Aspectos del Régimen Jurídico de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de radiotelevisión

              D E R E C H O
ASPECTOS DEL RÉGIMEK JURÍDICO
DE LAS COMPETENCIAS DE L-4 C,OMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS EN MATERIA
DE RADIOTELEVISION
P O R
OSCAR BOSCH BENZTEZ
SUMARIO
1. DETERMINACIONES PREVIAS.
11. EL MARCO CONSTITUCIONAL.
2. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS:
2.1. El precepto constitucional: encuadramiento teórico y jurispru-dencial.
2.2. El precepto estatutario canario:
2.2.1. La remisión a los mecanismos de ampliación extraestatutaria.
2.2.2. Aspectos problemáticos de la Ley orgánica de transferencias
complementarias (LOTRACA).
2.2.2.1. Introducción.
2.2.2.2. Ausencia de un listado o relación material sobre el que po-drán
ejercitarse las competencias transferidas.
Z2.2.3. Competencias que se transfieren: facultades legislativas y
ejecutivas.
2.2.2.3.1. Las competencias ejecutivas. Especial consideración del Real
Decreto 80111986, de 7 de marzo, de traspaso de funciones
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Canarias en materia de medios de comunicación social.
2.2.2.3.2. Las com3etencias legislativas.
2.2.3. El precepto estatutario (sigue): un a.nálisis crítico de su con-tenido.
1. DETERMINACIONES PREVIAS
La constitución, en 1982, de la Comunidad Autónoma de
Canarias supuso -y supone- una fecha histórica para nues-tro
Archipiélago. El acceso a la autonomía, la configuración
de auténticas instituciones de autogobierno (Presidente, Con-ueje
de Gebierm y Parlamente de Canarias) g !=. aumcióri, Ger
virtcd de la Ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatu-to
c2.e Autonomía para Canarias y la Ley orgánica 11/1982, de
10 de agosto, de transferencias complementarias a Canarias ',
de un importante volumen de competencias del más alto nivel
/ l - ".-+,-.m+. A l ~ - : m l -+:v... --T.-,. A -+--:--AA" A-L;+fi" -,.+C..4e i ~ a~ U I X D L Q U L G L ; L D L ~ L L V ~D UULG UCLGLLLLLLL~UUD a l uwwu l u a L c A 1 a -
les, que representa, sin lugar a dudas, la más genuina plasma-ción
del concepto de autonomía política) bien merecen un aná-lisis
en profundidad de la estructura orgánico-funcional que
disefia la norma institucional básica de la Comunidad Autóno-rria
de Canarias.
Ciertamente no será éste nuestro propósito. Antes al con-trario,
e! presente trabajo pretende examinar una parcela (y
en ella algunos aspectos problemáticos concretos) de aquella
destacada órbita de atribuciones a que hacíamos referencia;
sector que si bien es verdad que no puede considerarse de Sun-damental
significación en el conjunto de las competencias asu-midas
por la entidad autonómica canaria, sin embargo, su
valor en modo alguno puede ser despreciado.
En efecto, abordaremos el estudio de las competencias co-munitarias
canarias en el sector radiotelevisivo atendiendo a
una doble vertiente en nuestra investigación. De una parte, se
Véase B.O.E., núm. 195, de 16 de agosto de 1982.
476 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
examinará el marco constitucional en el que tiene lugar la dis-tribución
de competencias Estado/Comunidad Autónoma de
Canarias; de otra, nos adentraremos en el estudio de la regu-lación
estatutaria (asunción autonómica) en la materia. Sólo
así podremos determinar con el adecuado rigor el exacto te-cho
competencia1 que en la actualidad ostenta nuestra Comu-nidad
Autónoma.
Con anterioridad se hizo referencia al fuste de las compe-tencias
que constituyen el objeto de este artículo. Pues bien,
de su alcance puede dar idea la declaración contenida en el
Preámbulo de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la
Radio y la Televisión. En ella el legislador estatal concibe la
actividad radiotelevisiva (servicio público esencial de titulari-da6
estaiaij cüiTiü wehícuio esenciai de información o parti-cipación
política de los ciudadanos, de formación de la opinión
publica, de cooperación con el sistema educativo de difusión
de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así
como medio capital para contribuir a que la libertad y la igual-
UaU sean reales y efe~tfvas( ...hL. OSm iificativus que esta Ley
básica tributa a tan importantes medios de comunicación so-cial
son de plena aplicabilidad en el ámbito autonómico. Y a*
con mayor énfasis podemos aseverar que, en el actual período
de consolidación de la autonomía política en el Archipiélago
Canario, el acertado ejercicio de estas competencias comunita-rias
constituirá un factor relevante en la edificación de m
auténtico espíritu regional, hoy en día en estado embrionario.
La norma institucional básica de las Comunidades Autóno-rnle
llirt 16'7 1 6, 12 Constftüeión) es la fiui-aa aii=FD-utiVa de &A*WU \U&". A=, .I
competencias por antonomasia. Que esto es así lo prueba nues-tro
ordenamiento supremo, la doctrina más autorizada y la
jurisprudencia constitucional. Efectivamente, el artículo 147.2
de la CE no puede ser más explícito cuando dispone:
Num. 33 (1987) 47 7
. . 1 2. Los Estatutos de Autonomía deberán contener:
( . . . d) Las competencias asumidas dentro del marco es-tablecido
en la Constitución (. . . ).»
Por su parte, el artículo 148 (primera lista competencia1 del
reparto entre el Estado y las Comunidades Autónomas) co-mienza
señalando :
((1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir compe-tencias
en las siguientes materias: t.. .l.))
Resulta evidente que la asunción de competencias a que
alude el precepto anterior sólo se producirá a través de la Ley
orgánica estatutaria (vid. el art. 147.2 CE). Pero por si aún
,.-G"t;nvn nl-.-.-, ATTA" 1 0 ,-,1477c.7.1" n,-.,-,tnn;An o* c.1 0 7 . t ~ m 7 1 n 1 4 0 -2
G A ~ D I A G La~l gula uuua, LO, b I a u i JwQi I/VIII~GIIIUU GIL GL Q~IYIC~LLIV 1 x 0 . ~
de la CE disipa cualquier vacilación al respecto:
((3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado
por Constitución podrán corresponder a las Comunidades
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.)}
Como escribe el profesor Muñoz Machado, este primer in-ciso
del artículo 149.3 no puede ser considerado como cláusu-la
general de competencias en favor de las Comunidades Autó-nomas.
De acuerdo con este administrativista, «la cláusula no
es, en verdad, una declaración general de competencias, sino
más bien una remisión a los Estatutos de Autonomía, a los que
marca el campo dentro del que pueden actuar)) '. La consecuen-cia
del planteamiento expuesto es bien clara: las competencias
autonómicas no son de derecho común, sino, cabalmente, com-petencias
de atribución.
A idéntica conclusión conduce la argumentación de Tornos
al calificar la norma. del artículo 149.3 como «un sistema com-plejo
de doble cláusuZa de cierren. De un lado, respecto de
todas aquellas materias no previstas en la Constitución, {(se
presume la competencia de las Comunidades Autónomas si
Vid. S. Mbioz MACHADDOe:re cho Público de las Comunidades Autb-nomas,
vol. 1, Madrid, Civitas, 1982, pp. 342-343.
478 AXUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
asumen estas materias en sus Estatutosx. De otro, las mate-rias
no asumidas estatutariamente por las Comunidades Autó-nomas
serán, de modo inmediato, de t,itularidad estatal. Debe
quedar, pues, bien claro que no hay, por virtud del artícu-lo
149.3 CE, «una atribución competencia1 directa desde la
Constitución en favor de las Comunidades Autónomas>'>.
Finalmente, ha sido el intérprete supremo de la Constitu-ción
quien, en reiteradas ocasiones, ha, hecho hincapié en el
carácter principia1 (aunque no definitivo) de los Estatutos de
Autonomía en la operación de repartimiento competencial. Así,
en una Sentencia de 2 de enero de 1982 el Alto Tribunal señala
que «a cada Comunidad sólo le corresponderán aquellas mate-rias
que hayan sido asumidas en su Estatuto, perteneciendo las
demás al Estado, tal como dispone en términos inequívocos
el artículo 149.3 de la Constitución)). Con posterioridad y den-tro
de ese mismo año, el Tribunal Constitucional resalta el pa-pel
primordial de la norma estatutaria en su Sentencia de 4 de
mayo: «Para determinar si u a materia es de la competencia
del Estado o de la Comunidad Autónoma, o si existe un regi-rnen
de concurrencia, resulta en principio decisorio el texto
del Estatuto de Autonomía, a través del cual se produce la
asunción de competencias.)) Y, en fin, la Sentencia de 5 de
agosto de 1983 es palmaria al precisar que ({por lo que se re-fiere
a la delimitación de competencias entre el Estado y !as
Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que determina el
artículo 147.2,d) CE, son los Estatutos de Autonomía las nor-mas
llamadas a fijar «las competencias asumidas dentro del
marco establecidn en 1i Cnnstit1rcl6n ! . . . )D;
Enunciada de esta forma la condición del Estatuto como
norma institucional básica de los entes autonómicos, el paso
siguiente en nuestro planteamiento habrá de consistir en la
delimitación y conocimiento de la distribución de competen-
Yst~.d~-Ccp~l~nidaPG,uelyS n~mis materia radigt&sr;-i-va.
