ar-mada
fue su elección de algunos secretarios de marina poco
32 SECO SERRANO (1956), donde aparece la cita de Pabón en pp.126-127.
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eficaces, amén de no haber puesto freno a sus arbitrariedades.
Los ministerios de Pedro Varela, Juan de Lángara, Antonio
Cornel y Jose Antonio Caballero, que abarcan los años 1795-
1802 son considerados por algún autor como nefastos para los
intereses de la Armada. En cuanto al ministerio de Domingo de
Grandallana (1802-1805) hay opiniones contrarias, pero hay
que tener presente que fue el autor de la marginación de su
antiguo jefe Mazarredo, el mejor líder para aquellas circuns-tancias.
Aquellos ministros citados tuvieron una mala gestión del
gasto y tomaron una serie de medidas administrativas desafor-tunadas,
largas de enumerar aquí. A estos errores se unió la
falta de recursos financieros de la monarquía. Todo ello trajo
consigo la decadencia acelerada de la Armada. No es de extra-ñar
que el último navío de línea fuese botado en 1798. Más
grave aún, el nepotismo y el poder aristocrático siguieron pesan-do
en la promoción de la oficialidad, marginando a marinos de
gran valía y aupando a mediocres. Probablemente, la carrera
fulgurante de Federico Gravina, en donde convergían su condi-ción
nobiliaria y sus méritos militares, sea una de las pocas ex-cepciones
a la regla.
La persecución de los ilustrados alcanzó también a la Arma-da.
La apuesta reformista de Valdés y Mazarredo les costó cara,
debido a estos avatares políticos. Ambos ya no contaban con
valedores en la corte. Sus redes personales que enlazaban la
Armada con las altas esferas de la política se habían roto. Vea-mos
cada trayectoria por separado.
Las denuncias de Mazarredo, hombre apasionado y enérgi-co,
sobre el mal estado de la escuadra del Mediterráneo, ocasio-naron
su caída en desgracia ante el nuevo Secretario de Mari-na,
Pedro Varela, que le quitó el mando en 1796 y lo desterró a
Ferrol. También influyó la animadversión de este ministro a su
anterior en el cargo, el propio Valdés, que tanto le había pro-tegido.
El desastre del cabo de San Vicente, en febrero de 1797, im-pulsó
la rehabilitación de Mazarredo por el nuevo ministro, Juan
de Lángara, nombrándole jefe de la escuadra del Océano, por
mediación del propio Gravina. Allí Mazarredo desarrolló una
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labor eficacísima en los años 1797-1801. Con el apoyo de su
mayor general —Escaño— puso nuevamente en práctica todo lo
que había diseñado en las Ordenanzas. Sus grandes capacida-des
en el orden táctico y organizativo le permitieron llevar a
cabo, con colaboradores de talla, una excelente defensa de Cádiz
y Brest frente al bloqueo británico (1797-1801).
Parece que existió una sintonía entre Urquijo y Mazarredo
—enviado a París en 1799 para tratar de las operaciones com-binadas
con Bonaparte— a la hora de neutralizar las deman-das
francesas que sólo velaban por sus intereses. Por este moti-vo
Bonaparte logró la destitución de ambos33.
Mazarredo, a su vuelta en 1801, consciente quizás del pano-rama
sombrío del gobierno, rechazó la oferta de la secretaría de
marina y tomó posesión de la capitanía general de Cádiz. Allí,
disgustado por la política de Godoy, que no atendía sus deman-das
de modernización de la Armada, pidió su retiro a cuartel en
Bilbao el año 1802.
Todavía no acabaron sus males. A raíz de su digna actua-ción
en un motín que se produjo en aquella ciudad el año 1804,
el secretario de marina Grandallana lo desterró, situación en la
que permanecería hasta 1807. Esto representó su ausencia en
la jefatura de la escuadra española en la campaña crucial de
1805. Contaba entonces con sesenta años y representaba toda-vía
para muchos compañeros «la gran esperanza del resurgi-miento
» de la Armada.