Bien entendido que en este análisis no nos ceñiremos ex-
= Vid. J. TORNOMS AS: El sistema jurídico de las Comunidades Autó-nomas,
obra colectiva dirigida por el profesor Aja, Madrid, Tecnos, 1985,
p. 120.
6 OSCAR BOSCH BEN~TEZ
clusivamenie al singular precepto constitucional, sino que,
obligadamente, orientaremos nuestra atención al conjunto del
marco constitucional en el que tiene lugar la acción de reparto
de facultaües sobre la materia en cuestión.
2. L.4 DISTRIBUCIÓN COSSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS
3.1. El precepto constitucional: encuadramiento teórico
y jurisprudencia1
El marco constitucional a! que se remite el artículo 147.2,d) a
de la Constitución lo localizamos -por cuanto concierne, in- E
sistimos, a la actividad de la radio y la televisión- en el ar- o
n
tículo 149.1.27." de la Ley Fundamental, que transcribimos: - m
O
E
2
((1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las si- E
guientes materias: t.. .) Normas básicas del régimen de
prensa, radio y televisión y, en general, de todos los me- =
dios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades -
que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comu- 0
m
E nidades Aütónomas. )> o
Como ha sefialsdo la doctrina más reciente, se trataría de n
E un supuesto de competencia compartida entre e1 Estado y la -
a
Comuniciad Autónoma afectada, toda vez que en este reparti- n miento competencia1 «dos entes diversos ejercer una misma n
función sobre idéntica materia)) 4. Se comparte, pues, el ejer- O3
cicio de la funci6n normativa (legislación básica estatal y des-arrollo
legislativo).
La interpretación doctrinal aquí reseñada encuentra perfec-to
acomodo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
habida cuenta de que el intérprete supremo de la Constitu-cirín
se ha visto obligado a perfilar; en diversas oportunidades;
su propia hermenéutica sobre el precepto fundamental. La Sen-tencia
de 24 de mayo de 1982 (conflicto positivo de competen-cia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña en
Vid. J. TORXOMS AS: op. cit.. p. 124.
480 AXUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
materia de concesión de emisoras de frecuencia modulada) 5,
en su fundamento jurídico número 2, centra su atención, en-tre
otros aspectos, en el marco constitucional en el que toma
cuerpo el reparto de atribuciones sobre la actividad radiodifu-sora
(extensible igualmente a la televisión). Afirma allí el Alto
Colegio que «el artículo 149.1.27 ." de la Constitución permite
que el régimen de radiodifusión se articule con arreglo a un
principio de competencias compartidas según el cual corres-ponde
al Estado dictar las normas básicas, mientras que la
Comunidad Autónoma puede asumir, mediante el correspon-diente
Estatuto, una competencia legislativa complementaria
de desarrollo ( . . .)H.
Análogo razonamiento lleva a cabo el Tribunal en la Sen-tencia
de 8 de julio de 1982 (fundamento numero 2, conflicto
de competencia entre el Estado y la Comunidad vasca sobre
concesión de emisoras de frecuencia modulada) ', en cuya vir-tud
la norma institucional básica «configura el régimen de la
radiodifusión -y televisión- como un régimen de cornpeten-cia
compartida entre el Estado y las Comunidades Autóno-mas
». Y precisa aún más: «El artículo 149.1.27." no establece
directamente competencias autonómicas, sino que se limita a
fijar el marco dentro del cual podrán asumirlas los Estatutos
de Autonomia)). Habrán de ser, pues, éstos (aplicación de1 prin-cipio
dispositivo) los encargados de determinar, mediante su
asunción, las competencias comunitarias ?.
B.O.E., núm. 137, de 9 de junio de 1982.
E B.O.E., núm. 185, de 4 de agosto de 1982.
7 -,:vAL u. eii lb ckctrina, =&re 1s drstrikiciSii com@eiicia:, J. E c ~ i . a
PARDO«: Las competencias de la Generalitat en materia de televisiónu, en
Estudi Jum'dic de L'Estatut de AutonomZa de Catalunya, Generalitat de
Cataluña-Universidad de Barcelona, Barcelona, 1981, pp. 799-8; C. GARI-TAONAINDÍA
«:L a televisión y las Comunidades Autónomas)), en Revista
Vasca de Administración Pública, Instituto Vasco de Estudios de Admi-n&
t r s&6~p Jb!i~a,e fiati, mi@=c=&, 2, eaer=-gbri! 1982, pl;. ?M-:e:;
J. ESTEVEPA RDOR: égimen juridico-administrativo de la televisión, Ma-drid,
Instituto Nacional de Administración Pública, 1984, en especial pá-ginas
159-164. Por cuanto concierne a obras de carácter general, obIigado
resulta citar las siguientes: Comentarios a la Constitución, obra colecti-va
dirigida por el profesor Garrido Falla, Madrid, Civitas, 2." ed. revisa-
Núm. 33 (1987) 481
2.2.1. La remisión a los mecanismos de ampliación
extraestatutaria
En virtud del denominado principio dispositivo8, que en
buena medida inspira la nueva configuración territorial del Es-tado
(Título VI11 de la Constitución), es decir, la radical in-definición
del modelo autonómico diseñado en 1978 por el le-gislador
constituyente y más concretamente, por cuanto hace
al aspecto competencial, la no imposición por la Constitución
de listas o bloques competenciaIes concretos, remitiendo a los
Estatutos de Autonomía para la asunción de competencias
autonómicas, la Ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Es-tatuto
de Autonomía de Canarias, procede a incorporar en su
órbita competencial -y siempre dentro del marco fijado por
la Norma Suprema (art. 147.2,d) y art. 149.1.27.'))- la compe-tencia
en materia de radiotelevisión en los siguientes tér-minos:
Art. 31: «De acuerdo con los procedimientos previstos en
el artículo treinta y cinco, la Comunidad Autónoma podrá
ejercer las siguientes competencias:
Uno. Desarrollo legislativo y ejecución del régimen
de radiodifusión y televisión, en los términos y casos esta-blecidos
en la Ley reguladora del Estatuto Jurídico de la
da y ampliada, 1983, pp. 2251-2233 (comentario al art. 148 del profesor
Entrena Cuesta); S. MuRoz MACHADOD:e recho público Üe las Comunicia-des
Autdnomas, vol. 1, Madrid, Civitas, 1982, pp. 417428; E. GARCÍADE EN-TERRÍA:
Estudios sobre autonomias territoriales, Madrid, Civitas, 1985,
pp. 119 SS.; El sistema Suridico de las Comunidades Autónomas, Madrid,
Tecnos, 1985, pp. 116-132. Véase igualmente el reciente Dictamen del Con-sejo
Consultivo de Canarias relativo a la concesión de emisoras de fre-cuencia
modulada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias (Dictamen núm. 2, de 27 de noviembre de 2985, en el Bok-tín
de Documentaci6n, editado por el Servicio de Estudios de la Conse-jería
de Ia Presidencia cieI Gobierno de Canarias, Secretaría General Tec-nica,
núm. extraordinario de abril 1986, pp. 23-29).
Vid. S. Mwo z MACHADOD:er echo Pziblico ..., cit., pp. 299-302.
482 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
Radio y la Televisidn; régimen de prensa y demás medios
de comunicación social.
Dos. Crear, regular y mantener su propia televisión,
radio y prensa y, en general, todos los medios de comuni-cación
social para el cumplimiento de sus fines» (. . .)A
Sin embargo, y a tenor de lo previsto en la propia norma
estatutaria transcrita, el artículo 31 debe ser puesto necesaria-mente
en relación con la cláusula contenida en el artículo 35
de la Ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto, que establece:
«La asunción de las competencias previstas en el artícu-lo
anterior, cuyo ejercicio se realizará con sujeción a la
legislación del Estado, en los casos en que así lo exija el
c i r t í n i > l n ninntn misronfa ~7 ~ I I O T T P nnn & 1% c~n&ifi~~iSc, U' V ' V U L V "'"IAVV "C.LLYI".."LY J --L.)-. V, U**",
se efectuará por alguno de los procedimientos siguientes:
a) A través de los procedimientos establecidos en los
números uno y dos del artículo ciento cincuenta de la
Constitución, bien a iniciativa del Parlamento de Cana-rias,
del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Dipu-
C n A - r . A-1 a---A-bauua
O UGL UGLACGUU.
b) Transcurridos los cinco años previstos en el ar-tículo
ciento cuarenta y ocho, dos, de la Constitución, pre-vio
acuerdo del Parlamento de Canarias adoptado por rna-yoría
absoluta y mediante ley orgánica aprobada por las
Cortes Generales, según lo previsto en el artículo ciento
cuarenta y siete, tres, de la Constitución.))
Se observa fácilmente que este último precepto reproduci-do
condiciona la efectiva atribución de la competencia sobre
determinadas materias (entre ellas la radiotelevisión) por la
C.~mi~nicl.adA i~tónnms cgn&as, 1s ';p]j~g~i_ddne des. m+
canismos: a) la ampliación extraestatutaria de competencias
a través de la promulgación de una Ley marco (art. 150.1 CE)
o Ley orgánica de transferencias o delegación (art. 150.2 CE);
o la reforma del Estatuto de Autonomía transcurridos los cin-co
a.no- prwistor. en el artículo 148,2 CE: En amhnc: ~ . a s ~sce :
trata de articular desde el mismo Estatuto la fórmula (o f6r-mulas)
que permitan a la Comunidad canaria, que accedió al
autogobierno por la vía procedirnental común u ordinaria del
artículo 143.2 CE, alcanzar el nivel o listón competencia1 del
Núm. 33 (1987, 483
artículo 149.1 CE (y en el que se encuentra la atribución so-bre
la materia radiotelevisiva, como sabemos).
Dado el carácter preliminar que reviste la norma del ar-tículo
35 respecto del estudio strictu sensu de la disciplina es-tatutaria
de la materia de la radiodifusión y televisión, bien
estará que dediquemos cierta atención a la problemática sus-citada
por Ia cláusula inserta en aquel precepto:
A) Siguiendo al profesor Mmoz Machado en este punto,
sólo cabe afirmar que la remisión estatutaria (art, 35) a los
mecanismos de ampliación competencial del art. 150.1 y 2 CE,
así como a una futura reforma del Estatuto de Autonomía una
vez transcurridos los cinco años de que habla el artículo 148.2
de la CE, posee un carácter programático. De una parte, si
bien es cierto que la reforma estatutaria al cumplirse el plazo
fijado por el constituyente no supone novedad alguna en rela-ción
con lo dispuesto en el precepto constitucional (art. 148.21,
no es menos cierto que tal reproducción deber ser matizada
en esta sede. Puesto que su introducción en el articulado de la
norma institucional básica canaria supone, por el legislador
estatutario, anticipar los contenidos de la mencionada reforma
del Estatuto, que no puede sujetar al futuro legislador (estatal
y autonómico). Esta eventual modificación habría de recaer
necesariamente -siguiendo la actual redacción- sobre las
materias previstas en los artículos 31 y 35 del Estatuto.
B) La mención estatutaria (art. 35) de los supuestos am-pliación
constitucional de competencias (Leyes-marco y Leyes
orgánicas de transferencias) debe ser igualmente valorada en
tono crítico. En ambos casos, como ha destacado la doctrina,
se trata de incremento competencial en favor de las Comuni-dades
Autónomas en virtud de Leyes de Cortes 9, o lo que es
lo mismo, el incremento de los poderes autonómicos asumien-do
facultades sobre materias de competencia estatal (artícu-
Vid. el trabajo de los profesores Y m s HERREROS-MARTÍDNE ELZA
PENA GONZÁLEZ(,( Reflexiones en torno a las competencias de la Gomuni-dad
Autónoma de Canarias en materia de Pescas, en AAW.: 11 Jorna-das
de Estudios Económicos Canarios, protagonizadas por la Universi-dad
de La La--a-Banco de Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, pp. 164-168.
484 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
lo 150.1 CE) o competencias delegadas o transferidas de idéntica
titularidad del Estado (art. 150.2 CE) constituye una decisión
a adoptar unilateralmente por el propio Estado lo. Las dos ope-raciones
a que aludimos responden a una potencial actividad
heteroorganizadora, nunca podrán constituir ejemplos de auto-organización
comunitaria (Muñoz Machado).
Pero es que, además, aunque se defienda la plena virtuali-dad
de las fórmulas de asunción competencial ex lege (del Es-tado),
argumentando -como señalan los profesores Yanes He-rreros
y Martínez de la Peña González- que sólo así podría
pensarse en una «compensación de techos competenciales»,
dado el trato aparentemente discriminatorio que el legislador
constituyente consagra en el Título VI11 de la Norma Supre-ma,
siempre cabría oponer la razonable duda acerca de la
constitucionalidad del camino escogido. En efecto, la aplica-ción
del artículo 150 CE a las Comunidades segundo grado o
de régimen común (y la canaria lo es), antes del término de
los cinco años contemplados en el articulo 148.2 CE, ¿no pre-supondría
un abierto intento de equiparación fraudulenta de
niveles competenciales entre las Comunidades del artículo 143
y del 151 CE? 'l.
Finalmente, frente a aquellos que defienden la adecuación
jurídico-constitucional del ensanchamiento competencia1 (y una
equiparación con las competencias asumidas en virtud de Es-tatuto)
cuando estemos en presencia de una Ley orgánica de
transferencias o de delegación, contestaremos -con la prácti-ca
totalidad de la doctrina- que resulta imposible asimilar
esta última con la Ley orgánica que contiene Estatutos de Au-tonomía.
El Estatuto es una norma con un significado institu-cional
y funcional (Muiioz Machado) que lo aleja de las Leyes
orgánicas comunes. Dicho en términos aún más diáfanos: la
identidad en el rango normativo no nos autoriza en modo al-guno
a afirmar la posibilidad de trueque o permuta entre am-bas
Leyes orgánicas. El profesor Muñoz Machado ha sintetiza-do
con rotundidad los aspectos diferenciales que no deben ser
lo Vid. S. MvNoz MACHADOop: . cit., p. 301. '' Vid. YANESH ERREROS-MARTÍDNE ELZA PEÑA GONZÁLEZOP: . cit., P. 167.
Núm. 33 (1987) 485
olvidados, entre ellos destacan los siguientes: 2) la rigidez
estatutaria en cuanto a su aprobación y modificación; b) la
unilateralidad y discrecionalidad que debe atribuirse a las Le-yes
orgánicas de transferencias o delegación por su sola pro-cedencia:
el aparato estatal y en concreto el Parlamento nacio-nal;
c) consiguientemente el Estado, haciendo uso de su plena
disponibilidad, podrá, cuando se cumplan determinadas cir-cunstancias,
revocar la transferencia o delegación de que se
trate y con mayor razón proceder al control sobre el ejercicio
de las competencias transferidas.
Expuesto lo que antecede, la apelación al artículo 35 del a
Estatuto de Autonomía de Canarias al objeto de provocar un ? E incremento ampliatorio de atribuciones por la vía del artícu-lo
150.2 CE se aproxima, en rigor, a una suerte de ((autotrans- n-- m ferencia)) de dudosa constitucionalidad. De ahí su carácter me- O
E
rarnente programático. Sin embargo, habría que advertir que
nuestra norma estatutaria no fue la única en apuntar, atrevi- E
damente, hacia fórmulas que -como se ha comprobado- son 3
de imposible realización (al menos en el plano doctrinal) y -
por tanto ineficaces desde el punto de vista normativo. Todos 0
m
E
los Estatutos de Autonomía pertenecientes a Comunidades de S
segundo grado (régimen comiin) contienen, en su intento de
n alcanzar con rapidez y sin la obligada espera de cinco años f
las competencias autonómicas de primer grado o nivel, am-plias
relaciones materiales que teóricamente deberían vincular n
n al Estado en una futura promulgación de las respectivas Le- E
yes orgánicas de transferencias o delegación 12.
3
O
Cuestión diversa -aunque complementaria de la anterior-es
la práctica político-legislativa seguida en la elaboración de
las primeras Leyes orgánicas de transferencias y en particular
la Ley orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias
12 Vi& a i v f ~ 1~2 ! ~ Pstapdt~f ie Astur;;as y & a*ic& 23 &l ps-tatuto
de Cantabria. Esto no obstante, la unánime interpretación doctri-nal
que hemos resumido se encuentra fuertemente consolidada de modo
tal que la falta de virtualidad normativa de aquellas f6rmulas estatuta-rias
y, por ende, su carácter de simple programa en la actualidad no son
objeto de discusión.
486 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
complementarias a la Comunidad Autónoma de Canarias. A elIa
y a su peculiar incidencia en la competencia territorial sobre
radiotelevisión dedicaremos las líneas que siguen.
2.2.2. Aspectos problemáticos de la Ley orgánica
de transferencias complementarias (LOTRACA)
2.2.2.1. Introducción
Como ya se tuvo ocasión de señalar, la Ley orgánica de
aprobación del Estatuto de Autonomía (LO 10/1982) se vio si-multáneamente
coronada por la promulgación de la Ley orgá-nica
11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementa-rias
a Canarias. No es objeto de este trabajo analizar en deta-lle
el mecanismo de ampliación extraestatutaria de competen-cias
por la vía de la Ley orgánica de transferencias o delega-ción,
para ello nos remitimos a la doctrina ya existente 13. Ni
tan siquiera el análisis exhaustivo de aquella importante Ley
orgánica de transferencias complementarias. Más exactamen-
13 Destacaríamos, entre otras, la aportación del profesor S. MuÑoz
MACHADDOe: recho Público de las Comunidades Autónomas, vol. 1, pagi-nas
459-466; AA.VV.: El sistema jurídico de las Comunidades Autdnomas,
obra colectiva dirigida por el profesor Eliseo Aja, Madrid, Tecnos, 1985,
pp. 177-181; GARCÍADE ENTERRÍA-TOMRÁASM ~FN'ER NÁNDEZ: Curso de De-recho
Admizistrativo, vol. 1, Madrid, Civitas, 1981 (2." reimpresión de la
3." edición), y el Curso ..., vol. 1, 4.8 edición, 1983, pp. 330-333; E. GARCÍA
DE ENTERRÍAE:s tudios sobre autonomias territoriales, Madrid, Tecnos,
1984, pp. 76-83, M. BASSOLCSO MA-Jm. . SERRANAOL BERCA: «El artículo 149
de la Constitución en relación con el artículo 150.2: análisis de la dele-gación
en materia de las competencias estatales exclusivas», en Revista
de Administración Pública, núm. 97, enero-abril 1982, pp. 31-37. Igualmen-te
interesantes son los Dictámenes elaborados por los profesores G. ARI-Ño
ORTIZy J. 1. MONEDERGOIL : Estudios sobre organixación politico-administrativa
de Canarias, pp. 35 SS. iineditoj; PAREJOA FONSOp, p. 47 SS.