El destino de Valdés fue también trágico. Presidió el consejo
de guerra que juzgó las actuaciones en el combate del cabo de
san Vicente. En su retiro de Burgos escribió en 1799 unas re-flexiones
sobre el estado actual de la Armada, a petición del
propio gobierno. Allí plasmaba una dura crítica de los secreta-rios
de marina que le siguieron en el cargo, proponiendo medi-das
para rescatar al organismo de su decadencia. Pero sus crí-ticas
sentaron mal en las altas esferas del poder y el propio
Urquijo le desterró de la corte, permaneciendo en Burgos hasta
el comienzo de la Guerra de Independencia34.
33 GUIMERÁ (2006), donde se estudia la pugna entre Bonaparte y
Mazarredo en 1799-1801.
34 ESCUDERO (1979), t. I, pp. 560-569.
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EPÍLOGO
Sin embargo, el proyecto modernizador de la Armada que
habían defendido Valdés y Mazarredo, a través de las Ordenan-zas,
dejó una profunda huella en un grupo escogido de oficia-les
como Gravina, Álava, Churruca, Alcalá Galiano, Cayetano
Valdés y muchos más. La presencia activa de Escaño en este
grupo selecto durante los acontecimientos posteriores a 1796 fue
decisiva.
Escaño sufrió también la marginación, sobre todo a la hora
de los ascensos. Pero destacó en el combate del cabo de San
Vicente, donde aplicó todo lo que había reflexionado en su tra-tado
de las ordenanzas sobre el comandante de un buque. Cum-plió
bien sus funciones de mayor general de la escuadra del
Océano en Cádiz y Brest, a las órdenes de Mazarredo. En la
campaña de 1805 sirvió a Gravina en el mismo puesto de la
escuadra española, mandando con eficacia a sus subordinados
en los combates de Finisterre y Trafalgar. Fue el impulsor de la
salida de los buques aliados en la mañana del 23 de octubre de
1805, para tratar de rescatar los navíos apresados por los britá-nicos,
consiguiendo recuperar a dos de ellos. Pero nunca tuvo
el mando de una escuadra ni fue ascendido a teniente general
hasta 1805, a raíz de su comportamiento en Trafalgar.
Con el inicio de la Guerra de la Independencia, llegó la hora
de elegir el mejor camino para defender a la patria. Escaño
apostó por la resistencia, siendo ministro de marina en la Junta
Central (1808-1810), donde coincidió con su antiguo jefe, Anto-nio
Valdés. Fue elegido posteriormente miembro de la Regencia.
Valdés y Escaño debieron sufrir un desgarro interior ante el
afrancesamiento de Mazarredo, que aceptó ser ministro de ma-rina
en el gobierno josefino. Escaño escribió diversas obras re-lacionadas
con la Armada, aunque sólo dos de ellas vieron la
luz pública, tras su fallecimiento. Su plan de reforma de la Ar-mada,
redactado en 1807, es lo mejor que se escribió en aque-llos
años y es una fuente esencial para conocer las interiorida-des
de este organismo. Allí apostó de nuevo por la eficacia y la
meritocracia.
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Sin embargo, la crisis de la monarquía de Carlos IV y las
desgracias de la Armada anteriores a 1808 sirvieron de estímulo
para que algunos de estos oficiales, como Cayetano Valdés y
Gabriel Císcar, apostaran por el liberalismo, el nuevo sueño de
la construcción de una España moderna. Es una historia bien
conocida.
Las Ordenanzas de Mazarredo y Valdés sobrevivieron a las
guerras napoleónicas y la decadencia de la Armada en el siglo
XIX. No fueron una ilusión quebrada de la Ilustración35. Siguie-ron
siendo el basamento jurídico de este organismo hasta la
segunda mitad del siglo XX, prueba de que los cambios tecno-lógicos
en la guerra naval no habían erosionado ciertos princi-pios
fundamentales de este cuerpo legal, que en su tiempo de
redacción había buscado un consenso estratégico al servicio del
proyecto imperial.