(inédito); DE LA CUÉTAR-AM ARTÍNEZE:n cuadramiento de los Cabildos In-sulares
en la estructura organi%ativa de la Comunidad Autdnoma cana-ria,
pp. 130 SS. (inédito), todos ellos realizados con ocasión de la deno-minada
((Ley de Cabildos» recientemente aprobada por el Parlamento
de Canarias.
te, se tratará -al hilo de nuestro estudio sobre el nivel com-petencial
canario en materia de radiotelevisión- de poner de
relieve el ejercicio de esta competencia comunitaria, por cuan-to
que la competencia sobre radiodifusión y televisión consti-tuyó
uno de los supuestos de ensanchamiento en el nivel de
atribuciones al margen del Estatuto.
En este sentido, afirman los profesores Yanes Herreros y
Martínez de la Peña González, bien pronto se pensó en la uti-lización
del mecanismo previsto en el artículo 150.2 CE con la
finalidad de ((eliminar o atenuar en lo posible la reprochable
discriminación entre las Comunidades del 143.2 y las del 151,
equiparándolas desde el punto de vista del volumen o «techo»
de competencias antes del periodo de tiempo fijado por el ar-ticulo
148.2 de la CE» 14.
Es harto conocido que Canarias se vio inmersa en el cam-bio
de rumbo decidido en la política autonómica en 1981, de
suerte que el acceso a la autonomía política se produjo por la
vía común u ordinaria del artículo 143 a la que correspondía
el listado competencial del artículo 148.1 CE (recuérdese que
la radiotelevisión está incluida en la máxima altura competen-cial
del artículo 149.1 CE), y, lo que es aún más trascendente,
la limitación temporal contemplada en el artículo 148.2 CE
(cinco años). A raíz de los Pactos Autonómicos de julio de 1981
se trató de superar la barrera impuesta para las Comunidades
de Canarias y Valencia, promulgándose en idéntica fecha que
los Estatutos las, hasta el momento, dos únicas Leyes orgáni-cas
de transferencias en vigor por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 150.2 CE.
Pero es igualmente sabido l5 que no podemos hablar en ri-gor
de «plena equiparación)), toda vez que el indudable aumen-to
competencial acontecido tuvo lugar con carácter extraesta-
14 '$id. A. YTUES E~p,p.~p."s-EM. ?.o~f??~EzE LA Pe.4 Gm?zJaz: 3T.I
Ley orgánica de transferencias complementarias a Canarias: repercusión
de las competencias en materia de transportes)), en AA.VV.: 111 Jorna-das
de Estudios Económicos Canarios. El transporte regional en Cana-rias,
pp. 71-72.
Vid. supru, p.
ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
tutario. Dicho en otros términos: las nuevas competencias,
consecuencia de la elevación de atribuciones importada por la
LOTRACA, no fueron -ni lo son todavía- asumidas en virtud
del Estatuto y por consiguiente están sometidas a un régimen
cuando menos peculiar en su ejercicio por la Comunidad Au-tónoma
de Canarias1'. Son, pues, estos rasgos distintivos los
que centran ahora nuestra atención.
Dispone la LOTRACA en su artículo l.", en su primer pá-rrafo,
lo siguiente:
«Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Canarias las
facultades sobre las materias de titularidad estatal conte-nidas
en los artículos de su Estatuto de Autonomía que
por su naturaieza y por imperaiivo constiiucionai así io
exijan, de acuerdo con los criterios que a continuación se
establecen: ( . . .).N
Cabe advertir sin dificultad que el legislador estatal pre-tende
acomodarse a las prescripciones del legislador constitu-yente.
De este modo el precepto transcrito reproduce buena
parte del tenor literal del artículo 150.2 CE. La LOTRACA
transfiere (no delega) a la Comunidad Autónoma de Canarias
«las facultades sobre las materias de titularidad estatal que
por su naturaleza y por imperativo constitucional así lo exi-jan
». Siguiendo la sistemática de estudio propuesta por los
profesores Yanes Herreros y Martínez de la Peña González, si
16 NO es finaiidad del presente trabajo plantear la cuestión que pu-diera
suscitarse en torno al carácter ampliatorio o equiparador de las
Leyes orgánicas de transferencias del artículo 150.2 CE, frente a su po-sible
naturaleza puramente complementaria del contenido competencia1
de los Estatutos. Ningún problema nos acarrea el adoptar la tradicional
finalidad asimiladora de competencias atribuida por la doctrina al me.
canismo de la Ley orgánica de transferencias o delegación (vid. el aná-lisis
crítico a este respecto de los profesores YANES HERREROS-MART~NEZ
DE LA MAO:p . cit., pp. 74-75). Por lo demás, nos mostramos plenamente
de acuerdo con los citados profesores de la Universidad de La Laguna
cuando se lamentan del mimetismo de las fuerzas políticas canarias ante
la elaboración y aprobación de la LOTRACA, actitud que ha determinado
que la Comunidad Autónoma de Canarias asuma competencias en mate-ria
de ferrocarriles por poner un ejemplo.
Núm. 33 (1987) 489
atendemos a las materias que se transfieren varias son las con-sideraciones
que debemos efectuar y que nos ocuparan las pá-ginas
siguientes de este trabajo.
2.2.2.2. Ausencia de un listado o relación material
sobre e1 que podrán ejercitarse las competencias
transferidas l7
Aunque en los trabajos parlamentzrios de esta Ley orgáni-ca
sí que se incluía un orden material explicitado, la vigente
LOTRACA (al igual que en el caso de Valencia) remite su iden- E
tificación por medio de determinados requisitos plasmados en E
su articuiaao '' : O
n--
A) Se tratará de materias de titularidad estatal. Contrario m
O
E
sensu, quedarán relegadas todas las materias sobre las que la
Comunidad Autónoma ostente competencia exclusiva Ig. Ahora E E
bien, que ésta sea la exigencia no parece que pueda resolver
todas las dudas que plante2 la tituiaridaci estatai de ia mate- -
ria, puesto que la anterior afirmación puede considerarse como E
pura obviedad. O
E
n
l7 Seguimos aquí la definición del ámbito competencia1 a partir de k
la combinación de fu'urciones y materias. Como señala el profesor Muñoz
Machado: da Constitución no contiene una simple relación de materias, n
n
sino más bien de competencias o atribuciones que, naturalmente, tienen $
un substrato material en cuanto que se refieren a objetos o actividades 2
concretas» (vid. S. Md o z MACHADDOe:r echo Público de las Comunida-des
P_yf&mmn.r, 1, ctit:, p: 337).
"'id. A. Y k V E S HERREROS-MDA. RTÍSEZD E LA A- GONZÁLEZ:L a Ley
orgcinica de transjerencias.. . , cit ., p. 77.
l9 Se indicó en la doctrina. según una interpretación histórica del ar-tículo
150.2 CE, que, al igual que su precedente republicano (art. 18 de
la Constitución del 31), la transferencia o delegación supone un meca-nimo
adecuado para corregir los efectos derivados de la automática
aplicación de la c!áusula residual (art. 149.3 CE). En efecto, por la vía
del artículo 150.2 CE el Estado puede transferir aquellas competencias
de su titularidad que puüieran asumir las Comunidades Autónomas por
el cauce estatutario (vid. S . M L ~ OMZA CHADOD:e recho Público de las Co-munidades
Autónomas, cit., p. 467).
490 .QNUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
B) Es por ello por lo que el legislador estatal introdujo
otros tres (3) requisitos adicionales, a saber: 1) que la trans-ferencia
venga exigida, por la mturalexa de las materias en
cuestión; 2) y que esta obligación se encuentre fundada, aná-logamente,
en un imperativo constitucional; 3) que las rnate-rias
estén contenidas en el Estatuto.
Nuevamente nos hallamos ante conceptos jurídicos inde-terminados
necesitados de imperiosa delimitación interpreta-tiva.
Y otra vez la equivocidad de los términos empleados pro-voca
la diversidad de criterios doctrinales. Para una reputada
doctrina la pauta a seguir es aquella en virtud de la cual las
materias transferibles por su naturalexa habrán de recaer in-ehdiblemente
en los supuestos de compartición competencial
previstos en el artículo 149.1 CE y siempre que se respetaran
dos limitaciones: a) la transferencia no podrá romper el equi-librio
de los poderes constitucionalmente consagrado; b) el
Estado no puede -mediante el uso de la transferencia o dele-gación-
hacer dejación de sus responsabilidades tal y como
le han sido confiados por el legislador constituyentez0.
La interpretación propuesta autorizaba un muy limitado
campo de actuación a las Comunidades Autónomas: o bien se
trataba de abrir el «techo» competencial a las Comunidades
del régimen común (art. 143 CE) antes del transcurso del lus-tro
a que le obliga por virtud del artículo 148.2); o bien, y tra-tándose
de Comunidades del máximo nivel competencial (ar-tículo
151 CE), intensificar su participación, elevando en oca-siones
la colaboración ejecutiva por la legislativa (Muñoz Ma-chado).
Afortunadamente no es ésta la opinión mayoritaria en la
actual doctrina. Un ejemplo claro de evolución teórica al res-pecto
lo suministra el profesor García de Enterría cuando afir-ma
en la hora presente que la naturaleza de las materias ob-jeto
de transferencia o delegación supone «el establecimiento
de un límite, aunque dejándolo abierto)). Y continúa el ilustre
profesor: «No hay problema en admitir que la posibilidad de
delegación se extiende a las competencias no exclusivas del
2g Vid. S. MCTNOZM ACHADOop: . cit., p. 468.
Núm. 33 (198?j
18 OSCAR BOSCH BENÍTEZ
Estado, esto es, las no incluidas en lista del artículo 149.1 de
la Constitución, concretamente, pues, las que le corresponden
por la cláusula residual del artículo 149.3 (. . .)» Pero donde
se aprecia el salto hacia adelante respecto de tratamientos an-teriores
del mismo problema es en la admisión expresa de par-ticipación
autonómica en competencias exclusivas del Estado,
no limitando, pues, la operación transfirente al supuesto de
compartición competencial. Escribe el profesor G. de Ente-rría:
«No es posible afirmar que existan materias super-exclu-sivas
en el sentido de que no admitan una colaboración auto-nómica
más o menos parcial, referentes, pues, no a su titula-ridad
y responsabilidad últimas, que es radicalmente intocable
o inalienable, sino a ((facultades)) (como dice el precepto) de
sü gestih; pur ejemplo, ellu es perfoctmmte posible, y cm
normal en los sistemas federales y regionales, en las titulari-dades
vinculadas más directamente a la soberanía, como rela-ciones
internacionales (número 3 del art. 149.1; citemos, por
ejemplo, los convenios interfronterizos entre entes territoria-
7-A 2.. J:-+:-&-- W-&,.2-- .
LGU ut: ULUULWU mobauua, O la ejeeüeim de Tratados 1;lter;la-cionales,
aun sobre la responsabilidad última del Estado.. .),
defensa y fuerzas armadas (número 4." del art. 149.1.1.O; fór-mulas
de colaboración territorial con las fuerzas armadas, o
la articulación como auxiliares de las policías autónomas, etc.);
no hay, pues, materias de suyo indelegables, susceptibles de
enunciarse en una lista y más bien todas admiten, en princi-pio,
la posibilidad de una colaboración autonómica que no
afecte a La titularidad y responsabilidad última del Estado so-bre
la misma)) ".
E: car&cter imj&erminad~ de! !imite (::natura!eza::) debe
ser vinculado a la noción de flexibilidad en su aplicación. Quie-re
decirse, así, «que las posibilidades de colaboración autonó-
21 Vid. GARCÍADE ENTERRÍAE:s tudios sobre Autonomias territoriales,
cit.: p. 349.
22 Vid. SU comentario a la Ley orgánica de transferencias o delega-ción
del artículo 150.2 CE en el Curso ..., 1, cit., Madrid, Civitas, 1981
(2." reimpresión de la 3." edición). El nuevo planteamiento aquí reprodu-cido
se encuentra en la 4." edición del Curso.. ., 1, Madrid, Civitas, 1983, pá-gina
332.
492 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTZCOS
mica son abiertas e indeterminadas, pero que en todo caso la
«naturaleza» de la medida de colaboración que se disponga
por esta vía delegativa será la que indique en cada caso si se
ha excedido o no ese límite constitucional que es la titulamdad
remanente y el mantenimiento de los poderes sustanciales de
decisión y responsabilidad en el Estado, incluyendo, natural-mente,
la posibilidad de revocación ad nutum de la delegación
misma» 23.
Claro está que el precepto de la LOTRACA acompaña otro
requisito junto al de la «naturaleza», ya conocido: el impera-tivo
constitucional. ¿Qué se intenta afirmar con esta cláusula
tan oscura? Pensamos que existen sólo dos (2) respuestas po-sibles:
a) o considerar que la locución de referencia es pura-mente
superflua dado que nada nuevo añade al límite prece-dente
y sí, por el contrario, podría originar alguna que otra
perplejidad"; b) o la solución más ajustada -creemos- es
la que ofrecen los profesores Yanes Herreros y Martínez de
la Peña González, quienes consideran que se «está afectando a
las materias exclusivas del Estado -aquellas cuya naturaleza
no permite la asunción de competencias por medio de los Es-tatutos
de las Comunidades Autónomas- y a las materias
compartidas del artículo 149.1 CE que por imperativo consti-tucional
están vedadas a las Comunidades del 143 hasta trans-curridos
cinco años»25.
Frente al debate doctrinal suscitado por los dos (2) prirne-
-ros r-equis itos enclavados en la LOTRACA, la mención del ú1-
23 Vid. GARCÍADE ENTERRÍAEs, tudios sobre Autonomías territoriales,
cit., p. 350. Puede consultarse, además, El sistema jurídico de las Comu-
- 2 3 - J i ncuuuas riuió~ürnus, cic., pp. í7Y-180.
Puesto que si quedó claro que la Ley orgánica de transferencias
no puede equipararse a una suerte de reforma estatutaria por -entre
otros motivos- la disponibiliüad material del Estado de las competen-cias
transferidas, la exigencia del ((imperativo constitucional» en relación
con la decisión de transferir o delegar difícilmente se compadecería con
d meiiiado cx6cttir uniiaierai y iibremente revocabie (üei Estacio) que
la doctrina le ha unánimemente asignado a los mecanismos del artfcu-lo
150.2 CE (vid., además, GARCÍADE ENTERRÍAE:s tudios ..., cit., p. 351;
El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, cit., pp. 179-180).
25 Vid. A. YANESH ERREROS-MDA. RTÍNEDZE LA &A GoNZÁLEZ: I I I Jor-nadas
..., cit., pp. 77-78.
Núm. 33 (1987) 493
timo de ellos parece no ofrecer problema alguno: las mate-rias
que por naturaleza y por imperativo constitucional se
transfieren a la Comunidad Autónoma de Canarias deben es-tar
contenidas en el Estatutoz6. Fues bien, por cuanto hace a
la materia radiotelevisiva, se puede afirmar sin temor a incu-rrir
en error que la LOTRACA ha supuesto el desplazamiento
de una de las competencias compartidas por el Estado (legis-lación
básica) y las Comunidades Autónomas (desarrollo nor-mativo
y ejecución) prevista inicialmente para las Comunida-des
de primer nivel (art. 151 y Disposición Transitoria Segun-da,
según la doctrina mayoritaria).
Ciñendonos, pues, al aspecto que en esta sede atrae nues-tro
interés (la radiotelevisión) y por virtud de la transferen-cia,
21 !egislu&r g r d i n ~ r (i&~c ita!) vqijiparóo nivel cnmpe-tencial
de la Comunidad canaria en la materia, obviando así
la espera de cinco años contemplada en el artículo 148.2 CE.
--
26 NO hay, es cierto, sorpresas en cuanto a la identificación de las
materias objeto de la transferencia, y ello porque el propio Estatuto
---ya lo sabihiarro- nntiripn de forma harto dudosa en el plano consti-tucional
los contenidos materiales de la futura LOTRACA (que es Ley
genuinamecte estatal). Esto no obstante, :a claridad con que hemos ca-lificado
al tercer requisito de la LOTRACA puede verse empañada si
traemos 2 colación aquel criterio doctrinal mayoritario en virtud del cual
la Jky orgánica de trznsferencias süpone un instrumento idóneo para la
corrección de los efectos de la cláusula residual del artículo 149.3 CE
(véase cota n. 19). Al exigir que las materias transferibles estén conteni-das
previamecte en el Estatuto autonómico se imposibilita la transferen-cia
o desplazamiento en favor de la Comunidad Autónoma canaria de
las competencias remanentes (o residuales) que no fueron asumidas en
su día por el Estatuto y que no constan en la norma institucional básica
del Archipiélago. Quiere decirse con ello que la vigente LOTRACA se
amolda de manera cabal a la regulacióri estatutaria y en particular a las
previsiones ael Estatuto (las denominadas normas programáticas, que
no necesariamente deben identificarse con los prematuros mandatos de
los artículos 31, 34 y 35, puesto que nuestro Estatuto también acoge como
competeacias de la Comunidad Autónoma de~erminadas formas de co-laboración
en materia internacional -art. 37-, o fuerzas armadas y se-guridad
pública -art. 30-1. Puede comprenderse ahora mejor el porqué
cie la ausencia de listado o relación material en la Ley orgánica de trans-ferencias,
esta se encuentra ya en el Estatuto, pero sdlo ésta (obsérve-se,
pues, la importante reducción a que somete el traslado competencia1
extraestatutario el propio legislador estatal t.