APÉNDICE I
«PROYECTO DE UN PLAN DE NUEVA RECOPILACIÓN
DE ORDENANZAS GENERALES DE MARINA»
JOSÉ DE MAZARREDO, 15.12.1784, BILBAO
(Fragmento del texto. Índice de materias de la nueva ordenanza)
TOMO PRIMERO
= Tratado primero: Almirante General (1)
= Tratado segundo: Oficiales de Guerra, autoridad, funciones, obli-gaciones,
insignias, saludos y honores
a) Clases de Oficiales
b) Capitán General de la Armada
c) Capitanes Generales de Departamento.
= Tratado tercero: Cuerpo de Pilotos: justicia, disciplina, sueldos,
gratificaciones de mesa, raciones, viajes de América.
35 PUERTO SARMIENTO, F. J. (1988), La ilusión quebrada: Botánica, Sani-dad
y Política científica en la España ilustrada, Madrid.
(1) «Si S. M. tuviese a bien crear Consejo de Guerra de Marina o Almi-rantazgo,
de que se dará idea al fin de este prospecto, después de un título 1º
para el Amirante General».
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TOMO SEGUNDO
: Tratado cuarto: Militar y Económica, Tácticas, Instrucciones y
señales para el régimen y maniobra de las escuadras
a) «De la disciplina económica y militar de las escuadras en
puerto para su armamento, apresto, resguardo y desarmo.»
b) «Del plan de combate y ejercicios militares»
c) «Del plan de señales y táctica para el régimen y maniobras
de las escuadras, con las divisiones de capítulos que con-vinieren
para la mayor claridad de este título, que ha de
abrazar las instrucciones necesarias de todas clases:»
: Tratado quinto: De las materias de Justicia
a) Jurisdicción de Marina
b) Auditores Generales de Guerra en los Departamentos de
Marina
c) Juzgado de Preboste en las escuadras
d) Consejo de Guerra Criminal
e) Crímenes y pena
f) Extracto de las [leyes] penales ( para ser leídos a bordo)
g) Modo de substanciar causas
h) Presas
i) Testamentos
TOMO TERCERO
Cuerpos militares de la Armada
: Tratado sexto: Guardia Marinas
: Tratado séptimo: Batallones de Infantería de Marina
: Tratado octavo: Real Cuerpo de Artillería de Marina
TOMO CUARTO
Arsenales y Cuerpo de Ingenieros de Marina
: Tratado noveno: Arsenales
: Tratado décimo: Cuerpo de Ingenieros de Marina
TOMO QUINTO
Cuerpo de Ministerio, Matrícula de Mar, Matrícula de Gentes de
Mar y Matrícula de Montes.
: Tratado undécimo: Cuerpo de Ministerio
= Clases de Ministerio de Marina: preferente, alternativa, sueldos,
gratificaciones.
= Intendente de Departamento
= Contador Principal de las oficinas de cada departamento
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36
= Comisarios de Guerra y demás oficios del ministerio en Conta-duría
= Tesoreros de Marina
= Jurisdicción del Ministerio
: Tratado duodécimo: Matrícula de Gentes de Mar
: Tratado décimo tercero: Montes
CONSEJO DE GUERRA O ALMIRANTAZGO
= Componentes natos
Secretario de Marina (decano)
Inspector General de Arsenales
Intendente
Inspector de Matrículas
Inspector de Montes
Oficiales Generales de la Armada (2)
Intendente Auditor General de la Armada
Fiscal
Secretario
Comisario Ordenador
Agente Fiscal
Asesor de Provisión
Relatores (2)
Escribano de Cámara
Procurador de Pobres
= Secretaría del Consejo de Guerra o Almirantazgo
: 4 subalternos del Ministerio, con cuatro años de comisión, con
relevo de uno cada año para facilitar su carrera en la Armada.
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