494 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
2.2.2.3. Las competencias que se transfieren:
facultades ejecutivas y legislativas
Los dos párrafos restantes del primer precepto de la LO-TRACA
fijan su atención en el alcance competencia1 del des-plazamiento
o transferencia actuada. Veamos su tenor:
«Las facultades de ejecución de la legislación que corres-ponde
al Estado en dichas materias, conforme al articulo
ciento cuarenta y nueve de la Constitución, serán asumi-das
por la Comunidad Autónoma mediante los correspon-dientes
decretos de traspaso de los servicios necesarios
para hacerlas efectivas, acordados por el procedimiento
establecido en la disposición transitoria cuarta del Estatu-to
de Autonomía de Canarias.
La potestad legislativa sobre tales materias, en cuanto
no se encuentre reservada al Estado por la Constitución,
podrá ser ejercida por la Comunidad con toda la amplitud
prevista en el artículo ciento cincuenta de aquélla.»
2.2.2.3.1. Competencias ejecutivas. Especial consideración
del Real Decreto de traspaso 801/1986, de 7 de marzo, de
traspaso de funciones de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de medios de
comunicación social.-la Comunidad Autónoma de Canarias,
en virtud de la Ley orgánica de transferencias, ejecuta la legis-lación
del Estado sobre las materias objeto del desplazamiento
competencial. Estamos, pues, en presencia de un supuesto de
ejecución autonómica de la legislación del Estado. La inter-vención
comunitaria tiene lugar en un marco complejo: la
disociación entre la formulación de la norma y su ejecución y
la problemática generada en torno a la articulación de la rela-ción
entre dos entes dotados de autonomía política (Estado/
Comunidades Autónomas) y la necesidad de configurar instru-mentos
o mecanismos de control de la actividad ejecutiva te-rritoriai.
Como se
Vid. El
p. 166.
ha señalado en la doctrinaz1, nada hay en el texto
sistema jurídico de las Comunidades A u t d n o m , op. cit.,
Núm. 33 (2987)
22 OSCAR BOSCH BEN~TEZ
constitucional que permita justificar la existencia de específi-cas
facultades estatales de vigilancia o supervisión de la ejecu-ción
de la legislación del Estado. Ello ha determinado que en
la práctica normativa se hayan fijado controles singulares para
estos casos de desenvolvimiento no normativo del ente auto-nómico.
Uno de estos ejemplos lo suministra la Ley orgánica
de transferencias complementarias cuando arbitra fórmulas de
control previamente contempladas en la norma constitucional
(art. 150.2 CE in fine). La LOTRACA, así, regula modalidades
de vigilancia estatal en un doble nivel:
a) El nivel legislativo: la propia norma legal orgánica in-troduce,
en su artículo segundo, apartados a), b) y c), ciertos a
N principios y criterios a los que deberá ajustarse el ejercicio E; & las corIipeteiicias ejec-utkas traiisferi&s ídeTDer iriIiriIOma- O
n ción; nivel de eficacia; equilibrio financiero y mantenimiento -
=m
O
de los recursos naturales y económicos; igualdad; suspensión E E
temporal por el Gobierno de las facultades y servicios y revo- S
E cación, en su caso). =
b j EL nivel adminisiraiivo : ia LOTEACA, iguaimente, auto- =
riza a que por medio de los correspondientes Reales Decretos - - 0
de traspasos se pueda poner en práctica aplicación de «fónnu- m
E
las especificas de control sobre las facultades ejecutivas de la O
Comunidad Autónoma que por Ley correspondan al Estado» n
(art. 2.O.2 de la LOTRACA). Este proceder en modo alguno pue- a-E
de ser calificado de inusual, toda vez que el desarrollo normati- l
n vo en el ámbito de las competencias ejecutivas de la legislación n
0
del Estado ha propiciado una pluralidad de disposiciones (Re* 3
les Decretos, Reales Decretos de traspasos) que recogen 4 s - O
persamente- estas particuiares formulas de control (por ejem-plo:
Reales Decretos de Alta Inspección en materia educativa
y sanitaria, Real Decreto 480/1981, de 6 de mayo, y Real De-creto
2824/1981, de 27 de noviembre, así como varios Reales
Decretos de traspasos). Pero es que, además -y sin salirse
de íos Eteaies Decretos de traspasos- el segundo inciso del pá-rrafo
se,oundo del artículo primero que estamos analizando (fa-cultades
de ejecución) plasma un fuerte condicionamiento del
ejercicio autonómico de las facultades o competencias ejecuti-vas.
Y lo hace en unos términos que cuando menos provocan
496 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTZCOS
desorientación. En efecto, el legislador estatal parece permitir
tanto La titularidad como el ejercicio efectivo de Las competen-cias
ejecutivas a la correspondiente emanación de los Reales
Decretos de traspasos. De admitir tal cosa habría que colegir
que los Reales Decretos citados ostentan un caráct,er atributi-vo
de las facultades ejecutivas que se transfieren y no incorpo-ran
únicamente criterios de delimitación o interpretación de
las referidas competencias.
La doctrina ha tratado de ofrecer una explicación razona-ble
que intente, simultáneamente, superar el importante esco-llo
que el artículo l.", a) de LOTRACA coloca ante la Comuni-dad
Autónoma de Canarias. Para los profesores Yanes Herre-ros
y Ndartínez de la Peña González la dicción del mencionado
precepto no podrá implicar el aplaxamiento de La Lransferen-ch,
porque ésta ya ha tenido lugar a través de la LOTRACA.
«La transferencia comporta la asunción simultánea por la Co-munidad
Autón~ma ) )L~a~ i.n clusión -o permanencia- de la
expresión «serán asumidas)) en el texto de este apartado a)
del artículo l." sólo puede esclarecerse si acudimos a la ela-boración
parlamentaria de la LOTRACA: en los trabajos pre-paratorios
sí se tuvo la manifiesta intención de retrasar las
transferencias a la Comunidad Autónoma, propósito que fue
abandonado una vez que se cayó en la cuenta de la incorrec-ción
técnica que se podría cometer (la transferencia sin asun-ción
de competencias) 29.
Diversamente, la LOa'RBCA sí supedita el efectivo ejercicio
de las facultades de ejecución a la producción del oportuno
Real Decreto de traspasos. Desde este punto de vista la cesión
de los servicios necesarios para la puesta en funcionamiento
de las competencias transferidas contribuye a delimitar e in-terpretar
adecuadamente lo previsto en la LOTRACA. Todo
ello con el añadido de su función de dar seguridad jurídica
dentro del ordenamiento (Muñoz Machado). Recapitulando: la
Vid. YANES HERREROS-MARTÍNDEEZ LA PENA G O N Z ~ ZI:I I JOr?Za-das
..., cit., p. 79.
29 Vid. YANES HERRE~OS-MARTÍNDEE ZL A PENA GONZÁLEZ:o p. cit.,
nota 11, pp. 78-79.
24 OSCAR BOSCH BEN~TEZ
competencia se asume en virtud de la LOTRACA, su ejercicio
se difiere al traspaso de bienes y servicios.
La Administrszción Central procedió a dar efectividad a las
competencias transferidas en virtud de la LOTRACA a través
de la emanación del correspondiente %al Decreto de traspa-so
de funciones a la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de medios de comunicación social (Real Decreto 801/
1986, de 7 de marzo; «B.O.E.» núm. 100, de 26 de abril). A nivel
terminológico, hay que tener presente que el Real Decreto de
referencia alude a «traspaso de funciones)) y no de competen-cias,
como alguna vez ha tenido lugar 30. Es importante este
dato puesto que ello constituye un argumento adicional para
la jiicorí-ección t&lic¿i (y grarlaticaj) eE q¿re ineUPre
el artículo 1." párrafo 2.", de la LOTRACA. La competencia se
transfiere por el Estado inmediatamente con la entrada en vi-gor
de la Ley orgánica de transferencias complementarias; el
efectivo ejercicio de las competencias asumidas extraestatuta-riamente
se verificará una vez producido el traspaso de las
funciones (competencias administrativas) relativas a aquellos
ámbitos competenciales. El Real Decreto de traspasos cumple,
de este modo, una evidente misión de delimitación competen-cia13'.
Abordando el contenido del Real Decreto, cabe resaltar la
absoluta identidad que la norma guarda respecto de3 Real De-creto
de traspasos de funciones en la misma materia a la Co-munidad
Autónoma cie Valencia (R.D. 1125/1985, de 19 de ju-nio;
«B.O.E.>, del 10 de julio). Sin lugar a dudas, el aspecto de
mayor interés lo constituye la explícita remisión que en él se
3 3 Como pone ae relieve J. M. PERULUSl,a confusión entre «compe-tencias))
y «funciones» es frecuente en el Derecho positivo, tanto en el
pIano legislativo ordinario (Ley de Proceso Autonómico, art. 18-2,f) como
estatutario (hay Estatutos que atribuyen 2 la Comisión Miita la facultad
de asumir competencias, por ejemplo: Andalucía, Castilla-León) (vid. Sis-tema
..., cit., p. 193).
3l Aún siendo ello así, pensamos que el pecriliar significado institu-cional
de la LOTRACA (la unilateralidad estatai ya estudiada) podría ha-bilitar
al Estado a conc?ucir simultáneamente las operaciones de trans-ferencia
y traspasos !competencias g funciones).
498 ANUAEIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
hace a «las funciones de la Administración del Estado que
asume la Comunidad Autónoma [apartado B) del Anexo], en
particular la compurtición del régimen concesionaí en materia
de gestión indirecta del servicio público de radiod-ifusión so-nora
en modulación de frecuencia: a) resolución de las solici-tudes
de concesión de emisoras de radiodifusión de frecuencia
modulada; b) el otorgamiento de concesiones de instalación y
funcionamiento de las mismas; c) la regulación de los proce-dimientos
de adjudicación; d) las facultades de renovación de
las concesiones correspondientes en el mismo ámbito; e) la
emisión de dictamen previo en relación con los proyectos téc-nicos
de las instalaciones de emisoras; f) emisión de dicta-men
de adecuación de la realización del proyecto.
Por su parte, ei Estado se reservará, enire uiras, isls si-guientes
funciones: a) redacción y aprobación de Planes Na-cionales;
b) la asignación de frecuencias y potencias de emi-sión
y la inspección y control técnico de las instalaciones; c) la
aprobación definitiva de los proyectos técnicos.
La &&rjución funciondi acordada -i=efiej" del iqarti-miento
competencial efectuado dentro del marco constitucio-nal-
es consecuencia directa de la doctrina jurisprudencia1
emanada por el Tribunal Constitucional en sus conocidas -y
ya citadas por nosotros- Sentencias 26/1982, de 24 de mayo,
y 44/1982, de 8 de julio. En la primera de ellas el intérprete
supremo de la Constitución afirma sin ambages que N( ... ) en
la situación actual el proceso de otorgamiento de concesiones
de emisoras de radiodifusión con modulación de frecuencia
es, en definitiva, desde el punto de vista competencial, un pro-ceso
coriipartido Por & Estado y coi-I -lwiii dad A.utti-lomLa a.
competencia del Estado en esta materia se extiende a las nor-mas
delimitadoras de la utilización del espectro radioeléctrico
reservado a la radiodifusión sonora en dicha frecuencia y a las
que regulan las condiciones básicas o requisitos generales para
piystaci&i del sei-vicio, así CoiiiO ia e,alDorácitii de los
nes nacionales, la fijación de las condiciones técnicas y la ins-pección
y control de las mismas. Y sobre esta base correspon-den
a la Comunidad Autónoma (de Cataluña) las competencias
específicas objeto de este proceso, esto es, la resolución de las
Num. 33 (1987) 499
solicitudes de concesión de emisoras de radiodifusijn en fre-cuencia
modulada y el otorgamiento de concesiones de instala-ción
y funcionamiento de las mismas, así como la regulación
de los procedimientos de adjudicación)).
Sin embargo, lo que verdaderamente se echa en falta en el
Eeal Decreto de traspasos, dada su reciente aparición, es 12
alusión -todo lo genérica que se quiera- a una futura com-partición
en el campo televisivo. En efecto, si se admite rotun-damente
la concurrencia en el ejercicio de competencias eje-cutivas
en el ámbito de la radiodifusión sonora (m)n,i nguna
dificultad habría en mantener la puerta abierta a la participa-ción
autonómica en la gestión indirecta del servicio público a N esencial de la televisión =. E
2.2.2.3.2. Las competencias legislativas.-la LOTRACA hace O n
- referencia al núcleo básico de las competencias legislativas que O=m
se transfieren en el último párrafo del artículo l.", del siguien- EE
te tenor: 2
E
=
,,CA troncfiannm
\\L.J= LA u l l ~ I L G I G l l a !u Cmmnidad Autómmc, Ue Canarias 3
las facultades sobre las materias de titularidad estatal
contenidas en los artículos de su Estatuto de Autonomía -
0m
que por su naturaleza y por imperativo constitucional así E
lo exijan, de acuerdo con los criterios que a continuación O
se establecen: (. . .) La potestad legislativa sobre tales ma- n terias, en cuanto no se encuentre reservada al Estado por -E
la Constitución, podrá ser ejercida por la Comunidad con a
toda la amplitud prevista en el artículo ciento cincuenta n de aquélla.))
La Ley orgánica establece un claro límite en orden a la 3
O
identifieaciSn de las materias subre las males la Coimilidad
Autónoma de Canarias podrá, a partir de la LOTRACA, ejer-cer
nuevas competencias legislativas: la potestad legislativa 33
--
32 La futura -y esperada- aprobación de la Ley de la Televisión
Privada suscitará, a no audarlo, el importante problema de la interven-ción
comuetaria en el sector (si llega a diseñarse un mapa local o auto-nómico
de emisión). En tal caso, habris? que acordar la ampliación del
Anexo del Real Decreto.
33 COXO acertadamente indican los profesores Panes Herreros-Mar-tínez
de la Peña González, en el empleo de la locución ({potestad legisla-tiva
» se observa ma franca incorrección técnica, dado que lo que se trans-
500 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTXCOS
no podrá recaer sobre las materias reservadas al Estado por
la Constitución. El criterio es, pues, restrictivo. La Comunidad
canaria solamente podrá ejercitar las competencias de suyo ya
compartibles en virtud del artículo 149.1 CE: la llamada legis-lación
de desarrollo o desarrollo normativo. En modo alguno
las materias sobre las que el Estado se reserva la integra y ab-soluta
exclusividad competencia1 y ni siquiera aquellas res-pecto
de las que el Estado se haya reservado, ope Costitutio-ne,
la legislación básica.
2.2.3. El precepto estatntario ( sigue): un crítico
de su contenido
Ya señalamos en su momento que la asunción de la compe-tencia
radiotelevisiva por la Comunidad Autónoma de Cana-rias,
por obra del mecanismo estatutario, tuvo lugar en el ar-tículo
31 de la Ley orgánica 10/1982, de 10 de agosto. En este
precepto, ademfis de incluir una referencia taxativa a los pro-cedimientos
previstos en el artículo 35 del Estatuto de los que
depende su operatividad, como analizamos debidamente, se
hace una no menos explícita mención al «desarrollo legislativo
y ejecución del régimen de radiodifusión y televisión, en los
términos y casos establecidos en la Ley reguladora del Estatu-to
de la Radio y la Televisión (...)» (art. 31, uno); y a la crea-ción,
regulación y mantenimiento de «su propia televisión, ra-dio
y prensa y, en general, todos los medios de comunicación
social para el cumplimiento de sus fines)) (art. 31, dos).
La dicción del precepto canario transcrito no es nueva, a
poco que efectuemos un rápido repaso comparativo de entre
los diferentes Estatutos autonómicosa. Es más, el tenor lite-ral
del precepto estatutario canario es directo tributario de la
fórmula contenida en el Estatuto de Cataluña (Ley orgánica 41
fiere es la competencia (lo único por lo demás transferible) y no la po
testad legislativa (indivisible).
a Vid. la Legislación básica del Derecho de la informacidn, Madrid,
Tecnos, 1985, pp. 377 SS.
1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cata-luña;
«B.O.E.» número 306, de 22 de diciembre), que dispone
en su artículo 16 lo siguiente:
«l. En el marco de las normas básicas del Estado co-rresponde
a la Generalidad el desarrollo legislativo y la
ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión en
los términos y casos establecidos en la Ley que regule el
Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el marco de las nor-mas
básicas de! Estado, el desarrollo legislativo y la eje-cución
del régimen de prensa y, en general, de todos los
medios de comunicación social.
3. En los términos establecidos en los apartados an-teriores
de este artículo, la Generalidad podrá regular,
crear y mante~er su. propia televisión, radio y prensa y,
en general, todos los medios de comunicación social para
el cumplimiento de sus fines.))
E
La fórmula reproducida obtuvo un importante predicamen-te
en 1% ehhvraciSr, Ue buens psrrte de !os Ertzt?itnc de _Arto- =
nomía (Galicia, art. 34; Andalucía, art. 16; Valencia, art. 37; O-m
Canarias, are. 31; Navarra, art. 55; Baleares, art. 15I3j. Empe- E
ro, el artículo del Estatuto canario se aparta significativamen- O
te del artículo 16 catalán en la ausencia de posterior Disposi- n
ción Transitoria que detaIIe o desarrolle Io dispuesto en aquél. E a
En efecto, al igual que Baleares y en cierta medida Andalucía, n
la Comunidad Autónoma de Canarias no ve restringida la com- n
n
petencia para crear. regular y mantener su propia televisión a 3
lo que disponga una Disposición de naturaleza o carácter tran- O
sitmio qrre interprete t21 posihlMid ~tnnSmfcri de mmdn qi--ie
suponga la concesión a la Comunidad Autónoma afectada de
Vid. para un estudio comparativo de las competencias autonómi-cas
sobre radiotelevisión, J. ESTEVEP ARDOE: l régimen juridico-adminzs-
*C,IL,+(~LirI ..O O líi kl~";k*l672c, it., PP. ??6 SS.; ?.E. Y. Y.Aa~f.4 GZTI~KREZ#:E !
marco legislativo de los terceros canales)), cit., p. 118, en TeEos, núm. 4,
octubre-diciembre 1983, Madrid; C. GARITAONAIN(D(L~aA t:e levisión y las
Comunidades Autónomas», en Renista Vasca de Admznistracidn Pública,
Instituto Vasco de Estudios de Administración Pública, Oñati, Guipúz-coa,
núm. 2, enero-abril 1982, pp. 144-161).
502 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
un tercer canal, de titularidad estatal, según lo previsto en el
Estatuto de la Radio y la Televisión (Ley 4/1980, de 10 de ene-ro,
art. 2P.3) 36.
¿Quiere ello decir que, en rigor, la Comunidad Autónoma
podrá crear, regular y poner en funcionamiento una televisión
cabalmente comunitaria? No es posible, vista la vigente legis-lación,
inferir semejante conclusión. Dicho de otro modo: jun-to
con el tercer canal de titularidad estatal que el Gobierno de
la Nación podrá conceder a la Comunidad. Autónoma, de con-formidad
con lo previsto en el Estatuto de RTVE (art. 2P.31, y
que se correspondería con «el desarrollo y ejecución del régi-men
de televisión en los términos y casos establecidos en la
Ley reguladora del Estatuto Jurídico de la Radio y la Televi-sión
» (art. 31.1), ¿cabría atribuir y reconocer a la entidad la
autonómica canaria un cuarto canal de propia titularidad?
Desafortunadamente esta ambiciosa posibilidad debe ser
descartada por el momento. El Estatuto de RTVE, al que debe
vincularse fuertemente la competencia de desarrollo normati-vo
y ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, procla-ma,
en su artículo 1P.2, que «la radiodifusión y la televisión
son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde
aZ Estado)). El «acto de publicatio)) (Villar Palasí) transcrito
no deja resquicio alguno para una presunta titularidad territo-
Dispone la Disposición Transitoria octava del Estatuto catalán:
«En lo relativo a televisión, la aplicación del apartado 3 del artículo 16
del presente Estatuto supone que el Estado otorgar6 en régimen de con-cesión
a la Generalidad la utilización de un tercer canal, de titularidad
esiiti.i, que d&e espe&~caiTieilte S-u eiiiis~&ei ii teiei;itul-io
de Cataluña, en los términos que prevea la citada concesión (...)D. Como
ha señalado Esteve, es cuando menos discutible el valor que se le atri-buye
a la Disposición Transitoria por el propio Estatuto, toda vez que
d...) lo más desconcertante es que sea el propio Estatuto el que dero-gue
prácticamente por una disposición transitoria lo que se establece
en Uii .&icUIU Ud mismo texto, plG&c:Uci&&w &logaUi(jr, o vac;aú'U
de contenido del artículo 16.3, en lo relativo a televisión, sin ningún lí-mite
temporal, por lo que, en rigor, no puede darse el carácter de tran-sitoria
a la disposición citada)) (vid. J. ESTEVEP ARDOR:é gimen juridfco-administrativo
..., cit., p. 168; en el mismo sentido se pronuncia G~RITAO-NAIND~
A: ((La televisión y las Comunidades Autónomas)), cit., p. 147).
rial por cuanto que el Estado asune el monopolio jurídico o de
iure de toda la actividad radiotelevisiva. La reserva «in totum))
de! sector impide de plano cualquier planteamiento en este sen-tido
37. Solo una decisión del legislador estatal (Cortes Genera-les),
reduciendo el ámbito de la reserva, permitiría plantear la
implantación, disciplina y sostenimiento de un ((cuarto canal)),
de titularidad plenamente autonómica 3s.
En efecto, la hipotética concrecicn del actual monopolio ((de
iure» exclusivamente al ámbito nacional habilitaría a las Co-munidades
Autónomas para la creación, regulación y funcio-namiento
de una televisión propia strictu sensu, y siempre,
claro está, en el marco disenado por el legislador constituyen- a N
te: las normas básicas del régimen de la radiotelevisión (ar- E
: i no 7 orr cm\ ~ILLL:O I'+d.l.& 6 "u,. O
-n
=m
O
E
Expuestas las consideraciones anteriores estamos en condi-ciones
de ofrecer, a título conclusivo, slg-mias sügereiicias de 3
cara al mayor aprovechamiento de las competencias en la ma- -
0m
E teria que nos ocupa: O
ji Vid. mi trabajo ((El Estatcto vasco y la televisión (a propósito de! n
E denominado "segundo canal" autor.ómicoh, en La Ley, núm. 1642, 6 de -
a
febrero de 1987. pp. 1-5. A
3 En la actualidad y por cuanto hace a la Comunidad Autónoma n
0
de Canarias, se encuentra en vigor la Ley 811984, de 11 de diciembre,
de radiodifusión y televisión en la Comunidad Autdnoma de Canarias O3
(B.O.C.A.C., núm. 132, de 17 de diciembre de 19851, que supone un cabal
decarrnlln de !n dispriestn en el a.rtícu10 31.1 del Estatuto (y 35 de re-feremial
en relación con lo previsto en el Estatuto de RTVE (art. 2P.2)
y su Ley de desarrollo en este concreto aspecto (Ley 4611983, de 26 de
diciembre, reguladora del tercer canal de televisión). Consiguientemente
lo disciplinado no es otra cosa que el tercer canal autonómico de tituía-ridad
estatal en régimen concesionaí, en estricto desarrollo de la Ley bá-sicr
&ata1 en la rneteria (el Estatuto de RVTE, como dispone su ar-ticulo
2.O.3 en relación con el artículo 149.1.27 CE). Por el contrario, es
la Comunidad Autónoma vasca lz única que ha puesto en marcha un
tercer g cuarto canal autonómico de televisión, este último en medio de
una encendida polémica (vid. mi trabajo «E1 Estatuto vasco y la televi-sión)),
en La Ley, op. cit). Aun admitiendo que la disciplina esta-
504 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
A) Es indudable que el nivel competencial autonómico ca-nario
no es en modo alguno despreciable. Debido al juego con-junto
de la Ley orgánica estatutaria y la LOTRACA la esfera
competencial en materia de radiodifusión y televisión (y, en
general, de los medios de comunicación social) se ha aproxi-mado
al actual «techo» de atribuciones de las denominadas
Comunidades de primer grado (Andalucía, art. 151.1; Catalu-ña,
País Vasco y Galicia, Disposición Transitoria Segunda). Em-pero,
y puesto que el incremento competencial tuvo lugar por
un cauce extraestatutario -la Ley orgánica de transferencias
complementarias es, recordemos, una Ley estatal-, el ejerci-cio
de las facultades transferidas puede verse sometido a de-
4.--:-.-..-l-.-A ---&--l.-- --L-L-l,.- -L-..-.l..L----A- :-.,.-Ll- A-.-.
L G l l L l l L l í t U U 3 GUll b l UlGS P 3 L i t L S L l G 3 , idU;)UlL?bSllllGllIrt: 1111~tí113¿hLJlG3 UG3-
de la estricta perspectiva estatutaria. Por ello, sería deseable
que, cumplidos los cinco (5) primeros años de vigencia de la
norma institucional básica canaria (1987) se procediera a la
recepción interna, en el ordenamiento autonómico, de las com-
Fetericias erl día despiaza&as por Estado (Cortes GeIiera-les)
en favor de la Comunidad Autónoma de Canarias.
B) Pero la sugerida reforma estatutaria no sólo habría de
contemplar la incorporación de las materias transferidas, des-pojadas
de los importantes controles estatales, análogamente
cabría pensar -una. vez transcurrida esta importante etapa de
rodaje comunitario- en la modificación extensiva del Estatu-to
que incluyera, de un lado, las materias remanentes a que
alude el artículo 149.3 CE, que entendemos pueden ser perfec-tamente
asumibles por la Comunidad Autónoma de Canarias %.
Ci Y aún más. En esta futura reforma cabría piantear ia
posibilidad de incorporar competencias sobre materias en prin-tutaria
vasca permite, más abiertamente que la canaria, un ((cuarto ca-nal
» autonómico, es 10 cierto que el carácter absoluto de la «pubIicatio»
en favor dei Estado de la actividad radiuieievisiva supone un insupera-ble
límite jurídico-positivo (art. 1.O.2 del Estatuto de RTVE) a los inten-tos
reivindicativos de un canal enteramente autonómico.
Participamos, pues, de 1a opinión de los profesores YANES HERRE-ROS-
MARTÍNEDZE LA PENA, en su trabajo I I I Jornadas... , cit. Recuerdese,
además, que las referidas competencias remanentes han quedado expre-samente
excluidas del ámbito objetivo de la LOTRACA.
Núm. 33 (1987) 505
32 OSCAR BOSCH BENÍTEZ
cipio reservadas íntegramente al Estado. Piénsese, así, en la
hipotética partjcipación de la Comunidad ca.naria en la redac-ción
y preparación de los Planes Técnicos de Radiodifusión y
Televisión.
DI Dada la actual redacción del artículo 1.".2 del Estatuto
de RTVE, la totalidad de la actividad radiotelevisiva es de ti-tularidad
estatal. La única posibilidad legal y constitucional
(el Estatuto es norma básica del sector y por lo tanto confor-ma
el marco constitucional en el que tiene lugar la distribu-ción
competencia1 Estado-Comunidades Autónomas en materia
radiotelevisiva) es la ofrecida por la via concesional (tercer
canal): gestión indirecta de un servicio público esencial del Es- a
N
tado. SóIo si se procediese a una reducción del ámbito de la E
reserva estatal -1imitadamente al nivel nacional-, podría pen- o
n sarse en la creación, regulación y mantenimiento de -m cuarto
-
m
O
E canal de televisión de titularidad estrictamente aut,onómica. E
2
ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS